Por Sebastián Ernesto González

 En los últimos días, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la dirigencia del Partido Libre han tenido una discusión muy fuerte sobre la posibilidad de parte del TSE de no inscribir la candidatura de Xiomara Zelaya en las elecciones internas de noviembre del presente año.

 Los antecedentes que tenemos para señalar el antidemocrático sistema electoral hondureño, cuyas decisiones siempre han sido tomadas según los mandatos de la oligarquía y burguesía hondureña, son numerosos. Mencionaremos los más sonados y que aun dan ganas de morirse de la risa: en 1985 Azcona Hoyo fue electo Presidente de la República bajo la famosa opción B; en esas elecciones el candidato más votado fue Leonardo Callejas, sin embargo una componenda en la clase política decidió que se hiciera la sumatoria de votos y a nivel de partidos fue el Liberal el que obtuvo la mayoría.

En el año 2001 Ricardo Maduro no fue inscrito en las elecciones internas por su nacionalidad panameña, sin embargo, en su lugar se inscribió a otra persona para que le cuidara la casilla mientras llegaban a una nueva componenda; ésta se dio con la participación de juristas internacionales y así fue como en el año 2001 inscribieron a Maduro como candidato y resultó ganador en las elecciones generales. Este mismo caso se repetiría para Elvin Santos en las elecciones internas del 2008; en el caso de Elvin la nueva Ley Electoral se lo prohibía por que fue electo en el 2005 como vicepresidente junto a Manuel Zelaya (presidente electo). A Santos le guardó la casilla Mauricio Villeda y en el 2009 el TSE inscribió a Elvin como candidato del Partido Liberal sin haber participado en el proceso interno.

 El caso de Xiomara Zelaya y las intenciones del TSE

En el partido Libre participarán 5 corrientes en las elecciones internas de noviembre y según la dirigencia de Libre, la señora Xiomara Zelaya es candidata de consenso de todas las corrientes, lo cual significa que las 5 corrientes llevarán en la boleta presidencial a Xiomara Zelaya. Sin embargo, el TSE aduce que para ahorrar dinero y que como es candidata de consenso no es necesario poner una urna con la boleta para la presidencia. La dirigencia de Libre considera que allí está la trampa, dado que si Doña Xiomara no participa en las elecciones internas no podría ser candidata en las generales del 2013. El TSE aún no ha dado una versión oficial de tal situación, han manifestado que lo harán saber hasta el 16 de agosto, un día antes de que venza el plazo para cualquier arreglo que se pueda hacer con las candidaturas.

 Al debate incluso entró el Presidente Porfirio Lobo quien manifestó que el TSE debe colaborar para realizar el proceso electoral más transparente y abierto en la historia democrática del país y de parte del TSE le respondieron que nadie les doblegaría el brazo.

En país de entuertos ¿Qué importancia tiene lo legal?

Con el Acuerdo de Cartagena del 2011, Manuel Zelaya y la dirigencia del FNRP cerraron el capítulo del Golpe de Estado del 2009 e iniciaron a costa de lo que fuera la conformación de Libre, decisión que en la Asamblea del FNRP del 26 de febrero del año pasado fue rechazada por la mayoría de los delegados. Sin embargo, en la Asamblea del 26 de junio, mediante prácticas antidemocráticas y sin debate interno profundo, se decidió la participación electoral. Desde entonces vienen las maniobras, contramaniobras, componendas, imposiciones. Si la asamblea favorece al oficialismo es excelente, sino, pues se hacen elecciones a voto directo y secreto, si estas no favorecen el deseo de la dirección entonces se nombra una comisión y esta impone a los candidatos.

Fue así como a nivel de cúpula las 5 corrientes internas de Libre decidieron lanzar como candidata única a Xiomara Zelaya; no lo decidió la base, lo decidieron los “caudillos” de cada corriente. Sin dar oportunidad de que a nivel individual u orgánico se postulara otra opción.

Discutir lo legal o lo ilegal en todo este contexto es lo menos importante. Tal y como señalamos en los ejemplos de la legalidad del sistema hondureño, la oligarquía y burguesía harán lo que quieran y que les beneficie. Si están seguros de que Doña Xiomara les ayudará a estabilizar la economía y la convulsión social, entonces la inscribirán, sin importar si es legal o no lo es. Si consideran que se avizora mejor futuro en sus ganancias con Ricardo, Juan Orlando o Mauricio, entonces no la inscribirán.

Libre emula prácticas del Partido Nacional y Partido Liberal

Después del golpe del 2009 se conformó el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), movimiento social donde convergían diversos sectores con el propósito de derrocar a los golpistas. Este movimiento social fue derrotado con la consolidación del golpe. Sin embargo, el país entró en convulsión social, crisis política y económica y fue necesaria la negociación que se rubricó con el Acuerdo de Cartagena. Dentro de la negociación, uno de los puntos estipulaba la transformación del FNRP en partido político. Detrás de esta mampara se escondía la desmovilización del FNRP, que hasta ese momento había hecho caer en inestabilidad económica a la empresa privada. Al convertirse el FNRP en partido político todo el malestar generado con el golpe de estado y la represión es canalizado y conducido al activismo electoral, tal y como está sucediendo ahora.

Dentro de toda esta telaraña para convertir al FNRP en Libre y luego la conformación de las diversas planillas de las corrientes internas, la dirigencia ha venido ejerciendo prácticas antidemocráticas e impositivas. Los mejores ejemplos son la misma postulación de Doña Xiomara Zelaya  quien fue consensuada a nivel de cúpula al mero estilo del PN y PL, sin consultarle a la Base del Fnrp o Libre.

Cuando Doña Xiomara lanzó su candidatura mencionó a los designados presidenciales que le acompañarían, entre ellos mencionó a Juan Barahona y a Juliette Handal, las características personales, virtudes o la vida de lucha que ellos tengan no es el asunto a discutir sino más bien la forma en que se imponen.

Igual sucede con muchas de las candidaturas a diputados, las cuales son impuestas desde arriba, tal es el caso de Gilberto Ríos Munguía quien “…aceptó  la postulación a la candidatura a diputado al Congreso Nacional ante la invitación de la dirigencia del Partido Libertad y Refundación y los coordinadores nacionales de la corriente interna Fuerza de Refundación Popular…El dirigente de izquierda también comentó que nunca su intención había sido la de postularse, pero ante la petición de los dirigentes de la corriente interna FRP y el respaldo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, aceptó Participar en la Planilla de diputados”. www.losnecios.com. Ante estas declaraciones de Gilberto no hay más que comentar.

El otro ejemplo de imposición es el que se dio en el Departamento de Cortés, Ciudad de san Pedro Sula,  donde se ha denunciado la intervención de una comisión ejecutiva conformada por: Juan Barahona, Rafael Alegría y Gloria Oquelí, entre otros. Esta comisión desconoce las decisiones de asambleas de la FRP y han cambiado los nombres de los candidatos y se pusieron otras personas que nunca fueron electas por los participantes en la Asamblea.

El FNRP-Libre debe constituirse en una alternativa de la clase trabajadora

Debido a la severa crisis económica que atraviesa el país a raíz del Golpe de Estado del 2009 y de la crisis internacional, Libre ha despertado expectativas en el electorado. Los altos índices de criminalidad, la inseguridad, falta de empleo, los altos costos de los servicios públicos y de la canasta básica mantienen a la familia hondureña en zozobra permanente. Sin duda alguna, el pueblo hondureño está cansado de ser reprimido y ver mermadas sus conquistas como el caso del magisterio o SITRAUNAH. Por ello ve como una alternativa de solución a la problemática a una nueva opción como Libre o Salvador Nasralla. Muchos sectores que ahora ven como real la posibilidad de que Libre gane las elecciones generales del 2013, empiezan a reacomodarse e instalarse desde ya en la cúpula de Libre.

Empezó el señor Nodarse –hijo- quien declaró que se adhería a Libre, lo que nunca fue desmentido o corroborado por la dirección de Libre. Luego la adhesión de Juliette Handal –ex presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) e impuesta como candidata a designada presidencial acompañando a Doña Xiomara Zelaya. También han dado declaraciones de afinidad con Libre dos hijos del Presidente Porfirio Lobo. Esto solo es el inicio de lo que se avecina, y la justificación  que se da es que no importa lo que se venga si todo lo que se une suma. Así como van las cosas, en no mucho tiempo la dirección de Libre será netamente burguesa con poca participación de algún sector de izquierda.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la base del FNRP-LIBRE a constituir una verdadera opción de clase, a no permitir que sectores burgueses sigan copando las diferentes direcciones, las candidaturas deben ser de luchadores consecuentes con sus discursos y que hayan sido aprobadas en asambleas abiertas democráticas y con debate.

Por Maximiliano Fuentes

 Son varios los escándalos de corrupción del actual gobierno. Diversas instituciones del Estado están marcadas por la falta de transparencia y por favorecer a los intereses de los empresarios y los funcionarios del gobierno. Podemos enunciarlas y no terminaríamos de enumerarlas; sin duda alguna la burguesía hondureña, lejos de invertir en la producción prefiere entablar relaciones comerciales de forma directa con el Estado y acrecentar sus capitales a través de los negocios ilícitos.

La corrupción en Honduras es un hecho latente.

Evidentemente está íntimamente relacionada con la falta de oportunidades y las enormes desigualdades alentadas por las contradicciones sociales. La mala administración del Estado por las pretensiones de la burguesía de acrecentar sus capitales ha sido uno de los problemas capitales de nuestra historia reciente. Desde inicios del siglo XX podemos corroborar actos de corrupción entre funcionarios y administradores del Estado, quienes por dádivas otorgaban grandes concesiones a las transnacionales bananeras y mineras.

La inaplicabilidad de la ley burguesa ha permitido grandes exoneraciones  a los deudores del fisco, contratos bilaterales con empresas de capital privado que ofertan servicios que en momentos anteriores eran cubiertos por el Estado como los realizados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, HONDUTEL,  y otras empresas e instituciones del Estado. “Las tres principales empresas de servicio del Estado dejaron de ser las “gallinitas de los huevos de oro” del país y se han convertido en un refugio de políticos. Allí laboran más de ocho mil personas, cuando según expertos podrían operar con menos de cuatro mil (…) son empresas dirigidas a la quiebra, según pronósticos de analistas consultados. En los últimos gobiernos la Enee , la ENP y Hondutel no solo han dejado de hacer transferencias al Gobierno como antaño, sino que algunas reciben millonarios subsidios, lo que evidencia su precariedad. Las tres estatales significan al Estado por año arriba de los 30,000 millones de lempiras solo en presupuestos que se les asignan para operar.” ( HolaHonduras. TV )

Son diversos los casos en que gobernantes de la República se han implicado de forma directa e indirecta en actos de corrupción, pero llama la atención que ninguno de ellos ha sido despojado de la autoridad que les enviste para ser procesados por la comisión de delitos.

El caso de Tito “el bandido”

El más reciente caso de corrupción, donde resulta implicado el ex titular de la Secretaría de Finanzas de la actual administración, ha logrado mostrarnos una vez más la corrupción imperante del actual gobierno.  Tal es el grado de desfachatez del funcionario, que ante pruebas abrumadoras y sin tener los medios de prueba para demostrar su inocencia, ha tenido que renunciar al cargo de Secretario en el despacho de Finanzas.

Resulta que la semana anterior, su señora esposa fue capturada por agentes de la policía en un pequeño retén en la salida de la ciudad de Tegucigalpa, carretera que conduce a San Pedro Sula. En el automóvil en que ella se desplazaba se encontraron un millón dos cientos mil Lps, mismos sobre cuya procedencia no pudo dar cuenta. Tras el escándalo, son varias las denuncias recibidas; el mismo Presidente Porfirio Lobo ha aceptado haber recibido varias denuncias sobre la implicación del Ex Ministro de Finanzas en el alquiler de varias fincas camaroneras propiedad del Estado a empresas de capital privado.

El Estado debe ser administrado por los trabajadores

Solamente un Estado administrado por los trabajadores, que vigile y destine de forma oportuna y desinteresada los recursos, podrá garantizar un manejo transparente de los mismos. Se hace necesario que el pueblo trabajador exija, a través de un proceso de movilizaciones, cárcel para los corruptos, así como el embargo de todas sus cuentas y propiedades. De lo contrario, la burguesía y sus administradores seguirán despilfarrando las arcas del erario público.

Por Maximiliano Fuentes

Hace algunos meses el Fondo Monetario Internacional (FMI) desaprobaba la política fiscal del gobierno de Porfirio Lobo. En ese sentido, determinaba una serie de orientaciones que debían de ser aplicadas por la actual administración para reducir el gasto público y poder hacerle frente al pago de la deuda. Los compromisos establecidos en la famosa carta de intenciones, no es otra cosa que la política del Estado de Honduras para introducir nuevos impuestos con el objetivo de lograr una mayor recaudación.

En términos económicos, la carta de intenciones es el mecanismo de negociación ampliamente usado por el FMI, mediante el cual se estipula de común acuerdo con el país deudor la evolución de los principales agregados macroeconómicos, con especial referencia al saldo en la Balanza de Pagos. En la práctica la carta representa formalmente los términos del acuerdo alcanzado con el Fondo, pues estipula las metas a cumplir.

Sin embargo, esto a veces va acompañado de fuertes exigencias en términos de Política Monetaria que por lo general provocan alto desempleo y desentendimiento en el cumplimiento de las demandas sociales. En términos políticos, la carta de intenciones es el condicionamiento de los organismos imperiales para asegurar a través de una serie de trancazos al pueblo trabajador el pago de los intereses de la deuda.

Preparan el séptimo paquetazo fiscal

De todo el pueblo hondureño es reconocida y ampliamente sentida la política económica del gobierno de Porfirio Lobo, quien a lo largo de su administración ha asestado duros golpes a las grandes conquistas de los trabajadores, reducido y recortado el presupuesto en distintas áreas sociales, introducido nuevos impuestos como el de la tasa de seguridad y otros.

Pues para la actual coyuntura, no bastándole la aprobación de distintas leyes y decretos que controlan y reducen el gasto público, para esta ocasión se alista un nuevo proyecto de ley que tendrá como finalidad la aplicación de varios cobros en distintas áreas de la producción, a saber: los combustibles, tarifas de energía eléctrica y la eliminación de las exoneraciones de las empresas periodísticas.

Contradicciones entre los empresarios y el gobierno

Resulta evidente la oposición de algunos sectores empresariales en la aplicación de medidas fiscales que afecten de forma directa sus negocios, considerando que se han visto ampliamente favorecidas por exoneraciones y el no pago de impuestos.

En ese sentido, “la designada presidencial y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, afirmó este sábado que el gobierno no tiene contemplado enviar al Congreso Nacional un nuevo paquete de ajuste fiscal, sino que lo que se comenzará a consensuar con los diferentes sectores, es una revisión de las exoneraciones y franquicias que ha otorgado el Estado (…) Afirmó que el gobierno no tiene contemplada una nueva reforma fiscal. “No estamos pensando, por lo menos dentro de lo que hemos discutido en el gabinete económico, en ningún momento se está contemplado eso, si vamos a buscar cómo captar más recursos por distintas vías y lo que si se va hacer, incluso, tenemos ya invitados los primeros sectores para discutir, es la revisión del tema de los incentivos, dispensas y las franquicias….” (proceso.hn/2012/07/28)

 Esta actitud no es novedosa, en diversas ocasiones la burguesía y sus representantes se ha opuesto a las pretensiones del gobierno de afectar sus jugosas ganancias. “El proyecto de Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público que se introdujo en el Congreso hondureño por parte del Poder Ejecutivo a través de la secretaría de Finanzas, ha provocado diversas reacciones y dudas entre los parlamentarios hondureños y la empresa privada. Representantes de algunos partidos emergentes en el Congreso Nacional son del criterio que las dificultades económicas de Honduras obligan al gobierno a revisar el esquema de los subsidios, mismos que se han prestado a los abusos.” (proceso.hn/2012/05/11)

Paro cívico nacional para frenar los planes de ajuste y de miseria del actual gobierno

Para frenar las pretensiones del gobierno de Porfirio Lobo se requiere de la más amplia unidad, y de que los distintos gremios y sindicatos, así como el Frente Nacional de Resistencia salgan de su letargo y planifiquen una jornada de lucha y de movilizaciones para frenar los duros golpes del gobierno contra el empobrecido pueblo de Honduras.

Por Gerson de la Rosa

En las últimas semanas hemos presenciado una diversidad de paros de labores de distintos sectores de los empleados públicos. En un primer momento, las enfermeras de los distintos centros asistenciales del país, sumándose a los reclamos por aumentos salariales de los médicos generales de los hospitales. 

Efervescencia de luchas de los empleados públicos

De igual manera, los docentes de educación primaria y secundaria, organizados en los distintos colegios profesionales del país se movilizaron contra el gobierno de Porfirio Lobo, y para sumarse a este amplio contingente de los trabajadores del Estado, tenemos la acción emprendida por los fiscales del Ministerio Público.

Las acciones emprendidas, aunque realizadas de forma independiente por cada uno de los sectores fue originada por causas comunes: impagos de sueldos y falta de aumentos de salarios, incumplimiento de cláusulas laborales, sobre todo las que indican los aumentos en función del costo de vida.  Lo anterior no es nada casual. Bajo la administración del gobierno de Porfirio Lobo se han asestado duro golpes contra la clase trabajadora, concretamente contra los empleados públicos. Parte de las medidas de ajuste del actual gobierno han sido el congelamiento de los salarios, desindexación salarial y reducción del gasto público a partir del recorte presupuestario a algunas secretarías e instituciones del Estado.

En el caso concreto de los maestros, el mismo “…presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, (Copemh), Óscar Recarte, informó que los maestros del sector público realizan paros en todo el país para exigir al gobierno el pago de los salarios atrasados. El dirigente magisterial dijo que el paro, incluida una marcha en Tegucigalpa y otras ciudades del país, es una decisión de las 18 asambleas departamentales de educación”. Añadió que el gobierno “no le ha cumplido a la mayoría de los maestros” con el pago del salario mensual correspondiente a julio.” (La Tribuna, 24/07/2012)

En la misma dirección, los empleados administrativos y los fiscales de las respectivas fiscalías del Ministerio Público continúan su tercer día consecutivo en paro de labores. A pesar de haber recibido un ofrecimiento económico por parte del Fiscal general, Luis Alberto Rubí, tal ofrecimiento no reunía las expectativas de los empleados administrativos y fiscales. En ese sentido, para el día viernes 27 de julio las instalaciones del Ministerio Público en la ciudad de Tegucigalpa continuaban tomadas.

El paro de las enfermeras

El maratónico paro de las enfermeras auxiliares de los distintos centros asistenciales mantuvo paralizados los hospitales y centros de salud, con su justa y necesaria demanda. “Durante este paro las enfermeras lograron que la Secretaría de Salud otorgara 100 plazas de las 250 que pedían las uniformadas, asimismo 72 nuevas cesantías puestas a disposición para nombramientos.
De igual manera, la habilitación de 145 nuevas plazas que estaban congeladas por cambios de turno y por falta de presupuesto.
Entre los logros pactados se destaca la suspensión de despidos a unas cinco enfermeras y en las próximas horas se le estará informando al Servicio Civil sobre la nueva determinación.” (Radiohrn, 27/07/2012)

Sin embargo, pese a las conquistas obtenidas, la deducción salarial producto de los días no trabajados se aplicará, tal y como lo indicaron las autoridades de la Secretaría de Salud. Evidentemente, lo anterior en una medida coercitiva por parte del Estado y de las autoridades gubernamentales, quienes días antes habían declarado ilegales las acciones emprendidas por las enfermeras auxiliares.

Por una política unitaria

A pesar de las distintas acciones emprendidas a lo largo de la semana por diferentes sectores de los empleados públicos, y que tienen el mismo denominador, es decir el reclamo justo de un aumento salarial, para ser honestos hay que decirlo: las mismas se desarrollaron de forma aislada y desarticulada.

Si el gobierno aplica una misma política contra los trabajadores, lo correcto es unificar acciones contra esa política demoledora que arrebata las grandes conquistas obtenidas. Por tanto, se hace necesario retomar esa experiencia, unificando en primer lugar las luchas de los trabadores estatales y llamando a un paro cívico nacional exigiendo un aumento general de salarios.