Por Jose René Tamariz

El escandaloso y gigantesco caso de corrupción, destapado recientemente, del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) es solamente la punta de iceberg de un grave cáncer que carcome el Estado costarricense. Todo el aparato del Estado está corrupto y podrido por dentro. No escapa ninguna institución. Desde las presidencias de la República viene la corrupción: ahí están los casos emblemáticos de corrupción de los expresidentes Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y José María Figueres.

El caso de corrupción de CONAVI es gravísimo. Prácticamente toda la institución y sus empleados, desde los mandos medios hasta las gerencias, operaban al servicio de los dueños de las empresas H. Solís y MECO. Mélida Solís y Carlos Cerdas, dueños de esas empresas, se repartían a gusto y antojo todos los contratos de obra pública. Los gerentes, analistas y diversos empleados de CONAVI respondían como perros falderos, con diversos sobornos y regalías como dinero en efectivo, carros, terrenos, viajes, favores sexuales y otros favores, para que siempre se les otorgara sus contratos.

 Carlos Alvarado y su ministro de Obras y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, son responsables y deben responder por semejantes actos de corrupción, realizado en sus propias narices, ahí están los ejemplos de los involucrados en ese bochornoso escándalo de corrupción como el propio asesor principal de la presidencia, Camilo Saldarriaga. Un tipejo, sin experiencia, manejando la infraestructura del país y miles de millones de colones. A esa corruptela no escapan los diputados. Entre las grabaciones que tiene el OIJ se lee como la empresaria corrupta de Mélida Solís trata de “tontos” a los diputados y les exige, mediante sus agentes, que aprueben las naciones que ellos, los empresarios, enviaron para modificar los presupuestos. Es más, el diputado del PLN, David Gourzong, tiene un hijo que es ingeniero de la empresa H. Solís y, precisamente, por esa relación el diputado corrió a acelerar la aprobación del presupuesto extraordinario para esas empresas corruptas.

Por otro lado, el tal ministro del MOPT, Méndez Mata, resultó ser un mentiroso y jetón. Resulta que es falso que él haya denunciado la corrupción gigantesca en la obra pública. La OIJ lo desmintió de forma categórica que no es cierto que haya denunciado la corrupción en obra pública. Más bien él debería responder como jefe máximo de la obra pública porque nunca hizo nada para combatir semejante lacra de corrupción.

La casa presidencial está hasta la coronilla involucrada en el escandaloso caso de corrupción de CONAVI. Carlos Alvarado se hace el tonto y no se refiere para nada al caso de su principal asesor metido en la corruptela de la obra pública. Camilo Saldarriaga Jiménez, principal e íntimo asesor del presidente de la República, Carlos Alvarado, es como su niño mimado. A cualquier puesto que haya sido electo, ya sea a dedo o por elección popular, lo lleva y le asigna un gran puesto.

Cuando Alvarado fue presidente del IMAS lo nombro su asesor. Luego, cuando Alvarado fue nombrado ministro de trabajo lo nombró como su jefe de despacho. Posteriormente, durante la campaña electoral, Alvarado nombró a Saldarriaga como su jefe de campaña. Al ganar las elecciones y ser presidente, Alvarado no dudo en nombrarlo como su asesor principal.

Según las informaciones periodísticas este sujeto, Saldarriaga, desde su oficina en casa presidencial manejaba toda la información sobre las obras de construcción publica y, desde esa posición privilegiada, daba informaciones y autorizaba las transferencias de presupuestos de una obra a otra, dependiendo de los acuerdos que los funcionarios corruptos de otras instituciones habían negociado con las empresas de construcción encargada de la ejecución de obra pública. De esa forma, se favorecían no sólo con otorgar a las mismas compañías las aparentes licitaciones, sino que también se les garantizaban los fondos necesarios para operar la obra pública, aunque no tuvieran los fondos.

Entonces, Carlos Alvarado es corresponsable de los actos de corrupción de su asesor principal, ya que fue el quien lo ha cargado como su asesor a cuanto puesto ha sido nombrado. Alvarado debe rendir cuentas por esa red de mafia organizada de la cual es parte su principal asesor. Pero, además debe responder por no ejercer un fuerte control de la obra pública. No puede, de forma olímpica, saltarse su responsabilidad en semejante caso de corrupción.

De otro lado, es importante destacar el caso de la empresa constructora MECO. El "exitoso" y "prestigioso" empresario Carlos Cerdas Araya, dueño de la empresa costarricense multilatina MECO, que construye obras de construcción en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia y otros países, fue detenido por el escandaloso y multimillonario caso de soborno y corrupción en las múltiples obras públicas de construcción que realiza para el Estado costarricense. Es importante mencionar y destacar que, Carlos Cerdas como empresario "exitoso", ha aparecido en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos de Costa Rica. Nada menos que con bicoca anual de $689.6 millones.

Resulta que la empresa de Cerdas pagaba millonarios sobornos y otorgaba diversas prebendas a funcionarios públicos encargados a cambio de que se le otorgara siempre las diferentes obras de construcción pública. Una vez más se demuestra como los grandes y "honestos" empresarios adquieren los contratos de trabajo y sus riquezas.

Así como la empresa MECO se encuentra en investigación y en detención la apoderada de la empresa de construcción H. Solís, Mélida Solís y en investigación dos empresas más. Merece mención aparte la detención en el escandaloso caso de corrupción el asesor principal del presidente Carlo Alvarado, Camilo Saldarriaga. Carlos Alvarado está siendo salpicado, desde adentro de casa presidencial, por esa red de corrupción. Según el OIJ esta era una red de corrupción bien organizada que saquearon más de 78 mil millones de colones.

Es necesario mencionar que la Unión de Cámara y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) que tiene dos representantes en el CONAVI nunca denunció ni se dieron cuenta de semejantes actos de corrupción en esa institución. Lo más seguro es que ellos eran parte de ese gran chorizo y por eso nunca dijeron nada.

Entonces, ¿Qué hacer frente a semejantes y escandaloso casos de corrupción? Sencillamente, no basta como hace Carlos Alvarado de pedir la intervención de CONAVI. Ya esa petición es tardía porque los fondos de obra pública fueron saqueados. Hay que cerrar CONAVI, ya que esa es una cueva de ladrones y saqueadores de fondos estatales. Eso no tiene corrección. Sus funciones deben pasar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Por otra parte, el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, debe renunciar de forma inmediata por haber sido incapaz de detectar y combatir la corrupción y degeneración en esa institución. A su vez, Carlos Alvarado, debe responder y pagar por las tropelías realizadas por su asesor principal, Camilo Saldarriaga. Eso debe ser así porque él ha andado poniendo de puesto en puesto a ese tipo. En realidad, Carlos Alvarado, debería renunciar por haber sido incapaz de detectar y denunciar esos escandalosos casos de corrupción.   

Sectarismo y divisionismo sindical

El colmo del sectarismo y divisionismo sindical más obtuso y miserable de las burocracias sindicales es que el día martes 15 de junio, mientras los sindicatos del magisterio nacional (APSE, ANDE y SEC) y el bloque sindical BUSSCO se manifestaban en contra del proyecto de empleo público en la PARTE NORTE de la Asamblea Legislativa, los sindicatos de ANEP, ASDEICE y el bloque sindical de Patria Justa se manifestaban en la PARTE SUR contra ese mismo proyecto y la corrupción.

Esa política de divisionismo sindical de las burocracias sindicales favorece y le hace el juego al gobierno y a los diputados neoliberales de la Asamblea Legislativa para aprobar el nefasto proyecto de empleo público.

Ambas concentraciones eran raquíticas, carecían de una gran presencia de las bases sindicales. La justificación de las dirigencias sindicales puede ser variada, pero lo cierto es que ni siquiera tienen la capacidad de mover a las bases de San José. Son burocracias sindicales sin bases sindicales de apoyo y sustento. Esto es culpa y responsabilidad de sus políticas de desmovilización, inacción y colaboración con el gobierno de Alvarado.

La burocracia sindical de APSE se contaba con los dedos de la mano: sólo estaban presentes algunos miembros de la directiva nacional, algunos que otros dirigentes regionales y algunos funcionarios a sueldo del aparato sindical. En igual situación se encontraba el sindicato de ANDE. Peor fue el caso del SEC que llegó tardísimo y solamente algunos burócratas sindicales. Sencillamente un acto y espectáculo deplorable, vergonzoso y lastimero.

La APSE con su lema: "APSE sí Lucha" no existe y es un lema irreal. La tendencia Honestidad que dirige APSE ha llevado al sindicato a la bancarrota y degeneración. Es urgente y necesario salvar al sindicato de esa pandilla sindical que lo ha llevado al despeñadero.

Por Jose Rene Tamariz Corea

Costa Rica se ha convertido en los últimos años no solo en una ruta del narcotráfico, sino que ahora es un país exportador de drogas. El aumento de la exportación de estupefacientes ha venido aumentando año con año. El inicio del comercio y exportación de narcótico se remonta a los años 80. Según Molina y Palmer, “El comercio de narcóticos empezó a diversificarse a fines de la década de 1960, cuando se expandió el consumo de marihuana y el uso de sustancias prohibidas se difundió entre algunos sectores de la juventud contracultural, tanto universitarios como de secundaria (especialmente estudiantes de algunos colegios privados). La actividad todavía limitada y de carácter domestico después de 1970, se modificó profundamente en el decenio de 1980, con la penetración de las transnacionales de las drogas, facilitada decisivamente por las actividades contra los sandinistas llevadas a cabo por Estados Unidos. En 1990, autoridades estadounidenses calcularon que un mínimo de 12 toneladas de cocaína ingresaba anualmente a su país vía Costa Rica. La reexportación a Estados Unidos, sin embargo, deja espacio para satisfacer una creciente y diferenciada demanda interna: heroína y cocaína para los pudientes, y crack y marihuana para los pobres…”. (Costa Rica del XX al XXI: Molina Jiménez, Iván y Palmer, Steven).

En el año 1990 se decomisaron 848,51 kg de cocaína, mientras que para el año 2000 esa cantidad había aumentado a 5.870,73 kg y para el año 2020 el decomiso fue de 56.758,45 kg. Es evidente que esas grandes cantidades de cocaína decomisada por la policía es apenas una pequeña porción del total de drogas que se almacena y exporta desde el país hacia los Estados Unidos y Europa. Por otro lado, “El Servicio de Vigilancia Aérea había identificado un total de 83 pistas clandestinas, 41 helipuertos clandestino y 39 posibles campos de aterrizaje” (Los tentáculos narco en Costa Rica: Volio Pacheco, Zoila). El narcotráfico se ha constituido en una actividad económica, comercial y financiera con mucho poder económico que ha logrado penetrar diversos poderes de la República, así como cuerpos policiales como el OIJ y otros.

Sicariato, narcotráfico y desigualdades

El narcotráfico con su inmenso poder económico ha logrado reclutar a una gran cantidad de jóvenes para engrosar las filas de las bandas y de los gatilleros o sicariato. El pleito entre bandas de delincuentes que se pelean el mercado interno ha conducido al crecimiento de los famosos gatilleros que se movilizan en motocicletas o autos para realizar las ejecuciones encomendadas.  Es obvio que la narcoactividad se ha aprovechado del desempleo gigantesco que existe en el país, así como de la pobreza y miseria creciente de miles de jóvenes y personas para reclutar a cientos de personas a las actividades del narcotráfico. Mientras no se resuelvan los graves problemas de desigualdades sociales y económicas que sufren miles de personas, el nivel del narcotráfico lejos de disminuir irá en crecimiento, tal como se han visto en los últimos años. El problema del narcotráfico es una cuestión nacional, aunque existen algunas regiones o ciudades como las costeras que tienen una mayor narcoactividad.

Los gobiernos de turno han sido los principales responsables del aumento del desempleo, pobreza, miseria y desigualdades sociales y económicas en miles de personas, las cuales debido a esas condiciones son presas fáciles para el reclutamiento del narcotráfico, ya que no tienen otras opciones formales para conseguir dinero y, por ende, ayudar o mantener a sus familias. En la narcoactividad están involucrados tanto hombres como mujeres.

Narcotráfico y actividades económicas y productivas

Poco a poco, pero de forma sostenida, el narcotráfico para lavar tanto dinero que mantienen se ha venido metiendo en diversas actividades formales económicas, productivas y servicios. Con su gran capacidad económica-financiera, el narcotráfico ha comprado propiedades para producir diversos productos agrícolas y construcciones, así como restaurantes, moteles, casinos, bancos e instituciones financieras y otros bienes. Asimismo, disponen de cientos de autos de lujos, lanchas y otros vehículos para transportar las drogas.

El poder económico del narcotráfico les ha permitido reclutar a personas que trabajan en el puerto de la transnacional APM Terminals y desde ese puerto se enviaba y envía drogas a Europa. Por otra parte, en los últimos meses la policía ha realizado grandes decomisos de drogas, dinero en efectivo y otros recursos en manos de diversas bandas que han tenido relaciones y reuniones con diputados, alcaldes, síndicos y otros políticos.

¿Cuánto dinero del narcotráfico se lava en Costa Rica? Para el año 2015 se calculaba que en Costa Rica se lavaba de forma anual unos $4.200 millones. Sin embargo, en la medida que el narcotráfico ha aumentado su poder económico y financiero es muy probable que ese monto haya aumentado de forma significativa, aunque no existe un dato actualizado al año 2021. El montón de dinero manejado y controlado por los narcotraficantes ha entrado formalmente en el sistema financiero nacional y se utiliza en cientos de transacciones financieras. Asimismo, el narcotráfico también maneja grandes cantidades de dinero en efectivo. En los últimos golpes dados a las bandas del narcotráfico se encontraron en sus arcas más de ₵1.500.000 millones.

Relación entre narcotráfico y diputados

Sin duda alguna, los narcotraficantes vestidos y convertidos en empresarios han logrado penetrar los diversos poderes del Estado y algunas instituciones públicas. En épocas anteriores el ex diputado del PLN, Leonel Villalobos, fue encarcelado y condenado por narcotráfico. Ironía de la historia, Villalobos, era el presidente del Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Este tipo estuvo cerca de ser presidente de la Asamblea Legislativa. También en épocas pasadas fue detenido y procesado por narcotráfico, Ricardo Alem, quien fuera representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y miembro del PLN. Recientemente el diputado del PLN, Gustavo Viales, ha sido mencionado de haber tenido relación con el narcotraficante, Darwin González Hernández. Este tipo recibió favores políticos del presidente del consejo municipal, Bernabé Chavarría, el cual tiene una fuerte relación personal con el alcalde de ese lugar, Carlos Viales, quién es padre del diputado Carlos Viales.

Por otra parte, recientemente varios diputados del PUSC, Restauración Nacional y otros independientes también han sido denunciado por haber sido visitados por narcotraficantes a hacer solicitudes de gestión a su favor para realizar inversiones en construcción. Nuevamente, por ironía de la historia, Zoila Volio, quien funge como presidenta de la comisión investigadora del narcotráfico y crimen organizado en el financiamiento de partidos políticos fue visitada por uno de los narcotraficantes que visitaba la Asamblea Legislativa. La diputada niega haber sido visitada por ese sujeto. Igual, en su momento, Villalobos no aceptaba sus relaciones con el narcotráfico.

Narcotráfico y poder judicial

El narcotráfico y el crimen organizado ha logrado penetrar el poder judicial a través de algunos jueces y el Organismo de Investigación Oficial (OIJ). Según un informe periodístico “La detención de un juez del Juzgado Contencioso Administrativo de un procurador de la Procuraduría General de la República (PGR) y hace unas semanas de otro juez del Juzgado Penal de Golfito, encienden las alertas den el Poder Judicial: el crimen organizado y la corrupción penetran el sistema de justicia. A estos casos se les unen las detenciones de agentes judiciales, en los últimos años, vinculados a grupos de narcotráfico, con delitos de extorsiones o incluso robo de vehículos”. (crhoy.com. Diciembre de 2020).

Además, en los últimos allanamientos y redadas de bandas de narcotraficantes fueron encarcelados algunos miembros activos del OIJ y exmiembros de ese órgano policial por trabajar juntamente con el narcotráfico. Los miembros activos del OIJ le suministraban información policial y alertaban a los narcotraficantes de las operaciones en contra de ellos por parte de ese organismo. De esa forma, los narcos lograban evadir las operaciones policiales en contra de ellos.

De último es necesario señalar que, con la eventual aprobación del proyecto de ley de empleo público, los jueces y policías, igual que todos los demás empleados público, van a ver reducidos sus salarios y, por tanto, al devengar menos salarios, jueces, policías y otros sectores de empleados públicos podrían ser sujetos de un mayor reclutamiento por los narcotraficantes, ya que estos podrán pagar mejores ingresos que sus trabajos.

Por José René Tamariz

La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) integrada por nueve personas, tres representantes del gobierno, 3 miembros de las cámaras patronales y 3 personas del sector sindical y social pretenden realizar una salvaje reforma al IVM. Veamos en que consiste esa brutal propuesta de los directivos de la Caja.

Actualmente los hombres se pueden retirar a los 61 años y 11 meses con 462 cotizaciones, es decir 38.5 años cotizados. Las mujeres se pueden pensionar a los 59 años y 11 meses con 450 cotizaciones, o sea 37.5 años. Un año menos que los hombres. El aporte obrero-patronal actual del 10,66% y el monto de la pensión es del 52% del promedio de los últimos 240 salarios cotizados e indexados al índice de la inflación. ¿Cuáles son los cambios que quieren imponer los miembros de la junta de la CCSS?

Esas draconianas reformas pretenden llevar la edad de retiro a 65 años tanto para hombres como mujeres. Incrementar los aportes obrero y patronal al 15,16%, es decir un aumento del 4,5%. El monto de la pensión pasaría del 52% al 45%, lo cual significaría una reducción del 7%. Con esas propuestas se elimina la pensión anticipada. Pero, supuestamente con las reformas se tomarán en cuenta los mejores 300 salarios cotizados por los cotizantes, en lugar de los últimos 20 años. La propuesta de la CCSS “plantea eliminar gradualmente la pensión anticipada. Así las cosas, hombres y mujeres se pensionarán a los 65 años. El transitorio define que, en 2022, 2023 y 2024 las personas se pensionan como está establecido actualmente (mujeres a los 59 años, hombres a los 61 años) y a partir del 2025 se adiciona un año hasta llegar a los 65. Eso significa que en el 2025 las mujeres se podrán retirar a los 61 años y los hombres a los 63 años. En 2026 las mujeres se retiran a los 62 años y hombres a los 64; en 2027, 63 y 65 respectivamente”. Y así sucesivamente. (Diario Extra, 22 de mayo de 2021)

La mayoría de los trabajadores del sector privado ganan 400.000 colones o menos con lo cual reciben pensiones miserables de 200.000 colones o menos. La junta directiva de la CCSS pretendía aprobar dichas reformas el día 20 de mayo en medio de la pandemia. Con miles de trabajadores despedidos, miles de trabajadores con contratos suspendidos y salarios reducidos hasta en un 75%. Sin embargo, debido a la presión ejercida en las calles por diferentes agrupaciones sindicales como la ANEP, FECTASALUD y otras organizaciones la junta directiva de la CCSS decidió posponer dicha discusión y aprobación hasta el mes de septiembre. Aunque esa posposición es un triunfo temporal de las organizaciones sindicales, no obstante, el peligro de la guillotina sobre la cabeza de miles de trabajadores se encuentra pendiente y solo es problema de tiempo. El problema se postergó, pero no se resolvió.

Aunque desde hace mucho tiempo se viene planteando la pretendida salvaje reforma al IVM, en los dos últimos años se ha acelerado su discusión y eventual aprobación, según sus altos funcionarios por el deterioro de los ingresos de la institución. Según Jaime Barrantes, gerente general de Pensiones de la CCSS “Los ingresos mensuales por cuotas particulares eran, en promedio, de ₵80.000 millones, más ₵15.000 millones de la cuota del Estado. Eso cayó en promedio en ₵75.000 millones, e incluso a ₵65.000 millones, en algunos meses muy críticos”. (La Nación, 24 de abril de 2021).  La caída drástica de los ingresos de la CCSS se debió a una política totalmente errónea del gobierno de Alvarado y los directivos de la Caja de disminuir, en medio de la pandemia, de forma generalizada e indiscriminada a los empresarios las cuotas patronales. Esa reducción se debía de hacer de forma selectiva a pequeños y microempresarios, pero no a los grandes empresarios como los de Walmart, Cervecería y otras.

Por otro lado, los gobiernos de turno han venido acumulando gigantescas deudas con la seguridad social. Por ejemplo, “El Estado debe al menos ₵420.000 mil millones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), monto que viene arrastrando desde hace varios años”. (Diario Extra, 22 de mayo de 2021). En realidad, la deuda total del Estado con la CCSS e de alrededor de los ₵1,8 billones de colones, de los cuales ₵400.000 millones corresponde al IVM y el resto al seguro de salud, pensiones a cargo del Estado y otras deudas.

¿Cuál es la propuesta de las organizaciones sindicales y sociales? Hasta el momento no se conocen, a pesar de tener tres representantes en la CCSS. Esto constituye una falta seriedad y responsabilidad de esas organizaciones que tienen representación en la Caja. Lo peor y criticable que hacen los representantes de los sindicatos y otras organizaciones sociales, como las cooperativas, es ni siquiera consultar a sus bases para que opinen y hagan sus propuestas sobre las reformas. Estas organizaciones y sus representantes actúan de forma burocrática.

¿Cuáles deben ser las propuestas de solución al problema del IVM de la CCSS?

En primer lugar, que el Estado y el gobierno de Alvarado pague la deuda millonaria de ₵420.000 millones de colones que tiene con la seguridad social.

En segundo lugar, que las instituciones estatales como el ICE, INS, Bancos del Estado, RECOPE y otras paguen lo que les corresponde, de acuerdo, a la ley del trabajador.

En tercer lugar, obligar a pagar las deudas millonarias que tienen muchos empresarios con la seguridad social. Esa obligación puede ir desde el cobro judicial hasta la expropiación de los negocios si se resisten a pagar sus deudas.

En cuarto lugar, cobrar una cuota diferenciada para la seguridad social a las empresas dependiendo de su tamaño y sus ingresos. Las grandes empresas deben pagar más que las medianas, pequeñas y microempresas.

En quinto lugar, imponer un nuevo impuesto a las empresas de comidas rápidas, refrescos gaseosos, bebidas alcohólicas y las que contaminan el ambiente para dárselo a las finanzas de la CCSS.

En sexto lugar, poner un impuesto a las 100 personas más ricas de Costa Rica. Existen datos al respecto y el Ministerio de Hacienda tiene esa información para realizarlo.

De último, es necesario y urgente que las organizaciones sindicales realicen una asamblea popular amplia para discutir las propuestas de los directivos de la CCSS y de las agrupaciones sindicales para la pelea que se viene en el mes de septiembre. Esas reformas son inevitables, pero debemos, desde las organizaciones sindicales, evitar que sean perjudiciales para la clase trabajadora. Por tanto, se requiere y urge que las dirigencias sindicales realicen la más amplia unidad de acción y lancen la lucha callejera para que esas reformas salvajes a las pensiones se aprueben.

Al mismo tiempo, es necesario y urgente que las organizaciones sindicales depongan sus actitudes feudales y comiencen a dialogar y ponerse de acuerdo para dar la pelea contra el gobierno de Alvarado por sus políticas hambreadoras del FMI y de despojo de los componentes salariales de los trabajadores del sector público. Hay que salir a las calles a dar la pelea contra el proyecto de empleo público que va a empobrecer a miles de empleados públicos. La única salida es la lucha frontal contra este gobierno y los directivos de la CCSS. 

¿Es cierto que la ministra de educación cedió a la presión de los sindicatos?

Zaray Esquivel, presidenta de APSE, sostiene en un vídeo que la ministra de educación, Guiselle Cruz, suspendió el curso lectivo por la presión ejercida por las dirigencias sindicales burocráticas de APSE, ANDE y SEC.

Esa aseveración es ridícula y falsa. Los burócratas del MEP y los neoliberales del gobierno de Alvarado son insensibles a las presiones de huelgas fuertes como la del combo fiscal, mucho menos de huelguitas virtuales que no les hacen ni cosquillas. El único lenguaje que entienden esos burócratas y neoliberales es la presión de las calles con bloqueo y enfrentamientos callejeros.

Por otro lado, Gilberto Cascante, presidente de ANDE, sostuvo públicamente que la interrupción del curso lectivo era un triunfo de los sindicatos.

Esa otra aseveración es ridícula y falsa. La larga suspensión del curso lectivo constituye un atropello contra los trabajadores de la educación, así como una medida autoritaria e inconsulta hacia los sindicatos y docentes. Entonces, a una medida dictatorial no se le puede llamar triunfo.

Las burocracias sindicales que se han mantenido en la inacción y desmovilización de sus bases, pretenden engañarlas desfigurando la realidad con una tal victoria que sólo existe en la imaginación de los burócratas sindicales pero no de las bases.

Más bien, el adelanto de las vacaciones de fin de año entre mayo y junio es una gran arbitrariedad contra los trabajadores de la educación, pues no era necesario ni solicitado tal adelanto ya que se podía terminar el primer semestre con la modalidad de educación a distancia para evitar más contagios y muerte por el coronavirus.

la ministra de educación, Guiselle Cruz, pega el golpe a los trabajadores de la educación con la interrupción arbitraria, burocrática y autoritaria del curso lectivo y la imposición de las vacaciones adelantadas y, después del hecho consumado, convoca a las dóciles burocracias sindicales de APSE, ANDE y SEC para que opinen, cuando ya la medida se ejecutó, y se plieguen como serviles a su medida autoritaria.

Los burócratas sindicales creen en su imaginación que esa convocatoria es un gran logro de ellos, pero eso es una ilusión. Ya todos los docentes fueron mandados a encerrarse a sus casas a unas supuestas vacaciones adelantadas que nadie pidió. ¿Qué van hacer las burocracias sindicales? Pues, aceptar el manotazo que dio la burócrata mayor del MEP.

Por José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado en conjunto con los diputados neoliberales y las cámaras empresariales ha venido aplicando una política de choque contra los trabajadores privados, públicos y, en general, hacia el pueblo trabajador. Ha utilizado de forma consciente y perversa la pandemia de la Covid-19 para implementar planes siniestros que han empobrecido de forma masiva y generalizada a los trabajadores, sectores populares y clases medias. Veamos.

En el sector privado en contubernio con los diputados y sectores empresariales aprobaron y autorizaron, mediante proyectos de ley suspender miles de contratos de trabajo, lanzando a al desempleo a miles de trabajadores, al grado tal que la desocupación llegó en el año 2020 hasta un 24% y, actualmente, ronda el 19%. Asimismo, aprobaron y autorizaron la suspensión de jornadas laborales y de salarios hasta en un 75%, reduciendo de forma sensible y muy grande la capacidad de compra de los trabajadores del sector privado que, ya de por sí, devengan miserables salarios de hambre. Toda esa situación ha conducido a que la absoluta mayoría de la población esté ahogada económicamente, concretamente, el 83% de la población sostiene vivir en esas condiciones de vida.

Por el lado de los trabajadores del sector público, el gobierno se ha empeñado y empecinado en hacer creer a la opinión pública que este sector de trabajadores son los responsables del gigantesco déficit fiscal. Acusa a los empleados que sus altos salarios y componentes salariales son disparadores del gasto público y, por ende, de provocar dicho déficit.

Entonces, ha aplicado una política de choque violento contra los salarios del sector público, decretando la suspensión por dos años el pago de las anualidades y, ejecutando por la vía de la regla fiscal del combo fiscal, el congelamiento por dos décadas años 20 y 30 de los salarios negando incluso, cualquier reajuste salarial por el costo de la vida o la inflación. Ya anteriormente con la aprobación del combo fiscal había aprobado la reducción de los componentes salariales, mediante la eliminación del pago porcentual a pago nominalizado. Es decir que, los salarios devengados en el año 2020 se mantendrán iguales hasta los años 30.  Lo anterior quiere decir que, cada año que pase, esos salarios se irán devaluando y, prácticamente, en unos 10 o 15 años esos salarios se habrían devaluado notablemente y reducido su capacidad de compra. Es decir, que mediante esos mecanismos se irán empobreciendo miles de empleado públicos.

Para rematar esa política de choque contra los trabajadores del sector público se encuentra en proceso de discusión y eventual aprobación, el proyecto de empleo público que despojará de todos los pluses salariales a ese gran sector de trabajadores. El poder ejecutivo para acelerar esa aprobación ha retirado todos los proyectos, ya que él tiene en este período el control de la agenda parlamentaria, dejando solamente en la corriente legislativa el nefasto proyecto empleo público.

Por otra parte, ha venido ejecutando una política de endeudamiento público creciente, ya sea mediante la deuda interna y externa, que hipoteca el futuro del país por décadas enteras, comprometiendo cualquier posibilidad de desarrollo económico y social. El acuerdo de préstamo por $1.700 millones de dólares firmado por el gobierno de Carlos Alvarado con el FMI contempla la aprobación y ejecución de un conjunto de draconianos proyectos que profundizarán aún más la pobreza, miseria y hambre de la mayoría de la población costarricense. Por ejemplo, el proyecto de renta global será otro gran golpe violento contra los salarios de empleados públicos y privados, ya que hará pagar impuesto por salarios a sueldos que actualmente no lo pagan. Toda una política voraz de recaudación fiscal.  En realidad, toda esa política de choque violento contra los salarios y condiciones de vida del pueblo trabajadora por parte del gobierno de Alvarado lo que está haciendo es homologar hacia abajo al país con el resto de los países centroamericanos. La tan cacareada “excepcionalidad” del desarrollo de Costa Rica pregonada por los burgueses e historiadores se ha desenmascarado y desaparecido.

¿Alerta Roja con Apertura?

Ocho gerentes médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han solicitado decretar el estado de alerta roja debido a los altos niveles de contagio por la pandemia, incremento de los muertos y desbordamiento de la infraestructura hospitalaria pública. Los datos son claros. Mientras sólo hay 359 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hay 435 pacientes que la necesitan, es decir, 76 enfermos por Covid-19 ya no pueden acceder a ese servicio. La ocupación llegó al121% y, en los próximos días, podría superar el 200%. La CCSS fue desbordada. El gobierno de Carlos Alvarado y el ministro de salud con la apertura en medio de la gravedad de la pandemia decidieron con las cámaras empresariales no decretar ningún estado de alerta roja y más bien decidieron abrir todas las actividades económicas el lunes 10 de mayo. Lo único que hicieron fue generalizar a tdo el país la restricción vehicular y reducir el aforo en diversos lugares como bares, restaurantes, parque y otros sitios.

Están, sin decirlo de forma pública y abierta, aplicando la política de inmunidad de rebaño, al estilo del régimen de Ortega, que se infecten los que tienen que infectarse y morir los que tengan que morirse. Sálvese quien pueda. Es una política totalmente irresponsable y criminal. En realidad, esa política contra la salud pública y la vida demuestra que Carlos Alvarado gobierna en conjunto con las cámaras empresariales acatando fielmente las propuestas y dictados de los capitalistas.

Debido a la gravedad de la situación de la pandemia, se requieren tomar medidas de emergencia nacional.  Aunque el gobierno no lo quiere reconocer existe en los hechos un estado de alerta roja. Esa una situación contradictoria terrible que puede conducir no solo a una crisis sanitaria sino a una catástrofe nacional económica, contagio y cientos de muertos.

1. Decretar la utilización obligatoria de la infraestructura hospitalaria y clínicas privadas al servicio de la emergencia sanitaria.

2. Impuesto del 10% de emergencia al gran capital para financiar la crisis sanitaria.

3. Que el gobierno le solicite una donación de vacunas a los gobiernos de China y Rusia para realizar una vacunación masiva.

4. Cierre de escuelas y colegios durante del I semestre del curso, pasando a modo totalmente a distancia.

5. Que el MEP les pague un reconocimiento salarial a los docentes por la utilización de sus equipos de cómputo e Internet.

6. Cierre temporal de las actividades no esenciales. No a la apertura.

7. Por una renta básica en forma de subsidio para todos los desempleados y trabajadores con jornadas reducidas, así como también para todos aquellos sectores informales afectados por la crisis

Por la Suspensión de las Clases Presenciales en el Primer Semestre

El demógrafo, Luis Rosero, aunque es un gran salubrista público y especialista, hoy con su política de plantear que no hay que cerrar escuela y colegios públicos, está al servicio del gobierno. Plantea, correctamente que, por ahora, las clases presenciales no son fuente de contagio de la Covid-19. Pero eso es circunstancial por algunas razones que se ocultan oficialmente. Veamos. En muchos colegios existe un gran ausentismo de estudiantes por temor al contagio. Si a un grupo A, B o C deben asistir 8, 9 o 10 estudiantes sólo asisten 2, 3 o 5 alumnos. Entonces, no es cierto que la mayoría de los estudiantes van a clases presenciales, sino que es una minoría. Las clases presenciales son una farsa.

En otros colegios existe una asistencia un poco mayor de estudiantes, pero igual hay un gran ausentismo. Sin embargo, si sumamos la circulación de esos miles de estudiantes, padres de familias, transporte de estudiantes, pese al ausentismo, es grande y, en algún aumento del gran contagio, los centros educativos se van a convertir en focos de infección.

¿Son seguros los centros educativos por el cumplimiento de los protocolos? Es totalmente falso. En los recreos los estudiantes tienen artimañas para evadir las medidas. En algunas partes los estudiantes se quitan las mascarillas y burlan los controles y protocolos e inclusos en los recreos usan mal las mascarillas, pese al esfuerzo de los docentes y personal administrativo. Hay muchos estudiantes que en sus comunidades y barrios que están por la libre y después llegan a los colegios y, quizás son asintomáticos, contaminan a los docentes. Además, en muchos colegios no reportan correctamente los contagios para no cerrarlos porque el MEP presiona en esa dirección. Así que todo es un engaño y falsedad.

Por tanto, es urgente exigirle al MEP la suspensión por este primer semestre de las clases presenciales y pasar a la modalidad total de clases a distancia. Esto con el objetivo de contribuir a aplanar la curva del contagio y evitar un desastre sanitario y de más muertos entre los docentes. Y también requiere disminuir el contagio entre los estudiantes, ya que a cada rato y de forma constante el ministerio de salud ha estado girando ordenes sanitarias por infección directa o nexo epidemiológico a miles de estudiantes.