Por Maximiliano Fuentes
El gobierno de Porfirio Lobo en sus casi tres años de gobierno ha emprendido brutales ataques contra los trabajadores públicos. Uno de los sectores más lastimados ha sido el magisterio, prueba de ello es la desindexación salarial que se aprobó en el año  2010, que ultrajó la más grande conquista del magisterio nacional: el estatuto docente.
Los aumentos salariales no se han realizado de acuerdo a lo tipificado por el estatuto, sino según criterios establecidos por el gobierno; pero el magisterio no recibió ningún tipo de aumento durante los dos primeros años debido a que rechazó la  cantidad ofrecida por el gobierno pues se encontraba por debajo de lo señalado por Ley y debajo del costo de vida. Por tanto, el salario de los docentes se mantuvo congelado durante una buena cantidad de tiempo, hasta que en julio de este año el actual presidente del Congreso Nacional y precandidato en las elecciones internas por el Partido Nacional Juan Orlando Hernández,  adoptó la medida electorera de realizar un incremento de 900 LPS.
Pero el magisterio no es el único sector que se ha visto afectado. También lo han sido las enfermeras, los médicos, empleados de Hondutel y de la ENEE, así como los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). En el caso de la UNAH, la fecha de pago se ha venido acomodando a los intereses de las autoridades universitarias, evidentemente, sin realizar ningún tipo de notificación a los trabajadores y docentes universitarios.
El caso de los médicos
Esta embestida económica se ha establecido en cada una de las instituciones del Estado, y la razón es concreta y sencilla. El Estado no dispone de los medios para hacerle frente a sus obligaciones debido al enorme déficit fiscal que arrastra, que se ha incrementado de forma cuantiosa en el actual gobierno. Los egresos del Estado son mayores que sus ingresos, en una palabra: se gasta más de lo que se tiene. Razón por la cual el Estado ha incrementado de forma cuantiosa la deuda interna, es decir la deuda con la banca privada nacional. Sin duda alguna, el crecimiento de la deuda interna representa uno de los problemas más graves de la economía nacional; la misma se ha duplicado en los últimos dos años, sobrepasando en la actualidad los 51 mil millones de lempiras.
El retraso en los pagos de cada una de las instituciones del Estado ha creado inconformidad y descontento entre los trabajadores estatales. En lo que va del año se han dado una variedad de paros, tomas de establecimientos y pequeños enfrentamientos de los trabajadores estatales y el gobierno de turno. Esta vez, le ha tocado emprender la lucha a los médicos del servicio público nacional, quienes desde inicios de la semana han anunciado el paro de labores por la falta de pagos. En ese sentido la amenaza se mantiene debido a que la Secretaria de Salud no ha realizado los pagos del mes de septiembre. “Los galenos habían otorgado un plazo de 20 días a la nueva ministra de Salud para que iniciara a resolver los problemas de pago de 400 médicos por contrato, cerca de 400 médicos por interinato y más de 100 galenos que reciben pagos con fondos externos y a quienes se les adeuda el mes pasado….”(El Heraldo 20/10/12).
El aumento generalizado de los precios de la canasta básica
Al atraso de los pagos de los correspondientes salarios se suma el aumento generalizado de los precios de la canasta básica producto del aumento de los precios del combustible. En los últimos meses han aumentado los precios de las productos de primera necesidad, razón por la cual las familias han reducido su consumo y por ende su calidad de vida. De la misma manera, ha subido de forma estrepitosa la tarifa de la energía eléctrica deteriorando los ingresos de las familias promedio.
Nuestra propuesta
Ante el retraso de salarios y el aumento generalizado de los precios de los productos de la canasta básica, se hace necesario impulsar una jornada de lucha para frenar el aumento generalizado de los precios, congelar la canasta básica, exigir la creación de fuentes de empleo y demandar el pago inmediato a cada uno de los trabajadores estatales que no han recibido su sueldo. Para ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los sindicatos, gremios, federaciones, centrales obreras y emplazamos al Partido Libertad y Refundación LIBRE para que convoquen a una jornada de lucha exigiendo el pago inmediato de los salarios y el congelamiento de los precios de la canasta básica.

 Por: Claudia Morales

El absolutismo nacionalista está en el pináculo de su historia, la cachurecada recalcitrante ya destapó la caja de Pandora de su verdadera ideología: destruir la nación hondureña mediante la imposición de medidas arbitrarias contra el pueblo, la práctica del absolutismo en los tres Poderes del Estado y obviamente, la sumisión a los preceptos de los organismos internacionales.

¿Será que la oligarquía y sus afines quieren exterminar al resto de la población y van cometiendo genocidio a plazos? Tenemos en desbalance de la báscula de la Justicia, la protección policial se ejerce solo en las altas esferas de la sociedad, los servicios públicos se van privatizando, los moles y centros comerciales inundan las ciudades, las zonas rurales se van tornando pueblos fantasmas, la inmigración se vuelve una necesidad y quienes quedamos en estas honduras los decretos de emergencia, asesinatos y amenazas a muerte son el desayuno, almuerzo y cena de todos los días.

Desde el golpe de Estado el régimen resultante ha venido fraguando toda clase de agravios contra el proletariado: las medidas económicas con el alza de los combustibles, el cambio en la venta de los mismos (de galones a litros), las regulaciones en el “orden social” mediante decretos legislativos y cambios en las leyes gremiales junto a las medidas de represión son una vuelta al esclavismo. Podemos enlistar una letanía de quejas y se nos quedarían tantas sin mencionar. En el caso específico del magisterio, se tiene el deber de trabajar pero no de gozar ningún derecho pues todos han sido retocados para “mejorar” la calidad de la educación pública.

En días pasados el Ministro de Educación Marlon Escoto, anunció un nuevo decreto ejecutivo en el cual se prohíbe la toma de centros educativos a alumnos, docentes y padres de familia bajo pena de expulsión, suspensión del salario mensual y cárcel respectivamente, además del posible cierre del centro. Esto genera un motivo más de descontento y otra forma de represión contra el sector gremial que más se pronunció contra el golpe de Estado en 2009. Así violentan el derecho a la protesta (Artículo 79 de la Constitución de la República de Honduras) acentuando la humillación de cerrar la boca cuando se quiera gritar las injusticias.

Lo anterior se sumó a la imposición del ministro de alargar el año lectivo hasta el 21 de diciembre, sin dar lugar a negociaciones con el magisterio ni a razones justas pues “Durante este año el sistema educativo público ha perdido unos 15 días de clases, en promedio” (El Heraldo, Sábado 13 de octubre de 2012) mientras que el señor Escoto pretende recuperar el tiempo perdido en 21 días de diciembre esto incurre en gastos extras para padres y docentes por igual, lo que agrava la situación de calamidad doméstica en la que ya se encuentran las familias de estos últimos, so-pena de que si no cumplen su mandato serán despedidos. Así mantienen la inseguridad en la base del magisterio. Nadie quiere perder su trabajo.

Mientras tanto los Centros de salud se encuentran sin mantenimiento ni medicinas en buen estado pues las pocas existentes en sus farmacias están vencidas o por vencerse. El 12 de octubre los empleados de varios centros de salud de la capital se tomaron la calle junto a la comunidad para declararse en peligro de muerte porque las instalaciones de dichos centros de trabajo se encuentran en precariedad, totalmente insalubres y a punto de derrumbarse, lo que puede ocasionar una tragedia e incluso, iniciar una epidemia en el sector.

Vuelvo a preguntar: ¿Pretenden liquidarnos? laborando sin derecho a descanso, ni gozando de salarios dignos, con el riesgo de perder el trabajo por clamar justicia, dejando que los establecimientos de los centros de trabajo –literalmente- se vengan encima de la pobrería que busca salud a riesgo de contraer enfermedades en lugar de contrarrestarlas, sin faltar las llamadas y mensajes de texto que reciben dirigentes campesinos y demás ciudadanos que no necesitamos dirigir grupos para tropezar con la eventualidad de no volver a casa después de un día de trabajo.

Nos corresponde la unidad y renovar fuerzas para contraatacar ante las arbitrariedades e imposiciones del gobierno heredero del golpe de Estado. Unidos el pueblo, sectores organizados y familias en general podremos vencer el totalitarismo que encamina el gobierno de turno y su partido en particular.

Por Sebastián Ernesto González

Durante las últimas semanas los asesinatos ligados al conflicto en el Bajo Aguán o a defensores de derechos humanos se han incrementado en el país. Los últimos casos más sonados son los del abogado Antonio Trejo, Apoderado Legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) y el de Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, un fiscal en la oficina de derechos humanos del gobierno, quien estuvo entre los abogados que hicieron una huelga de hambre en 2008 protestando por  la corrupción de la fiscalía. En esta semana fue asesinado el joven Douglas David Peña, en Santa Bárbara, quien se manifestaba por los derechos de su comunidad y contra las “Ciudades Modelos”.

El viernes 5 de octubre las organizaciones Copinh y Ofraneh distribuyeron un comunicado donde señalan que ante una acción de recuperación de tierras contra la empresa  CAISESA-FRISCO del reconocido terrateniente René Morales, fueron asesinados dos compañeros campesinos y aproximadamente 18 fueron detenidos.

El último artículo que escribió el Camarada Manuel Flores

Cada vez que asesinan a un compañero campesino o un profesional ligado a la recuperación de tierras en el Bajo Aguán, experimentamos el dolor que nos sigue ocasionando el vil asesinato del Camarada Manuel Flores, hecho que ocurrió el 23 de marzo del 2010 en su centro de trabajo, dos días después de que Manuel escribiera su último artículo. En ese artículo titulado “El conflicto agrario en el Bajo Aguán”, en uno de los párrafos escribiría “La lucha de las organizaciones campesinas por tener un pedazo de tierra se ha teñido de sangre, varios son los asesinados por las fuerzas al mando de los terratenientes de la zona del Bajo Aguán…el conflicto en Honduras se da entre 300,000 campesinos sin tierra y tres reyes de la tierra; Miguel Facusse, René Morales y Reynaldo Canales…”

Hasta ahora, el asesinato del compañero ha quedado en el olvido, al igual que la de todos los mártires que han sido asesinados.

César Ham denuncia amenazas

El conflicto se ha agudizado tanto que el mismo director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, ha denunciado públicamente al empresario Miguel Facussé como responsable por si algo le ocurre. Según el director del INA, el presidente Porfirio Lobo Sosa, el martes, le informó de viva voz “que había amenazas a mi vida, queriendo hacer un atentado con sicarios que ya estaban en Tegucigalpa pagados por adelantado para quitarnos la vida… cualquier situación que me ocurra a mí, a mi familia, responsabilizo de manera directa a Miguel Facussé Barjum”.

Ante esta ola de asesinatos que sigue aumentando, el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, del Congreso de los Estados Unidos, Howard Berman  envió una carta a Hillary Clinton en la que denuncia “El asesinato de Trejo fue más que un crimen espantoso. Él había representado satisfactoriamente a campesinos que reclamaban tierras ilegalmente obtenidas por Miguel Facussé, quien fue descrito por la embajada de EE.UU. como "el más rico, más poderoso hombre en Honduras" y quien tiene guardias de seguridad que son acusados de supuestamente haber matado a docenas de activistas de derechos de tierra en los últimos tres años. Trejo había recibido amenazas de muerte repetidamente por su teléfono celular, y anunció que si fuese asesinado, Facussé sería responsable.”

Movilización Nacional para detener asesinatos y por una Reforma Agraria

Sin duda alguna que esta represión con la venia del gobierno de Lobo no se detendrá a menos de que se inicien actividades de protesta para detener la represión selectiva contra los sectores campesinos organizados. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a toda la plataforma sindical, gremial y popular para convocar a una jornada de protestas para detener los asesinatos selectivos.

Manuel Flores terminó su artículo con lo siguiente “…el Estado debió expropiar sin ninguna indemnización dichas tierras y entregarlas a los campesinos organizados. Igualmente debe ofrecer asistencia técnica y crédito para que en el futuro no caigan en la tentación de vender a los mismos terratenientes las tierras recuperadas. Hoy más que nunca se hace necesaria la aprobación de una Ley de Reforma Agraria que resuelva la problemática de la tenencia y la producción de la tierra en el agro”.

Por Ricardo Velásquez

El régimen Lobo-Hernández pasará a la historia como el más nefasto para la clase trabajadora, principalmente para el magisterio, quien ha sido el sector más golpeado en estos casi 3 años que ha ejercido el poder. Sin duda alguna que el régimen le ha pasado la factura a los docentes por haberse convertido en la columna vertebral de la resistencia. Los 7 meses de movilización continua del FNRP fueron alimentados por la gran mayoría de docentes que se sumaban a las continuas movilizaciones.

Han sido múltiples las formas de reprimir al magisterio, desde las violentas represiones hasta las más lapidarias leyes económicas en contra de los maestros, como son la pérdida de casi todos los beneficios sociales que otorgaba el Inprema y el congelamiento salarial durante dos años y medio.

Pero esto no doblega al docente; al contrario, le da coraje y ánimos de resistir hasta que haya mejores condiciones para retomar la lucha.

Régimen esquilma 100 millones de lempiras a los docentes

El mes de septiembre del año 2011, aprobaron una ley que obliga a todos los empleados del gobierno que devengan un salario superior a los 30,000 lempiras a presentar ante el Tribunal Superior de Cuentas, una declaración de bienes. Dicha declaración también debe ser presentada por los directores de los centros educativos. Maliciosamente no publicitaron tal medida y el plazo para presentar tal declaración venció el 30 de abril; tampoco el ministro de educación le comunicó al magisterio de tal medida. Al vencerse el plazo, cada docente que no hizo tal declaración se agenció la multa de cinco mil lempiras. El que se niegue a pagarlos corre el riesgo de que le suspendan el salario.

Hay un estimado de 23,000 profesores que tendrían la multa, multiplicado por 5,000 le genera al gobierno la no despreciable cantidad de  115, 000,000 de lempiras. Así de fácil.

Fricciones entre golpistas se lleva de encuentro al magisterio

Ante la dura crisis que se sigue profundizando en el país, el gobierno se ha visto en la necesidad de pagar los salarios de los trabajadores con bonos del Estado. El gobierno le ofrece los bonos a los bancos para que éstos a la vez les acrediten el salario a los empleados. Uno de los bancos a través del cual se pagan salarios, es el Banco Ficosah; los dueños de este banco son personas de apellido Atala, familia muy ligada al Golpe de Estado ejecutado en el 2009 contra Manuel Zelaya Rosales. Esta familia apoya la candidatura de Ricardo Álvarez en la actual campaña electoral para las elecciones internas del mes de noviembre. Ricardo es el contendiente más fuerte dentro del Partido Nacional, junto a Juan Orlando Hernández.

Durante las últimas semanas se han incrementado las acusaciones y contra acusaciones entre ambos candidatos. De tal forma que cualquier coyuntura que permita sacar ventaja será aprovechada. Así lo han demostrado los Atala, cuando se han negado a recibir bonos de parte del Estado y se han quedado miles de docentes sin recibir el pago del mes de septiembre. Si el objetivo es generar malestar en los docentes para bajarle el perfil al presidente del Congreso Nacional, sí que lo han logrado a costillas del estómago y del hambre de los compañeros. Las fricciones entre estos grupos golpistas comienzan a aflorar y seguro que seguirán profundizándose según aumente la crisis y sigan golpeando al sector magisterial.

Movilización nacional para detener abusos

Los aumentos a la canasta básica son constantes, al igual los aumentos semanales a los combustibles y a los servicios públicos, mientras los grandes empresarios se siguen enriqueciendo a costa de los asalariados, los trabajadores siguen viendo disminuidos sus ingresos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) le hacemos un llamado a la dirigencia del magisterio para que inmediatamente inicien un proceso de reflexión, análisis y organización que desemboque en nuevas luchas y movilizaciones; se deben hacer asambleas distritales y departamentales para discutir una estrategia de lucha. También se deben organizar a los padres y madres de familia, para que reflexionen sobre las implicaciones de la Nueva Ley Fundamental de Educación. Solo la movilización popular podrá detener los planes de miseria implementados por Lobo-Hernández.