Por Manuel Sandoval

El descalabro de COOPESERVIDORES y los problemas de DESYFIN abrieron un paréntesis (que se está cerrando) en la ofensiva de Rocío Aguilar (desde la Superintendencia de Pensiones - SUPEN) para hacer una reforma integral de los regímenes de pensiones del país, lesiva a las trabajadoras(es). La tipa quiere “alivianar” el aporte del Estado y los patrones a la seguridad social, y hacerla recaer sobre el ahorro individual de las trabajadoras(es). Acogerse a la jubilación con más edad, con más cuotas y con menos pensión son algunas de sus propuestas para el IVM de la Caja –que no son nada novedosas, porque son las recetas que se han venido aplicando cada vez que se señalan dificultades de financiamiento en el IVM, a lo que añade otras medidas como sumarle el ROP a esta pensión para que no queda tan ínfima y que los pensionados de este régimen paguen por la atención médica.

La tipa había dejado de lado la discusión de las reformas a los regímenes de pensiones en una Comisión que inventó para llevar un proyecto de ley en enero a la Asamblea Legislativa, porque tenía que esconder su responsabilidad en las políticas riesgosas (en el crédito y las inversiones de las instituciones financieras) que ha impulsado desde la Superintendencia General Financiera (SUGEF), políticas que explican la crisis de COOPESERVIDORES y DESYFIN. La CONASSIF despidió al gerente de COOPESERVIDORES: Oscar Hidalgo, y se investigan algunas maniobras fraudulentas, de poca monta, de algunos jerarcas (en DESYFIN también), pero en realidad sólo son chivos expiatorios.

La Caja es autónoma en teoría, pero Rocío ha venido tejiendo tentáculos y por eso no consideramos casual la ofensiva que lanzó ayer en la prensa la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, espantando con un supuesto déficit de ¢74,6 billones en el IVM, que a partir del 2047 implicaría que aunque se gastaran los ¢3 billones de colones de las reservas, sería imposible pagarle la pensión al 43,9% de los pensionados. En estado de shock con este guamazo, es difícil que el lector capte que es una proyección actuarial de 99 años. Suman 99 años de déficits para dejarnos groguis y hacernos aceptar espantados que las reformas para cercenarnos la pensión son necesarias. Nos hacen creer que la población envejece y los trabajadores activos que sostienen el régimen van a ser cada vez menos. Cuando en realidad, si la producción nacional crece, el impacto del envejecimiento de la población sería mínimo si hubiera salarios crecientes.

Es una discusión como la del 8% del PIB para la Educación Pública. El PIB ha venido creciendo, pero el presupuesto del MEP ha sido recortado, porque para la burguesía costarricense es prioritario mantener las exoneraciones en las Zonas Francas, los regímenes tributarios de privilegio a piñeros y bananeros, y la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios. En realidad, el Estado podría sostener el IVM y mejorar las pensiones (sería un mecanismo de redistribución de la riqueza) socándoles la faja a estos estafadores.

De hecho, como los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional (Magisterio, Poder Judicial y otros menores) están cerrados y el proceso natural de la vida es que la gente se muera (lo que se va a acelerar en estos tiempos de calentamiento global), pues de los casi 900 000 millones que van a estos regímenes actualmente, a medida que esta suma disminuya al morirse la gente, se estarían liberando recursos para aumentar la cotización del Estado al IVM.

Las proyecciones actuariales son manipuladas con mala fe. Si toda la fuerza de trabajo en estado de ilegalidad en el país entra a cotizar a la seguridad social, la base cotizable del IVM se mejoraría y respiraría mejor financieramente.

En la Caja hay atrincherados pupilos de Rocío Aguilar y gente neoliberal hasta el tuétano. Hay que rechazar sus intenciones de cercenarnos la pensión aún más. Constitucionalmente, el Estado es garante financieramente del IVM. No permitamos que nos cercenen aún más la pensión para mantener la orgía de la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios.

¡DEFENDAMOS EL DERECHO DE LAS TRABAJADORAS(ES) A UNA PENSIÓN QUE PERMITA VIVIR CON DIGNIDAD DESPUÉS DE UNA VIDA DE TRABAJO!

Por Manuel Sandoval

Desde que se aprobó la reforma constitucional para establecer un piso equivalente al 8% del PIB para financiar la Educación Pública, en el 2011, se ha insistido en que era una meta a alcanzar progresivamente. Desde aquella época la burguesía costarricense tenía la preocupación de frenar el gasto del Estado (ante el crecimiento de la deuda pública al calor de la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios), por lo que la medida fue bastante demagógica.

Sin embargo, casi desde ese momento, y cada vez con más fuerza, se ha planteado en los círculos de opinión de la burguesía que es un objetivo improcedente, porque la población escolar tiende tendencialmente a decrecer y esto aumenta el gasto per cápita por estudiante sin llegar a la necesidad de alcanzar la inversión del 8% del PIB. Don Nogui Acosta, que la semana pasada, cuando presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto nacional para el 2025, demagógicamente habló del 8% como “una aspiración”, ha sentado cátedra en otros momentos sobre lo ineficiente del gasto en educación, señalando que más que aumentar el presupuesto hay que mejorar el rendimiento.

Bajo este criterio no ha vacilado en seguir metiéndole tijera al presupuesto del MEP, que se comenzó a mutilar violentamente desde la Administración Alvarado en medio de la pandemia y el curso lectivo virtual. (El financiamiento de los bonos Proteger se hizo desviando plata del MEP, circunstancia que hizo que las autoridades del MEP no se preocuparan en lo más mínimo por la “conectividad” del medio millón de estudiantes sin recursos tecnológicos). El conjunto de la oposición burguesa en la Asamblea Legislativa (con el Frente Amplio de furgón de cola) ha venido votando estos presupuestos recortados, porque hacen parte de la política de austeridad pactada con el FMI. Chávez habló en campaña electoral de un recorte de ¢400 000 millones, un punto del PIB. Prometió restituirlos y hasta el momento sufre de amnesia.

El presupuesto del MEP para el año entrante alcanza un 4,9% del PIB. Ha caído, en las dos últimas administraciones dos puntos: lo que, con colones actualizados, rondaría el billón de colones. Creemos que un punto del recorte obedece al congelamiento salarial violento que sufren los educadores, al recorte a programas de becas y transporte escolar y al abandono presupuestario del mantenimiento y construcción de infraestructura educativa. El otro punto de disminución es proporcional al crecimiento del PIB, es decir, la producción nacional (el PIB) ha crecido y se ha reducido el porcentaje que corresponde al presupuesto del MEP.

Es la contradicción que señalábamos en la nota anterior y que el mismo Nogui Acosta reconoce a medias. Crecen las exportaciones, deberían aumentar los ingresos tributarios del Estado, pero las exoneraciones lo impiden, y los grandes empresarios evaden el pago de impuestos y estafan al fisco. Como este gobierno los representa, ni pensar en socarles la faja.

Por eso se esfuerzan en presentarnos un financiamiento equivalente al 8% del PIB como algo exorbitante y fuera de las posibilidades del país.

En realidad, estamos hablando de ¢1,5 billones (¢1 500 000 millones), una suma de tres puntos del PIB que Hacienda podría recolectar en un período de año – año y medio, mediante una reducción progresiva de las exoneraciones (para recoger ¢500 000 millones) y un ataque en regla a los evasores fiscales (para recaudar por lo menos 1 000 000 millones). Esta inyección financiera en Educación tendría un efecto positivo sobre la economía nacional: son ¢600 000 que tendrían que destinarse a cubrir el faltante en infraestructura educativa. Decenas de miles de empleos en el sector construcción. Sin embargo, lo más importante es que el país podría recuperar terreno (capacitando científicos e ingenieros) para atraer inversión tecnológica de punta. Con el “apagón educativo” de los últimos años y la Müller al frente del MEP es notorio el retroceso educativo que sufre el país.

Con dos medidas anexas se aliviaría el peso de la carga de la deuda pública y se generarían recursos para reactivar la economía:   1. El Banco Central podría eliminar deuda empleando para ello la mitad de las reservas internacionales en dólares.   Estableciendo un control directo sobre el tipo de cambio (una herejía para los neoliberales, por supuesto) para evitar las tensiones cambiarias que podrían producirse.   2. Los recursos del ahorro interno: depósitos bancarios y fondos de pensiones se invertirían en inversión pública con garantías del Estado, en vez de estar siendo utilizados en especulaciones bancarias en Wall Street.   Evidentemente, habría que hacer una limpia en la CONISSIF, la SUGEF y la SUPEN, y comenzar por meter a la cárcel a Rocío Aguilar para que no ocurran descalabros con nuestros ahorros.

Algunos adversarios amarillos y rosados dirán que es una posición reformista. En realidad, intento demostrar que cumplir con el 8% del PIB como piso para financiar la educación pública sería una medida positiva en el marco del funcionamiento capitalista del país y no es ilusoria. Sólo exige la movilización estudiantil y popular para imponerla. De la Asamblea Legislativa sólo van a salir pichuleos. La burguesía no está dispuesta a enfrentar la evasión y el fraude fiscal, ni a ponerle límite a las exoneraciones.

De los recursos a la Sala IV que interpuso la APSE el año pasado y un grupo de estudiantes universitarios en estos días, lo más probable es que sólo salga un llamado en términos más perentorios al gobierno, para que aplique la “progresividad” implícita en la norma constitucional. Así fue como falló la Sala IV un recurso anterior de la APSE en el 2016.

Sin una lucha feroz en las calles la burguesía no va a acceder a concretar un financiamiento equivalente al 8% del PIB para la educación pública.

Por José René Tamariz

El 28 y 29 de agosto se realizó la gran huelga nacional de los sectores más dinámicos de trabajadores y sociales del sector público, tales como federaciones estudiantiles y sindicatos de universidades públicas; colegios y escuelas del Ministerio de Educación Pública (MEP); empleados del sector salud y otros sectores sindicales como ANEP, sociales y productivos. Esta numerosa y espectacular huelga nacional fue convocada por el bloque sindical, social y productivo denominado “Pacto Nacional por la Educación Pública”, conformada por unas 70 organizaciones.

Los dos días de huelgas y movilizaciones fueron exitosa desde el punto de la gran participación de los diferentes sectores. El primer día de huelga del 28 de agosto tuvo una grande y alta participación, principalmente, de las universidades públicas y trabajadores de la educación del MEP organizados en la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), llegando entre unos 7 mil a 10 mil participantes. Los objetivos centrales de esa huelga y movilizaciones fue luchar en contra de los recortes presupuestarios al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la exigencia al gobierno de Rodrigo Chaves para que entregue el 8% del PIB constitucional al sector educativo.

Las organizaciones estudiantiles y gremiales de las universidades públicas tuvieron una destacada participación, principalmente, de la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Estatal a Distancia (UNED). Igualmente hubo una gran participación de los sindicatos magisteriales ANDE y SEC.

El Segundo día de la huelga, 29 de agosto, continúo la huelga y movilización de forma regionalizada. En todas las provincias del país, así como en diversos cantones se realizaron diversas marchas. En San José la movilización partió desde el parque central hasta el edificio del ministerio de Hacienda para exigir el cese de los recortes presupuestarios al sector educativo y el cumplimiento del 8% del PIB para educación. Y, así sucesivamente, se produjeron las marchas en otras regiones.

El Reanimamiento del Movimiento Estudiantil y Trabajador del Sector Público

Es de importancia y necesario destacar que la gran huelga y movilización tanto nacional como regionalizada del 28 y 29 de agosto rompe con el ciclo de desmovilización del movimiento de masas en el país. Debemos sostener que dicho movimiento huelguístico y de movilización constituye el más grande en el curso de la administración de Rodrigo Chaves. Todo parece indicar que existe un proceso de reanimación, disposición a la organización y lucha del movimiento estudiantil y trabajador de las universidades que, por mucho tiempo, durante la administración de Carlos Alvarado estuvieron desmovilizados. Igual proceso se observa en el sector magisterial de los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP). Este proceso dinámico de huelga y movilización es amalgamado por las políticas neoliberales y el violento plan de ajuste fiscal de profundización de los recortes presupuestarios y del gasto público social por parte del gobierno de Chaves.    

Posición de la Burocracia Sindical de APSE ante la Huelga Nacional

La única organización magisterial ausente en las movilizaciones y huelga del 28 y 29 fue el sindicato Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).  En un principio, la burocracia sindical de APSE realizó solamente una “invitación” a participar del movimiento del 29 de agosto, posteriormente dicha “invitación” la hizo extensiva al 28 de agosto, pero nunca hizo una convocatoria oficial a la participación en ese proceso huelguístico y movilizador.

En una comunicación del secretario general de APSE, burócrata sindical irredento, Mauricio Jiménez Alvarado, hacia la afiliación, de forma descarada les planteó que “… desde APSE no se está convocando a una huelga. Se hizo una invitación para participar de las actividades regionales del 29 a las personas que lo puedan hacer. No sólo le pueden rebajar el día, sino también deber saber que dos ausencias seguidas sin justificación dentro del mismo mes calendario se puede abrir un expediente disciplinario y el funcionario se expone a ser despedido”.

Esa posición pusilánime y traidora de los burócratas sindicales de APSE pareciera que no tienen límites. Ese comunicación o circular del secretario General se asemeja al memorándum del miedo de Kevin Casas durante el proceso de referéndum del TLC. Como todo escrito que introduce el miedo entre los afiliados es despreciable y pro patronal, además de mentiroso. Veamos

El derecho a la huelga es legal contra las políticas públicas que van en contra de los intereses de los trabajadores y demás sectores sociales. Se puede ejercer por dos días y no pasa nada, ya que es totalmente legal. Tal como se planteó para los días 28 y 29 de agosto. Sin embargo, pese al intento de inducir al miedo por parte de ese burócrata sindica, miles afiliados de diferentes regionales del sindicato APSE no le hicieron caso y rompieron con la política traidora y de desmovilización de los burócratas sindicales y participaron activamente en la gran marcha nacional.

¿Cuáles Fueron los Resultados del Movimiento Huelguístico?

Después de la marcha nacional del 28 de agosto la llamada “Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo” firmaron el “Pacto Nacional Por la Educación Pública” que consta de 18 puntos que fue enviado hacia al presidente de la República, al presidente de Asamblea Legislativa y la defensora de los habitantes Las demandas, entre otras, las siguientes:

a.- Avanzar, de forma progresiva hacia un presupuesto para todos los niveles de educación pública equivalente al 8% del PIB como lo plantea la Constitución Política.

b.- Fortalecer la inversión social para garantizar el financiamiento de los programas sociales.

c.- Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes e instaurar una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas.

d.- Restaurar los convenios de cooperación con las universidades estatales como pruebas de dominio lingüístico para estudiantes de último año de secundaria.

e.- Atender los 100 centros educativos cerrados por órdenes sanitarias, recuperar la infraestructura educativa, mejorar la conectividad de las escuelas y colegios y mejorar los programas de equidad como transporte de estudiantes, comedores escolares y otros.

Al final de la movilización del 28 de agosto una representación del “Pacto Nacional Por la Educación Pública” entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, el documento de 18 demandas, ya que ahora le corresponde a ese órgano definir y decidir el porcentaje que se le debe aumentar al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

Es importante destacar que las negociaciones entre el gobierno de Chaves y el CONARE integrado por los rectores de las cinco universidades públicas fracasó. Los rectores demandaban un incremento del FEES del 4,06% mientras que el gobierno sólo aceptaba dar un 1%. La comisión del gobierno para negociar ese fondo se mantuvo firme y no cedió y, por ende, no hubo acuerdo. Entonces al no haber acuerdo, según con la Constitución Política, ese proceso de negociación pasa a la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, es necesario señalar que ese proceso de negociación entre la Asamblea Legislativa, el gobierno y los rectores se encuentra en un callejón sin salida si se mantiene entre las cuatro paredes del Congreso, puesto que, dicha institución, no tiene mucho margen para aumentar el 4,06% al FEES porque no tiene de donde tomar el contenido financiero para realizarlo. La lucha por aumentar el presupuesto para la educación y del FEES debe regresar a las calles con el llamado a una huelga general nacional que imponga, por la vía de la movilización, las demandas planteadas, a las cuales se le debe sumar un aumento real de los salarios para los trabajadores del sector público.

Según el criterio de los servicios técnicos de la Asamblea Legislativa “Los diputados no pueden aumentar el Fondo Especial para la Educación Especial (FEES) sin definir una fuente de ingreso en el Presupuesto Nacional del 2025, ya sea recortando otras partidas o señalando ingresos certificados por la Contraloría General de la República (CGR), “como ocurre con cualquier moción que asigne nuevos montos”. (La Nación, 26 de agosto de 2024). Entonces, recortar un 3.06% del presupuesto nacional a otras partidas o ministerios está muy difícil y conseguir una nueva fuente de financiamiento para el FEES también se ve imposible.

De ultimo, debemos alertar que no se debe depositar ninguna confianza en los neoliberales de la Asamblea Legislativa, ya que ahora para ganar clientela política, de cara a las elecciones del año 2026, han comenzado a coquetear con el proceso movilizador y huelguístico al grado tal que varios diputados del PLN y otros partidos participaron de la marcha nacional del 28 de agosto para congraciarse con los dirigentes de ese movimiento.

Es una falsa postura de los neoliberales de la Asamblea Legislativa que, supuestamente, ahora están con la demanda del movimiento social y huelguístico. Ellos siempre se opusieron a aumentar el FEES y han aceptado reducir el presupuesto a la educación, de forma sistemática, aun siendo “oposición” del gobierno de Alvarado. Ahora que mantienen fuertes roces con el gobierno de Chaves, aparenta tener una posición política diferente, pero al final van a terminar reduciendo el presupuesto para la educación y del FEES. Ya los diputados del PUSC han señalado que ellos están de acuerdo con el aumentar solamente el 1,5% al FEES! Y, así sucesivamente será la posición de los neoliberales del Congreso

El Fracaso de la Política Educativa del Gobierno de Rodrigo Chaves

La irresponsable ministra de educación, Anna Katharina Müller, le solicitó a la Contraloría General de la República (CGR), tiempo hasta el mes de mayo del año 2025 para presentar su fantasmal "política educativa" y "ruta de la educación". Esa propuesta de prorroga es una monumental irresponsabilidad e incapacidad de como conduce este gobierno los asuntos del Estado.

Si dicha "política educativa" se presenta en mayo del 2025 quiere decir que, después de tres largos años de gobierno, en realidad, el MEP y el gobierno de Rodrigo Chaves, nunca ha tenido ni tuvo en su gestión administrativa política educativa. El sector estratégico de la educación, simple y sencillamente, ha estado en dos años y uno más a la deriva, improvisaciones y desvaríos de la cabeza de Müller.

Lo mínimo que debería hacer la inoperante e irresponsable ministra de la educación es renunciar de inmediato, ya que el puesto en ese ministerio le quedó muy grande, siendo incapaz de conducir el más grande ministerio del país. Y si no quiere renunciar hay que echarla por la fuerza de la movilización y la protesta social.

¡Fuera Anna Katharina Müller del MEP!

¡Por el Aumento del 8% de PIB para Educación!}

¡Por un Incremento al Menos del 4% al FEES!

Nogui Acosta presentó el proyecto de presupuesto del 2025 en la Asamblea Legislativa

Por Manuel Sandoval

Don Nogui Acosta tiene una gran cualidad, que contrasta con la predisposición del Caudillo y la Pilarica a hacernos creer que es de día, si lo consideran necesario, aunque haya oscuridad, la Luna y las estrellas brillen en el Firmamento y la telenovela turca “Legado de amor” esté pasando por Repretel. Don Nogui, en medio del cinismo que lo caracteriza y el aplomo que le da el reconocimiento de organismos financieros internacionales como el Ministro de Hacienda que mejor ha aplicado a nivel internacional las recetas de recorte del gasto del Estado tan caras en el mundo de las finanzas, da explicaciones a medias, cercanas a la verdad.

Al personaje lo considerábamos bastante limitado, una criaturita de Rocío Aguilar (la patrona de las mafias financieras del país en la SUGEF y la SUPEN), cuyo mérito principal era tener una columna vertebral muy dúctil, tanto como para durar con Chávez (que no soporta que nadie le haga sombra). La verdad es, sin embargo, que don Nogui brilla con luz propia, un resplandor opaco por la medianía del resto de la tropa de ministros y viceministros que encabeza Chávez.

La prensa ha destacado que el proyecto de presupuesto nacional para el 2025: ¢12,4 billones, prácticamente no crece, más bien estaría disminuyendo ligeramente; lo que don Nogui señala que no es tan así, porque ha crecido un poquito al disminuir el servicio de la deuda pública en ¢244 000 millones.

(Dicho de pasada, don Nogui debe estar jugando con los números para hacernos creer que la deuda decrece, y convencer de que las medidas de contención del gasto público que está aplicando son efectivas, a fin de que se acepte un presupuesto aún más recortado que los anteriores. Nos atrevemos a pronosticar que en unos meses no nos va a presentar un panorama tan positivo. El país sigue en una espiral de endeudamiento para pagar deuda con deuda, el 44,3% del presupuesto se dedica al servicio de la deuda y un 37,6% de los recursos con los que se financia el presupuesto nacional dependen de nuevos préstamos. No vamos a hacer la operación matemática aquí, pero cada colón que se paga se cancela con un colón prestado. Esto se refleja en que la deuda no baja del 60% del PIB, frenando reajustes salariales y gasto de capital conforme a la camisa de fuerza de la Regla Fiscal. Don Nogui sólo promete que habrá más flexibilidad cuando la deuda baje por debajo del techo del 60%, en el 2026).

El ministro Acosta es más consistente haciendo de pulpero, sus precisiones se dan en torno a pequeños montos. Incluso nos asevera que el presupuesto del MEP aumentó en ¢22 000 millones, porque ya no se pagan las miserias salariales (por costo de la vida) que se adeudaban desde los tiempos de Carlitos Alvarado. No nos dice que para reponer la infraestructura educativa se necesitan unos ¢600 000 millones, y que en este presupuesto no se proyectó prácticamente nada. (El MEP está gastando ¢95 000 millones que se arrastraban sin ejecutar desde hace ya rato y pareciera que con eso y una buena dosis de demagogia en torno a los milagros educativos de la Müller es suficiente).

En lo que sí es enfático es que no se puede gastar un cinco más de lo que proyectó y que no está dispuesto a girarle a las universidades públicas, si los diputados los asignan, los ¢23 000 millones de más que reclaman (un crecimiento del FEES del 4% que no cubre la inflación acumulada y no cubierta de los últimos años). En tono desafiante dice que “no acatará” y se arroga el derecho de decidir qué partidas del presupuesto nacional paga y cuáles no. Pareciera que sólo está dispuesto a darle un 1% de incremento al FEES, porque el Jefe descubrió que la demagogia contra los “Faraones” de las universidades públicas (los Rectores con sus salarios altos) son un caballito de batalla para sustituir el tema gastado de las pensiones de lujo.

Bueno, pero lo cierto es que el presupuesto nacional no crece desde la anterior administración. El superávit en el gasto del Estado excluyendo el servicio de la deuda (el superávit primario del 1,5% con relación a los ingresos fiscales) que el ministro se atribuye como mérito suyo, expresa una disminución real del gasto público que resultaría muchísimo mayor si tomáramos en cuenta la inflación acumulada. No es necesario señalar aquí lo que este recorte significa en términos del hundimiento del sistema de Educación Pública del país, del deterioro de la atención médica que brinda la Caja al incumplir el Estado con sus obligaciones con la Seguridad Social, de la destrucción de programas sociales y del deterioro de la seguridad ciudadana y la infraestructura vial.

El Caudillo se vanagloria de que la economía costarricense crece "a lo loco" -lo que es cierto, aunque exagera y tiene que ver con la economía norteamericana más que con políticas de este gobierno. ¿Por qué entonces, no aumenta la recaudación fiscal y se frenan los recortes presupuestarios?

Don Nogui nos lo explica: “La recaudación del gobierno no depende necesariamente del PIB, y cuando el PIB crece, no necesariamente recaudamos impuestos. El PIB no solamente tiene un componente local, que es el que paga impuestos, sino que también tiene un componente, particularmente en zonas francas, que no paga impuestos” (La Nación 30/08/2024).

Decimos que don Nogui dice verdades a medias y con gran cinismo, porque nos oculta que si no estuviera protegiendo a los grandes evasores fiscales, sobrarían recursos para financiar el gasto en Educación y Salud. Según Acosta, la evasión fiscal ha bajado casi dos puntos en su gestión al frente de Hacienda (rondaría un 6% del PIB si le creemos), pero como él mismo señala lo que ha tocado es el contrabando en las fronteras y los pequeños comerciantes. ¡CON LAS GRANDES EMPRESAS QUE ESTAFAN AL FISCO NO SE METE! Es la gente para la que gobierna Chávez y por lo menos un billón de colones se pondría hacer entrar al Fisco rápidamente si les metiera en cintura y se eliminaran las exoneraciones a las transnacionales y empresas capitalistas como la Dos Pinos.

La posición dura del ministro de Hacienda frente a los diputados de la oposición burguesa, parte de que no van a ir a fondo a aumentar el gasto social del Estado cuando analicen el proyecto de presupuesto nacional para el 2025, porque también tienen interés en mantener la evasión fiscal. Igual que don Nogui todos coinciden en que un financiamiento equivalente al 8% del PIB para la Educación Pública es “una aspiración”.

Así las cosas, la política de los sindicatos, las autoridades universitarias, las federaciones estudiantiles y las otras organizaciones que suscriben el Pacto por la Educación, de esperar pasivamente lo que suceda en la Asamblea Legislativa, NO CONDUCE A NADA. Si no se desarrolla un movimiento independiente de los trabajadores y estudiantes universitarios, y los docentes de Primaria y Secundaria siguen supeditados a las cúpulas burocráticas de los sindicatos, sin darle continuidad a la movilización iniciada el 28 y el 29 de agosto; sólo vamos a tener algunos pichuleos, pequeñas sumas que moverán los diputados de la oposición burguesa y el Frente Amplio, y al final se repetirá la historia de los últimos años, de que votan el presupuesto recortado que propuso Hacienda y la fracción chavista se abstiene porque “no respetaron” la política de austeridad.

UNA FARSA COMO LE GUSTAN A CHÁVES.