Por Manuel Sandoval

No son sólo los femicidios los que se están disparando en el país, los abusos de índole sexual contra niños y niñas también. La semana pasada se destapó el caso de una niña de 11 años abusada por el padrastro, que perdió un bebé de 7 meses en Guácimo. Sorprendentemente, la niña había estado en manos del PANI en el 2022 por sospecha de violación por parte de un vecino y la devolvieron al “hogar”. Es decir, cuando se trata de niñas(os) pobres esta Institución es absolutamente inoperante. El director del OIJ manifestó que están a la espera del ADN del feto para determinar si es el padrastro o el vecino el gestor de la criatura. Del 2022 para acá el PANI dejó a la niña expuesta a estos monstruos.

Es evidente, que el clima de violencia doméstica que se intensifica en el país, tiene mucho que ver con la ofensiva reaccionaria de las Iglesias, fomentando el rechazo a los derechos de las mujeres, la intolerancia a las personas LGTBI y oponiéndose a la educación sexual de carácter laico y científico en el sistema educativo. Para quedar bien con Fabrizio y los obispos, Chávez eliminó los programas de educación sexual y afectiva del MEP, que no eran una maravilla, pero daban una orientación a los docentes y a los educandos, que ayudaba a éstos a empoderarse para enfrentar situaciones de violencia sexual en el entorno social y familiar.  

Sobre las consecuencias que esto va a tener es interesante leer un artículo que publicó La Nación el lunes: Carta escrita en retiro espiritual reveló dos años de violaciones sexuales contra niña, de los periodistas Diego Bosque y Yeryis Salas. Ellos no se proponen denunciar el rol de encubrimiento de la violencia familiar que juegan las Iglesias, pero de los hechos que denuncian se desprende este rol reaccionario en función de proteger la autoridad patriarcal del hombre.

Un empresario de seguridad de apellido Sancho fue denunciado y condenado hace unos días a 48 años de prisión, por violar en varias ocasiones a una sobrina menor de edad. Su compañera se encontró accidentalmente una carta de la niña pidiéndole que no la agrediera más e hizo la denuncia.

“La nota, escrita a mano por la víctima durante un retiro espiritual organizado por la iglesia evangélica a la que asistía, no tenía la intención de acusar a su victimario con otro adulto y, mucho menos, con las autoridades policiales o judiciales. Por el contrario, su mensaje hablaba de perdón, de clemencia, de dolor por años de maltrato físico y emocional, y de una tregua.

Ella perdonaba las veces en que el agresor le quitó su ropa interior a la fuerza, los episodios en que la arrinconó en un pasillo para tocar sus genitales o las veces en que, durante las vacaciones, fue abusada.

El ejercicio de reflexión promovido en el retiro pretendía que los jóvenes sacaran cosas que resentían de sus seres queridos y que, luego del evento, le entregaran el documento. Este caso, sin embargo, la misiva no llegó al destinatario, pues la menor prefirió esconderla en su habitación.”

Vergonzoso. En el retiro espiritual se promovió resignación y el perdón frente a la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, pese a que los curas y los pastores no ignoran que hay situaciones de abuso sexual por parte de los padres. NO PROMOVER QUE LAS NIÑAS(OS) Y LOS JÓVENES SE EMPODEREN PARA DENUNCIAR ESTAS SITUACIONES, SIMPLEMENTE ES CRIMINAL. Aunque se entiende; es coherente con el abuso infantil dentro de las Iglesias, donde sistemáticamente se ha tapado a curas y pastores pedófilos.

¡FUERA LAS MANOS DE FABRIZIO Y LOS OBISPOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE!

¡POR UNA EDUCACIÓN SEXUAL Y PARA LA AFECTIVIDAD DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y LAICO!

Por Manuel Sandoval

El viernes 14 de febrero participé en una concentración de 200 adultos mayores, frente a la Gerencia de Pensiones de la Caja, para exigir a las autoridades de la Institución que se reajuste la pensión del IVM conforme al alto costo de la vida que hay en el país.

El aumento de ¢3.697,21 en la pensión mínima, que pasa de ¢155.995 a ¢159.692,21 mensuales, responde al requisito legal de que la pensión mínima no sea inferior al 50% de la Base Mínima Imponible (BMI) para la Seguridad Social. NO SÓLO NO COMPENSA LO QUE HA SUBIDO EL COSTO DE LA VIDA, SINO QUE EXCLUYE AL 60% DE LOS PENSIONADOS DEL IVM, con pensioncitas apenas un poquito más altas.

Que se haga este reajuste al que obliga la ley -sin ninguna política, por parte de las autoridades del gobierno en la Caja, para recuperar el poder adquisitivo de pensiones muy modestas, que a la mayoría de las pensionadas(os) sólo les alcanza para vivir en condiciones de pobreza-, ES UNA BURLA DE CHÁVEZ Y SU GENTE: ¢123 más por día, ¿para qué alcanzan?

Desde el principio de su Administración, Chávez ha estado empeñado en demostrar que la Caja está quebrada, a fin de dar paso a procesos de privatización. Frente al IVM, la política que ha seguido (con Rocío Aguilar actuando como ariete del gobierno mientras estuvo al frente de la Superintendencia General de Pensiones) ha sido preconizar la insolvencia de este régimen de pensiones en menos de veinte años, a fin de forzar una reforma "integral" de todo el sistema de pensiones del país: IVM, RCC de los educadores, Fondo de Pensiones del Poder Judicial. El propósito es hacer depender el monto de la pensión del ahorro individual del trabajador. Esto les permitiría reducir la cuota patronal y del Estado en el financiamiento tripartito de la Seguridad Social (patronos-Estado-trabajador), objetivo último de la reforma.

Es evidente entonces que ante el clamor de los pensionados del IVM para que las pensiones se reajusten conforme al incremento del costo de la vida bajo las dos últimas administraciones (que ha llevado a la pérdida de entre el 10 y el 15% del poder adquisitivo de las pensiones), la respuesta de los jerarcas de la Caja va a ser, con tapones en los oídos, que no hay recursos para hacerlo sin desestabilizar al régimen y comprometer el pago completo de las pensiones a partir de la década de los cuarenta.

No hay que ser experto actuarial, sin embargo, para darse cuenta que el verdadero problema es que el gobierno no quiere cumplir con el pago de las obligaciones financieras del Estado con la Caja (que en el caso del Seguro de Enfermedad y Maternidad se han acumulado en una deuda de más de ¢4 billones). Si el gobierno pagara los ¢689 000 millones que le debe al IVM y al Régimen no contributivo de pensiones, se aportarían recursos para aumentar significativamente la pensión mínima del IVM y hacer un reajuste a todas las pensiones que realmente compense el costo de la vida, así como para elevar la pensión de ¢82 000 que reciben en el Régimen No Contributivo 92 000 adultos mayores en situación de extrema pobreza. Es una vergüenza que ante el hecho de que Hacienda no gira completa la plata, las autoridades de la Caja hablen de reducir este monto y no amplían la cobertura de este Régimen a más personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Recursos existen para que el gobierno pague sus obligaciones con la Caja y el IVM si Nogui Acosta, desde Hacienda, comienza a meter en cintura a los grandes evasores del fisco que protege el gobierno de Chávez.

Por supuesto que A LAS BUENAS NO LO VAN A HACER. Con los pensionados en primera fila, hay que unir a las trabajadoras(es) en un movimiento combativo para forzar a los grandes empresarios a financiar la Seguridad Social y rechazar la Reforma “Integral” del sistema de pensiones del país que quiere acabar con la solidaridad social (la cotización tripartita) y volver la pensión un asunto privado. Proponemos a todas las personas que asistieron a la concentración del viernes, convocar a una Asamblea de todos los pensionados del IVM y del Régimen No Contributivo para definir un plan de movilización.

CON UNA VIDA DE TRABAJO, NOS GANAMOS EL DERECHO A UNA PENSIÓN QUE PERMITA VIVIR CON DIGNIDAD EN LA VEJEZ.

¡Hay que continuar la lucha!

Por Manuel Sandoval

El show de los miércoles en Zapote, esta semana estuvo centrado en un ataque de Cháves a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional y el anuncio de que iba a presentar un proyecto de ley para eliminarlas. Una vez terminado el espectáculo, Laura Fernández, la ministra de la Presidencia, diligentemente, salió disparada hacia Cuesta de Moras a presentarlo en la Asamblea Legislativa.

Despotricar contra una lista de 10 pensionados con montos superiores a los 10 millones, acusarlos de corruptos y sinvergüenzas con nombres y apellidos, impacta en mucha gente con pensiones y salarios que apenas les permiten sobrevivir y que sabe que muchas de las pensiones más altas son de políticos del PLN, el PUSC y el PAC que se colaron en los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional: el RTR de los educadores, el de Hacienda, el del Poder Judicial y otros menores, disparando el monto de la pensión al entrar en el cálculo de la misma los sueldazos que tuvieron como Embajadores, Ministros, diputados y directivos de instituciones autónomas. Esta denuncia le dio réditos a Cháves en la anterior campaña electoral, cuando hacía coro con la Cisneros, para anunciar que recuperarían ¢1,2 billones (¢1 200 000 000 000) del derroche del Estado en estas pensiones “multimillonarias”.

(Hubo hasta algunos educadores pensionados que votaron por Cháves porque no se dieron cuenta que dentro de estas pensiones multimillonarias que denunciaba el dúo Cháves-Cisneros, también entraba su pensión, muy modesta y en un rango inferior al millón de colones. El Caudillo siempre ha metido en la misma bolsa las pensiones altas y las de la masa de trabajadores, porque le gustaría que las pensiones de los trabajadores fueran más bajas para que las contribuciones de los patronos y el Estado fueran menores. En otra nota señalaremos como se trasluce ésto en la exposición de motivos del proyecto).

Frente a un nuevo proceso electoral (y ante el hecho de que hay un deterioro de la calidad y el nivel de vida de los sectores populares porque su gobierno no se ha orientado a resolver ninguno de los problemas más básicos del pueblo), tienen que volver al tema de las pensiones de lujo y crear la apariencia de que las están enfrentando. Convenientemente, al partido de Oposición que se oponga al proyecto (por inconsistente o por lo que sea), lo presentarán como defensor de estos privilegios.

Lo primero que hay que señalar del proyecto es que tiene una redacción precisa. No así el sustento actuarial en la exposición de motivos (un aspecto central para emprender una reforma de pensiones). Una característica de este gobierno es que no es nada preciso con la información estadística, por no decir que la tergiversa a conveniencia.

Lo que el proyecto reconoce, por primera vez, es que las pensiones más altas están gravadas a partir de un piso de 2.2 millones hasta en un 55%, porcentaje que se aplica progresivamente, conforme al monto. El cuadrito elaborado por Delfino, que ilustra esta nota y nos permitimos reproducir, es conforme a la verdad. ¡Qué lamentable que Cháves no lo diga, aunque el proyecto tenga que reconocerlo, porque las pensiones se gravaron en gran medida por presión del Magisterio Nacional para frenar los abusos de los políticos burgueses y si se aplica ese porcentaje del 55% es por el límite que establecen los convenios internacionales de la OIT! Cháves matoneaba con un referéndum para pasarle por encima a estos convenios y ahora tuvo que retroceder.

El proyecto establece un tope a las pensiones igual al del IVM de la Caja: ¢1,667 millones, y norma que a partir de este límite se garantiza (supuestamente por tratarse de una situación jurídica consolidada que sólo permite variar el monto de la pensión), sólo el 40% del salario de referencia (el promedio salarial con base en el cual se define el monto de la pensión); un criterio jurídico que no iría, según el gobierno, contra la normativa laboral establecida a nivel internacional.

Del 45% que les llegaba de pensión una vez rebajados los impuestos de ley, la gente con las pensiones más altas ahora estaría recibiendo sólo el 40%. (Tendrían una pequeña reducción en el monto que reciben actualmente, aunque algún actuario serio está señalando que más bien se les va a incrementar la suma que reciben). Sin sustento actuarial explícito en la Exposición de Motivos no es posible descartarlo y saber cuanto dinero se estaría ahorrando si el proyecto se convierte en ley.

¡PARECIERA, SIN EMBARGO, QUE PARA LAS PENSIONES DE LUJO NO HABRÍA UNA SANGRÍA MUY GRANDE!

Lo que sí se vería más afectado es un segmento más bajo de pensiones (sobre todo 1/5 de los educadores adscritos al RTR: de 8 a 9 000 educadores) que reciben en efectivo entre 2 y 3 millones de colones. Disminuirle la pensión a estas compañeras y compañeros de la noche a la mañana (es eso aunque se establezca un plazo de reducción progresiva de seis meses), es UNA BARBARIDAD. 50, 100, 200 mil colones menos, sí se sentirían en pensiones que no se pueden considerar altas si se toma en cuenta alto costo de la vida en el país y que están muy comprometidas en el sostén de hijas(os) y hasta nietos.

NO ES COMO DICE CHÁVES QUE LOS EDUCADORES Y OTROS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTOS REGÍMENES DE PENSIONES NO COTIZARON PARA GARANTIZARLAS. Se cotizó una vida de trabajo, y varios gobiernos gastaron la plata, impidiendo que se conformara un fondo de capitalización.

Claro que esto es historia, y la preocupación central de Cháves y su gente, es allegar recursos al Estado, golpeando los ingresos de los sectores medios y populares. Bajo el reinado de Nogui Acosta en Hacienda, la evasión y el fraude fiscal siguen campeando entre los grandes banqueros y empresarios. A estos pillos no se les quiere tocar.

El proyecto, que de avanzar en la Asamblea Legislativa tendría que ser sometido al criterio de la Sala IV y hasta de la Corte Interamericana de Justicia, sienta una orientación hacia la unificación de todos los regímenes de pensiones, al generalizar el tope límite de las pensiones en el monto máximo del IVM. Avance o no, exige la respuesta más vigorosa de todos los trabajadores activos y pensionados del país porque está en camino “una reforma integral” de todo el sistema de pensiones, inspirada por Rocío Aguilar el año pasado desde la SUPEN, que volvería una ficción, para los jóvenes y la gente en edad madura, el derecho a una pensión que permita vivir con dignidad en la vejez. El proyecto de Cháves es un paso en la vía de homologar las pensiones hacia abajo e imponer el criterio de que la pensión depende del ahorro individual del trabajador.

LLamamos a todas y todos los pensionados del RTR a organizarse en defensa del derecho a la pensión. Solicitamos a la Junta Directiva de JUPEMA que ponga al servicio de los educadores del RTR la información actuarial y los especialistas de la Institución, para movilizarnos a la Asamblea Legislativa con datos veraces. Es un deber de las dirigencias sindicales y populares poner en discusión entre sus bases las reformas al sistema de pensiones del país que se cuecen entre bambalinas y movilizar a la lucha contra las mismas.

¡LA VIDA SE PASA EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS,

NO PERMITAMOS QUE NOS ARREBATEN EL DERECHO A VIVIR CON DIGNIDAD EN LA VEJEZ!

LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA DE PENSIONES DEL PAÍS SE PUEDEN SOSTENER CON LOS RECURSOS QUE LE ROBAN AL FISCO LOS GRANDES EVASORES FISCALES.

Por Manuel Sandoval

Con la reglamentación de la Ley de Empleo Público que hizo Laura Fernández en el Ministerio de Planificación, antes de convertirse en mano derecha, o principal recadera de Chávez, que la puso en el Ministerio de la Presidencia en junio, cuando desertó  Natalia Díaz, en todas las instituciones del Estado se está creando una brecha salarial descomunal entre los trabajadores en antigüedad y los que comienzan a ser nombrados.

Se esperaba que con la reglamentación de la Ley de Empleo Público se iba a imponer una escala salarial en la que los trabajadores con salario compuesto (con los incentivos anteriores), iban a quedar en mejor situación que los trabajadores que se nombraran con salario global (sin incentivos); pero Laura Fernández hizo la cosa al revés. Un educador que nombraron para el curso lectivo que termina, entró ganando entre ₡300 000 y ₡500 000 más (de acuerdo a la categoría profesional y al nivel educativo en que trabaje) en el mismo puesto que una compañera o compañero con veinte o más años de trabajo.

ABSOLUTAMENTE VULGAR, pero es una maniobra política neoliberal para dividir a las trabajadoras(es) creando una minoría servil y clientelista de muchachos y muchachas “milenians”, sin tradición de lucha ni conciencia de clase, que le sirva al gobierno (que pretende liquidar completamente al Servicio Civil y manipular los nombramientos) para dividir a los trabajadores del sector. 

Las dirigencias del Magisterio, muy a gusto, cafeteándose con la Müller en la Comisión Paritaria, NO QUIEREN SABER NADA DEL PROBLEMA. No les importa que esté aumentando el endeudamiento del país, dejando para las calendas griegas la posibilidad de que no se aplique la regla fiscal y se recupere el 15% del valor adquisitivo del salario que se ha perdido con la reforma fiscal y el congelamiento salarial que se terminó de imponer con la regla fiscal.

Comenzamos esta nota señalando este contexto de la situación laboral del conjunto de las/los trabajadores del Estado, para resaltar la importancia de la lucha de los médicos especialistas.

La renuncia masiva es el último recurso que les quedó ante la desidia del gobierno para resolver el problema. En todo un año el gobierno no ha movido ni un dedo para impulsar una reforma legal que les permitiera trasladarse al salario global y los acuerdos con los médicos especialistas tendientes a acelerar la formación de nuevos profesionales van a paso de tortuga. (Dicho de pasada, quizás este batracio debería ser el símbolo del gobierno. El jaguar no le calza).

El gobierno está empeñado en sumergir a la Caja en crisis, para impulsar los procesos de privatización de servicios que quiere impulsar. La renuncia de los especialistas le cae al pelo para debilitarla más y violentar los mecanismos de control de la idoneidad del personal médico, como los que establece el Colegio de Médicos y Cirujanos. Este gobierno quiere manejar sin control los recursos del Estado y hacer nombramientos a como le venga en gana.

Los médicos especialistas, a diferencia de los educadores, pueden renunciar porque en la Caja hay escasez crónica de estos profesionales. Los doctores “viejos” (con la complicidad del Colegio de Médicos y Cirujanos y de las autoridades de la Caja, que no establecieron programas de formación de nuevos profesionales) establecieron un monopolio de las especialidades, para garantizarse ingresos altos gracias a las guardias y las horas extras. Estos médicos “privilegiados” (muchos de los cuales eran biomberos también) se han ido pensionando o muriendo, y ahora la situación es diferente, porque hay una gran escasez de estos profesionales y  los especialistas más jóvenes están quedando salarialmente muy abajo. El sacrificio económico y de todo tipo que exige su formación profesional no está siendo compensado.

Es lamentable, sin embargo, que esta lucha tan importante para todo el sector público, haya terminado siendo orientada por las dirigencias médicas como una pelea exclusiva de los especialistas, cuando la generalización del salario global debería levantarse en todo el sector público, y enfocar la pelea como una batalla central en la defensa del derecho de la población trabajadora a recibir una atención médica de calidad. No por nada el gobierno sigue sin preocuparse mucho por el problema. La falta de especialistas es un ariete brutal contra la Caja. Sin especialistas no puede haber una atención de calidad en la Caja y no se improvisan de la noche a la mañana.

¡NO A LA BRECHA SALARIAL QUE ESTÁN CREANDO CHÁVEZ Y LAURA FERNÁNDEZ EN EL SECTOR PÚBLICO!

¡TODAS(OS) AL SALARIO GLOBAL!

¡APOYEMOS LA LUCHA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA CAJA!

¡RECURSOS Y PRIORIDAD A LA FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE REQUIERE LA CAJA!

¡QUE SE META EN CINTURA A LOS EVASORES FISCALES, PARA PAGAR LA DEUDA DEL ESTADO CON LA CAJA!