Junta Directiva de APSE (Enero 2024-Diciembre 2025)

Por Manuel Sandoval

Para zafarse de convocar al paro del 28 y el 29 de agosto en defensa de la Educación Pública,  la dirigencia de la APSE puso de pretexto que iban a convocar una gran huelga posteriormente, cuando en la Asamblea Legislativa avanzara la discusión del presupuesto nacional para el 2025, pues alegaban que no podían gastar en el plano legal el recurso a la huelga.

De un movimiento que los dirigentes de la APSE anunciaban que iba a ser casi de carácter insurreccional, por la fuerza que iba a tener con la incorporación de otros sectores, se ha pasado a un día de paro en el que las diferentes regionales de la APSE se alternarán de lunes a miércoles; invitando a participar a los educadores de la GAM que lo deseen, a unos piquetitos en Cuesta de Moras a partir de las 3 p.m, cuando se entre en la fase final de discusión en el plenario legislativo del presupuesto nacional.

La verdad que no entendemos para qué “la movilización”, cuando la misma dirigencia se muestra satisfecha con los ¢26 000 millones de incremento a partidas para gastos de Primaria, Secundaria y Pre-escolar y los ¢11 000 millones de aumento al FEES, que hicieron diputados de la Oposición al gobierno. Movimientos que la dirigencia apsina atribuye a “la incidencia de la APSE” con volanteos, caravanas de autos y presencia en las barras de la Asamblea Legislativa (Comunicado del 18/10/2024). Así como a pronunciamientos de apoyo a la financiación de la Educación Pública que gestionó en varias municipalidades.

Un triunfo muy hablado, ya que la APSE apoya un proyecto de presupuesto nacional que va a ser votado por todas las fracciones parlamentarias de la burguesía (con el FA a la cola), porque va en la línea del Acuerdo con el FMI de hacer un fuerte recorte fiscal, al precio de sacrificar el gasto social del Estado en Educación, Salud y Seguridad Social. En este presupuesto no se recuperan los ¢300 000 millones que desde la anterior Administración se le han cercenado al MEP. Si el gobierno, como en los últimos dos años, vota en contra por los montos sobre-estimados del pago de intereses de la deuda pública que los diputados de la Oposición desviaron para financiar partidas de Educación, Seguridad y otros rubros, lo hará demagógicamente, sabiendo que el presupuesto nacional se aprobará casi como lo presentó Nogui Acosta.

El triunfo “notable” de la APSE garantizando el presupuesto para la Educación Pública queda muy cuestionado por las últimas inundaciones. Prácticamente no hay recursos para atender las instalaciones educativas afectadas (y antes de las inundaciones se calculaba en ¢400 000 millones los fondos que era necesario invertir). Lo poquito que se haga el año entrante dependerá de la presión que hagan las comunidades y de que el gobierno saque un poco de plata de los $160 millones del préstamo que se va a gestionar para atender los daños causados por los temporales recientes.

“La gran movilización” de la próxima semana fue fragmentada con la excusa de los temporales. Algunos mal pensados hablan de que este parito inofensivo, que acerca las vacaciones, es de compadre hablado con el MEP para que no haya rebaja salarial. No contempla ninguna reivindicación salarial de los educadores, pese a todos los problemas de pago que existen y a la brecha salarial que se está creando con relación a los educadores nuevos nombrados bajo la Ley de Empleo Público. 

Con los últimos préstamos que se van a contraer, el piso del endeudamiento del país se va a mantener por arriba del 60% del PIB, manteniendo la aplicación de la Regla Fiscal y el congelamiento salarial. Para ser justos con la dirección de la APSE, tenemos que decir, sin embargo, que todas las dirigencias magisteriales le zafan el bulto al problema, porque exigiría una lucha consecuente y frontal que no están dispuestas a dar. Después del 28 y el 29 las dirigencias de la ANDE y el SEC, las federaciones y sindicatos universitarios, y los rectores, también se borraron de la lucha. Atenidos a las migajas que dieran los diputados de la Oposición para quedar bien parados

Buscando eje para el movimiento de esta semana,  la dirigencia de la APSE comenzó a hablar de los proyectos que amenazan los regímenes de pensiones, pero tampoco puede levantar consecuentemente esta lucha. Limitémonos a decir por ahora, que las dirigencias magisteriales se han tragado la transformación del ROP en “Fondos Generacionales”, la operación inicial de Rocío Aguilar para hacer depender las pensiones del ahorro personal y la especulación financiera. Que de más está decir, puede significar que las platas se esfumen de la noche a la mañana. 

Las educadoras(es) deben construir un espacio de reflexión independiente y crítico, para impulsar procesos de movilización, organización y lucha desde las escuelas y colegios, al margen de los burócratas que le capitulan al gobierno en la Comisión PARITARIA MEP-SINDICATOS.

Si no lo hacemos, y no nos apoyamos en los estudiantes y los padres de familia, en la lucha en defensa del derecho a la Educación, VAMOS A SEGUIR LLEVANDO PALO.

Por José René Tamariz

En Costa Rica existe, desde hace décadas, una democracia burguesa liberal basada en tres componentes: el político, el económico y el social. En el componente político se incluyen, entre otros,  las elecciones periódicas cada cuatro años; existencia de amplias libertades individuales, garantías y de prensa formal controlada por grupos de grandes poderes económicos;  separación de los poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), una institucionalidad democrática con un sistema de frenos, pesos y contrapesos; el tipo de régimen político presidencialista; un sistema de partidos políticos multipartidista de origen más reciente, ya que hasta el año 2014 ese sistema estuvo dominado por el bipartidismo, un Estado de derecho, cada vez más en crisis, así como características.

El componente económico está conformado por el sistema capitalista con un supuesto “libre mercado” que, en realidad, es un mercado oligopólico muy poderoso que dominan el mercado en general, ya sean de mercancías como medicinas, alimentos y otros productos, así como los servicios de telecomunicaciones, transportes y otros servicios; un sistema financiero integrado de forma mixta (banco del Estado y público, bancos privados, cooperativas y otras instituciones financieras) y un modelo de economía dual (régimen definitivo y especial) en proceso de agotamiento desde hace varios años.

El componente social lo constituye el denominado Estado social, cada vez más en crisis y decadencia por la implementación de las políticas neoliberales de los gobiernos de turno. Ese Estado social garantiza, en términos generales, el acceso gratuito a la salud a la mayoría de población; el acceso gratuito y obligatoria a la educación preescolar, primaria y secundaria y el ingreso, a bajos precios, en las universidades públicas; un sistema público de jubilaciones con diferentes tipos de regímenes como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS0) que es mayoritario, así como el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y de Reparto del Magisterio Nacional, el Régimen del Poder Judicial y otros menores; un sistema de ayudas sociales diversas mediante transferencias por parte del Estado hacia los sectores pobres y vulnerables.

La Constitución Política de 1949

El 7 de noviembre se cumplió y celebró el 75 aniversario de la Constitución Política promulgada el 7 de noviembre del año 1949. La Constitución Política redactada por una comisión nombrada por la Junta de Gobierno y convocada por el presidente de facto, José Figueres Ferrer, vencedor de la guerra civil del año 1948, fue rechazada por mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente.  Esa Asamblea adoptó como texto base la vieja Constitución del año 1871 para realizarle un conjunto de enmiendas y nuevos artículos. De ese modo, la actual Constitución Política, aprobada en aquella fecha, es heredera de la Constitución de 1871.  

Una de las principales preocupaciones y cambios que realizaron los constituyentes de 1949 fue el relacionado con el poder Ejecutivo. Al respecto el constituyente, Mario Alberto Jiménez, escribió en una de sus obras que “En la colección de nuestras constituciones, es la que más realiza la preocupación de crear un mecanismo de frenos, pesos y contrapesos. El Ejecutivo, según la literatura constitucional ya no es el único que gobierna, a su lado se yerguen las instituciones autónomas y el Poder Legislativo puede también, si lo quiere, influir en el gobierno. A su vez dentro del Ejecutivo mismo, el presidente ya no puede decir, yo soy el ejecutivo. Hoy el Ejecutivo es el presidente y sus ministros. Las municipalidades se han liberado de la tutela del Ejecutivo y así se ha operado otra descentralización”. (Aguilar Bulgarelli, Oscar: La Constitución de 1949. Editorial de Costa Rica, 1981, página 140).

Un Presidencialismo “Enclenque” o No Dominante

Es importante destacar que, de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo fue el que, con la aprobación de la Constitución Política de 1949, el que más salió perdiendo poder. Según Bulgarelli “… este Ejecutivo no sólo fue debilitado, como ya se ha dicho, sino que en el transcurso de los años y desde la promulgación de la Constitución Política, se le negó el derecho de administrar una serie de servicios que, al ser creados, fueron entregados a instituciones autónomas…”. (Ídem). Otros cambios de importancia que le dieron más poder a la Asamblea Legislativa, al Judicial y, al recién creado poder Electoral, reduciendo los de poder Ejecutivo fueron, entre otros, los siguientes:

“Se redujeron los poderes legislativos del Ejecutivo. Se equipararon los períodos de las sesiones extraordinarias y ordinarias del congreso, pues se pasó de una estructura anual de nueve meses de sesiones extraordinarias bajo control del Ejecutivo y tres meses de ordinarias bajo control del Legislativo, a seis meses por igual. Además, se eliminó la potestad del Ejecutivo de convocar a una Comisión Permanente, compuesta por 5 personas diputadas, para la producción temporal de decretos de emergencia cuando el Congreso estuviese en receso”. (Estado de la Nación, 2023: 233).

También se eliminaron las elecciones de medio período de la Asamblea Legislativa “… por medio de las cuales se renovaba la mitad de los integrantes del Poder Legislativo. Estas elecciones, que se habían conservado ya casi como una tradición en las anteriores constituciones, fueron eliminadas al declararse que los diputados duraban en funciones cuatro años sin posibilidad de reelección en forma sucesiva”. (Bulgarelli, 1981: 148). Evidentemente, la eliminación de las elecciones de medio período para renovar la mitad de los diputados, le eliminó la posibilidad al Ejecutivo que tiene minoría parlamentaria de aumentar la cantidad de sus diputados y, de esa forma, facilitar la aprobación de sus proyectos y planes.

“Se eliminaron los poderes electorales del Ejecutivo tales como la organización de elecciones, la potestad de conformar la lista de electores, de nombrar los funcionarios electorales y efectuar el escrutinio de votos”. (Estado de la Nación, 2023: 233). Esas funciones quedaron a cargo del nuevo poder creado en esa Constitución, el Electoral o Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Se abolió el ejército, lo que eliminó un factor de inestabilidad política y, a la vez, un recurso empleado con frecuencia por los Poderes Ejecutivo para cerrar o subordinar otros poderes. Adicionalmente, se distribuyeron las fuerzas de seguridad entre distintas instituciones y poderes del Estado, de manera que el presidente de la República no tiene control pleno de estas fuerzas”. (Estado de la Nación, 2023: 233). Por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que una policía especializada se encuentra bajo el control del poder Judicial.

Debido a la eliminación de muchas atribuciones o poderes que tenía el poder Ejecutivo con la aprobación de la Constitución Política del año 1949, es que el líder del PLN, Daniel Oduber, planteó que esa situación “… ha traído la aparición de una serie de gobiernos con un Ejecutivo enclenque, que para poder realizar alguna labor, o bien para poder materializar algunos de sus planes, han tratado a cada momento y a escondidas, de violar la Constitución”. (Bulgarelli, 1981: 139). Esas violaciones a la Carta Magna se han producido en diferentes gobiernos, tanto en los del PLN, PUSC, PAC y, más recientemente, por parte de Rodrigo Chaves.

Debilitamiento de las Clases Media y Democracia

El planteamiento teórico del marxismo, basado en la experiencia de la lucha de clases y en los diferentes procesos revolucionarios, de que la democracia burguesa es más fuerte y solida como régimen político cuando tiene el apoyo de las clases intermedias o pequeña burguesía, se ha venido a confirmar de forma empírica, en cierto modo, también en Costa Rica. El informe del Estado de la Nación del año 2023 realiza una correlación entre la desigualdad salarial de los estratos medios y su retirada en la participación electoral. De acuerdo con ese informe “La información evidencia una “retirada” de los estratos medios de las urnas en las últimas décadas. En otras palabras, no solo la curva de la probabilidad de votar según niveles de ingreso se ha desplazado negativamente con cada nueva convocatoria a las urnas, sino que ese desplazamiento es más pronunciado entre los electores de ingresos medios en comparación con los registrados por lo de ingresos bajos”. (Estado de la Nación, 2023: 240).

Más adelante, ese informe sostiene que “Este efecto más pronunciado en los niveles intermedios, antes no conocido, puede implicar un serio problema para la democracia electoral costarricense en el largo plazo. Esta ha sido históricamente reconocida por ser una democracia de “capas medias”, considerando el tamaño de estas capas en la sociedad, fuertemente conectadas con la política y con un alto nivel de participación y apego a los valores democráticos como el apoyo al sistema político y la tolerancia… Si los hábitos de votar de estos segmentos del electorado están variando y su alta afluencia a las urnas disminuye aún más que en el pasado reciente, habría un debilitamiento de una de las fortalezas del sistema político”. (Ídem).

Al respecto de la relación entre democracia y apoyo de las clases medias, León Trotsky, plantea que “… La democracia, régimen político, es más inquebrantable, más acabada, más firme cuanto la masa pequeñoburguesa de las ciudades y los campos, insuficientemente diferenciada desde el punto de vista de clase, ocupa más espacio en la vida social…”. (Trotsky, León: Terrorismo y Comunismo. Fundación Federico Engels. España, 2005, página 43). Y más adelante insiste en que “… La democracia burguesa consigue realizar tanto mejor su obra cuanto más apoyada está por una capa más profunda de la pequeña burguesía, cuanto mayor es la importancia de esta última en la vida económica del país y más bajo, por consiguiente, el nivel del antagonismo de clase…”. (Ídem)

De acuerdo con la investigación del Estado de la Nación citado, la base social del régimen democrático burgués costarricense se ha debilitado. Entonces, la importancia y espacios de la pequeña burguesía en la vida económica y social en Costa Rica es, cada vez, menor. Su rol de colchón de amortiguamiento del régimen democrático ha disminuido sensiblemente.  Las clases medias consideradas tanto por sus ingresos como por ser dueñas de pequeñas y medianas empresas, las cuales cada año se reducen, han realizado un proceso de “retirada” en el apoyo de la democracia, así como una ruptura acelerada de las ilusiones democrático burguesa con la democracia.

El Derrumbe de los Partidos Políticos Tradicionales y la Crisis de Representatividad

En un artículo anterior sosteníamos que existe un derrumbe de los partidos tradicionales y emergentes debido a diferentes elementos, entre los cuales, se encuentran la derrota en las elecciones de 2022 de todos los partidos políticos a manos de un partido recién creado y por un candidato advenedizo como lo era Rodrigo Chaves; la derrota continua, elección tras elección, de los partidos políticos tradicionales y  porque “… existen una serie de datos de encuestas que reflejan la crisis del sistema de los partidos políticos: 8 de cada 10 ciudadano no tienen simpatía por ningún partido político; el PLN pasó de tener el apoyo de entre un 40% y 30% a un raquítico 4,3%; el PUSC sólo tienen unas preferencias de apenas el 3%; Nueva República, apenas llega a una simpatía del 0,5%; el PLP tiene unas simpatías tan solo del 1% y el FA llega, igual que NR, al 0,5% de simpatías del electorado. El PPSD, partido con el que llegó al poder Rodrigo Chaves, puntúa el porcentaje más alto de apoyo del electorado con el 5,4%, aunque es conocido que Chaves rompió con ese partido político…”.  

Es importante destacar que los partidos políticos son organizaciones que representa a las clases sociales o sectores de clases que luchan por el poder político. El PLN, el PUSC y el PLP representan a sectores burgueses del capitalismo costarricense. El PNR representa a ciertos sectores de clases medias y populares evangélicas, mientras que el FA representa también a ciertos sectores de clases intermedias de universidades públicas, empleados públicos y otros. Si algunos partidos políticos como el PLN y el PUSC, que controlaron y alternaron el poder por décadas, no toman el poder por la vía electoral su crisis se profundiza en cada derrota electoral y peligra su existencia. Varios dirigentes políticos del PLN han declarado que “Este partido cambia o desaparece”. En algún momento a esos partidos les puede pasar lo mismo que al Movimiento Libertario (ML) o el Partido Acción Ciudadana (PAC) que han desaparecido o fueron expulsado de la política por no sacar el mínimo de votación para seguir existiendo.   

El Informe del Estado de la Nación ha venido planteado que existe una “crisis de representación” en la democracia costarricense debido a que “… las personas no creen que los partidos políticos y los gobiernos electos interpretan sus necesidades, intereses, demandas y aspiraciones y, por su parte, los partidos políticos y gobiernos electos tampoco tienen la capacidad o el interés de forjar vínculos sólidos con segmentos estables del electorado”. (Estado de la Nación, 2023: 235). Según ese Informe “Una crisis de representación política no es sinónimo de una crisis de la democracia en general…”, ya que “… la institucionalidad del Estado puede seguir cumpliendo sus funciones razonablemente pese a los problemas de representatividad de partidos y gobernantes”. (Ídem). Si bien es cierto que la “crisis de representatividad” no implica automáticamente la “crisis de la democracia”, sin embargo, se deben analizar otros componentes de la democracia liberal que también se encuentran en decadencia y crisis para entrelazarlos y determinar si hay o no crisis de la democracia.

El Agotamiento del Modelo Económico

Desde hace varios años el Informe del Estado de la Nación ha venido sosteniendo e insistiendo que el modelo económico actual basado en la promoción de las exportaciones está “agotado”. Al respecto, en el 18 Informe del Estado de la Nación se planteó que “En el 2011 se evidenció un agotamiento -señalado desde hace varios años- de las políticas de promoción de las exportaciones basadas en exoneraciones y subsidios como estrategia general para el desarrollo del país. Continuar con esta como única apuesta alcanza para generar crecimiento económico y crear enclaves de modernidad en sectores y territorios específicos. No alcanza, sin embargo, para resolver los problemas estratégicos que enfrenta Costa Rica, cuya naturaleza y complejidad desbordan las posibilidades de las políticas de apertura”. (Resumen del 18 Informe del Estado de la Nación. 2011).

Como se sabe la economía nacional constituye una dualidad entre la “vieja economía” o régimen definitivo y la “economía nueva” o régimen especial. Para el año 2022 el régimen definitivo representó el 87% del PIB total, mientras que el régimen especial lo hizo con el 13%. A su vez, el régimen definitivo garantiza el 89% de las personas ocupadas y el especial solamente el 11%. Como se puede observar, esos porcentajes de aporte al PIB y al empleo por parte del régimen especial es muy bajo en la esfera de la economía nacional. En realidad, si a los crecimientos económicos anuales de país, se le resta el alto crecimiento del régimen especial, el crecimiento real sería mucho más bajo. Veamos un ejemplo con el crecimiento económico del año 2022 “… Según el índice mensual de actividad económica (IMAE), el crecimiento mensual promedio del país durante el 2022 fue de 4,7%... En ese año, el régimen especial logró una expansión de 11,9%, mientras que el definitivo este indicador fue de 3,4%, tres veces menor. Esto evidencia como el impulso que se observa desde el régimen especial, principalmente de las zonas francas, corresponde al principal motor de crecimiento del país”. (Estado de la Nación, 2023: 123).

Es necesario destacar que el régimen especial constituye un enclave transnacional, conformado por la mayoría de empresas transnacionales y pocas empresas nacionales, que tiene pocos encadenamientos productivos y laborales con la economía nacional; las zonas francas tienen grandes exoneraciones de impuestos; las empresas transnacionales de zonas francas “envían transferencias e ingresos de utilidades a la casa matriz”. Al respecto de esto últimos el Estado de la Nación plantea que “… Para medir con mayor precisión este tema, el Informe Estado de la Nación da seguimiento a la brecha entre el Ingreso Nacional Disponible (IND) y el PIB… La tendencia general de este indicador ha sido hacia un deterioro, por debajo del promedio de mediano plazo. Es decir, cada vez es mayor el monto y la proporción de las transferencias e ingresos que salen del país respecto a la producción nacional”. (Estado de la Nación, 2023: 147). Entonces, esos enclaves productivos de las zonas francas tienen, en realidad, poca incidencia el desarrollo nacional debido a los anteriores elementos mencionados.

Mientras eso sucede en la denominada “economía nueva” o de “enclave”, la “vieja economía” o realmente nacional decrece y se encoge, cada vez más, debido a que no tiene estímulos ni incentivos, así como tampoco no existe una política estatal para desarrollarla y hacerla crecer. Esta combinación de factores de esa dualidad económica se deduce que existe un proceso de agotamiento, desde hace años, del modelo económico que tiende a profundizarse y conllevar a una crisis estructura del sistema.  

Decadencia y Crisis del Estado Social

Desde hace varios años viene un proceso de reacción y desmontaje, por parte de los gobiernos neoliberales de turno, del denominado Estado social. Sin embargo, con el gobierno de Carlos Alvarado este proceso de reversión y contrarreforma se ha aceleró de forma significativa y ha sido profundizado por el gobierno de Rodrigo Chaves. Veamos.

Actualmente, existe una profunda crisis del sistema de salud caracterizada por una gigantesca deuda del Estado con la CCSS que el gobierno de Chaves niega que exista y que no paga. El sistema de pensiones de la CCSS, el IVM, tiene un alto déficit que pone en riesgo a futuro el pago de las pensiones, la deuda actual del Estado con ese régimen es unos 700 mil millones de colones. El régimen de capitalización colectiva (RCC) del magisterio nacional teme convertirse en otro IVM, ya que hay un crecimiento de la deuda del Estado con ese régimen, la cual asciende a unos 42 mil millones de colones. Esa crisis del sistema de salud tiene consecuencias en la gigantesca lista de espera de pacientes que esperan atención médica, desde hace meses y años, en diferentes tipos de servicios médicos; fuga masiva de especialistas de la CCSS y otros graves problemas del sistema.

Asimismo, también existe una profunda crisis del sistema educativo caracterizada por la reducción continua, año tras año, del presupuesto a la educación. La denominada “ruta de la educación” que solo existe en la cabeza de la ministra de la educación es la “ruta del desastre” que tiene consecuencias serias y desastrosas en la formación de los estudiantes. Y, así sucesivamente, sucede en otros componentes del denominado Estado social.

La Arremetida de Rodrigo Chaves Contra los Poderes del Estado y la Institucionalidad

Los ataques virulentos e inéditos por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en contra de los demás poderes de la República y la denominada institucionalidad democrática en general e integrantes (diputados, jueces, contralora y otros), tienen el propósito y objetivo confeso de desprestigiar y socavar las bases y cimientos de esas instituciones. Rodrigo Chaves no sólo está en contra de toda esa institucionalidad, sino que también adversa la Constitución Política, por eso no celebró el 75 aniversario de esa Carta Magna, ya que es el instrumento que limita e impide aprobar y ejecutar sus proyectos y planes como él quisiera.

Es verdad que muchas de las críticas de Rodrigo Chaves en contra de los partidos tradicionales y de sus integrantes, así como hacia otras instituciones y a sus miembros son ciertas. Sin embargo, Chaves no quiere un régimen presidencialista “enclenque” sino que aspira y trabaja en función de querer ganar las próximas elecciones mediante un eventual candidato ungido por él.  Lo ha dicho claramente que quiere volver al poder, obviamente, para implantar un régimen presidencialista dominante, en donde sea el que controle los demás poderes del Estado y toda la demás institucionalidad. Actualmente, trabaja en esa dirección para el mediano plazo o de cara al futuro. 

El Gobierno de Rodrigo Chaves: ¿Es el Inicio del Fin de la Época Democrática?

Existen un conjunto de factores y elementos que se están conjuntado para acercarnos a plantear esa hipótesis. La decadencia y crisis de los componentes de la democracia burguesa liberal costarricense que hemos apuntado en los apartados anteriores nos lleva a sugerir la posibilidad de se produzca un cambio importante en el régimen político democrático costarricense. ¿Es esa una probabilidad inevitable? No, no lo es. El régimen democrático burgués tiene resiliencia, frenos y contrapesos para esa arremetida, pero no está exento de los cambios regresivos o reversibles que suceden en el terreno internacional. Existe un elemento que puede ser determinante para la regresión democrática, la pequeña burguesía gira, cada vez más a la derecha y quiere mano dura contra el narcotráfico y la criminalidad. Es por ello, que Chaves goza de popularidad a casi tres años de su mandato.

La venida del presidente de El Salvadora, Nayib Bukele, a Costa Rica, así como su recibimiento pomposo y apoteósico refleja las aspiraciones que tiene Rodrigo Chaves, gobernar con mano dura el país y ejercer el control absoluto de los demás poderes de la República (legislativo, judicial, electoral e institucional) tal como lo hace el dictador “cool” de ese país. El decreto ejecutivo de Rodrigo Chaves que transforma las funciones de la Unidad Especial de Intervención (UEI), bajo la dirección de la presidencia de la República, y, la convierte en una especie de “OIJ paralela” refleja que Chaves pretende tener, bajo su control directo, una fuerza policial especializada para realizar tareas que le compete solamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que funciona y opera bajo el control del poder Judicial. Parece que la venida y los consejos de Bukele a Chaves tuvo efectos y consecuencias inmediatas. El presidente de la República quiere tener su unidad policial especializada, para reprimir directamente desde Casa presidencial.

Es necesario aclarar que la UEI fue creada en el año 1977 para realizar operaciones de riesgo contra actividades de terrorismo, narcotráfico y de protección a los altos funcionarios de los distintos poderes. Servía de apoyo a las operaciones del OIJ. Ahora, eso cambia con el nuevo decreto y el cambio de sus funciones.

Cada vez más nos acercamos a los que la ex magistrada de la Sala Constitucional y actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, en una entrevista brindada al “Semanario Universidad” planteaba “El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el Gobierno una propuesta autoritaria, sino cuándo. Y ante eso lo único que puede servir para rescatar la democracia es que los contrapesos del sistema hagan respetar la Constitución y la ley, y eso depende principalmente de un sólido Poder Judicial, capaz de hacer valer la fuerza de la Constitución y la Ley… Espero que nunca nos toque la experiencia de tener un gobierno autoritario, pero, con débiles contrapesos, no se puede sostener la vigencia de la Constitución y las libertades fundamentales. Sería receta para un desastre”. (Semanario Universidad. Semana del 11 al 17 de julio de 2018). Entonces, ese cuándo se llegaría a tener un gobierno autoritario, planteado por la jurista Hernández de la CIDH, está aproximándose con el gobierno de Rodrigo Chaves. Que esa posibilidad se vaya a concretar, dependerá de la correlación de fuerzas entre las clases sociales y de la situación nacional.

Por Manuel Sandoval

La visita de Bukele puso de relieve que Cháves no le llega ni a los tobillos. El oligarca salvadoreño es más inteligente y mejor demagogo. Cháves estaba muy tranquilo en Zapote, hasta que Bukele le dio un giro a su visita, montando un operativo de ayuda “humanitaria” a los damnificados de los temporales por el revés que tuvo cuando los diputados y los magistrados del Poder Judicial se negaron a recibirlo, lo que le quitaba relevancia internacional al viaje. A partir de ese momento hemos visto a Cháves visitando las zonas inundadas.

Aliándose a Cháves (con el que se dice que va a impulsar un partido en CR), Bukele buscaba ganar más protagonismo a nivel internacional en el campo de los gobiernos de extrema derecha de América Latina, con vistas al proceso que se abre con la llegada de Trump al poder. La ofensiva de Trump contra los inmigrantes ilegales en Estados Unidos (aunque puede ser que no pase de gestos limitados como terminar el muro en la frontera, porque al fin y al cabo son los gobiernos demócratas los que han expulsado más inmigrantes) tiene que estar preocupando a Bukele y los gobiernos del resto de Centroamérica, porque las economías y la estabilidad de estos países dependen de las remesas que envían los inmigrantes, principalmente desde Estados Unidos.

Probablemente muchas lectoras y lectores no saben que el fenómeno de las maras se originó en Los Ángeles y otras ciudades gringas cuando muchachos marginales, hijos de inmigrantes salvadoreños, fueron expulsados hacia El Salvador a partir de los noventas. La expulsión masiva de inmigrantes centroamericanos desde Estados Unidos se convertiría en una bomba de tiempo en la región.

Bukele está buscando apoyo internacional para posicionarse como interlocutor de Centroamérica en el proceso que se abre con Trump, que va a necesitar que los gobiernos de México y Centroamérica frenen a los inmigrantes. Con mano dura para no permitir más migrantes probablemente Bukele espera sacarle algunas ventajas a Trump.

Hasta dónde el caudillo costarricense va a aceptar un papel de segundón frente a alguien que debe ver como su igual, es una apuesta insegura. Ideológicamente son de la misma formación neoliberal, pero Cháves es de origen modesto y su ascenso social está marcado por su rol al servicio del Banco Mundial. Es un tecnócrata bastante cerrado e inculto.

Bukele, por el contrario, como parte de una oligarquía que se vio amenazada por el levantamiento popular de los ochentas y tuvo que cooptar al estado burgués como parlamentarios y gobernantes a los comandantes guerrilleros del FMLN, tiene una visión del mundo más amplia y una experiencia política más rica y cínica. Alaba, por ejemplo, al régimen cubano por su control policial de la población. Inició su carrera política como Alcalde de las municipalidades de Nuevo Cuscatlán primero y de San Salvador después con el apoyo del FMLN, y cuando les ganó la base electoral, los hizo leña denunciándolos por corruptos.

El gobierno de Bukele NO ES LA EXCEPCIÓN a la corrupción que se genera dentro de cualquier Estado burgués,  pero por las características dictatoriales de su gobierno (apoyado en el ejército) la frena un poco y la sabe esconder.  Puede jactarse de que “donde nadie roba, la plata alcanza”, porque para NO TOCAR AL CAPITAL (alcahueteado con una carga fiscal baja), los servicios de Salud, Educación y Seguridad Social que brinda el Estado salvadoreño a las mayorías populares siguen siendo pésimos.

En los sectores medios reaccionarios de CR pueden envidiar la realización de Miss Universo en El Salvador, pero por más retroceso en las condiciones de vida que hay en nuestro país, las mayorías populares del resto de CA siguen deseando vivir como en CR.  Aquí se comen los tres tiempos, en El Salvador sólo se hace una comida o dos al día. Los Malls y los centros comerciales de lujo no son la expresión de cómo se vive en un país.

El punto fuerte de Bukele es su guerra contra las maras. En la visita a La Reforma, que terminó siendo su principal actividad en CR, pudo vanagloriarse de las aplastó y Cháves se declaró abierto, “con toda humildad”, a que le diera consejos en la lucha contra la violencia pandillera.

En otras notas hemos señalado que en la guerra contra las maras fueron detenidos miles de habitantes de los barrios marginales, que se encontraban accidentalmente en las calles durante los operativos policiales. Según los periodistas que cubrieron las declaraciones de Bukele, éste reconoció que 8 000 gentes fueron detenidas injustamente. Es una cifra que han dado a conocer organismos independientes y hasta la Iglesia Católica en algún momento habló de varios miles. Poco críticos (por decir lo menos), nuestros periodistas no le preguntaron a Bukele si estas gentes, que sufrieron todo tipo de vejámenes y torturas en la megacárcel, van a ser indemnizadas por su detención ilegal durante año, año y medio, o incluso más porque algunas no han sido liberadas hasta el día de hoy. SU DELITO ES SER POBRES. El Congreso títere de Bukele impuso estado de excepción y suspensión de garantías individuales para encarcelar masivamente sin procesos judiciales que lo justificaran. Históricamente, para la oligarquía salvadoreña los pobres, los campesinos y los trabajadores no cuentan como ciudadanos.

Peor aún, más de 300 personas han muerto por castigos físicos y maltratos en la cárcel, con total impunidad de las autoridades. Son 300 crímenes sin investigación alguna que manchan a Bukele.

El oligarca salvadoreño asimila pobreza a delicuencia, porque es parte de la oligarquía que mantiene al pueblo salvadoreño en la miseria y la sobre-explotación, originando el problema de la violencia social y la delicuencia. La mega cárcel donde señaló que hacinó a 40 000 presos sin ventanas, patio, ni duchas (aunque en realidad se ha dicho que encerraron a más de 80 000), es un campo de exterminio. Decenas de miles de jóvenes que no han cometido crímenes de sangre, que no eran parte de los sicarios de las maras, se pudren y sufren hambre, porque según él privilegia los derechos de la gente honrada por sobre los de los criminales.

La gente honrada de la que habla Bukele (gentes como Rocío Aguilar, los Arias, los amigos de Cháves que están destruyendo los humedales del Caribe y otros) deberían estar en la cárcel de Bukele, junto a unos 800 con condenas por asesinatos y violaciones, y algunos centenares más de criminales sin procesar. Sin embargo, tanto en El Salvador como en Costa Rica, las gentes honradas a las que sirve Bukele no van a la cárcel. El Estado (hecho a medida de las necesidades de la burguesía que detenta el poder) las protege.

En La Reforma a Bukele se le escapó algo esclarecedor. Los presos no consumen ni carne ni pollo porque SERÍA INMORAL QUE VIVAN MEJOR QUE UN TRABAJADOR PROMEDIO. Nuevamente, ningún periodista fue capaz de extraer lo que esto implica:  EL NIVEL DE VIDA DE LAS GRANDES MAYORÍAS POPULARES EN EL SALVADOR ES MUY MISERABLE. No comen ni carne ni pollo … o para ser más precisos: “muy poco”.

Por supuesto que todo esto le importa un pepino a nuestro Caudillo, que vimos en las pantallas gesticulando grotescamente para exigir que los presos en CR no coman “ni carnita ni pollito”. Aunque lo que le entusiasmó más de los consejos de Bukele, fue que hizo la mega cárcel por sí y ante sí. Nuestro Cháves está empeñado en utilizar los fondos del Estado sin ningún control previo de la Contraloría y los organismos que supervisan el gasto público. Esto es lo que más le envidia a Bukele.

Creímos que el dictador salvadoreño iba a La Reforma a conocer algún programa de rehabilitación de los reos, porque pese al estrangulamiento financiero que sufre el sistema penal costarricense todavía se mantienen algunos programas de alfabetización y capacitación laboral EJEMPLARES. Sin embargo, ni Cháves ni él se acercaron a conversar con ningún reo. Su intención era levantar su política de exterminio de los presos.

¡Que se guarde sus consejos!  En este país no queremos parecernos a El Salvador de barbarie y degradación humana extrema para mantener los privilegios y la explotación de la oligarquía salvadoreña.

Por José René Tamariz

El déficit fiscal es un problema estructural que los diferentes gobiernos de turno lo arrastran desde los años 50. Segú el economista Villasuso “El déficit fiscal ha sido una constante en Costa Rica desde la década de los cincuenta. Actualmente… Durante la década de los noventa el gasto del gobierno como porcentaje del PIB representó en promedio el 19,3% mientras que los ingresos tan sólo el 15,4%”. (Villasuso, Juan Manuel: Reformas Estructurales y Política Económica en Costa Rica. Mayo de 2000). Por ejemplo, si se analiza la serie de datos de los déficits fiscales desde el año 1980 hasta el año 2023, es decir, 43 años, solamente se observan superávit en dos años, 2007 y 2008, durante la administración de Abel Pacheco. En los últimos años 2021, 2022 y 2023 los déficits fiscales fueron del 5,18%, -2,81% y -3,3%, respectivamente. Se prevé que para el presente año 2024 ese déficit pueda llegar al 3,7% superior al del año pasado.

Causas del Déficit Fiscal y Favorecimiento al Capital

El histórico y grave problema del déficit fiscal que viene desde los años 50 es una vieja cuestión estructural que los gobiernos de turno y las clases dominantes no han logrado resolver, sino que, cada cierto tiempo, lejos disminuir ese déficit aumenta. De forma simple se dice que el déficit fiscal es la diferencia que existe entre mayores gastos que ingresos por parte de un gobierno. Sin embargo, las causas de ese déficit fiscal están vinculadas a diversos factores, entre otros, a la estructura tributaria injusta y regresiva que existe en donde los impuestos directos disminuyen para favorecer al gran capital nacional y transnacional, mientras que los impuestos indirectos o consumo aumentan. En ese juego y rejuego, siempre hay ganadores y perdedores.

Entre los años 80 y 90, los gobiernos de turno, redujeron los impuestos a las exportaciones del Estado para favorecer a los exportadores, asimismo también disminuyeron el impuesto sobre la renta a los capitalistas y, simultáneamente, se incrementaron los impuestos sobre las ventas. Veamos. Los impuestos a las exportaciones pasaron del 24% en el año 1983 al 1,26% en el año 1997, en tanto que el impuesto sobre la renta pasó del 22,61% en el año 1983 al 17,73% en el año 1997. La reducción de ambos impuestos significó una disminución porcentual de 27,62%. Semejante reducción de ambos impuestos en la estructura tributaria trajo como consecuencia un proceso de endeudamiento creciente por parte de las administraciones de turno para compensar esa gran pérdida.

Ganadores y Perdedores del Ajuste Fiscal

¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de ese proceso de ajuste fiscal? De acuerdo con algunas fuentes “Zúñiga Chaves (1999) concluye que como consecuencia de la estrategia de desarrollo seguida a la luz de los PAEs ejecutados en Costa Rica, los asalariados son los que están pagando los impuestos que recauda el fisco, hay una exoneración importante a las exportaciones, una reducción importante al impuesto sobre la renta, una insignificante recaudación por concepto de impuesto a la propiedad, una disminución relativa en los impuestos a las importaciones y el comercio exterior. La moraleja de Zúñiga es que al final del siglo XX: los sectores dinámicos (exportadores, comerciantes, banqueros y grandes preceptores de rentas en general) definitivamente no están pagando la parte que les corresponde por la riqueza que generan, son los asalariados los que cargan el peso de la financiación estatal. A todo lo anterior habría que agregar la ineficiencia en la recaudación, así como la tan denunciada y nunca enfrentada evasión fiscal”. (Molina Osegueda, Carlos: Política Fiscal y Gobernabilidad en Costa Rica y El Salvador. Ediciones Perro Azul, Costa Rica, 2006.).

Aumento Progresivo de la Deuda Pública

Por otra parte, como consecuencia de ese déficit fiscal y para compensar las reducciones de los impuestos al gran capital, las administraciones de turno, en ese período considerado, recurrieron a endeudar al país. Para el año 1985, la deuda pública representó el 24,7% del PIB, mientras que para los años 1990 y 2000 esa deuda aumentó al 27,1% y el 36,3%, respectivamente. Por tanto “Este déficit se vuelve relevante si lo analizamos por el lado de la deuda del gobierno central y si se considera lo que representa el pago del servicio de la deuda (capital más intereses) en el total del gasto. La transformación en los años noventa de deuda externa a deuda interna ha llevado a que el monto de los intereses que el gobierno debe pagar a los tenedores de bonos a nivel nacional se haya incrementado notablemente y la participación del pago de la misma en la estructura del gasto público se torne políticamente muy sensible”. (Molina, 2006: 137).  

En años recientes, principalmente, en las últimas administraciones de Arias, Chinchilla, Solís y Alvarado la deuda pública pasó desde un 28,1% del PIB (2010) hasta un 68,6% (2021).  Durante la administración de Rodrigo Chaves la deuda pública ha sido la siguiente: en el año 2022 fue del 63,78% del PIB y en el año 2023 se ubicó en el 61,1%. Por otro lado, el gobierno de Guillermo Solís, para supuestamente, reducir el déficit fiscal, propuso la denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, mejor conocida popularmente como “Combo Fiscal”. Posteriormente, en el año 2018 el gobierno de Carlos Alvarado, recién instalado, en medio de una gran huelga nacional de tres meses, logró imponer y aprobar dicha ley para aumentar los impuestos. De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación “La aprobación de la reforma fiscal en el 2018 amplió la base impositiva con la transformación de un impuesto de ventas a uno de valor agregado que consideraba los servicios e incrementó el pago de algunos impuestos en materia de renta y utilidades. Estas modificaciones permitieron aumentar la base contributiva, ampliación que permitió que los ingresos pasaran de representar un 14,7% a 16,2% del PIB…”. (Estado de la Nación, 2023, página 145 y 146).

Asimismo, en ese mismo “Combo Fiscal”, se aprobó la denominada “regla fiscal” que se transformó en una norma constitucional y la cual impone restricciones y límites severos al gasto público cuando la relación deuda pública es igual o superior al 60% del PIB. La aplicación del “combo fiscal” y su draconiana “regla fiscal” ha conllevado a la aplicación de un salvaje plan de austeridad con grandes reducciones al gasto social, la congelación de los salarios de forma permanente a los trabajadores del sector público y otros males sociales.

Aumento del Déficit Fiscal y Reducción de los Ingresos por Impuestos

Sin embargo, ese ajuste fiscal presentado como una gran solución a los problemas estructurales del déficit fiscal y la deuda pública, actualmente, dan muestra de un gran agotamiento, ya que el déficit fiscal después de disminuir al 2,81% en el año 2022 ha comenzado a subir en el 2023 y se prevé que siga aumentando en el año 2024 como se apuntó al inició de este artículo. De acuerdo con informaciones periodísticas “El Ministerio de Hacienda confirmó un deterioro en las cifras fiscales en la actualización con corte a agosto del 2024. Según esta, el déficit fiscal está subiendo como consecuencia del aumento en los gastos y los intereses de la deuda pública, al tiempo que se desacelera la recaudación de impuestos”. (La Nación, 14 de octubre de 2024). Igualmente, el superávit primario bajó del 1,94% del PIB en el mes de agosto del año 2023 al 0,9% en el mismo mes del 2024. Entre los factores que han provocado el aumento del déficit fiscal se encuentran, entre otros, la menor recaudación del impuesto sobre la renta en el régimen definitivo, producto del bajo crecimiento económico de dicho régimen y la bajísima inflación.

En relación a la disminución del impuesto sobre la renta en el régimen definitivo, Rolando Charpentier, director general del Grupo Vical y vicepresidente de la Cámara de Industria plantea que “La recaudación del impuesto sobre la renta que proviene de personas jurídicas (las empresas) también es menor. No debe extrañar, puesto que las empresas del régimen definitivo industrial, en los últimos diez años, crecieron solamente un 0,5% como valor agregado de la industria manufacturera. Si los que pagan impuestos se estacan económicamente, igualmente lo harán los impuestos que recauda el gobierno”. (La Nación, 11 de septiembre de 2024). También señala que las exportaciones de ese régimen decrecieron un 1,7% en el primer semestre del 2024 con respecto al 2023. Más adelante, este empresario sostiene que “El valor real de la industria manufacturera del régimen definitivo representó en el 2015 un 76,5% y en lo que va del año alcanza un 50,2%, es decir, tenemos una caída del 34,37%, o, dicho de otra forma, el régimen definitivo se está encogiendo, lo cual explica que año tras año se le complique más al Estado conseguir los ingresos que necesita”. (Ídem).

En otra parte, ese capitalista se queja de que el régimen definitivo no recibe estímulos por parte de los gobiernos y critica que se permita que empresas de ese régimen migren al régimen especial o zonas francas para no pagar impuestos.

¿Cuándo Disminuirá la Deuda Pública?

Por otra parte, en relación a la previsión de disminuir el porcentaje de la deuda pública a menos del 60% que se tenía previsto para el año 2025, tanto el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, como el presidente del Banco Central, Roger Madrigal, sostuvieron por separado “que parece que se llega a menos del 60% en el 2026”. Por tanto, según la regla fiscal, una vez que la relación deuda/PIB sea menor a ese 60% habría que esperar que pasen dos años más para no aplicar esa regla y, por ende, se podrían aumentar el gasto público y dar reajustes salariales al sector público. No obstante, también habrá que esperar cómo evoluciona la economía nacional con la asunción al poder de Trump en los Estados Unidos en el 2025.

Por otro lado, los dineros que se pagan por concepto de deuda pública son bien altos y estrujan grandemente el presupuesto de la República. Por ejemplo, en el año 2024 se pagan $1.810 millones y en el año 2025 se pagarán aproximadamente $4.962 millones. Es importante señalar que para el año 2023 la deuda pública ascendía a $52.874 millones. La deuda pública se incrementó en 16,54% en 2023, bajo la administración Chaves, respecto al año 2022.

¿Cuáles deben ser las Medidas para Reducir el Déficit Fiscal y la Deuda Pública?

Para reducir de manera significativa tanto el déficit fiscal como la deuda pública proponemos realizar las siguientes medidas:

1. Eliminar las grandes exoneraciones que tienen las empresas de zonas francas, sean nacionales y transnacionales, tales como el impuesto sobre la renta, las materias primas, la maquinaria y equipo, la importación de vehículos, el valor agregado y consumo. Es necesario señalar las zonas francas son reconocidas como el “régimen especial” y es el más dinámico en cuanto al crecimiento económico, representando apenas el 15,2% de la producción y el 13% del empleo total.

2. Aumentar el impuesto al capital privado.

3. Gravar con impuesto a los ultrarricos de Costa Rica que son dueños o accionistas mayoritarios de diversas empresas.   

4. Combatir la evasión y elusión fiscal que para el año 2021 era del 5,6% del PIB, o sea, unos ₡2.5 billones.

5. Declarar una moratoria del pago de la deuda pública. Negociar con las instituciones públicas que son poseedoras de bonos de deuda con el gobierno para disminuir, poco a poco, el pago de dicha deuda. Algunas instituciones que generan ganancias importantes, tales como el INS, podrían hacer condonación de dicha deuda.