Por Leonardo Ixim

El proceso de elecciones de las nuevas cortes, magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y jueces de Cortes de Apelaciones sigue su camino con la conformación de las dos Comisiones de Postulación, para elegir ambas instancias.

Como planteamos en un artículo pasado, pese a los intentos de abogados ligados al partido de extrema derecha VAMOS de parar el proceso electoral por medio de unos amparos denegados en la Corte Constitucional y que los magistrados actuales se mantuvieran cinco años mas, el proceso va adelante.

Esto después de que el gobierno de Arévalo y Herrera, pidiera a la OEA una misión de verificación para velar por el proceso, lo cual consideramos una forma de intervencionismo, pero no es extraño en relación con el alineamiento del mandatario guatemalteco con la política exterior del gobierno de Biden.

Recordemos que, a finales del año anterior, la pasada legislatura nombro una nueva CSJ provisionalmente, pues la electa para el periodo 2016-2020, donde influyeron grupos de poder, se mantuvo cuatro años más de forma ilegal, ante la negativa de esa legislatura de convocar a un nuevo proceso. Esto sin duda era parte del plan del bloque conservador del poder y de la facción del ex presidente Giammattei, su partido VAMOS y aliados, de ejercer el poder dictatorialmente.

El mecanismo de postuladoras fue puesto en las reformas constitucionales de 1994, reformas con un claro sesgo neoliberal, que, respecto a elección para cargos indirectos, implantó un modelo corporativista. En el caso de las cortes, participan representantes de los magistrados de la CSJ si es para postuladora de Cortes de Apelaciones y viceversa; si es para la de magistrados de la corte suprema, representantes de los jueces de apelaciones; además, en ambas los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas y de pública Universidad de San Carlos; así como representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) electos en votación secreta por los colegiados en dos planillas.

En las elecciones para el CANG participaron 10 agrupaciones en 20 planillas, una respectiva para cada postuladora, de las cuales tan solo dos, la siete y la ocho, no representaban a las mafias en el poder. La siete, del abogado Maynor Berganza, y conformada por docentes de la USAC, tenía pocas posibilidades, mientras que la ocho, Unidos por la Justicia, conformada por abogadas de trayectoria democrática en alianza con otros ligados a la Fundación Libertad y Justicia del empresario oligarca Dionisio Gutiérrez, lograron posicionar comisionados en ambas postuladoras, ubicándose en la tercera mas votada; estaban mas de 40 mil agremiados de las carreras de derecho (mayoritaria), relaciones internacionales, ciencias políticas y sociología, de los cuales participaron un poco mas de la mitad.

Una variedad de grupos y abogados progresistas, le dieron su apoyo a la planilla ocho, que, sin embargo, no logró movilizar a los profesionales para votar, ni aun ser hegemónicos en ese gremio, aunque sí disputarles cargos a los grupos de las mafias. Entre estos estaba la planilla tres, Agrupación Solidaria de Profesionales Afines, vinculada al actual presidente de la CC Néster Vázquez y la cuatro, Plataforma Profesional por Justicia y Unidos por el Derecho, del ex rector y ex decano de derecho Estuardo Gálvez; tanto éste como Vázquez son elementos de los grupos mafiosos en el poder y fueron las planillas mas votadas.  

Otra agrupación ligada a este tipo de personajes fue la de Roberto Villatoro, planilla seis, Unión, que obtiene tres comisionados en cada postuladora, Coalición Gremial, planilla uno cercana a Gustavo Alejos y Manuel Baldizón. Mientras las perdedoras ligadas a estos grupos mafiosas, fue la dos de la Alianza de Profesionales de Justicia de Juan Carlos Godínez y la cinco, UGAP, del impuesto rector de la USAC Walter Mazariegos.

Según manda la ley respectiva, las postuladoras las presiden rectores de las universidades. Así, en la que seleccionará magistrados para la CSJ la presidirá Miguel Cortez, de la Universidad Rafael Landívar de corte jesuita, y en la que seleccionará para Cortes de Apelaciones será Horacio Arévalo, de la Universidad Internaciones, en ambas Mazariegos fue bloqueado. Por otro lado, el bloque de rectores está dividido, entre las universidades privadas históricas que mantienen una buena relación con el actual gobierno, y una serie de universidades de garaje, ahora comandadas por el decano de derecho de la San Carlos Henry Arriaga, ligadas a estos grupos mafiosos. Además, los representantes de los magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones están coludidos con estos grupos.

Esta disputa interburguesa por el control de las cortes entre grupos mafiosos de sectores emergentes y algunos núcleos conservadores de la oligarquía, y otros modernizadores de ésta que respaldan al actual gobierno, despierta ilusiones en algunos sectores populares por la trayectoria honesta de varios profesionales que participan. Tácticamente se puede presionar en estas instancias de selección, sin embargo, consideramos que la forma más democrática de elegir magistrados es por medio de votaciones directas.

Por Armando Tezucún

Durante los gobiernos de extrema derecha que se sucedieron entre 2012 y 2023, se incrementó el control sobre las instituciones del Estado por parte de grupos mafiosos integrados por empresarios emergentes poco escrupulosos, abogados, funcionarios de justicia, diputados, militares, crimen organizado y, en no pocas ocasiones, empresarios pertenecientes a los grupos de la oligarquía tradicional. Los cuatro expresidentes dejaron la puerta abierta para que las mafias hicieran todo tipo de negocios a costa de los fondos del Estado, dando como resultado un funcionamiento desastroso de los servicios públicos, como salud, educación, y especialmente infraestructura.

Una de las instituciones afectadas por estos negocios turbios es el Aeropuerto Internacional La Aurora, el principal del país, ubicado en la ciudad capital. La negligencia e irresponsabilidad de los anteriores gobiernos dejó a la terminal aérea con una serie de carencias y deficiencias como falta de aire acondicionado, fallas en las bandas para transporte de equipaje, en los ascensores, en las gradas eléctricas y máquinas de rayos equis; además, se reportan cortes de energía eléctrica, falta de agua, servicios sanitarios en malas condiciones y largas filas para pasar las ventanillas de migración.

Al nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, que se anuncia como democrático, progresista y anticorrupción, le toca recuperar al país de la catástrofe que dejaron los gobiernos anteriores, y hacerlo rápido, presentando logros a mediano plazo, para responder a las expectativas de la población que le dio el voto y su confianza. Pero el presidente se encuentra acorralado por las mafias, que se quedaron con el control del sistema de justicia y el poder legislativo; además, está comprometido con los imperialismos estadounidense y europeo que le dieron su respaldo durante la crisis política de finales del año pasado; y también tiene acuerdos con las organizaciones de la burguesía que le dieron el aval durante dicha crisis.

Por eso, en vez de apoyarse en la movilización y las acciones de la población indígena y urbana que salió a las calles a defender el voto democrático el año pasado, ha tenido una actuación errática y timorata en los primeros seis meses de gobierno, que denota la falta de voluntad para enfrentar a las mafias de forma contundente. Los imperialismos y los empresarios esperan, ante todo, que mantenga el orden y la estabilidad, y que privilegie los acuerdos con ellos.

En este marco, el pasado 18 de junio el mandatario Arévalo participó en el Primer Congreso de Infraestructura: Aeropuerto, Eje del Desarrollo Inclusivo. Este evento fue organizado por la entidad empresarial Fundación Para el Desarrollo, la Cámara de Industria y la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Durante su intervención, el presidente anunció el lanzamiento de una alianza público-privada (APP) para recuperar el Aeropuerto La Aurora. Afirmó que, debido a la negligencia y la corrupción, el país no ha podido tener la infraestructura necesaria para competir: “Carreteras, puertos y aeropuertos están encadenados por la codicia y desvergüenza de unos cuantos. Nuestro aeropuerto debería de ser el más importante de Centroamérica y la puerta con la que Guatemala proyecta al mundo su potencial, pero es un obstáculo para el desarrollo” …  “Esta alianza permitirá asumir juntos, gobierno y sector privado, los grandes desafíos de esta terminal, complementando el ingenio, agilidad y capacidad del sector privado con la certeza y estructura que solo el Estado puede brindar” (Prensa Libre 18/06/2024).

Fernando Suriano, viceministro de Transporte, aclaró que las bases de licitación para la alianza estarán listas en un plazo de un año, con una inversión prevista de US$ 100 millones, priorizando Q 240 millones, media vez el Congreso de la República de su aprobación. Por su parte, Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aclaró que no se trata de privatizar la terminal aérea, y que, mientras está lista la licitación se preparan ocho contratos para rescatar el aeropuerto en las áreas que más urge. 

Sin embargo, dos días después, Arévalo aclaró que la intervención público-privada se concretará en unos cuatro o cinco años, al momento de ampliar el aeropuerto, y que probablemente se haga mediante una empresa de capital mixto. Probablemente el primer anuncio lo hizo para congraciarse con los empresarios en el mencionado congreso. En todo caso, ahora sabemos que el presidente ya contempla este tipo de alianzas con el empresariado, que no significa otra cosa que la población tendrá que pagar por los servicios públicos el tiempo que dure el acuerdo entre el Estado y los inversores privados, tal como pasó con la Autopista Palín-Escuintla.

Por Marcos Galicia.

En textos anteriores hemos comentado como estructuras del crimen organizado han secuestrado a las instituciones de justicia de Guatemala, para estar al servicio de funcionarios públicos y empresarios que viven de la corrupción y que desean evadir la justicia y así mantenerse en la impunidad. Asimismo, mientras la infame fiscal Consuelo Porras, junto a su camarilla, sigan en el Ministerio Público -MP- cualquier intento de alcanzar un florecer democrático será entorpecido y asediado.

En el panorama actual se mantiene el rumbo de las elecciones para participar en las Comisiones de Postulación de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y Sala de Apelaciones en donde se elegirá a los 24 abogados/as que integrarán dichas comisiones y así elegir a los próximos magistrados/as de la CSJ. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG- está en el ojo del huracán, pues es el ente que tiene a su cargo velar por este proceso y viabilizar a los mejores candidatos (Sí, eso incluye tachar a los abogados salpicados por corrupción).

¿Podemos confiar en que el CANG hará un trabajo honesto? La respuesta es No. Cuando Francisco Sandoval -hoy en el exilio- estaba al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- descubrió que los representantes del CANG estaban coludidos con personajes implicados en casos de corrupción de alto impacto, como el empresario Gustavo Alejos, implicado en el caso “Comisiones Paralelas” en el año 2020.

Para tener claridad: en este proceso de elección de magistrados buscamos cortes renovadas con profesionales éticos que no estén vinculados a la corrupción y el CANG debe garantizar un proceso transparente por lo que la ciudadanía y movimientos sociales debemos de estar vigilantes y denunciar cualquier atropello por parte de abogados/as corruptos. Entonces debemos estar presionando para garantizar que sean abogados/as éticos quienes integren dichas comisiones de postulación.

Paralelamente, el presidente Bernardo Arévalo ofreció un discurso en la sede de las Naciones Unidas en donde denunció públicamente que la corrupción sigue siendo una amenaza para la mermada democracia guatemalteca. Dicha amenaza proviene especialmente desde el MP que entorpece cualquier intento de alcanzar una justicia independiente e imparcial con mirada humana. El presidente nuevamente agradeció el apoyo de la comunidad internacional en el apoyo recibido para el combate a la corrupción

Sin embargo, existen personajes que buscan evitar la renovación de cortes y con ello buscan bloquear la elección de cortes como el abogado Melvin Amílcar Escobar Palma, vinculado al partido VAMOS del infame expresidente Alejandro Giammattei, quien solicitó suspender el proceso de elecciones, pero dicha solicitud fue denegada por la Corte de Constitucionalidad -CC- y esta es solo una de muchas otras acciones legales que buscan detener las elecciones.

Sin embargo, existen situaciones que podrían ser una luz de esperanza en este pantanoso trecho. En este proceso, los rectores de las universidades del país participaron en un proceso para presidir las comisiones de postulación -CSJ y Salas de Apelaciones- y en este proceso se presentó y cabildeó el infame usurpador Walter Mazariegos, quien a través de un fraude electoral con el apoyo de Giammattei y Porras se impuso como rector de la USAC. Mazariegos buscaba hacerse de estas comisiones para influir en el proceso y así garantizarse impunidad, a él y a su régimen que se ha dedicado a sembrar el terror y la persecución en la USAC en contra de la resistencia y contra cualquier voz disidente.

Sin embargo, Mazariegos se ha quedado solo. Días anteriores al Foro de Rectores -en donde se elegiría a quienes presidirían dichas comisiones- organizaciones de sociedad civil y estudiantes anunciaron a través de distintos medios que Mazariegos carece de idoneidad para presidir dichas comisiones. Y el día del foro, organizaciones de estudiantes manifestaron su inconformidad frente al Congreso y entregaron folletos informativos advirtiendo de la potencial amenaza que representa Mazariegos.

Y así fue, como Mazariegos no fue ni siquiera propuesto, de entre 13 rectores, como candidato a presidir alguna de las comisiones. Sin embargo, que haya quedado fuera del proceso no garantiza un proceso transparente, pues recordemos que las universidades privadas son empresas. Además, los rectores electos -Universidad Rafael Landívar e Internaciones- expresaron temor debido a que podrían estar expuestos a recibir presiones y amenazas, dijeron denunciar dichos actos. Pero las dudas y cuestionamientos no pasaron a más.

De antemano consideramos que, en esta pugna interburguesa por el control del aparato judicial, las diversas fracciones probablemente, en aras de la gobernabilidad, terminaran negociando sus respectivas cuotas de poder. Para acabar con la corrupción y la compra de jueces, debemos levantar la consigna de elección de jueces y magistrados por voto popular directo, como lo propuso hace poco AMLO en México. Si hay que reformar la Constitución, pues debemos hacerlo.

Por Armando Tezucún

El martes 28 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo envió oficialmente al Congreso de la República el proyecto en que solicita una ampliación del presupuesto de gastos del Estado por Q 14 mil 451 millones. Desde hace varios meses se esperaba que el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo presentaran este requerimiento, en vista de las vicisitudes que acaecieron en el proceso de aprobación del presupuesto estatal para 2024.

El tortuoso proceso del presupuesto 2024

Recordemos que, a finales de octubre del año pasado, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso emitió el aval para el proyecto de presupuesto, iniciativa de ley 6279, habiendo introducido modificaciones que lo convertían en una trampa para el futuro gobierno de Arévalo y el Movimiento Semilla. Entre otras cosas, la iniciativa estipulaba que la colocación de bonos por parte del gobierno para financiar el gasto público, debía pasar por la autorización del Congreso, una situación que nunca se había dado; de esta manera, el gobierno quedaría sujeto a los caprichos de la oposición de derecha vinculada a las estructuras de corrupción, dejándolo con las manos atadas. El 30 de noviembre, la aplanadora oficialista en el Congreso aprobó el proyecto de presupuesto con 115 votos a favor, por Q 124 mil 879 millones.

Pese a las protestas de numerosos sectores, el 14 de diciembre el entonces presidente Alejandro Giammattei dio su aval al presupuesto 2024. Sin embargo, el 18 de diciembre la Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar a un amparo provisional que dejó en suspenso el presupuesto del presente año; con esta decisión de la CC, quedó vigente el presupuesto estatal de 2023, que asciende a Q 118 mil 624 millones, bastante menor que la solicitud que hizo el equipo económico del Movimiento Semilla ante el Congreso, que llegaba a Q 126 mil 679 millones. Desde entonces iniciaron los planes del nuevo oficialismo para solicitar ajustes al Congreso para poder cubrir los gastos programados del gobierno en temas como salud, educación, seguridad, desarrollo social, etc.

El gobierno presenta solicitud de ampliación presupuestaria

El ministro de finanzas de Arévalo, Jonathan Menkos, habiendo definido el monto de la ampliación que sería solicitada, empezó a barajar el momento en que el requerimiento sería introducido al Congreso, pues el 15 de mayo iniciaría el receso parlamentario de medio año, que suspende las sesiones plenarias, que se retomarán en agosto. Sin embargo, en septiembre inician las discusiones sobre el presupuesto estatal para 2025, lo que disminuiría el interés de los diputados en ventilar una ampliación del gasto de 2024. Ya el 23 de mayo Menkos inició el cabildeo por el incremento presupuestario, reuniéndose con la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloque de los partidos aliados CABAL, Visión con Valores, UNE y VOS.

Finalmente, el oficialismo decidió presentar el proyecto el 28 de mayo, en pleno receso parlamentario. La ampliación solicitada se justifica con una actualización del nivel de ingresos tributarios esperados para el presente año, con un incremento de Q 13 mil 500 millones, y Q 1 mil millones por utilización de recursos de caja (La Hora 13/05/2024).

El destino de los fondos solicitados

El gobierno, como mencionamos, destinará los nuevos recursos a las áreas de educación, salud y seguridad. Específicamente, se menciona la habilitación de dos mil radiopatrullas, la reparación de diez mil escuelas, el funcionamiento del Programa de Salud Escolar, la atención de enfermedades crónicas no trasmisibles y cáncer, la inversión en agua, saneamiento ambiental, adoquinado de calles, construcción y mejora de caminos rurales, la ampliación del Programa del Adulto Mayor, apoyo a artistas nacionales, a las clases pasivas del Estado y más recursos para el programa de veteranos del ejército. El Ministerio de Comunicaciones tendrá Q 950 millones para fortalecimiento de la red vial, proyectos de preinversión de obra pública y la realización de estudios iniciales de nuevas líneas del transporte urbano (Prensa Libre 28/05/2024).

No detallaremos acá los montos destinados a cada rubro; solamente debemos señalar que la ampliación de fondos debe ser acompañada de la fiscalización del gasto por parte de las organizaciones que representan los intereses del pueblo trabajador, para evitar que caigan en manos de los mismos corruptos que siempre se han beneficiado de los recursos del Estado. Por ejemplo, es notorio que la mayor parte del dinero destinado a “Fomento a la Inversión y Empleo” (Q 5 mil 210.9 millones), está asignado a las municipalidades y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), en teoría para proyectos de agua, saneamiento, drenajes, caminos rurales, educación y salud. Estas entidades tienen un largo historial de falta de capacidad para ejecutar los fondos, de falta de transparencia y de manejo corrupto de los fondos. Los alcaldes, la mayoría de los cuales pertenecen a los partidos de oposición al gobierno, con harta frecuencia están coludidos con los Codedes para manosear todos estos proyectos de inversión pública y enriquecerse ilícitamente con estos fondos. Por ello corresponde a las organizaciones populares fiscalizar, denunciar y presionar por todos los medios para cortar de raíz a las estructuras corruptas enraizadas en estas instituciones de los municipios y departamentos.  

La oposición cuestiona la ampliación presupuestaria

Las bancadas opositoras en el Congreso ya empezaron a plantear objeciones a la solicitud de ampliación presupuestaria. Si bien el oficialismo espera que sea aprobada en junio, aprovechando la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias, evitando que se traslape con la discusión del presupuesto 2025, los opositores ya solicitaron tiempo para analizar la propuesta, citar al ministro Menkos para que explique el proyecto, etc. 

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del legislativo, expresó: “Es una ampliación grande, es casi como un presupuesto y habrá que escuchar a las instituciones que harán con los recursos, asumiendo que se pueda aprobar a principios de julio porque la comisión debe tener una discusión con transparencia (Prensa Libre 30/05/2024). Incluso las bancadas aliadas expresaron que necesitan estudiar con detalle el documento, “Creemos que el país necesita de inversión, principalmente en temas de infraestructura, seguridad, educación y salud. A lo interno de la bancada tenemos que conversar sobre la ampliación presupuestaria … Habrá que ver si estamos a tiempo o si nos enfocamos en ejecutar el presupuesto 2024. O bien, ponerse las pilas para el presupuesto del 2025, todo esto lo vamos a analizar” (Ídem).

Los opositores más recalcitrantes han empezado a criticar la solicitud señalando que el gobierno ha tenido una ejecución deficiente de sus recursos, “Es lamentable y triste cómo pretende pedir al Congreso una ampliación cuando decían que el 40 por ciento del presupuesto se iba en corrupción. Si se jactan de decir que no son corruptos, ahí debería de estar el presupuesto” (Ídem).

¿El gobierno pactó con los corruptos?

Según la denuncia de un medio de comunicación, durante el mes de mayo el Ministerio de Finanzas pactó con diputados de diferentes bancadas la asignación de fondos para obras en el marco de la ampliación presupuestaria. Estos fondos serían ejecutados a través de las municipalidades y los Codedes, utilizado empresas propiedad de los diputados, o vinculadas a ellos, tal como se hizo reiteradamente en los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales. Si se compara la cantidad de habitantes y el nivel de pobreza prevaleciente en los distintos municipios se ve claramente que no se utilizó ningún criterio técnico, pues localidades con altos niveles de pobreza recibirán menos fondos que municipios donde el nivel es más bajo. En total, la ampliación destinada a los Codedes asciende a Q 1,675 millones; con ello, estas entidades recibirían durante el año Q 5.06 millardos, Q 732 más que en 2023 (EPInvestiga 10/06/2024). Tal parece que el gobierno de Arévalo no ha tenido empacho en pactar con los corruptos de siempre, con tal de que la ampliación sea aprobada por el Congreso.

La popularidad del gobierno va a la baja   

La preocupación del gobierno de Arévalo es que el presupuesto de 2023 no alcanza para cubrir los gastos de los ministerios, y de hecho, algunos ministerios están al borde de quedar desfinanciados, como los de Salud, Educación y Desarrollo Social. De acuerdo al viceministro de finanzas Walter Figueroa, de la ampliación solicitada, Q 9 mil millones serán para funcionamiento, y el resto para inversión. El mal funcionamiento de los servicios básicos para la población redundará directamente en el índice de aprobación y popularidad del gobierno.

Esto ya se vio reflejado en un estudio de opinión pública realizado por la agencia CID Gallup, según el cual la opinión favorable de los encuestados sobre Arévalo disminuyó del 78% en enero al 64% en mayo. Sin duda esta tendencia continuará si el costo de la vida no disminuye, y si la población percibe que el gobierno no es capaz de frenar a las estructuras corruptas enquistadas en el sistema de justicia.

Las organizaciones sindicales, indígenas y populares tienen ante sí el reto y la tarea de romper con las ilusiones sobre el gobierno de Arévalo, incapaz de combatir efectivamente la corrupción e incapaz de romper sus lazos con el empresariado y los imperialismos estadounidense y europeo. Las compañeras y compañeros tienen en sus manos asumir la lucha independiente y clasista contra estos males que afectan al pueblo trabajador.