Por Felipe Gutiérrez
De forma reciente ha sido aprobado por el Congreso Nacional el decreto legislativo para depurar a la policía. Con la aprobación de este decreto podemos constatar la intención del gobierno de la república y de la burguesía hondureña de acelerar los procedimientos administrativos que aseguren la depuración y contener la vinculación de la policía con el crimen organizado y las bandas de narcotráfico. El decreto de emergencia, que se extenderá por 180 días prorrogables, suspende todos los procedimientos de la Ley de la Policía Nacional.
El nombramiento del “tigre Bonilla”
Tras el asesinato de Alfredo Villatoro, de la misma manera que ocurrió con el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, nuevamente la sociedad civil y organismos de defensa de los derechos humanos empezaron a reclamar de forma acelerada la depuración de la policía. No es nada casual que el asesinato de Villatoro se haya dado en estas condiciones; evidentemente el hecho tiene tinte político. Bajo nuestra mirada la intención era presionar al gobierno para emprender un proceso de negociación con Porfirio Lobo, quien hizo el ridículo al aseverar que Alfredo Villatoro se encontraba con vida y horas más tarde aparece ultimado a balazos en un sector de la ciudad capital.
En Honduras, el país más violento del mundo y con la mayor índice de asesinatos, no es nada común encontrar los cuerpos sin vida de cientos de víctimas. En algunos casos, los crímenes no son cubiertos por los medios de comunicación y desde luego las causas de sus muertes ni siquiera son indagadas. No obstante, el asesinato de Villatoro fue ampliamente cubierto por medios locales e internacionales. Sin duda alguna, la intención de los autores intelectuales de su asesinato era la de levantar polvo, es decir, que el mismo tuviera una amplía divulgación, y desde luego lo lograron.
Bajo este contexto, es decir, bajo un escenario de cuestionamientos profundos y de incredibilidad de la institución policial se dio, también durante la semana, el nombramiento de Juan Carlos Bonilla. Resulta curioso que el nombramiento del “tigre Bonilla” ha generado expectativas entre la población, sobre todo en los sectores más críticos entre los que se destaca la rectora Julieta Castellanos miembro de la Comisión Técnica para la depuración, que espera que el gobierno cumpla con su compromiso de bajar los altos índices de la delincuencia en Honduras. En ese sentido, el día martes 22 de mayo, el comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio, calificó de excelente el nombramiento de Bonilla.
El nombramiento de Bonilla se produjo tras la sustitución de Ramírez del Cid quien “…había sido nombrado como director de la Policía Nacional en noviembre pasado tras los escándalos de corrupción y la muerte violenta del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Julieta Castellanos, a manos de miembros policiales. La destitución del oficial se produce seis meses después, en medio de los escándalos de violencia en el país, ligado al proceso de investigación de la muerte del periodista Alfredo Villatoro, como también el asesinato de su guardaespaldas y conductor, entre otras acciones administrativas al interior de la Policía Nacional.” (http://www.quienopina.com)
Pese al consenso establecido por la burguesía nacional en cuanto al nombramiento del Tigre Bonilla, el ahora Jefe de la Policía ha sido fuertemente cuestionado desde hace algunos años por su expediente de violación en los derechos humanos. “En 2007, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos indicó que Bonilla era sospechoso, pero nunca acusado, de una serie de muertes cuando fue el inspector penitenciario de Honduras. Bonilla, subjefe antes de su promoción, no pudo ser contactado para se pronunciara sobre ese reporte.” (http://www.elnuevoherald.com/2012/05/22)
¿Se hace necesaria la depuración policial?
Si esta fuera una pregunta de una casa encuestadora y se le hiciera la consulta a cada hondureño, estamos seguros que contestarían que sí. No sería nada casual, dado que la policía ha sido el instrumento de las bandas de narcotráfico, crimen organizado y los sectores de poder económico para emprender asesinatos, secuestros, robos, extorsiones y otros delitos. En otras palabras, la policía ha ejecutado, planificado y organizado la criminalidad en Honduras; estamos ante una forma de crimen institucionalizado que se ejecuta desde el Estado.
¿Cuál ha sido el saldo de la vinculación de la policía al crimen organizado? pues nada más y nada menos que en los últimos años Honduras se ha vuelto el país más violento en el mundo. Informes recientes señalan que “…antes del 2006, la violencia se logró mantener durante tres años por debajo de los 40 homicidios por 100,000 habitantes. La escalada de violencia, que no se ha logrado frenar, comenzó en el año 2006. Para el caso, se establece que en el año 2000 hubo 3,176 homicidios (es decir, una tasa de 49.9, lo que equivale a un promedio de 8.7 homicidios por día). Ya en el 2011, es decir, una década después, se registran 7,104 homicidios (tasa de 86.5, es decir, un promedio de 19.4 homicidios por día). Esta enorme cifra supera casi 10 veces más la tasa mundial de 8.8 establecida por la OMS en el año 2000. (..) En el 2005 (último año de gestión Maduro), la tasa de homicidios fue de 37, pero ya en el 2006 la misma se disparó a 46.7 por 100,000 habitantes. En el 2007 la tasa fue de 49.9, en el 2008 se elevó a 57.9 y en el 2009 cerró en 66.8 homicidios por 100,000 habitantes. Respecto al gobierno Lobo Sosa se destaca que en 23 meses de gestión ya se registra la muerte violenta de 12,838 personas, es decir, un promedio de 558.17 mensuales o 19 víctimas diarias. Solo en el 2011 murieron de forma violenta 7,104 personas, es decir, una víctima cada 74 minutos o 19.4 por día.”( El heraldo.hn)
Frente esta situación de violencia e inseguridad, se justifica la depuración de una institución donde prevalece la corrupción y es un centro de planificación y ejecución de delitos. Sin embargo, las reformas apuntan a fortalecer a la policía, pero no se pretende atacar las causas centrales que determinan la violencia. La vinculación de la policía al crimen organizado y la proliferación del narcotráfico en la región centroamericana y México están condicionadas por la miseria y desigualdad imperante, la injusta distribución de la riqueza social y el surgimiento de grupos marginados que planifican actividades delictivas como formas de obtener riqueza. Mientras continúe la explotación, la división social a través de clases sociales, la existencia del Estado burgués y de sus organismos represores continuará manifestándose la delincuencia y la violencia. La misma existencia de la propiedad privada y la expropiación de la burguesía de los bienes producidos socialmente generan división y desigualdades.
¿Qué podemos hacer los trabajadores ante la extorsión y el crimen organizado?
Para combatir la delincuencia se están proponiendo toda una serie de medidas desacertadas, como sacar a los militares a las calles para combatir el crimen, cuando no es esta la función de los militares.
Para combatir el sicariato se está proponiendo prohibir que se conduzcan dos personas en una motocicleta. Muchos atentados se han realizado por dos personas en una motocicleta, mientras uno conduce, el otro dispara. Con esto se afectaría a muchas personas para las que comprar un automóvil resulta un lujo, por el delito de una ínfima minoría. Hay quienes han propuesto que Estados Unidos construya una base militar en la Mosquitia para combatir el narcotráfico, y ya se está volviendo a hablar de la pena de muerte.
Toda esta violencia evidencia en mi opinión un fracaso del sistema socio-económico hondureño en particular, y del sistema capitalista a nivel general. Sin embargo, los socialistas revolucionarios les proponemos a los trabajadores organizarse en comités de defensa para la seguridad de sus bienes y familia. Estos comités para la autodefensa pueden ser barriales y comunales y deberán de ejercer autoridad y aplicar medidas para la prevención de la delincuencia. De igual manera, llamamos a los gremios, sindicatos y centrales obreras a proponer una jornada de movilizaciones para la creación de fuentes de empleos, mayor inversión en la educación, salud y vivienda.
