Por Manuel Sandoval

Miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se realizó la Asamblea General Anual de la APSE. Un evento intrascendente, tipo show, porque la Asamblea no tenía como eje discutir los problemas que asfixian al Magisterio Nacional, la ofensiva del gobierno para desfinanciar aún más el sistema de educación pública, el retroceso social y cultural que se vive en el país y elaborar colectivamente, en una discusión democrática, un plan de lucha.

La burocracia que controla la APSE quería evitar a como hubiera lugar verse desbordada en una discusión de este tipo, que dejó fragmentada en las comisiones. (A la Asamblea asistieron de 2 000 a 2 500 personas y en las comisiones sólo participaron unas trescientas a lo sumo, mientras el grueso de la asistencia era inducido a participar del show. Más aún (y eso lo reclamaron muchas compañeras(os), el número de delegados que financia la organización para garantizar la representación de las afiliadas(os) de regionales distantes, se redujo de dos delegados a uno alegando razones económicas. El aparato de funcionarios se está comiendo los recursos de la organización).

La dirigencia hizo la maniobra que ha repetido durante cinco años de meter una moción en la comisión de Asuntos Varios, a la que movilizó a sus hinchas, autorizándola a definir una huelga u otras medidas de lucha (sin fecha, plan de lucha emanado desde las bases ni las reivindicaciones a levantar).

El viernes, en el espacio de 1 hora 30 minutos asignado a los informes de comisión, esta moción, la única que apuntaba a levantar la lucha, dejó amarrada la discusión porque era imposible oponerse a la misma sin aparecer como opuesto a la movilización y aplicaban censura (desde la mesa) al que intentara señalar las falencias de la moción. No obstante, lo cual, el compañero Líos (de Guanacaste) les señaló lo ambiguo y poco terrenal (en palabras nuestras) de la política que estaban levantando, porque no se pronunciaban sobre la convocatoria a movilización el 28 y el 29 de agosto que comenzaron a realizar desde el jueves el SEC y otras organizaciones.

La gran política que tiene la APSE resultó ser la campaña “Déjenlos volar”, que vendría a sustituir a “La señora de Purral”. El título hace referencia a la necesidad de garantizar el derecho al estudio a los jóvenes de los sectores populares para que tengan oportunidades de trabajo e inserción social.

En la exposición de la campaña que hizo Tobías Murillo, el funcionario repitió incesantemente que había que “enseñarle” a la ministra Müller las aulas cayéndose a pedazos, enseñarle los estudiantes que necesitaban de las becas para poder estudiar, enseñarle que muchas niñas(os) dependían del comedor escolar, enseñarle el rol que cumplía el transporte escolar, enseñarle, enseñarle y enseñarle. Tobías, evidentemente, no se ubica en el terreno de la lucha de clases, y parece que cree que puede convencer a la ministra gastando centenares de millones de colones en una campaña en los medios.

Para nosotros la campaña que habría que hacer es impulsar a los educadores a organizar padres de familia y estudiantes para que se movilicen a la lucha por la mejora de las instalaciones educativas y todas las necesidades de becas, alimentación y transporte escolar que tienen los estudiantes de los sectores populares, contra los cambios de programas que atentan contra la formación integral científica y humanista que deben recibir los educandos y para sepultar la aberración pedagógica de las pruebas nacionales. Hay que impulsar la movilización desde abajo para construir un gran movimiento en defensa de la Educación Pública.

En este sentido, reiteramos, la Asamblea General fue IRRELEVANTE. Ni siquiera se discutió (se restringió a la Comisión de Varios y no se llevó a la plenaria) la brecha salarial abismal que está creando la Ley de Empleo Público. Un muchacho que entra por primera vez al sistema educativo con salario global entra ganando ¢200 000, ¢300 000 o incluso más en relación a un compañero con 15 o 20 años y salario compuesto. ¿CÓMO PUEDE SER QUE ESTAS COSAS NO SE HAYAN DISCUTIDO EN LA ASAMBLEA?

Decíamos, sin embargo, que aunque la burocracia gobernante impidió que se concretaran medidas de lucha, aparentemente la APSE se va a sumar a las movilizaciones del 28 y el 29 de agosto.

Ayer sábado se realizó en UNDECA una Asamblea del Frente Nacional de Lucha y a la misma se apersonó a presentar un saludo oficial el compañero Alberto Montenegro, de la Secretaría que asesora a la Directiva Nacional de la APSE. El compañero dijo que la dirigencia se va a reunir esta semana para definir la participación el 28 y el 29. La movilización está cobrando fuerza y pareciera que la dirigencia de la APSE se está dando cuenta de que no va a poder quedarse al margen y aparecer, como en otros momentos, desmovilizando. La dirigencia de la ANDE definió ayer la convocatoria a movilización nacional el 28 y a movimientos regionales el 29. Cosa que aplaudimos.

La movilización del 28 y el 29 deja planteada la necesidad de profundizar la lucha. El movimiento no se puede limitar a estas fechas, porque por más grande y masiva que sea la movilización de los educadores y los estudiantes difícilmente va a quebrar la intransigencia del gobierno y difícilmente se va a lograr que la oposición burguesa en la Asamblea Legislativa restituya el recorte de ¢400 000 millones que ha sufrido el MEP en los últimos años con su complicidad y la del Frente Amplio.

A partir del 28 y el 28, colegio por colegio y escuela por escuela, hay que definir cuáles son nuestras principales reivindicaciones y tratar de incorporar a otros sectores de trabajadores y del pueblo a una lucha de conjunto, que contemple también la defensa de la Caja y otras reivindicaciones, a fin de catapultar la movilización.

HAY QUE EXIGIR A LA DIRIGENCIA DE LA APSE LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE BASE, para hacer las discusiones que no se hicieron en la pasada Asamblea y definir una estrategia y un plan escalonado de lucha (más allá del 28 y el 29) para torcerle la mano al gobierno y a la burguesía costarricense.

Ministra Laura Fernández y Presidente Rodrigo Cháves en conferencia de prensa

Por José René Tamariz

El 29 de julio, la Sala Constitucional emitió su sentencia 2024-21375 sobre el proyecto denominado Ley Jaguar del Poder Ejecutivo. Dicho proyecto de ley fue declarado inconstitucional por unanimidad de los jueces de esa institución en respuesta a una consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ya que había una solicitud de dos ciudadanos, Alberto Cabezas y Edgar Espinoza (esposo de la diputada oficialista, Pilar Cisneros), para llevar a referéndum ciudadano ese proyecto. 

La Sentencia de la Sala Constitucional

El presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, en una declaración pública, planteó que “La Sala Constitucional en una sesión que inició a las 9 de la mañana y terminó a las 6 y 45, conoció y resolvió la consulta facultativa presentada por el TSE sobre la denominada Ley Jaguar. La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en todos los artículos consultado, el 2, 3, 4 y 5. Las razones tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría; asimismo, la Sala encuentra que se le quitan herramientas importantes para que pueda ejercer sus funciones constitucionales. De esta manera, la Sala resuelve dentro del plazo esta primera consulta facultativa de constitucionalidad”. (Semanario Universidad, 29 de julio de 2024). En relación a esa mutilación o cercenamiento que los magistrados de la Sala Constitucional le hicieron a ese proyecto de ley, es importante destacar que tanto Rodrigo Chaves como la ministra de planificación, Laura Fernández, sostuvieron, una y otra vez por diferentes medios de comunicación, que la versión 1.0 del proyecto de Ley Jaguar NO era inconstitucional, sino que más bien venía a fortalecer a la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, ese fallo vino a demostrar que esa posición del gobierno de Chaves era incorrecta y falsa.   

Por tanto, al ser mutilado, a ese proyecto de ley solo le quedaron 5 artículos. No obstante, dado que Chaves es un sujeto persistente, al ser declarado inconstitucional por la Sala IV, dicho proyecto de ley fue, casi de forma inmediata, retirado de la corriente legislativa por el poder Ejecutivo, introduciendo al día siguiente, 30 de julio, la versión “Zombi” 2.0 de la Ley Jaguar que es el mismo proyecto original, pero mutilado. Esa nueva versión de ley es la misma 1.0, pero con la eliminación de los cuatro artículos declarados inconstitucionales, excepto, los verbos “sustituir” y “abarcar” del artículo 3, referidos a la función de la administración activa la cual no puede ser sustituida ni abarcada por la Contralaría General de la República (CGR).

¿Victoria o Derrota de Chaves?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) consultó a la Sala IV solamente esos cuatro artículos de ese proyecto de ley y no los demás. De ahí que el Poder Ejecutivo concluyó que el resto de dicho proyecto es constitucional y, por ende, introdujo, nuevamente, tanto a la Asamblea Legislativa como en el TSE la versión “Zombi” 2.0 de la Ley Jaguar para ser llevado a referéndum, ya sea, mediante, la modalidad de referéndum por gestión del Ejecutivo o iniciativa ciudadana. Sin embargo, el día 9 de agosto, el TSE sometió a otra consulta de constitucionalidad tres artículos (2, 4 y 5), de los cinco que quedaban, de la nueva versión del proyecto de la Ley Jaguar. La cuestión es que el tiempo se agota para llevar a referéndum dicho proyecto, ya que, en caso de concretarse, se realizaría a un año de las próximas elecciones generales del año 2026. El referéndum no se puede realizar ni seis meses antes ni seis meses después de las elecciones generales.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa con su gabinete en pleno el día 30 de julio declaró que “El artículo principal de la Ley Jaguar, el que define las competencias de la Contraloría para que deje de inmiscuirse en lo que no tiene competencia y deje trabajar a quien el pueblo eligió, fue reafirmado por la Sala Constitucional. Los magistrados dicen de manera transparente e incontrovertible que la Contraloría no puede… ´sustituir o abarcar funciones de la administración activa´, cierro comillas”. (Delfino. 30 de julio de 2024). Según la interpretación de Rodrigo Chaves, los magistrados de la Sala IV le dieron la razón al Ejecutivo, ya que la CGR no puede realizar esas competencias propias de la administración activa. Sin embargo, la opinión de la contralora general es que esa institución no ejerce esas funciones, pues, la Constitución Política no la faculta para ello. En otra parte de su discurso, Rodrigo Chaves señaló que “El hecho de que la Sala diera luz verde constitucional para continuar con un proyecto de reforma, una Ley Jaguar revisada… es un triunfo maravilloso suyo, del pueblo de esta República bendita…”. (Ídem). Las negrillas son nuestras.

El supuesto “triunfo maravilloso” de Rodrigo Chaves es en realidad una derrota contundente al primer objetivo fundamental propuesto en la versión 1.0 del proyecto de la Ley Jaguar, ya que los artículos declarados inconstitucionales tenían la clara pretensión de disminuir, rebajar y eliminar competencias constitucionales de la CGR. El segundo objetivo fundamental de la primera versión de la Ley Jaguar es la realización del referéndum que aún se mantiene, aunque cojeando. La intención por parte de Rodrigo Chaves de realizar un referéndum, previo a las elecciones generales, es una gran maniobra política-electoral, ya que sería un buen ensayo electoral para ganar las elecciones generales del año 2026, ya que le permitiría organizar, desarrollar y fortalecer las bases chavistas y la plataforma política que le permita a Chaves derrotar a los demás partidos políticos en esa contienda electoral, así como ampliar la cantidad de diputados para ser mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y, de esa forma, poder aprobar, sin oposición, sus proyectos de ley y reformas a la Constitución Política, para gobernar sin controles de ningún tipo. Este objetivo se mantiene, como eje central, en la versión 2.0 del proyecto de la Ley de Jaguar por eso la insistencia en realizarlo.

Contradicciones en el Oficialismo

Mientras el presidente de la República, Rodrigo Chaves, declaraba con bombos y platillos que la sentencia de inconstitucionalidad del proyecto de Ley Jaguar era un “triunfo maravilloso”, porque la Sala IV señaló que solamente los verbos “sustituir” y “abarcar” no eran inconstitucionales, su jefa de fracción en la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros, sostenía lo contrario diciendo que “Lástima que yo esté vestida de azul y negro, porque debería estar vestida totalmente de negro. Es un día en que la Sala Constitucional le niega al pueblo costarricense, le niega a usted, ciudadano, el derecho que usted tiene de decidir si cambia o no cambia el statu quo en este país. ¿De cuándo acá, vía referéndum, no se puede cambiar una ley en Costa Rica? ¿Quién dice? Yo creo que la Sala IV se equivoca de cabo a rabo, porque aquí está el artículo 183 de la Constitución, donde clarísimamente dice cuál es la función esencial de la Contraloría, y es la vigilancia de la hacienda pública”. (Ídem). Las negrillas son nuestras.

Entonces, se observan claramente las apreciaciones divergentes entre la facción del chavismo. No hay unidad de criterios ni de posición frente al fallo de la Corte Constitucional. Efectivamente, Pilar Cisneros, aunque no mencionó la palabra “derrota”, estaba reconociendo la realidad porque cuando ella menciona que debía “estar vestida totalmente de negro” es porque algo había muerto, tal era caso del proyecto de Ley Jaguar. Sin embargo, el “Zombi” de la Ley Jaguar se resiste a morir.

Sobre la Versión 2.0 de la Ley Jaguar

De los nueve artículos del proyecto 1.0 de la Ley Jaguar, al ser declarados inconstitucionales cuatros, solamente le quedaron cinco artículos, los cuales son lo que constituyen la nueva versión “Zombi” 2.0 de dicho proyecto de ley. Tanto Rodrigo Chaves como su ministra de planificación, Laura Fernández, declararon públicamente que el “nuevo” proyecto no podía ser sometido a una nueva consulta de constitucionalidad ni declarado inconstitucional, ya que era un producto “químicamente puro” que había sido reelaborado por la ministra Fernández y su equipo de “especialistas”. No obstante, nuevamente, el gobierno se vuelve a equivocar, pues la “pureza química” de su nueva versión Zombi de Ley Jaguar, fue otra vez, sometida a la consulta constitucional. Ahora, debemos esperar un mes más para que los magistrados de la Sala Constitucional den su veredicto y sentencia final sobre ese proyecto mutilado en su esencia.

Por José René Tamariz

El denominado “Pacto Por la Educación Pública” que agrupa a diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y productivas están convocando a una movilización para el 28 de agosto, fecha de presentación del presupuesto nacional de la educación en la Asamblea Legislativa. El eje de lucha de esa movilización es la mejora de la educación pública en todos sus niveles.

Es conocido por todos que el gobierno de Rodrigo Chaves viene recortando, año con año, el presupuesto de la educación sometiendo a una mayor crisis educativa los diversos niveles en ese sector social. Ningún gobierno ha cumplido con el 8% del PIB para la educación. Más bien, el gobierno de Rodrigo Chaves lo viene reduciendo cada año en su administración. El presupuesto más cercano al 8% fue en el año 2020, siendo del 7,3%, mientras que para el año 2023 fue del 6%, en el 2024 fue 5,2% y para el próximo año 2025 se reduciría al 4,8%.

Veamos algunos datos y ejemplos de esa profunda crisis educativa que está teniendo repercusiones negativas en la sociedad y que profundizará esas consecuencias sociales hacia el futuro.

En Costa Rica, solamente el 64% de los niños de 3 a 5 años recibe educación preescolar, mientras que, en la OCDE, organización de la que forma parte el país, acude a esas aulas el 87%. Muchos niños/as de primaria no saben leer, ni escribir correctamente, no comprenden un texto y no manejan las operaciones básicas en matemáticas. Los bachilleres que salen de la educación secundaria manejan matemáticas de noveno años; solo 39 de cada 100 estudiantes de 18 a 24 años que terminaron secundaria pueden acceder a la educación superior, es decir, el 61% no puede recibir educación universitaria.

El financiamiento a la educación pública superior por parte del Estado, mediante el llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cada año se viene reduciendo poniendo en peligro el funcionamiento de las Universidades Públicas. Por ejemplo, actualmente se encuentra en curso la negociación del FEES y el gobierno propone solo aumentar el monto de ese fondo en 1%, mientras que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) propone el 4,06%.

Los salarios de los trabajadores de la educación han perdido su valor adquisitivo, ya que llevan unos 6 años de congelamiento salarial. Las condiciones materiales para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje son cada vez más decadentes. Ahí tenemos como ejemplo la mala infraestructura de cientos de centros educativos con ambientes desalentadores para estudiar o muchas escuelas y colegios con orden sanitaria de cierres.

Mientras esas terribles condiciones materiales de la educación se profundizan, los burócratas sindicales del sindicato APSE en su asamblea nacional, recién realizada los días 7, 8 y 9 de agosto, se opusieron a participar de forma conjunta con el “pacto por la educación pública” en la movilización nacional por defensa de la educación el día 28 de agosto. La presidenta de APSE, Vivian Chaves Chinchilla, que es una doble burócrata, funcionaria administrativa (abogada del sindicato) y ahora “dirigente sindical” de la organización y que nunca ha dirigido una huelga, presentó en la comisión de asuntos varios una añeja propuesta desmovilizadora que luego fue ratificada en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, en el sentido de que se delegara a los miembros de la junta directiva y del Consejo Nacional para convocar a una huelga sin plazos, ni fecha y sin acciones específicas.

Llamamos públicamente a todas las bases del sindicato APSE a romper con la línea política-sindical de desmovilización y de claudicación al gobierno de Chaves y a las autoridades del MEP por parte de los burócratas sindicales de APSE, participando de forma activa en la movilización del 28 de agosto en defensa de la educación pública.

¡Luchemos por presupuesto del 8% del PIB a la Educación!

¡Contra el Congelamiento Salarial, Luchemos por Aumento Real de los Salarios para los Trabajadores de la Educación!

¡Fuera la ministra de Educación, Anna Katharina Muller! 

Por José René Tamariz

La economía de Costa Rica es muy pequeña. El mercado de diferentes bienes y servicios está controlado por algunas estructuras oligopólicas. Tales son los casos de los medicamentos, los alimentos, el transporte público y otros. A pesar de que la moneda nacional, el colón, se ha reevaluado significativamente frente al dólar y la inflación es negativa, los productos y servicios, bajo control de los oligopolios, lejos de disminuir más bien han aumentado de precios, sin que el gobierno y las diversas autoridades hayan sido capaces de cambiar semejante situación de injusticia.  En el presente artículo analizamos el caso de los medicamentos que afecta la calidad de vida de miles de personas. En otro artículo nos referiremos a los casos de los alimentos y el transporte público. Veamos.

Los Oligopolios en los Medicamentos

En el país existen tres grandes distribuidoras de medicinas que controlan el 60% del mercado de importación y distribución de medicamentos. Esas tres empresas son el Grupo Farmanova Intermed (GFI), Centra Farmacéutica SA (CEFA) y la Compañía Farmacéutica SA (COFASA). El resto de distribuidoras que son una 46 se reparten el restante 40% de esa importación y distribución de medicinas.

A su vez, esa distribuidoras e importadoras de medicinas tienes propias cadenas de farmacias desde donde comercializan esos productos. GFI tiene las farmacias Sucre y Santa Lucía. Los principales dueños de ese grupo es la familia Salas Sánchez. CEFA que es controlado por el grupo empresarial Cuestamoras es dueño de las farmacias Fischel y La Bomba. COFASA es dueño de varias farmacias en diferentes provincias.

Es importante destacar que el número de farmacias independientes pasaron de 742 establecimientos en el año 2018 a 636 en el año 2023, desapareciendo 106 farmacias por la terrible competencia en el sector farmacéutico. Mientras tanto, las denominadas farmacias de cadenas, en el mismo período, pasaron de 425 a 614 unidades, incrementándose en 189 el número de farmacias de cadenas. El 17% del total de las farmacias pertenecen al grupo capitalista Cuestamoras; el 7% de las farmacias son de Walmart; el 8% pertenecen al grupo GFI; el resto del 17% de farmacias son de las cadenas Farma Value, Saba, PriceSmart; mientras que el 51% de las farmacias son independientes. Los porcentajes anteriormente señalados son aproximaciones, ya que no existen datos precisos en las diferentes fuentes de información sobre ese tema.

El grupo Cuestamoras tiene diversos negocios en los sectores de energía, bosques, salud e inmobiliario. Sus dueños principales es la familia Uribe quienes era la dueña de la antigua Corporación de Supermercados Unidos (CSU) exdueños de Hipermás, Más x Menos, Maxi Bodega y Palí, los cuales fueron vendidos al grupo estadounidense Walmart. Los supermercados Hipermás se convirtieron en Walmart, Más x Menos conservó el mismo nombre, los supermercados Maxi Bodegas se convirtieron en Maxi Pali y los supermercados Palí conservaron su formato

Por otra parte, hay que destacar que entre esos grupos oligopólicos de los medicamentos existe una lucha feroz para adueñarse y asumir el mayor control posible de ese mercado. El oligopolio de COFASA entabló una denuncia en el año 2012 contra el grupo CEFA por “prácticas monopólicas” entre los años 2010 al 2012. Esa denuncia fue ganada por COFASA y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) le impuso una multa por ₡11.891 millones al oligopolio de CEFA en el año 2019.

A su vez, el grupo COFASA fue multada en el año 2022 por ₡130 millones por Coprocom debido a que no informó a ese organismo la compra de seis farmacias en Heredia y San José en diversos años. Según Coprocom esas compras de farmacias conduce a una concentración del mercado farmacéutico y eliminación de la competencia.

Todos esos grupos oligopólicos han conducido a una alta concentración del mercado de los medicamentos y a la eliminación de las farmacias independientes con diversas prácticas monopólicas, tales como vender, mediante sus farmacias, medicinas a más bajo precios y, a la vez, venderle más caros los medicamentos a aquellas empresas que no son parte de sus cadenas de farmacias.

Es necesario destacar que los precios de los medicamentos en Costa Rica son los más caros del área centroamericana, llegando a ser hasta un 200% más altos. Por ejemplo, una pastilla de dolo neurobion XR (24 horas) en Nicaragua cuesta $1 (525 colones) y en Costa Rica $2.73 (1.435 colones); las gotas de Tramal en El Salvador cuestan ₡4.581, en Nicaragua ₡4.233 y en Costa Rica ₡11.760. Y así, sucesivamente, ocurren las diferencias de precios por los mismos medicamentos. Esas diferencias ocurren porque en Costa Rica los márgenes de ganancias de las medicinas son bien altos. Además, cada farmacia puede vender los medicamentos a sus clientes al precio que estime conveniente o adecuado.  El mercado privado de medicinas mueve alrededor de $550 millones (datos del 2019).

Por otro lado, es importante destacar que “La estructura del mercado farmacéutico en Costa Rica es dependiente de las importaciones, que ascendieron a 825 MUSD en 2022. La producción nacional no cuenta con la fuerza suficiente para hacer frente a la demanda del país y seis de cada diez medicamentos consumidos son importados. Además, el mercado está dominado por empresas extranjeras y a pesar de los esfuerzos del gobierno por fomentar la producción local, las expectativas pronostican una tendencia creciente de las importaciones de medicamentos que podrían ascender a los 1.000 MUSD en 2027”. (El mercado farmacéutico en Costa Rica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá. 31 de octubre de 2023).   

¿Destrucción de los Monopolios mediante Decretos?

El gobierno de Rodrigo Chaves emitió dos decretos, supuestamente, en la dirección de “destruir” los monopolios de los medicamentos. Al respecto, Chaves señaló en ese momento que “Hoy vamos a destruir esos monopolios, porque el decreto que vamos a firmar en un minuto permite lo que técnicamente se llama importación paralela”. (Nuestra Voz. Amelia Rueda. 10 de agosto de 2022). Anterior al decreto de “importación paralela”, el gobierno de Chaves, había emitido otro decreto de “homologación de medicamentos” que, supuestamente, también iba a permitir la disminución de los precios de las medicinas.

Sin embargo, a dos años de los dos decretos del gobierno, homologación de medicamentos e importación paralela, para “destruir los monopolios” de los medicamentos y bajar los precios de las medicinas, la realidad es que los medicamentos, lejos de bajar de precios más bien han aumentado afectando el bolsillo y la salud de miles de personas. Según informaciones periodísticas, basados en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “El precio de los medicamentos farmacéuticos aumentó en promedio un 2.26%a y por categoría hasta un 10.34% desde la firma de los decretos que permiten la importación paralela y la homologación de medicamentos, por parte del presidente Rodrigo Chaves en agosto de 2022 con los cuales aseguró se “destruyen los monopolios de importación”. (Semanario Universidad. Semana del 19 al 25 de junio de 2024).

Frente al fracaso de sus dos decretos para “destruir los monopolios de los medicamentos” y “bajar los precios de las medicinas”, el gobierno de Rodrigo Chaves, a través de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, decidió que esa institución implemente un plan piloto para vender 123 medicamentos y otros productos como bloqueador solar, sueros, toallas sanitarias, pañales desechables para adultos mayores, Ensure y leche para bebés. Esa venta de medicinas por parte de la CCSS sería directamente a usuarios mediante Correos de Costa Rica, así como también en farmacias y hospitales privados.

De acuerdo con el gerente de logística de la CCSS, Esteban Vega “El modelo impactaría en el gasto de bolsillo para 123 medicamentos de mayor demanda en el sector privado y público, mejoraría la capacidad de negociación de la CCSS para incidir en los precios de mercado, y crea opciones a la población de medicamentos de alta demanda a menores precios, siempre bajo estándares de alta calidad y efectividad”. (Semanario Universidad. 18 de junio de 2024).

Esa política gubernamental de que la CCSS venda medicamentos y otros productos directamente a los usuarios, farmacias y hospitales privados aún no ha sido implementada. Sin embargo, su aplicación exitosa podría tener una serie de dificultades y problemas. Es bien sabido por los usuarios de la CCSS que, en determinadas épocas, en la CCSS existe escasez o desabastecimientos de algunos medicamentos y las farmacias de esa institución no se entregan porque no hay en inventarios. Entonces, se corre el riesgo de que la CCSS al vender medicinas a los no usuarios del seguro de salud se pueda producir un mayor desabastecimiento de medicamentos en farmacias de EBAIS, clínicas y hospitales públicos. También se podría producir especulación con esas medicinas por parte de las farmacias y hospitales privados.

No obstante, los anteriores peligros de ese plan es necesario avanzar en la implementación de ese proyecto de venta de medicamentos por parte de la CCSS, pero solo de forma directa a los usuarios y pacientes mediante Correos de Costa Rica o bien a través de un acuerdo entre la CCSS con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para que sus unidades, ya sean clínicas, hospitales y dependencias, se puedan vender las medicinas y los otros productos mencionados.

Otras Propuestas de Solución

1. Regular los precios de las medicinas, mediante su fijación o límite de precio por parte del ministerio de salud, que se utilizan en las enfermedades crónicas que son de gran impacto en la población, tales como cardiopatías, accidente cerebrovascular, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes e hipertensión y otros productos para bebés.

2. Establecer un acuerdo regional centroamericano, mediante el Sistema de Integración Centroamericano en conjunto con los ministerios de salud del área, para importar los principales y más usados medicamentos de los países centroamericanos y que esas medicinas se vendan a precios similares en las distintas naciones de la región. Eso podría ser una importación a gran escala que abarate los precios de las medicinas más sensibles para pacientes y usuarios del área.

3. Establecer un acuerdo entre el gobierno de Chaves y de China para el abastecimiento a bajo costo de los principales medicamentos y productos médicos, eliminando la intermediación, para ser vendidos por la CCSS, el INS e Instituciones de bien social como la JPS y otras.