Marcha de empleados de Hondutel

Por Justo Severo Izquierdo

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), creada en 1976, es junto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), creada en 1957, uno de los pilares de los servicios básicos aun en manos del Estado. Ambas empresas fueron creadas cuando prevalecía la mentalidad de que el Estado debía controlar los servicios básicos. Ahora bajo el neoliberalismo, existe la mentalidad contraria, y por ello, desde hace tiempo, quieren quebrar y rematar estas dos empresas fundamentales para el pueblo de Honduras.

Comiéndose a la gallina de los huevos de oro

HONDUTEL pasa por la peor pesadilla de su historia. La situación de calamidad financiera en que se encuentra, apunta a que desaparecerá como  institución estatal. Eso es lo que quiere la camarilla gobernante.

La solidez económica con que contaba la empresa telefónica en décadas anteriores se vino abajo como producto de la mala administración, impuesta por autoridades que llegaron en su momento a saquear y hacer de HONDUTEL su negocio personal. El historial de corrupción en HONDUTEL siempre fue denunciado por los trabajadores y los sindicatos.

Por otro lado, la enorme indiferencia que han demostrado los gobiernos anteriores en resolver la crisis, ha orillado a la empresa a permanecer en agonía. Ahí es donde la quieren sacrificar, vender o rematar.

HONDUTEL, como empresa del Estado, por muchos años le prestó al mismo gobierno ayuda financiera que sirvió de colchón para solventar las necesidades en otras dependencias, por la alta rentabilidad que tuvo en su momento. Ante esta realidad, los gobiernos se han preocupado más por exprimir a la empresa estatal telefónica y concesionar a empresas extranjeras derechos de explotación a través de bandas telefónicas que le crean una desventaja competitiva  a la institución, que por buscar una salida coherente para el beneficio de las grandes mayorías.

Plan de Rescate del gobierno huele a privatización

HODUTEL cerró el año 2012 con un déficit operativo de 305.4 millones de lempiras, mientras que los ingresos por venta de servicios fueron menores en 1,078.4 millones (El Heraldo 15/2/2013). La empresa por cada mes que transcurre pierde en su flujo de caja cerca de 20 millones de lempiras. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa ante tal descalabro nombró una comisión interventora después de la salida de Romeo Vásquez Velásquez, que dejó de fungir en el cargo el 18 de enero para dedicarse a su proyecto político como candidato del Partido Alianza Patriótica de Honduras.

La Comisión Interventora, representada por Jesús Castellanos, exgerente de HONDUTEL y Orlando Mejía, presidente de SITRATELH, pretende salvar a la institución, pero para eso debe seguir algunos lineamientos que le impone el sistema neoliberal.

Un ejemplo claro son las declaraciones del sub secretario  de presupuesto de la Secretaría de finanzas de Honduras, Carlos Borjas Castejón, quien sostiene que “para sanear Hondutel destacan el recorte de personal y un agresivo plan de inversiones”. Otra medida planteada por Borjas es la venta del 49% de las acciones a la Empresa Hondureña de Telefonía Móvil (MOVITELH).

Además, están creando medidas de austeridad para reducir el gasto corriente de la empresa, que se encuentra al borde de la quiebra. Entre estas: todas las compras quedarán congeladas temporalmente, al igual que aquellas acciones del personal que impliquen erogaciones, hasta costos adicionales; la reducción del presupuesto de 3,115.6 que es el vigente a 2,785.9 millones. (El Tiempo 19/2/13) Otro dato curioso es el globo sonda en los medios de comunicación, de brindar la cifra del costo de HONDUTEL para el que quiera comprarla, su precio es de 210 millones de dólares. Todas estas medidas son un fiel reflejo de las disposiciones de vender y privatizar HONDUTEL.

Luchemos por el control y administración obrera

Ante la crisis que enfrenta HONDUTEL, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)  propone a los trabajadores y todos los sectores, organizados y no organizados, la defensa de HONDUTEL como empresa del Estado.

Los sindicatos de HONDUTEL deben unirse para imponer el control de los trabajadores sobre la administración. Debemos luchar para se hagan públicos los libros contables para combatir la corrupción y que las finanzas se manejen con transparencia.

Debemos exigir la realización de asambleas democráticas en las que se discutan las salidas para defender a la estatal telefónica. Debemos oponernos a la privatización, total o parcial. La experiencia indica que todo proceso neoliberal conlleva la quiebra de las instituciones gubernamentales y ante tal situación se privatizan los servicios y al existir privatización vienen las alzas de los bienes que laceran la economía del pueblo.


Por Ricardo Velásquez

Sin duda alguna que el magisterio pasa por su peor crisis histórica: Desmovilizado completamente bajo un régimen represivo y dictatorial y con una dirigencia que su burocratizó y perdió poder de convocatoria con su base. Para colmo de males: una base atemorizada que no cree en su dirigencia; irónicamente, un pequeño porcentaje de la base sigue legitimando a esa misma dirigencia cada dos años  cuando se convoca a elecciones en cada colegio magisterial.

Las banderas que debió haber sostenido el magisterio

La defensa de la educación pública y la calidad de la misma es la bandera que el magisterio nunca tuvo que haber hecho a un lado. Ahora, todas las medidas adoptadas por el actual Ministro de Educación (Marlon Escoto) lo hacen aparecer como si fuera el gran salvador de la educación, sin importar si violenta los derechos de los docentes e incluso de los mismos alumnos. El derecho a la matrícula gratis que contempla la Constitución de la República, sencillamente fue abolido por el régimen Lobo-Hernández desde el año 2012.

Los gastos en las diferentes instituciones han tenido que ser solventados por los mismos padres y madres de familia. Las plazas que quedan vacantes han sido congeladas y los docentes pierden el derecho a ser completados, los que no tienen plaza han perdido el derecho a ser nombrados y los que tienen una jornada han perdido el derecho a tener doble jornada, los argumentos dados por el flamante Ministro de Educación lo hacen ver como “benefactor de los docentes desempleados”, sin embargo, todo queda en una simple ilusión al no otorgar las plazas a los que no la tienen.

Estabilidad laboral, el siguiente derecho en peligro

El calvario del magisterio en la actualidad parece que nunca termina. El precio a pagar por la lucha que se llevó en contra del Golpe de Estado ha sido alto; con la decisión de movilizar a los docentes a los centros donde originalmente fueron nombrados, se ha ocasionado una contradicción enorme: docentes que sobran en centros donde hay pocos alumnos y escuelas que tienen muchos alumnos y quedaron sin docentes. Lo que pudo haber sido una solución administrativa para las autoridades se ha convertido en una cacería de brujas en contra de los docentes, generando un profundo temor y problemas de salud por el hecho de que nadie aspira a ser removido del centro donde se encontraba laborando, y el profundo temor de perder el trabajo por estar sin alumnos.

Lamentablemente el Ministro de Educación solo cumple órdenes de los enemigos del magisterio y de los cooperantes externos; podrá saber mucho de tecnología y de administración, pero sin duda alguna de lo que  menos sabe es de la realidad que hay en las aulas de clases.

Reflexión, serenidad y estrategia para luchar unidos contra el régimen

Las políticas educativas implementadas por el actual régimen no dependen de un personaje, son políticas de gobierno, las implementaría cualquier personaje que esté enfrente del ministerio. Las inició Carlos Ávila Molina en el gobierno de Maduro, las siguió aplicando Alejandro Ventura en los primeros dos años de Lobo y las ha profundizado Marlon Escoto. Cuando se perdió la lucha contra el golpe de estado y se dio la huelga del magisterio en agosto del 2010, con un magisterio dividido entre golpistas y resistencia, desde las páginas de El Socialista Centroamericano señalamos que solo con la unidad del magisterio, la acción con padres y madres de familia y alumnos, se podría salir avante contra el actual régimen. Los resultados de agosto del 2010, marzo del 2011 y 2012 han sido catastróficos; el resto del 2013 es incierto sobre lo que le espera a los docentes.

Ha llegado el momento de reflexionar qué ha pasado, cómo es que se ha perdido casi todo y el docente no levanta la cabeza, por qué a pesar de que la crisis económica arrecia profundamente, no hay poder de movilización.

El Partido Socialista Centroamericanos (PSOCA) nuevamente les invita a conformar el Colectivo de Reflexión “José Manuel Flores Arguijo”, quien el 23 de marzo cumplirá 3 años de haber sido asesinado en su centro de trabajo. El Camarada Manuel siempre fue de la idea de conformar un espacio de reflexión para que ahí se avanzara en el nivel de conciencia político gremial. En estos momentos de profunda crisis se hace imperativa la participación en espacios de reflexión donde surjan ideas y estrategias de lucha.


Por Gerson de la Rosa

El gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa ha aplicado una serie de medidas de corte neoliberal para reducir el excesivo gasto público. El incremento del salario mínimo ni siquiera logra equilibrar la pérdida de la capacidad adquisitiva por el fenómeno inflacionario. No olvidemos que el mismo fue pactado por el gobierno y los dirigentes de las centrales obreras en enero del año anterior.

No obstante, el mismo gobierno a través de un mandato ejecutivo ha orientado a las distintas empresas e instituciones del Estado a no realizar ningún incremento salarial por el costo de vida, por lo que los trabajadores gubernamentales no recibirán ningún incremento durante el 2013, a pesar de que sus ingresos reales se han reducido por el elevado costo de la vida.

El déficit fiscal y sus consecuencias dentro de la economía burguesa

El déficit fiscal es la diferencia entre el gasto y los ingresos, en otras palabras es el saldo negativo del Estado al  aumentar sus gastos frente a sus reducidos ingresos. El déficit fiscal es bastante grande pese a la aplicación de medidas económicas durante los dos primeros años de gobierno, a pesar de una serie de  paquetazos del gobierno, de la creación de nuevas tasas e impuestos y del congelamiento de salarios.

El déficit se ha disparado de forma desproporcionada hasta el punto de no hacer efectivo el pago de servicios contratados y salarios para miles de trabajadores del aparato estatal.

En los meses de gestión administrativa de Porfirio Lobo Sosa el endeudamiento del Estado con la banca privada ha crecido de forma desproporcionada, hasta el punto de casi igualar a la deuda externa. Esto demuestra el mal manejo de las finanzas estatales, pese que es un Estado que gobierna en función de las corporaciones, es decir, su política de Estado no es la de favorecer los intereses de las grandes mayorías, al contrario, ha profundizado la miseria y reducido la calidad de vida de miles hondureños.

Persecución política contra los gremios y sindicatos

Desafortunadamente el gobierno de Porfirio Lobo y sus representantes ha impuesto sin oposición alguna sus políticas económicas. Es lamentable que durante el año las centrales obreras ni siquiera se han manifestado en contra de las medidas que atentan contra los derechos de organización y movilización de los trabajadores. Hemos experimentado grandes retrocesos; las autoridades aplican y censuran hasta la libertad de crítica, como ha ocurrido de forma reciente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El ministro de educación Marlon Escoto ha emprendido una brutal cacería contra el gremio magisterial, afectando la estabilidad laboral y las grandes conquistas del magisterio nacional. Por otro lado, el Decreto Legislativo de Emergencia Fiscal y Financiera es prueba de la arremetida económica del actual gobierno, dicha Ley fue aprobada en el año de 2010 y tipifica congelar  “….los aumentos salariales en la administración pública, incluyendo los derivados de Estatutos y Contratos Colectivos”. “Las instituciones del sector público no pueden afectar fondos provenientes de cualquier clase de préstamo o donación, con el fin de efectuar complementos o aumentos salariales u otorgar sobresueldos a los servidores públicos”, indica otra disposición.

Asimismo, “los aportes tanto patronales como laborales de los servidores públicos deben ser enterados íntegramente a tales institutos en el mes que corresponda, quedando terminantemente prohibido destinarlos para otros fines.” (La Tribuna, 18 de enero 2013).

Pese a esta emergencia fiscal, los aumentos selectivos son una realidad para los funcionarios y la burocracia privilegiada. Sin embargo, los trabajadores no pueden gozar de un aumento digno que les permita sufragar los altos costos de vida debido a los índices de inflación.

Frente a las fuertes medidas económicas impuestas por el debilitado gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa se hace necesaria la más amplia unidad del magisterio y de las organizaciones sindicales, barriales y patronales para frenar la arremetida económica política. Además de ello, se debe impulsar un plan de lucha por la defensa de la educación pública, por una escala móvil de salarios e impulsar comités de autodefensa comunitarios en los barrios y colonias de Tegucigalpa a manera de proteger y salvaguardar los bienes y la vida de los trabajadores.

Este plan de lucha puede ser emprendido desde el magisterio, por cierto, el sector más golpeado en la actual administración, este pequeño Plan puede ser el inicio de una agenda más amplia del movimiento obrero y sindical.

 

Por Maximiliano Fuentes

Durante las últimas semanas se han manifestado un sinnúmero de desacuerdos y contradicciones entre los distintos grupos de poder y el gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. Dichos desacuerdos han sido plasmados en los medios de comunicación de la derecha golpista, aquella que emprendió, defendió y colaboró para la defenestración del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales y la  manutención del gobierno de facto de Roberto Michelleti.

Los medios adversan al gobierno

Acá nos referimos concretamente a la línea editorial del Grupo Opsa, quienes han emprendido un enconado ataque contra la política económica y sobre todo de seguridad del actual régimen. Estos desacuerdos se manifiestan en los distintos encabezados de las noticias que se dirigen a cuestionar de forma profunda la actual gestión administrativa del Estado. Por ejemplo, el día lunes 21 de enero del presente año se publica la siguiente noticia: “Agenda inconclusa marca último año del gobierno de Porfirio Lobo”, argumentando que “en 36 meses, el actual gobierno no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad prometidas al pueblo hondureño. Política educativa no ha dado resultados y los servicios de salud a la población siguen siendo deficientes”.

Sin embargo, eso no fue todo, dado que la noticia de ese momento continúa: “En medio de una enorme deuda con los hondureños llega a su cuarto y último año de gobierno el presidente Porfirio Lobo…El gobierno nacionalista comienza la recta final (últimos 12 meses) con más promesas incumplidas que con respuestas a las grandes mayorías…Todo indica que durante 36 meses los esfuerzos de la gestión Lobo han sido insuficientes para mejorar las expectativas de los hondureños que resienten a diario la falta de oportunidades de empleo, los índices de violencia, la carencia de medicamentos en los hospitales, el cierre de las aulas de clases y el encarecimiento de la canasta básica”.

La actitud confrontadora de uno de los medios de comunicación de mayor consolidación de la burguesía hondureña ha creado malestar en casa de gobierno. Por ello, el Heraldo y diario La Prensa publicaron el día domingo 10 de febrero la siguiente noticia: “Lobo Sosa es intolerante a las críticas”, dado que “...el nivel de confrontación que mantiene el presidente Porfirio Lobo Sosa con los medios de comunicación, en especial EL HERALDO y La Prensa, tiene su origen en la intolerancia a la crítica del gobernante. “Lo que está pasando es lo mismo que ha pasado en Nicaragua, en Ecuador y Venezuela, donde hubo un afán de controlar las sociedades y una intolerancia a la crítica de los medios de comunicación”, dijo el analista…“siempre es mejor -o es menos malo- el exceso de libertad de expresión que cualquier forma de restricción”…“resulta verdaderamente preocupante la forma sistemática, permanente, en que se pretende acusar no solamente a medios sino a periodistas individualmente identificados como responsables de una especie de conspiración mediática contra el gobierno”.

Aquellos que una vez fueron los más radicales aliados del régimen, se dieron la tarea de divulgar a través de sus propios medios un video que muestra una terrible masacre por parte de sicarios equipados con armas de alto calibre contra tres jóvenes estudiantes que, de acuerdo a declaraciones, trabajaban dentro de ese espacio. El video fue captado por una de las cámaras instaladas por el actual gobierno en uno de los mercados de Comayaguela el pasado 21 de noviembre de 2012, y  fue divulgado la semana anterior habiendo causado consternación entre distintos sectores de la sociedad.

El Grupo Opsa, empresa de comunicación propiedad del sampedrano Jorge Canahuati, en su momento fiel colaborador de los gobiernos que han favorecido su grupo empresarial, manifestó  el pasado  jueves 07 de febrero: “Ministro de Seguridad ataca a El Heraldo en vez de buscar sicarios” “la virulenta reacción del ministro Pompeyo Bonilla se da en momentos en que la sociedad en general exige al gobierno esclarecer los crímenes. Diversos sectores han cuestionado que en lugar de anunciar una profunda investigación para determinar por qué la Policía mantiene el caso en la impunidad, Bonilla anuncie investigaciones, pero para determinar quién filtró el video a EL HERALDO”.

Pero este desacuerdo ha ido más allá de los medios impresos, también ha tocado las puertas de la televisión, ya que el presentador de televisión, quien en su momento fue uno de los más grandes defensores del régimen espurio y del golpe de Estado, Renato Álvarez, también ha dejado ver sus molestias con el actual régimen.

Lucha entre fracciones de la burguesía

Claro está, como marxistas debemos distinguir entre lo sustancial y lo adjetivo y por ello debemos entender que las declaraciones de los voceros de la burguesía arrastran las críticas y las diferencias de fracciones y grupos en desacuerdo con la política del actual gobierno. En noticia publicada el lunes 21 de enero, también por diario El Heraldo, se manifiesta que el  “periodista Renato Álvarez, director de prensa de TN5 y Frente a Frente, acusó a Juan Orlando Hernández, titular del Congreso Nacional, de fomentar una campaña de odio contra él, que ha puesto en riesgo su seguridad por las críticas que ha vertido contra el funcionario.”

La historia política nos ha enseñado que en el momento en que se manifiestan contradicciones y diferencias entre los distintos sectores de la burguesía y el Estado es por un problema de orden económico, es decir, por negocios frustrados o muy probablemente por la pelea por el control del aparato estatal, fuente generadora de riqueza. Tal es el caso del sector liderado por el actual edil capitalino Ricardo Álvarez, de corte nacionalista y en su momento también vinculado a los sectores ultraconservadores y derecha de la sociedad hondureña.

Álvarez se resiste a reconocer el triunfo de su contendiente del Partido Nacional Juan Orlando Hernández, quien según Ricardo le montó un enorme fraude electoral en conspiración con los organismos electorales, razón por la cual interpuso un recurso de apelación para exigir el conteo de voto por voto del anterior proceso electoral interno, recurso que fue rechazado por la corte de apelaciones liderada por su opositor ante la destitución de los magistrados en diciembre del año anterior.

Las trampas de la Constituyente

Frente a este panorama de amplias contradicciones, el gobierno de Porfirio Lobo ha emprendido una serie de reformas constitucionales, tales como la reforma al artículo 5 que introduce el referéndum y el plebiscito, la creación del juicio político y se ha dicho por parte de los máximos representantes del ejecutivo y del legislativo la instalación de una cuarta, quinta y hasta sexta urna en el próximo proceso electoral. Estos cambios en el régimen generan una serie de dudas entre los distintos sectores de la sociedad hondureña, sobre todo de aquellos que han emprendido una férrea lucha contra el actual modelo político.

Muy probablemente el régimen, fuertemente cuestionado  (la crisis inmensa y pavorosa del Estado, que ni siquiera asegura el pago de sus propios empleados, la consolidación del narco y su vinculación con distintas instituciones del Estado como la policía y los organismos administradores de justicia, el descrédito y el debilitamiento del gobierno ante la falta de empleo y de oportunidades, así mismo la división interna de los dos partidos tradicionales que se manifiesta en la no adhesión de Ricardo Álvarez al movimiento “Salvemos Honduras” de su más grande opositor Juan Orlando Hernández, como la crisis interna del debilitado Partido Liberal), desee emprender una negociación interna con la oposición y de esa manera constituir un régimen pluripartidista en el Congreso Nacional y bajo la figura de cualquiera en el Ejecutivo. Claro está, lo anterior se manifiesta como una hipótesis y no como una realidad concreta, pero por ello abrimos la discusión ante las distintas probabilidades.

El camino de la movilización y de la reorganización de la lucha

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hemos sido muy críticos con el papel del Frente Nacional de Resistencia (FNRP) y su expresión política LIBRE, por haber abandonado la movilización y la lucha e incursionar dentro de la institucionalidad corrupta de la burguesía golpista. Es de aclarar que dicha incursión ha traído consecuencias funestas para los intereses de gremios, sindicatos, organizaciones populares, empleados públicos, dado que el actual gobierno ha introducido una serie de medidas que han puesto en detrimento las grandes conquistas sociales y sindicales. Por ejemplo, los aumentos de salario son raquíticos y para varios sectores ni siquiera se han hecho ni se harán, dado que para el magisterio desde hace varios años los salarios están congelados.

Por otro lado, la crisis económica y social conlleva el flagelo de la delincuencia y de la criminalidad; por el momento Honduras es el país con mayores crimines violentos en el mundo, situación que expone a cada ciudadano, a dirigentes políticos, gremiales, campesinos, sindicales, barriales y populares a ser víctimas de la delincuencia. Es por ello, que proponemos reorganizar la lucha y los objetivos de transformación de la sociedad hondureña, donde solo el camino de la lucha y la movilización podrán abrir nuevos senderos.

 

Por Justo Severo Izquierdo

Honduras enfrenta hoy en día la peor crisis jamás vista en la historia del país. El 2013 no se presenta nada halagüeño para enfrentar la debacle financiera en la que está inmerso el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Por otra parte, el poder legislativo que encabeza Juan Orlando Hernández ha emitido una serie de leyes y decretos que atentan contra la soberanía nacional y van en detrimento de las conquistas más elementales de los gremios y sectores populares del país. El poder judicial no es la excepción a la regla, también atraviesa uno de sus peores momentos al perder su independencia como poder del Estado.

Las maniobras ejecutadas por Lobo-Hernández han permitido que todo el aparato que rodea la corte y sus demás dependencias, estén a su disposición para dar luz verde a todos los proyectos de “desarrollo” impuesto por los regentes del ejecutivo y legislativo.

Repercusiones nefastas

Los tres años de gobierno de Lobo-Hernández se han caracterizado por la represión ejecutada contra los sectores populares y el alto índice de violencia; el espantoso nivel de desempleo y la asfixia económica a través de paquetes fiscales que eleva el alto costo de la vida; la inasistencia total del sector salud y educación y demás dependencias estatales; deficiencia en la ejecución de programas de desarrollo.

En el 2013 no parece que mejore el panorama, al contrario, el gobierno en estos dos primeros meses ha recrudecido las medidas que afectan a todos los sectores del país; por ejemplo, las empresas constructoras de todo el país, un gremio que casi nunca se pronuncia, se vieron en la necesidad de paralizar sus labores por falta de pago. Los empresarios de la construcción, afiliados a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) y la Cámara Hondureña de Consultores y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, se vieron afectados por el incumplimiento del gobierno.

Por otro lado, el gremio magisterial se mantiene en lucha por la suspensión de licencias a sus dirigentes, el incremento del 9% a las tarifas de la ENEE, la aceleración en el proceso de devaluación del Lempira con respecto al Dólar, y para rematar, la injerencia de los organismos de financiamiento internacional y los países cooperantes acuerpados en el G16, quienes imponen las políticas de control, en el manejo de las finanzas públicas. Dentro de estas recomendaciones está el plan de austeridad del gobierno, que obliga al mismo a despedir a una gran cantidad de hondureños que laboran en diferentes dependencias del Estado.

Panorama de lucha incierto

La sociedad hondureña se encuentra en un hervidero ante la crisis imperante en todos los sectores. El pueblo demuestra a diario su descontento con el gobierno; eso lo obliga a manifestarse con entusiasmo cada vez que se le convoca. El 24 de enero del presente año se vio el espíritu de lucha de una amplia mayoría de compatriotas en distintos puntos del país.

El pueblo sigue confiando en una dirección (específicamente en LIBRE) que los oriente y saque del atolladero; creemos que esa dirección permanece dormida, y no ha actuado con el verdadero protagonismo que le corresponde a un partido de masas. Sus dirigentes, al olfatear el descontento popular, se integran al llamado de los demás sectores y aprovechan para su proselitismo político. En los discursos impera una efusiva campaña de ataque contra las medidas neoliberales y contra todo plan que atente contra el pueblo, pero en la práctica es distinto.

Se protesta después que han ocurrido los hechos y de esa forma eluden el compromiso de acercar al pueblo a una reacción contundente de desbaratar toda una estructura nefasta para los intereses del pueblo. El punto de la dirección de Libre es maniobrar y llevar todo este descontento de masas al plano electoral y desde ahí centrar una política reformista y de negociación con los sectores oligarcas. La estabilidad social fue uno de los puntos de negociación bajo la mesa entre Mel y Pepe Lobo en Colombia, por lo tanto, Libre no quiere incumplir lo pactado, por eso las reacciones sin contundencia.

Por lo tanto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todos los luchadores y luchadoras aglutinados en todos los sectores organizados y no organizados del país, a que se convoque a un paro cívico nacional, para desbaratar todo plan que atente contra el pueblo de parte de Lobo-Hernández.

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