Por Armando Tezucún

A inicios del mes de mayo, el presidente Bernardo Arévalo realizó un nuevo intento de remover de su cargo a la nefasta fiscal general del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras. Como es sabido, la fiscal Porras, al frente del MP, trató, en los últimos cinco meses del año pasado, de impedir la toma de posesión del binomio presidencial electo Arévalo/Herrera, mediante una serie de subterfugios legales, que de paso generaron una de las más importantes oleadas de protestas populares de los últimos años, en defensa de la democracia y de los resultados electorales. Los esfuerzos de Porras no lograron frenar el arribo del nuevo gobierno, aunque consiguieron la suspensión de la personería jurídica del partido oficial Movimiento Semilla, lo que le ha ocasionado a la nueva administración dificultades a nivel del Poder Legislativo.

La nueva maniobra de Arévalo

El domingo 5 de mayo, en cadena nacional, el presidente Arévalo anunció que presentaría al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP, de modo que pueda contar con los recursos legales para destituir a la fiscal general. En el año 2016, el Congreso reformó, con 140 votos a favor y 2 en contra, el Artículo 14 de la referida ley, para limitar los motivos por los cuales el presidente de la república puede relevar de su cargo al jefe del MP. Esto se hizo para proteger a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, con un historial de acciones anticorrupción, de cualquier ataque de parte del presidente corrupto de ese momento, Jimmy Morales. De acuerdo al cambio decidido, el mandatario de turno puede remover de su cargo al fiscal general solamente en caso de que exista una sentencia firme en su contra por un delito. A finales del año pasado fueron presentados varios recursos de inconstitucionalidad contra este artículo, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) los rechazó. Paradójicamente, la maniobra que en aquel entonces protegió a la fiscal anticorrupción Aldana, ahora está protegiendo a la fiscal Porras, fiel aliada e instrumento de las estructuras de corrupción.   

En su alocución, Arévalo anunció: “He decidido presentar al Congreso una iniciativa para reformar la ley orgánica del MP, la cual abrirá el camino para que la fiscal rinda cuentas y sea removida en el marco de la ley” … Esta reforma busca “reestablecer los parámetros de la institución como fueron establecidos en la constitución, además de preservar su autonomía y asegurar un mecanismo efectivo de rendición de cuentas” (Prensa Libre 05/05/2024). El mandatario instó a los diputados del Congreso a dar su aprobación a la reforma; previo a la cadena nacional, Arévalo sostuvo reuniones con varios jefes de bloques parlamentarios para cabildear por la reforma.

Habiéndose enterado con anticipación de las intenciones del Ejecutivo, el MP presentó, antes de la cadena nacional, una acción de amparo ante la CC, calificando las acciones de la presidencia como una “amenaza real, cierta e inminente” que “pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la fiscal general, Consuelo Porras y otros funcionarios”; la intención del amparo es que se “ordene al presidente de la República de que se abstenga de adoptar medidas de las cuales pretenda tomar control del Ministerio Público” (Idem). La CC decidió dar trámite al amparo, y el 13 de mayo lo otorgó en definitiva.

Según la propuesta del gobierno, el artículo 14 establecería que el presidente de la República puede remover al fiscal general por dos causales: a) la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de función, y b) por falta de capacidad, idoneidad u honradez sobrevenida, debidamente comprobada, en el ejercicio de sus funciones.

El presidente presenta al Congreso la propuesta de reforma

El lunes 6 de mayo Arévalo protagonizó una caminata desde el Palacio Nacional de la Cultura hacia el Congreso de la República para presentar oficialmente la iniciativa que modificaría la Ley Orgánica del MP, iniciativa 6391. Le acompañaron en el recorrido su gabinete de gobierno y la bancada completa del Movimiento Semilla.

Desde ese día se notó incertidumbre en el Congreso sobre el trámite de la iniciativa. Si el oficialismo pretende que los cambios se aprueben de urgencia nacional, se necesitan al menos 107 votos de los 160 que integran el legislativo, y algunos diputados solicitaron tiempo para analizar la propuesta. El presidente del Congreso, Nery Ramos, hizo ver que hay otros proyectos de ley que ingresaron antes, e incluso ya hay cinco propuestas más para cambiar la ley del MP. Otra polémica que surgió es sobre si en caso de que se realizara la reforma, aplicaría el principio de no retroactividad de la ley, quedando Porras libre de cualquier efecto.

Lo cierto es que la propuesta que busca quitar del camino a uno de los más grandes obstáculos que enfrenta el gobierno, llegó al Legislativo en un momento en que la alianza que logró el oficialismo en enero no tiene la misma fuerza y cohesión de ese momento. A pesar de que hubo reuniones previas, el lunes 6 no existía ninguna seguridad de que la iniciativa fuera aprobada de urgencia nacional, y todo indicaba que tendría que hacer el trámite ordinario de pasar a comisión y ser aprobada en el pleno en tres lecturas. La percepción era que, pese a que para el oficialismo la remoción de Porras es prioridad, para muchos diputados, incluso de los partidos aliados, la iniciativa debe ser sometida a un análisis detallado.

La iniciativa de ley fracasa en el Congreso

Contrario a lo que esperaba el oficialismo, la iniciativa 6391 fracasó en su primer día en el pleno del Congreso, 7 de mayo. No solo no hubo 107 votos a favor de la propuesta, sino que la sesión tuvo que ser suspendida por falta de cuórum, con no más de 50 diputados presentes.

Según el líder de los diputados oficialistas, Samuel Pérez, varias docenas de diputados de diferentes bancadas aliadas fueron amenazados para que no votaran a favor de la propuesta: “Las ausencias que hemos visto es completamente fuera de lugar, hay factores externos. Hemos tenido información que varios diputados han recibido amenazas de muerte, amenazas de investigaciones en donde les van a solicitar retiro de antejuicio” (Prensa Libre 07/05/2024).

El jueves 9 de mayo se dio la misma situación, cuando fue cancelada la sesión plenaria debido a que solo 43 diputados se hicieron presentes; con el agravante de que la derecha movilizó a expatrulleros colaboradores del ejército durante el conflicto armado interno, para que bloquearan los ingresos al edificio legislativo. El 13 de mayo no se realizó la reunión habitual de jefes de bloques para definir la agenda de la plenaria del día 14, pues los representantes de las bancadas no se hicieron presentes. El 15 de mayo finalizó el primer período de sesiones ordinarias del Congreso, por lo que el gobierno tendrá que esperar hasta agosto, cuando se retomen las sesiones, para que sea planteada en el pleno su propuesta de reforma a la ley del MP.

La endeble alianza del oficialismo

El fracaso del partido oficial al no haber logrado cuórum en las dos sesiones legislativas, puso al descubierto las dificultades por las que pasa la alianza que logró con otras bancadas en enero, cuando asumió la nueva Junta Directiva del Congreso. Pese a que el domingo 5 Arévalo se reunió con varios diputados aliados para consensuar el respaldo a la iniciativa, la propuesta no logró convencer. El propio presidente de la Junta Directiva, el diputado Nery Ramos, resumió el sentir de muchos de esos legisladores: “La iniciativa presentada fue sorpresiva para todos y una reforma de esta naturaleza exige un análisis de altura, detallado con el tiempo necesario para asumir una postura. De un día para otro resulta muy aventurado” (Prensa Libre 09/05/2024).

Muchos de los diputados que no se presentaron a las sesiones pertenecen a las bancadas aliadas del oficialismo, y más allá de la versión del diputado Pérez de Semilla, en el sentido que existieron presiones y amenazas, hay serias molestias de parte de los aliados hacia Semilla y el presidente Arévalo. Algunos de estos diputados hablan de errores políticos cometidos por el oficialismo, como la exigencia de que la iniciativa fuera agendada por urgencia nacional, sin un examen técnico, lo cual se percibió como un intento de imposición. Otra fuente de molestias ha sido el proceso de elección de gobernadores departamentales, proceso en el cual aparentemente Semilla no cumplió acuerdos. La diputada Evelyn Morataya, del partido Viva, declaró que el domingo cinco de mayo a los diputados aliados se les dijo “Esto es lo que tienen que aprobar en el Congreso”, y todos se quedaron sorprendidos, pues no se les permitió conocer la iniciativa, “No estamos en contra de ninguna reforma, pero sí necesitamos consensuar para conocer en qué términos se aprobaría…” (Soy502 19/05/2024).

Hacia un callejón sin salida

La cruzada anticorrupción del presidente Arévalo y su partido cada vez encuentra más obstáculos, no solo porque tiene en su contra a las instituciones de justicia (MP, CC, CSJ), contraladas por las estructuras corruptas, sino porque sus propios aliados le reclaman ahora el incumplimiento de componendas y acuerdos alcanzados.

Pero, más aún, Arévalo no comprende que la corrupción es inherente al sistema capitalista. Los negocios en el capitalismo no funcionan sin el manoseo de las instituciones del Estado mediante coimas, privilegios, sobornos, y tráfico de favores. Esto es más cierto en un país como Guatemala, con un puñado de familias que controlan la riqueza, y donde las oportunidades para los medianos empresarios y empresarios emergentes dependen de los manejos sucios bajo la mesa que logren hacer con las instituciones estatales. La verdadera salida a la corrupción es un cambio radical liderado por las masas trabajadoras movilizadas en lucha para romper con el capitalismo e iniciar la transición al socialismo. Arévalo es incapaz de ver esto porque tiene la idea ilusoria de lograr un capitalismo sin corrupción y con democracia, y tiene terror a las masas movilizadas, al igual que sus aliados imperialistas de Estados Unidos y Europa, y la burguesía local, con la que comparte inaugurando proyectos de inversión y planes de alianzas público-privadas. A mediano plazo, el ejecutivo corre el riesgo de quedarse aislado, sin aliados de derecha ni de izquierda.

Por Marcos Galicia

La mañana del lunes 20 de mayo, la ciudad de Guatemala amaneció nublada por contaminación. La mala calidad del aire era muy evidente y eso se debe, principalmente, a los incendios en el país, ahora concentrados en los departamentos del nororiente: Izabal, Petén y Zacapa. Pero también la contaminación proviene de los incendios que tienen lugar en Honduras.

Dos días antes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED- informaba que existían 109 incendios activos en el país -un número alarmante- y muchos de esos incendios fueron de grandes proporciones, lo cual dificultó su control y disipación, y tuvieron lugar en lugares con gran riqueza biológica como la Sierra de las Minas.

¿Cuál es el origen de estos incendios? Según la CONRED entre las causas está el avance de la frontera agrícola, pues en Guatemala las malas prácticas ganaderas han representado una amenaza para la biodiversidad; no es de sorprenderse que familias y empresas causen estos incendios a propósito para poder obtener espacios para alimentar al ganado.

El gobierno de Bernardo Arévalo denunció que habían encontrado “tambos con thinner y gasolina” en el lugar de los incendios forestales. Luego colocaron denuncias en el Ministerio Público (MP), presidido por la infame Consuelo Porras -sancionada en más de 30 países por corrupción-, pero el MP desestimó las denuncias y las acusó de “desinformación”. Esto nos indica que estos delitos contra el ambiente quedarán impunes mientras Porras y su camarilla sigan en el MP.

Pero, ¿Cómo hemos llegado hasta este punto en Guatemala? En donde no hay capacidad para prevenir y controlar los incendios, destruyendo biodiversidad que tomará décadas recuperarla o, en el peor de los casos, nunca recuperaremos. Durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei se desmantelaron los mecanismos institucionales para prevención y control de incendios forestales.

El viernes 21 de julio de 2017 Morales derogó el Acuerdo Gubernativo 63-2001, el cual creaba el SIPECIF -Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales-, y durante la gestión de Giammattei, se redujo considerablemente la cantidad de guardabosques activos en el país y también redujo el presupuesto a las instituciones que cuidan el medio ambiente, provocando la desprotección de la fauna y flora silvestre que son considerados vitales por su importancia ecológica. Así vemos cómo la corrupción tiene un impacto directo negativo sobre los bienes naturales y la vida en el territorio.

La contaminación en el aire propició enfermedades respiratorias, por lo que las autoridades recomendaron el uso de mascarillas, evitar actividades al aire libre e incluso cancelar las clases presenciales en el área educativa. Citando a Karl Marx "El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos" y comparándolo con esta crisis climática en curso, podemos confirmar que el actual sistema económico nos ha empujado a la actual crisis climática y que debemos trabajar por encontrar alternativas al capitalismo, antes de que acabe con el planeta y sus habitantes -nosotros incluidos-.

El cambio climático ya llegó, ahora estamos en una crisis, vemos una temporada atípica de tornados en Estados Unidos; incendios y olas de calor en toda Centroamérica y los pronósticos indican una fuerte temporada de huracanes para este año. Nuevamente reiteramos la urgencia y necesidad de combatir al sistema neoliberal y promover una nueva visión de la humanidad en donde exista el respeto hacia las otras formas de vida con las que compartimos este bello planeta.

Se nos agota el tiempo, en Guatemala existen esperanzas democráticas que podrían propiciar las condiciones para proponer otros modelos económicos y sociales en el país, basados en la participación democrática de las comunidades indígenas, organizaciones sindicales y populares en la gestión de los recursos naturales. Sugerimos que estas organizaciones exijan al gobierno de Arévalo que actúe contra los grandes depredadores del medio ambiente, como son las grandes empresas ganaderas, las extensas plantaciones de palma aceitera y las criminales empresas azucareras que en cada zafra contaminan el ambiente con la quema de cañaverales.

Por Marcos Galicia

El Río Machacas está ubicado en la aldea de Machacas Carretera, km 279 ruta al Atlántico, en Puerto Barrios, Izabal. Este río desde hace más de 24 años ha dado agua dulce a las comunidades de Machacas Carretera, Limones, Veracruz, parte de Entre Ríos y Champona La INTA. En la actualidad su caudal ha disminuido por diferentes actividades y solo provee a: Limones, Veracruz, Machacas Carretera, Champona y La INTA. Algunas personas de las aldeas aledañas comentan que ya no les llega agua y en algunos momentos al sector de Machacas la sectorizan para cubrir a las otras comunidades. La reducción del abastecimiento de agua es evidente día a día.

El pasado 25 de febrero del año en curso, en la comunidad de Machacas Carretera, Puerto Barrios, Izabal, Sandra Portela, como miembro de la comunidad Xinka, Defensora de derechos humanos y del territorio, realizó una caminata alrededor de las 5:00 pm para visitar a una comunitaria. Por el sector pudo observar que el río estaba siendo dragado y, específicamente en ese lugar, en años anteriores, se ha brindado educación ambiental para niños resaltando la importancia de cuidar los ríos. Se tomaron fotografías y se pudo percatar que en ese momento no había maquinarias y/o personas trabajando.

Según información de los vecinos, estaban reubicando el río y haciéndolo más profundo con el fin de que se realizara una borda para que el agua no rebalsara. Todo lo anterior a cargo de una empresa que construye a la ribera del río (se lee el número de licencia 0452022). Es importante mencionar que aún no han realizado consulta previa e informada, y que la mayoría de las personas del vecindario aledaño al río, no tienen conocimiento sobre el motivo del proyecto o sobre quiénes lo administran.

A partir de acá, Sandra coordinó una charla de sensibilización sobre el cuidado y protección de las cuencas hidrográficas con la educadora ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de la delegación Puerto Barrios, Izabal. Pero ese mismo día, un grupo de hombres a favor de la construcción irrumpió la charla haciendo comentarios misóginos e intimidando a las mujeres y niños que ahí se encontraban. Los hombres mencionaron que el dragado debe continuar “por el beneficio de todos”.

Posteriormente, se toman las medidas correspondientes para defender al río llevando las denuncias al Ministerio Público (MP) de Puerto Barrios y la delegación del MARN. La denuncia fue desestimada por el MP, y el MARN constató que no existe estudio de impacto ambiental para la construcción en curso.

Eventualmente, hombres armados en vehículos comenzaron a aparecer en el territorio preguntando por la lideresa Sandra. Esto encendió las alarmas y se procedió a buscar apoyo en el Congreso de la República con diputados oficialistas y no oficialistas. Hasta hoy no ha habido respuesta por parte de los diputados y diputadas y tampoco responden los mensajes y llamadas.

Para asegurar que se detenga el dragado del río Machacas es necesaria la participación activa de las autoridades y la asistencia de profesionales en el tema; tampoco existe una ley integral de aguas que enfatice la protección de niñez, mujeres y pueblos originarios; el sistema de justicia se muestra deficiente e inoperante ante un potencial feminicidio. Estas características ha sido notorias en otras luchas de defensa del territorio.

La compañera Sandra comenta que, si desaparece o es asesinada, se debe a la negligencia institucional por parte de la Municipalidad de Puerto Barrios y la delegación del Ministerio de Ambiente en Izabal y otras instituciones vinculadas. Actualmente las comunidades están comenzando a denunciar la escasez de agua y evidencian que el nacimiento del rio se ha secado por completo.

Adicionalmente, se considera que, desde la espiritualidad de los pueblos indígenas, los ríos son vida, seres vivos con espíritu, que merecen ser respetados y rescatados, no ultrajados, reconociendo que estamos enfrentando una crisis mundial del agua. Una multa monetaria no es suficiente, ni que obtengan los permisos ambientales correspondientes; el río Machacas merece ser respetado, rescatado y declarado protegido. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes que asuman sus responsabilidades y que puedan prevenir un ecocidio y un femicidio.

Por Armando Tezucún

Actualmente se está desarrollando la negociación de un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el sindicato mayoritario de docentes, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala, STEG. El pacto anterior fue firmado en marzo de 2022, con una vigencia de dos años, y a él se adhirieron otros seis sindicatos magisteriales más pequeños. Hasta el momento, las discusiones han marchado sin interrupción, de acuerdo a la periodicidad estipulada, y con cuatro mesas de diálogo.

Antes de entregar el cargo, el expresidente de la república, Alejandro Giammattei instó el 5 de enero al secretario general del STEG, el eterno dirigente sindical Joviel Acevedo, a presentar el borrador del nuevo pacto, para dejar integrada la comisión del Mineduc encargada de la negociación. El 8 de enero el sindicato presentó al Mineduc el nuevo documento a negociar, solicitando que el contenido del mismo se mantuviera bajo confidencialidad, condición que fue aceptada por los funcionarios de educación del gobierno de Giammattei, aún en ejercicio del cargo.

Con la nueva administración de Bernardo Arévalo, aunque las conversaciones en torno al pacto colectivo siguen su curso, las cosas no están saliendo como el dirigente Joviel Acevedo esperaba. El 30 de abril, la ministra de educación, Anabella Giracca, solicitó oficialmente a Acevedo que retire su solicitud de mantener en reserva el borrador del convenio. En la petición, Giracca expresó que “desde nuestra perspectiva, es crucial que este documento sea accesible al público para garantizar la transparencia y permitir que todos los interesados puedan conocerlo” (Prensa Libre 30/04/2024). De acuerdo a la ministra, la Unidad de Acceso a la Información del Mineduc ha recibido varias solicitudes para que se entregue información sobre el borrador del pacto, pero no ha sido posible debido a la confidencialidad del documento. Para el gobierno de Arévalo es vital proyectar una imagen de transparencia y honestidad, por tanto, la existencia de una negociación con un sindicato estatal, de la que no se puede trasladar información, resulta contraproducente.

La respuesta de Acevedo y el STEG a la solicitud de Giracca fue convocar a una multitudinaria manifestación de protesta el 2 de mayo, que finalizó en el Congreso de la República, donde la dirigencia sindical fue recibida por miembros de la Junta Directiva del Legislativo. En la convocatoria a la marcha, el STEG asumió la postura de que la petición de la ministra constituye una violación a los beneficios establecidos en el Pacto Colectivo, “Ahora le corresponde al Sindicato Mayoritario -STEG/ANM-, presencialmente, defender la Educación Pública, los Programas de Apoyo de los Estudiantes y el Pacto Colectivo; por eso realizaremos una Gran Movilización y Manifestación, para sentar las bases de una verdadera etapa de negociación, en beneficio de las comunidades educativas; sin improvisaciones, sin sometimiento, sin arbitrariedades y sin imposiciones abusivas de la actual Administración Gubernamental” (La Hora 01/05/2024).

El argumento principal de Acevedo es que la ministra debió enviar la solicitud de levantar la cláusula de confidencialidad a las comisiones que negocian actualmente el Pacto Colectivo, no por medio de una carta dirigida personalmente a él, acción que calificó de “irresponsabilidad”.

Acevedo también reclamó al Congreso que se restituya el Seguro Médico Escolar, que fue derogado en febrero por el actual gobierno. Este seguro fue contratado por el anterior gobierno de Giammattei con una entidad financiera privada en 2020, con pobres resultados y un costo total de Q843 millones; el total de las consultas médicas tuvo un costo promedio de Q 437, y el 74% de las mismas se realizaron por teléfono (La Hora 07/05/2024). El programa fue derogado por posibles vicios y sospechas de corrupción, y reemplazado por un servicio brindado por el Ministerio de Educación.

En el Mineduc hay 66 organizaciones sindicales, la mayoría locales y pequeñas. El más grande es el STEG, con 81,211 afiliados y un secretario general vitalicio que ha estado al mando por 20 años. Cada vez hay mas maestros y sindicatos que cuestionan el liderazgo de Acevedo y el STEG.

Acevedo ha logrado permanecer en su cargo porque ha logrado conquistas salariales y beneficios para el magisterio, pero es innegable que ha conseguido beneficios personales mediante manejos oscuros, y ha apoyado a los sucesivos gobiernos de derecha. Es necesario construir una dirección alternativa que enderece el rumbo del STEG. La solución no es la proliferación de mas sindicatos pequeños, sino fortalecer el STEG bajo una nueva dirección clasista, unificando al magisterio bajo una organización fuerte capaz de negociar con el gobierno.