Por Justo Severo Izquierdo

 El 12 de de junio del año en curso, el Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAM), denunció mediante un comunicado el desalojo violento de más de mil quinientas familias dentro de las tierras tomadas en días anteriores. Esta acción fue ejecutada por los jueces y fiscales a través de los órganos represores del estado: policía preventiva, Dirección Nacional de Investigación Criminal,  escuadrón cobras y miembros del ejército.

La zona en conflicto es una extensión de tierra que abarca  4 mil 252 manzanas, ubicadas en el sector conocido como el COOWLE entre el municipio de La Lima y El Progreso, en pleno centro del  Valle de Sula, a escasos minutos de la ciudad de San Pedro Sula.

Origen del conflicto

La disputa de tierras entre el MOCSAM y las compañías azucareras llamadas, Inversiones San Manuel (INVERSAN), Compañía Azucarera de Honduras S.A. (CASAH) y el empresario José Jacobo Zacapa, obedece, según los desalojados y el dirigente campesino Rafael Alegría, coordinador de Villa Campesina Centroamericana, a las siguientes causas: “Estas tierras han sido expropiadas a favor del Instituto Nacional Agrario y han pasado al poder del Estado de Honduras. La resolución dice claramente que son terrenos que deben utilizarse para la reforma agraria y que le corresponde a los campesinos” (Diario Tiempo, 12/6/2012).

Monopolio Azucarero

Para nadie es desconocido que la explotación agrícola del fértil  Valle de Sula, en un gran porcentaje, corresponde al lucrativo negocio de la caña de azúcar, después de los no menos lucrativos cultivos de plátano y banano.

Los empresarios azucareros se han apropiado de manera ilegal de grandes extensiones de terreno, con el fin de llenar sus bolsillos sin informarle al Estado de las ganancias reales que entran a sus arcas. A esto hay que agregar las dispensas y exoneraciones que les otorga el Estado, por su contribución al ingreso de divisas  por la exportación del grano dulce. De esta manera el cultivo de caña de azúcar constituye un negocio que deja ganancias exorbitantes, obtenidas a costa de esfuerzo de los trabajadores cañeros y de la usurpación de tierras de los campesinos asentados en terrenos vecinos.

En declaraciones absurdas, los terratenientes y dueños de ingenios aducen que no es rentable el negocio de la producción de azúcar y que se dedican al rubro por compromisos con el Estado y el pueblo; esto los obliga a mantener abastecidos a todos los centros de consumo sin obtener las grandes ganancias. Si eso es cierto, ¿por qué no abandonan  el negocio y les brindan la tierra a todo aquél campesino que las quiera trabajar? ¿Cuál es el interés por pelear  la tierra?

Esto es aprovechado de manera vil por los magnates azucareros, que se llevan  de encuentro a un gobierno despreocupado, que no tiene ningún plan de supervisión ni garantiza el cumplimiento los derechos laborales respectivos para centenares de labriegos. En las propias barbas de los funcionarios gubernamentales persiste la esclavitud de todos aquellos compatriotas que por extrema necesidad acuden a las “cañeras” para realizar las distintas faenas de limpiar, sembrar, cortar y recolectar el producto mediante la famosa “zafra” en plena canícula. Un cuadro casi infernal para el que se ha enfrentado ante tal trabajo, y las repercusiones atmosféricas que afectan a los empleados y habitantes de los alrededores con la emanación de humo y ceniza, producto de métodos de cultivo anti ecológicos.

Explotación inmisericorde

La técnica empleada en la “Zafra”, es la quema de la caña de azúcar en pleno verano entre temperaturas que oscilan entre los 39 y 40 grados centígrados. Los corteros, en jornadas que superan las 8 horas, desde tempranas horas son desplazados a los centros de corte en autobuses a punto de convertirse en chatarras y sin las más mínimas garantías de seguridad humana. Son obligados a realizar su trabajo sin ninguna remuneración económica que se ajuste a las necesidades básicas del trabajador.

Para el caso, Marvin Morales, dirigente del MOCSAM sostiene que: “para ganar 80 lempiras uno tiene que cortar 200 metros (de caña). Es difícil ganar 200 o 300 lempiras en un día. La caña sólo da divisas a los dueños de los ingenios. Pero a lo que nosotros nos interesa es alimentarnos: maíz, arroz, yuca, frijoles” (Diario Digital, Honduras Laboral, 12/6/2012).

Es dramático lo que ocurre con el campesinado  de nuestro país, las opciones de sobrevivencia son casi nulas en un Estado anémico y plagado de parásitos que succionan la sangre sin escrúpulos.

Financiamientos Enmascarados

Un dato curioso que brinda la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de su titular Jacobo Regalado, es la disponibilidad  de 700 millones de lempiras con líneas de créditos de 300 millones para la SAG y 400 millones para BANADESA, con el objetivo de financiar la siembra de granos básicos en todo el país. Regalado argumenta que: “Buscamos fortalecer la construcción de una política de financiamiento agrícola más amplia, que pueda seguir respaldando el esfuerzo que mujeres y hombres hacen en el campo para hacer producir la tierra con resultados importantes” (La Tribuna, 7/6/12).

Este dato contrasta con la situación actual del campesinado Hondureño. La pregunta que nos formulamos es  ¿a dónde van a parar esos 700 millones de lempiras? La respuesta es clara y precisa, la mayor parte de la tierra productiva está en manos de los terratenientes y transnacionales. Éstos  buscan la forma de maquillar sus empresas, convirtiéndolas en semiestatales para beneficiarse de los préstamos y otras prebendas que brinda el Estado. Los esfuerzos de estos hombres y mujeres a los que se refiere Regalado, son un sector campesino explotado de manera humillante, que no reciben las garantías laborales de ley. Además,  hay que agregar a un amplio sector campesino sin fuentes de empleo que exigen un pedazo de tierra para trabajarla y generar su seguridad alimentaria.

Antecedentes inmediatos

La lucha por la tierra la vienen sosteniendo los campesinos durante décadas. Actualmente, el sector más golpeado son los grupos campesinos debido la ola represiva perpetrada por terratenientes, quienes contratan pistoleros profesionales para dar muerte a sus líderes. El sector gubernamental es otro ente que emite órdenes a militares y policías para reprimir por la vía del desalojo.                         

El Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), en su lucha sostenida contra el terrateniente Miguel Facussé, perdió en dos años 57 miembros. Los atentados ocurridos a los compañeros dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es una clara política de terror que tiene el fin de desarticular todo avance organizado de las masas populares que claman por una sociedad justa, donde existan los derechos más elementales de desarrollo humano.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado al gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo Sosa, para que resuelva de manera inmediata el conflicto agrario, y desarrolle un programa que dote al campesinado hondureño de tierras, mediante una verdadera reforma agraria que garantice la asistencia técnica y de crédito a todas las comunidades. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones gremiales, sindicales, estudiantes y organismos de derechos humanos, para frenar todo acto cobarde que ponga en riesgo la vida de todos aquellos luchadores populares.

Por Sebastián Ernesto González

Diversos sectores de la clase trabajadora han comenzado a presionar para obligar al gobierno de Lobo-Hernández a que cumpla con los regímenes económicos que ha incumplido desde que asumiera el poder el 27 de enero del 2010. Los sectores del magisterio, enfermeras auxiliares y  médicos exigen el pago de lo que se les adeuda, mientras el sector estudiantil exige el aumento y pago del bono estudiantil.

La crisis en el país sigue asfixiando a los más pobres. Mientras el precio del combustible en el mercado internacional ha presentado ostensibles bajas en el último mes, en el país apenas le han rebajado entre 8 y 9 lempiras al galón. A pesar de que el carburante ha descendido un poco, no sucede lo mismo con la energía eléctrica de las térmicas, que sigue aumentando y no refleja el bajón de los combustibles.

A Lobo-Hernández no les basta con los paquetazos, el congelamiento de salarios, los aumentos constantes a los precios, sino que también acatan el mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto a la devaluación acelerada del lempira. Aunque Porfirio Lobo dijo que “No vamos a permitir que se haga una devaluación acelerada…” (EH, 07/06/2012), lo cierto es que el lempira va sufriendo devaluación tras devaluación. Para este año, expertos coinciden en que la depreciación del tipo de cambio puede oscilar entre 85 y 95 centavos. (EH, 07/06/2012).

Con la devaluación el sueldo de los trabajadores es reducido y tragado por la inflación. Así lo explica el banquero Jorge Bueso Arias quien manifestó que “…los beneficios de un tipo de cambio devaluado son los exportadores y los maquiladores por que venden en dólares y pagan sus sueldos en lempiras…una devaluación ayuda a generar la inflación y la inflación es el peor impuesto o castigo que le podemos dar a todo el pueblo” (LT, 08/06/2012).

Sectores anuncian luchas para recuperar conquistas

Diversos sectores anuncian la lucha por obligar al gobierno a que cumpla con sus compromisos salariales. Una nueva huelga se avecina en el sistema sanitario nacional, esta vez son las enfermeras auxiliares. Francisca López, agremiada a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras (ANEAH), mencionó que “desde el 2010 estamos esperando el pago de los colaterales y necesitamos que se siente a revisar los pagos de acuerdo al costo de vida”. Las uniformadas exigen además el pago de otros beneficios laborales que han adquirido como conquistas y que no se les han pagado como la turnicidad (EH, 07/06/2012).

Otro sector que ha sido golpeado sin compasión por este gobierno es el magisterio. El Presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah), Edwin Oliva, precisó que “…hemos resuelto que la FOMH convoca al magisterio para que el 28 de junio vayamos a una movilización nacional en defensa del Estatuto del Docente, rescate del Inprema y contra la Ley Fundamental de Educación y el decreto de emergencia” (LT, 08/06/2012).

También el Colegio Médico de Honduras emitió un comunicado donde dicen “…llamamos  a nuestros  agremiados a estar pendientes de nuestras  comunicaciones y adoptar si es necesario las medidas oportunas para el respeto de nuestros derechos” (LT, 08/06/2012). El comunicado hace alusión a la pretensión del gobierno de pagarles el aumento salarial de este año a partir del 01 de julio, cuando la Ley plantea que se les debe pagar a partir del 01 de enero.

Y para no quedar a tras otro sector que exige el pago son los estudiantes de secundaria, a quienes se les paga el bono estudiantil, pero este año aún no se les ha cancelado. Los estudiantes se han movilizado en varias ocasiones para exigir el pago del bono, pero también están pidiendo que se les aumente ya que el nivel de costo de la vida ha aumentado considerablemente.

Unificar la lucha para exigir un aumento general de salarios

A pesar de que los sectores que dan atisbos de lucha son diversos, no existe ninguna agrupación capaz de aglutinarlos a todos  y emprender una lucha unificada exigiéndole al gobierno el cumplimiento de un programa mínimo de lucha. Hacemos un llamado a la plataforma de sindicatos y al FNRP para que tomen la iniciativa de levantar esta bandera y movilizar a la clase trabajadora para la recuperación de las conquistas, el pago de salarios y colaterales que Lobo-Hernández han dejado de cumplir.

 Ya que el magisterio llamó a movilización nacional el 28 de junio, esta fecha debe servir para convocar a un paro cívico nacional que golpee la economía de la empresa privada. Toda la dirigencia sindical y gremial tiene la obligación de ponerse al frente de esta lucha para que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores.

Por Justo Severo Izquierdo

Una vez más, los estudiantes de secundaria han librado una ardua lucha a través de movilizaciones, tomas de carreteras y centros educativos con el firme propósito de exigir al gobierno que les cumpla sus demandas.

Entre las peticiones más elementales figuran la no privatización de la educación, la matrícula gratis en todos los centros educativos, el cese a la coacción y represalias en contra de los líderes estudiantiles, aumento al bono estudiantil y el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos.

Datos escalofriantes

Para mencionar uno de los tantos casos, los alumnos del centro educativo ubicado en el sector de Germania, carretera hacia el sur del país, a escasos kilómetros de la capital, se vieron en la necesidad de paralizar una de las rutas que mueve en mayor escala la economía del país. Sus peticiones se puntualizaban en lo siguiente: “queremos que nos mejoren los sanitarios que apestan, queremos más pupitres y que se nos aumente el bono del transporte” (Diario La Tribuna, 1/6/12).

Es difícil creer hoy en día que nuestros centros educativos no cuentan con los servicios elementales de salubridad y que nuestros estudiantes acudan a realizar sus necesidades fisiológicas en letrinas que fueron construidas hace 17 años y prestaron su vida útil.

“Las condiciones en estos servicios son insoportables, y el mal olor se encierra en las aulas. Nosotros los estudiantes y maestros estamos expuestos a la contaminación y pueden venir enfermedades” (op cit)

Pero la crisis no abarca solamente al nivel secundario, los centros de enseñanza de nivel primario corren igual suerte. Un ejemplo bochornoso se dio en la Escuela de Ensayo José Dionisio de Herrera, ubicada en Comayagüela, en plena capital de Honduras: “con el resguardo de sus padres, desde las 7:00 de la mañana, más de 700 niños comenzaron a recibir clases bajo el sol como una forma de hacer un llamado a las autoridades de educación, para que les construyan un nuevo edificio” (Diario La Tribuna, 31/5/12).

Los infantes de dicha escuela reciben sus clases en plena vía pública, a un costado del vetusto edificio que fue construido hace más de cien años, y temen perder sus vidas en cualquier momento por el derrumbe de dicha instalación.

Plan de ajuste financiero

Para nadie es desconocido que el problema de la educación es realmente estructural; no existen las fuentes de financiamiento y recursos que doten al estado de fondos para el buen manejo y desarrollo de la educación. Además, hay que agregar las medidas asfixiantes que imponen los organismos financieros internacionales, en programas de austeridad y manejo económico, a través de recortes y paquetazos fiscales que obligan al gobierno a reducir del presupuesto asignado a las distintas dependencias del Estado.

La educación no se escapa a tales medidas; la crisis en el sistema educativo es producto de la mala administración y falta de interés político en resolver un problema serio. El único interés del Estado es cumplir con el papel de lacayo ante un sistema neoliberal sangrante y rapaz que somete día a día nuestros pueblos en la miseria y la exclusión.

Dura represión a estudiantes para desmovilizarlos

Ante la frecuente manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios el gobierno de turno se ha dado la política de reprimir fuertemente al sector estudiantil. La estudiante Kely Estefanía Núñez y el compañero Erlin Josué Gutiérrez han sido expulsados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM); en una reciente movilización de los alumnos de la ENMPN fueron detenidos 15 alumnos; los alumnos del ICVC y Técnico Luis Bográn han sido reprimidos salvajemente.

Por un plan de lucha estudiantil

Ante tales medidas excluyentes, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone conformar un comité de lucha permanente a nivel nacional, integrado por estudiantes de todos los niveles, instituciones magisteriales, padres de familia y sectores organizados del país, que frene y ataque todos los abusos del sistema capitalista en detrimento de la educación.

Exigir al gobierno mayor diligencia en solventar los problemas de uno de los pilares fundamentales de desarrollo de una nación. Por una educación de calidad e integral, sin exclusión alguna, estamos en pie de lucha. Solo la más amplia unidad, la movilización y la organización coherente y sistemática los estudiantes hará retroceder la política de represión del gobierno de Lobo-Hernández.

Por Justino Díaz

La idea de justicia es una de las más promulgadas en la  historia de la filosofía política. Así, para Platón, la justicia “es una convención del alma y no una virtud nacida del fondo mismo del hombre, es decir, la justicia es una idea imperecedera que no es adquirida sino que es parte de la naturaleza del alma”. Los sabios para Platón eran los que estaban determinados a gobernar, y consideraba que una ciudad justa es gobernada por filósofos; por otra parte los guerreros eran los que contaban con la virtud, de la voluntad representada por la valentía; y por último el trabajador, el cual debería cumplir con la virtud de la templanza, para que pudieran cumplir plenamente con sus funciones. Mientras que para Aristóteles, su definición de justicia se motiva y sustenta de la idea de Platón, es decir él señalaba que la justicia radica en dar a cada cual lo que se merece. Esto es, si una persona es un trabajador, debe cumplir bien con sus funciones y aceptar resignadamente lo que se le designó y que conforme cumpla con esto, será merecedor de su forma de vida.

No obstante, en la modernidad la idea de la justicia  fue sufriendo cambios. En la filosofía moderna, la justicia social proviene  de Hobbes, de Locke, y de Rousseau. No tiene el mismo significado que podemos encontrar en Platón, Aristóteles, Agustín o Aquino, para quienes la justicia es una hábito personalmente adquirido. Existe sólo en su práctica. En un gobierno justo, los ciudadanos en  ejercicio libre adquieren las virtudes respecto a otros. Dependiendo de si los ciudadanos son justos o injustos, un gobierno diseña sus instituciones políticas para llevar a cabo el fin por el que la gente elige vivir. En un régimen injusto, los ciudadanos no practican justicia hacia los demás. En su análisis de los regímenes políticos, Aristóteles justificó las distintas instituciones en función de la tendencia a esos fines. A causa de la dificultad en adquirir la virtud, un régimen bueno era improbable que durase.

De esta manera,  el término justicia ha adquirido diversos significados a lo largo de la historia, según el objeto al que se refiera y los presupuestos ideológicos o éticos desde los que se propone su definición. 

La “justicia social” en Honduras

La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera.

Sin embargo, en un país como Honduras estos supuestos teóricos no se cumplen, o más bien, y para ser más explicito, la justicia  es parcializada y favorece a los grupos élites y a los grandes empresarios. Es tan grande la desigualdad que gran parte de la población vive con  dos dólares diarios, casi la mitad de la población vive en la exclusión social. Por otro lado, Honduras es uno de los países de la región centroamericana con el peor sistema sanitario. De igual manera,  Honduras se encuentra entre los países de menores ingresos de América Latina y el Caribe, con una incidencia de pobreza por hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  de un 60.0% en 2011 y una pobreza extrema por hogares de 40.4% en 2006, que disminuyó en 1.3 puntos porcentuales al 2010 (39.1%). El crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) hondureño disminuyó de 6.6% en el 2006 a  2.8% en el 2010. Este  débil crecimiento del PIB, comparado al crecimiento de la población, resulta insuficiente para ejercer un impacto significativo sobre los niveles de vida de la población.

Estos indicadores económicos reflejan enormes desigualdades y contradicciones sociales. En este momento Honduras ocupa el primer lugar de los países más violentos y de mayor criminalidad en el mundo. Ante tanta carencia y falta de oportunidades, amplios sectores de la sociedad, incluyendo varias instituciones del Estado, se han involucrado en el crimen organizado o en la corrupción y los negocios ilícitos, como una de las pocas maneras que quedan para perpetuar su existencia. Digo lo anterior, por la tasa de desempleo, que para el año de 2010 era la de un millón quinientos mil hondureños sin empleo. Pero los porcentajes aumentan, la tasa de desempleo durante del mes de enero del 2011 subió a un 44 por ciento de la población económicamente activa, según las autoridades de la Secretaría del Trabajo. "Es una aproximación de un 44 por ciento de la población económicamente activa la que está sin trabajo, porcentaje que se da por la incorporación de los jóvenes a esa etapa de la edad productiva".

Diputados legislan en función de poderosos y empresarios

Durante nuestra historia política reciente hemos podido presenciar la manera como las distintas bancadas de los partidos políticos legislan en función de los grandes poderosos y empresarios hondureños. Recordemos, que fueron los mismos diputados que en este momento se anuncian como los más fieles defensores de la democracia quienes ejecutaron el golpe de Estado, los que mostraron documentos falsos donde el Ex Presidente Zelaya estampaba su firma para respaldar una falsa renuncia.

De igual manera, nombraron como presidente espurio a Roberto Michelleti Bain tras la expulsión de Zelaya del poder a través de un golpe de Estado, y meses más tarde lo condecoraron como héroe nacional.  Así mismo, durante la actual administración se han aprobado una serie de leyes y decretos que favorecen a los empresarios y desfavorecen a los trabajadores, por ejemplo: la ley del Inpremah, la  desindexación salarial para los docentes y los distintos gremios profesionales que cuentan con estatutos profesionales, la introducción de paquetes fiscales y la creación de nuevos impuestos, y por si fuera poco, los distintos contratos de energía eléctrica que favorecen a empresas transnacionales. Como podemos observar, en Honduras no se legisla en función de los más pobres y más necesitados, ni siquiera se tributa bajo los principios establecidos por la constitución, dado que quienes más tienen son los que menos dan.

La inoperancia de los órganos administradores de justicia

La corte suprema de justicia, así como todas las instituciones del Estado adolecen de los  mismos males: inoperancia, corrupción, violación de los principios establecidos en ley. La mora judicial es parte de esa inoperancia e ineficacia del sistema judicial en Honduras que para este momento es del 60%. En ese sentido, “según Juan Almendares Bonilla, ex rector de la UNAH y procurador de derechos humanos, la mora judicial es uno de los problemas más graves en Honduras donde se registra una mora judicial de casi un 60%. “Esto significa que muchas personas no han sido sentenciadas y tenemos alrededor de 12,000 personas privadas de libertad, lo que quiere decir que más de 6,000 personas no han sido sentenciadas, solo están en un proceso judicial y muchos de ellos son inocentes”, explicó.

Agregó que los entes gubernamentales deben de buscar soluciones primero para determinar la diferencia entre la capacidad para tener determinado número de personas en las cárceles y la disponibilidad en la mora judicial.”

Esta inoperancia afecta la situación de los centros penitenciarios, que por cierto, se encuentran en una profunda crisis producto de la sobrepoblación que se concentra en esos espacios. No podemos olvidar que de forma reciente en Honduras se han registrado los peores sucesos penitenciarios en América latina. Ejemplo claro fue lo ocurrido en febrero del presente año en la granja penal de Comayagua. Desde esa perspectiva, el mismo gobierno norteamericano se ha pronunciado a favor del indulto a los reos. Pero otro de los problemas violatorios de derechos humanos son los distintos casos sin resolver. Un reporte actual “…menciona el aumento de asesinatos sin resolver cometidos en Honduras como uno de los principales ejemplos de una tendencia mundial de discriminación e intimidación según la orientación e identidad sexual de las personas. Hasta ahora, la justicia hondureña demuestra incapacidad en esclarecer y deducir responsabilidades por 35 asesinatos perpetrados contra miembros de la comunidad gay y transexual. A mediados de marzo se contabilizaban al menos 35 casos de este tipo de asesinatos sin resolver.”

Cambiar el aparato de justicia

Por todo lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los trabajadores organizados en sindicatos, gremios, a la población vinculada  a las organizaciones comunales y patronales a desconfiar profundamente de la institucionalidad de los ricos y empresarios. Tan solo un nuevo Estado que garantice la igualdad y la equidad en todas sus formas garantizará justicia social, por lo que debemos luchar decididamente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que cambie el actual aparato de justicia, por un sistema de justicia que sea ejercido democrática y directamente por el pueblo. Para cumplir con tales fines se hace necesario erradicar el binomio ricos y pobres, suprimir las diferencias sociales y hacer que la sociedad progrese.  Lo anterior puede escucharse como un sueño, sin embargo, el futuro del país y de la humanidad entera corre a la suerte de la actividad revolucionaria de los trabajadores y del pueblo organizado.