Por José René Tamariz

Muchos especialistas, médicos, medios de comunicación y personas se hacen esa pregunta, pero no existe una respuesta definitiva al respecto. A lo largo de la historia ha habido diversas enfermedades pandémicas ocasionada por múltiples microorganismos, tales como los protozoarios y virus. Ahí están las enfermedades como la malaria (protozoario), la fiebre amarilla (arbovirus), la fiebre tifoidea (bacteria) y otras producidas estrictamente por virus. Por ejemplo, la malaria produjo en su momento de expansión hasta 3 millones de muerto anualmente; la fiebre amarilla, mataba al 95% de las personas que la contrajeron y la fiebre tifoidea fue una plaga que mató a miles de soldados y personas en diferentes países durante la primera guerra mundial.

La actual pandemia de la Covid ha matado en dos años a 5.517.789 personas en el mundo, es decir, aproximadamente, unos 2.758.894 humanos. Como se puede observar es una cifra menor que los ocasionados por la malaria en los años 1880 cuando la población era mucho menor que ahora, alrededor de uno 1 500 millones de habitantes contra 7 500 millones en el año 2020. Obviamente, la cantidad de muertos en esta pandemia ha sido menor que en otras plagas y pestes debido a diversos factores, entre otros, por las mejores condiciones de limpieza, higiene, seguridad social, medicinas y más desarrollo de la tecnología y la ciencia en el campo de la medicina. Además, de las políticas de confinamiento y protocolos de salud para enfrentar dicha enfermedad.  

No obstante, todo lo anterior la pandemia de Covid ha sido la más grande y mundial de los dos últimos siglos, ya que se ha expandido por toda la Tierra como no sucedió con las anteriores, producto de la globalización del transporte y movilidad de las personas a nivel planetario. Pero, existen varias preguntas, aún sin respuesta ¿hasta cuando va a terminar la pandemia de la Covid?, ¿tiene un límite biológico el surgimiento de nuevas variantes del virus Sars-Cov-2?, ¿seguirá de forma indefinida el desarrollo de la Covid?

La ciencia todavía no ha dado respuesta claras y categóricas sobre el fin de la pandemia. Existen algunas indicaciones probables en esas direcciones. En esta nota, se intenta plantear algunas ideas especulativas al respecto. Veamos algunos aspectos.

La evolución y adaptación de los organismos por selección natural se producen en ciertos períodos y tiempos, aunque pueden ser son continuas, a veces se producen a saltos, pero tienden a estabilizarse. Los virus no escapan a este proceso evolutivo y adaptativo. Las variantes preocupantes de ese virus que han surgido y desarrollado han sido las siguientes: Alfa, Beta, Gamma, Delta y Ómicron. Las variantes llamadas de interés son los virus Lambda y Mu.

La última variante de las cepas preocupantes que es la Ómicron es la que se ha propagado de forma más vertiginosa en el planeta Tierra, asimismo es la de mayor transmisibilidad y, por ende, la que más ha contagiado personas en el mundo, dando un salto puntuacional o cualitativo. Al parecer, la mutación de Ómicron ha afectado de forma positiva su capacidad de adaptación y replicación. En apariencia, las características de la variante Ómicron parecieran que son variaciones que tienden a ser más favorable para el huésped y más ventajosa para el hospedero, por tanto, eso explica que se haya extendido rápidamente por todo el mundo. Dicho de otra forma, al virus le interesa sobrevivir y seguir replicandose sin matar a su hospedero (humano).

La selección natural por variación genética en los virus se produce por dos mecanismos: la recombinación genética y la mutación aleatoria. Este último mecanismo selectivo es el del virus Sars-Cov-2, no su recombinación genética. La supuesta variante “deltacron” que, supuestamente, sería una forma de recombinación genética, en realidad, no existe, ya que fue una contaminación de un laboratorio en Chipre.

Por otro lado, es de gran importancia destacar que los síntomas de la variante Ómicron son más leves que las anteriores, pero también produce menos hospitalizaciones y muertes debido al gran avance de la vacunación a nivel mundial. Aunque ese proceso de vacunación es desigual entre los países ricos y pobres. De otra parte, también se podría estar produciendo un proceso de inmunidad de rebaño mundial debido al gran contagio de esta última variante. Algunos expertos calculan que, por ejemplo, la mitad de la población europea se va a contagiar con la variante Ómicron.

Es por ende la variante dominante. Sus síntomas y efectos, en términos generales, son más leves que las anteriores. Por tanto, como una posible hipótesis se podría plantear que, la variante Ómicrón al desplazar del escenario mundial a las demás variantes de forma dominante en tan poco tiempo, podría tener la tendencia a su propia estabilización y en los seres humanos. Sin embargo, estos planteamientos son especulaciones sobre el Sars-Cov-2 y la enfermedad que produce la Covid.

Por José René Tamariz

El 6 de febrero de 2022 son las elecciones nacionales de Costa Rica para elegir presidente de la República y 57 diputados de la Asamblea Legislativa. A esas elecciones se presentan 25 candidatos a la presidencia. A nivel provincial se presentan 11 partidos políticos para participar en las elecciones legislativas. Es importante señalar que en esta oportunidad electoral se inscribieron 12 partidos políticos más que en las elecciones del año 2018. Esa gran dispersión electoral con semejante cantidad de candidatos presidenciales y de partidos políticos han conducido a una reducción del financiamiento electoral de esos partidos. Asimismo, esa dispersión electoral conduzca a una mayor fragmentación o división de la próxima Asamblea Legislativa. Por tanto, es muy probable que varios partidos políticos estén recurriendo a un mayor financiamiento por parte de empresarios y grupos de poder económico, así como de narcotraficantes o de financiamiento de dudosa procedencia, lo cual compromete a quienes queden tanto en la presidencia de la República como en la Asamblea Legislativa a supeditarse a las demandas de quienes los financian.

¿Cuáles candidatos a la presidencia de la República tienen las probabilidades de ganar las elecciones?

En las dos últimas elecciones ha sido cada vez más difícil pronosticar y acertar qué candidato o partido político ganaría la presidencia de la República. Las votaciones se han vuelto muy volátil e impredecible y, por ende, el ganador de las elecciones. De acuerdo con las últimas encuestas realizadas por la Universidad Nacional (UNA), la empresa Enfoques y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) los candidatos que están en primer y segundo lugar son José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN) y Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En tercer, cuarto y quinto lugar se encuentran los candidatos Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (NV), José María Villalta del Frente Amplio (FA) y Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático (PSD).

Según las encuestas del CIEP-UCR, José María Figueres tenía una intención de votos del 19% en octubre de 2021 y disminuyó al 17,2% en diciembre, mientras que Lineth Saborío tuvo una intención de votos del 8% en octubre y pasó al 15,1% en diciembre. Es decir, las distancias entre ambos candidatos se acortaron. Igual las otras dos encuestas de la UNA y Enfoques colocan en segundo lugar a Saborío con 7,5% y 12%, respectivamente. Ningún candidato alcanzaría el 40% de las votaciones en primera ronda, por tanto, la segunda ronda es inevitable. El fenómeno de la segunda ronda se repetiría por tercera elección consecutiva. Entonces, una posible hipótesis es que ambos candidatos, Figueres y Saborío, queden como contendientes en la segunda ronda electoral. Las diferencias políticas, económicas y programática entre ambos candidatos y sus partidos políticos no existen, son casi idénticos. Saborío es más conservadora que Figueres en ciertos temas, pero nada más. Después, ambos son neoliberales consumados que se entregarán a los planes de ajuste y austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias.

Como parte de esa primera hipótesis hay que plantear que las masas electorales, luego de dos experiencias política-electoral con el Partido Acción Ciudadana (PAC) que se auto presentaba como un partido progresista, hayan decidido regresar al viejo bipartidismo del PLN y PUSC. Es decir, se desencantaron del PAC y no quieren repetir esas malas experiencias, ya que con las políticas del PAC como gobierno han conducido a un mayor desempleo, pobreza y miseria de miles de familias. Además, que el último gobierno del PAC encabezado por Carlos Alvarado se ha caracterizado por ser un gobierno que ha aplicada a rajatablas los más violentos planes de austeridad en contra de los trabajadores del sector público en general y, en particular, contra los trabajadores del sector privado. Por tanto, las masas no están dispuestas a volver repetir las experiencias fallidas con un nuevo partido político, aún muchos que son desconocidos y que se formaron a unos meses previos del proceso electoral.

La otra hipótesis, menos probable, es que en último momento emerja un nuevo candidato y dispute la segunda ronda electoral ya sea con Figueres o Saborío. El gran sector de indecisos que, prácticamente es mayoritario, podría inclinar la balanza en los días previos a las elecciones, cuestión muy difícil de auscultar. Es necesario mencionar que el sector de indecisos ha aumentado en este proceso electoral. Según las encuestas de la UNA, Enfoques y el CIEP, los indecisos, se ubican en 51,1%, 52% y 44,1%, respectivamente. La votación de ellos será decisiva para darle el triunfo a algún candidato, incluso en segunda ronda. 

Por otra parte, algunos sectores de opinión pública consideran que el PAC aún no está liquidado y que puede, como en las dos anteriores elecciones, resurgir a pesar de estar en los últimos lugares. Sin embargo, debido a que este último gobierno del PAC ha una máquina en contra de los niveles de vida y existencia de la mayoría de las masas es muy improbable y difícil que semejante fenómeno político se produzca. Es importante destacar que el candidato a la presidencia de la República, Welmer Ramos, del PAC se encuentran en todas las encuestas por debajo del margen de error de ellas.

¿Cuál es la participación de la izquierda en el proceso electoral?

A nivel nacional participan dos partidos de izquierda en las elecciones del 2022. El partido Frente Amplio (FA) que es de tendencia izquierda reformista, no va más allá de plantear ciertas reformas timoratas al capitalismo salvaje. Este partido político tuvo una ministra en el gobierno de Carlos Alvarado que, por razones electoralista, renunció a su puesto.  Ha tenido representación en la Asamblea Legislativa que, en algún momento, fue grande y ahora está reducido a un diputado, el ahora candidato a la presidencia de la República, José María Villalta. No es un partido ni socialista ni mucho menos comunista como lo cataloga la prensa burguesa y algunos sectores de opinión pública.

Por otra parte, participa del proceso electoral el Partido de los Trabajadores (PT) vinculado a la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT) de tendencia trotskista. Es necesario e importante señalar que este agrupamiento a pesar de que se reclama trotskista es un partido político que oscila, de forma constante, entre el oportunismo y el sectarismo. Realiza y desarrolla un oportunismo a nivel sindical con la burocracia del sindicato APSE y, simultáneamente, un sectarismo con corrientes sindicales progresistas y clasistas a nivel del sindicalismo magisterial.

De último, participan en las elecciones para la Asamblea Legislativa, a nivel provincial de San José y Cartago, el Nuevo Partido Socialista (NPS) vinculado a la corriente internacional del trotskismo denominada Socialismo o Barbarie. Este agrupamiento se caracteriza, principalmente, por ser un partido posmoderno en donde su principal énfasis y trabajo político ha sido trabajar sobre sectores de la diversidad sexual (LGBTII), por el derecho al aborto y otros temas. Aunque estamos de acuerdo de realizar trabajo político entre esos sectores y sus temas, sin embargo, consideremos que no debe ser el eje político de una organización revolucionaria trotskista como lo hace el NPS.

No obstante, a pesar de las profundas diferencias que tenemos con el NPS, llamamos a votar por sus candidatas/os a las diputaciones por las Provincias de San José y Cartago por ser candidatas vinculadas al movimiento sindical magisterial, tales como las compañeras, Marcela Ramírez, Heidy Valencia y otros compañeros/as luchadores sociales.

Por José René Tamariz

El día 30 de noviembre, Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Salud, sale dando declaraciones al diario “La Nación” en donde plantea que más servicios de la CCSS deberían estar en manos privadas. Esa cámara demanda una mayor “tercerización” de los diversos servicios de salud pública. Según Manzi “La tercerización requerirá una modificación reglamentaria dentro de la CCSS, que tiene un reglamento de provisión de servicios a tercero que, a nuestro criterio, es el origen de la imposibilidad de generar esas alianzas de manera efectiva. Está basado en un concepto, la inviabilidad: la CCSS debe demostrar que no puede brindar un servicio. Este es un tema que va a requerir de voluntad política…”. Más adelante, avanza en su propuesta de privatización solapada de los servicios de salud sosteniendo que “En la parte de construcción, estos modelos (de tercerización) los tenemos en Latinoamérica y en Europa. Los proyectos llave en mano están en construcción. La primera etapa, llamada bata gris, es contratar el mantenimiento de los edificios. Está el modelo de bata verde en donde se incluyen los servicios de farmacias y laboratorios clínicos. Y el modelo de bata blanca, uno más inclusivo, lo asume un tercero con estándares y criterios de calidad”. (La Nación, 30 de noviembre de 2021). En pocas palabras, la Cámara Costarricense de Salud plantea la diversificación de la tercerización o privatización de múltiples servicios de salud que van desde la construcción de edificios hospitalarios, mantenimiento de esos edificios, servicios de farmacias y laboratorios clínicos, cirugías y otros servicios de salud. Las propuestas de “bata gris, bata verde y bata blanca” de los capitalistas del sector salud sería convertir a la CCSS en un cascarón, privatizando todos los servicios de salud posibles.

El 9 de diciembre, Elian Villegas, ministro de Hacienda, de forma convergente y coordinada con el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Salud, aparece dando declaraciones al diario “La Nación” donde plantea que la CCSS erosiona la estabilidad fiscal del país. Según Villegas “Si hay algo que realmente tiene una capacidad poderosa de erosionar la estabilidad fiscal es la Caja y, por eso, es de la mayor importancia poder analizarla también desde la perspectiva financiera, pero no desde la perspectiva de salud, en la que también somos consciente de su aporte no solo a la salud, sino al pacto social” (La Nación, 9 de diciembre de 2021). Es importante destacar que ningún personaje de gobierno se había atrevido a llegar tan lejos en dar declaraciones tan temerarias contra la CCSS. Esta falacia de Villegas denominada de la “correlación y la causalidad” es nueva. Se intenta demostrar, falsamente, que la CCSS es ente desestabilizador de las finanzas públicas, o en otras, palabras puede profundizar el déficit fiscal. Analicemos los argumentos que brinda este tipo para plantear semejante cuestión.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, sostiene que “El financiamiento de la CCSS viene por dos fuentes: el mercado laboral y el presupuesto nacional. Como país, debemos reflexionar en que un incremento del presupuesto de la CCSS se traduce en una mayor presión sobre las cargas que se extraen del mercado laboral y ello afecta automáticamente el costo de la mano de obra, lo cual genera un impacto en la competitividad de las empresas y del país en general. Igualmente, al aumentar el presupuesto de la CCSS también habrá que procurar esos fondos por vía de transferencia del Presupuesto Nacional, es de decir de la recaudación del Estado (por vía de impuestos)”. (Ídem).

Los dos argumentos y preocupaciones del ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre los gigantescos “gastos” de la CCSS que son un poco mayor a ₵5 billones, casi parecido a los gastos corrientes del Gobierno Central de ₵6 billones, es que semejantes gastos afecta la “competitividad y el déficit fiscal”. Son reales y ciertos esos “argumentos”. Este planteamiento es nuevo, nunca se había señalado. Según Villegas, la CCSS debería financiar la fertilización in vitro, los asegurados por el Estado, por los niños y adolescentes, por los extranjeros y otros servicios. De acuerdo con la nueva visión del gobierno, la CCSS debe asumir de sus propias finanzas todos esos servicios que le corresponde financiar al Estado. Eso no es de recibió, ya que el Estado está comprometido y obligado por ley. ¿Cómo afecta la competitividad de las empresas los supuestos “gastos” de la CCSS? Según Villegas porque se incrementan las “cargas sociales”. Pero eso no es cierto. Más bien la CCSS durante la pandemia ha disminuido las cargas sociales a todas las empresas sin distingo, lo cual ha sido un grave error por parte del gobierno. Por otro lado, es de gran importancia destacar que los servicios de la CCSSS a los trabajadores garantizan una mayor competitividad entre las empresas, puesto que aumenta un mayor rendimiento de la productividad y de la salud de miles de trabajadores, lo cual asegura que los empleados sigan laborando de forma sana.

 De acuerdo con los últimos informes la productividad laboral en el país ha crecido. Según la OCDE “La productividad laboral en Costa Rica creció desde 1991 a 2018 debido al aumento en la eficiencia con que se trabaja, en especial en la última década, el comportamiento del sector servicios y menos por el numero de horas dedicadas a la producción”. (Ídem).

Por otra parte, ¿Cómo afecta el déficit fiscal los gastos de la CCSS? En teoría los gastos de la CCSS no deberían afectar el déficit fiscal del gobierno, puesto que las finanzas de la CCSS no dependen directamente del gobierno, sino que dependen de las rebajas de los salarios de todos los trabajadores, así como del pago de las empresas del seguro social y del gobierno. Ahora, que todos esos servicios de pensiones a cargo del Estado y muchos otros son cuestiones y obligaciones históricas del Estado es otra cuestión que pareciera que el gobierno quiere renunciar, por razones fiscal, a pagarlos ¿Por qué hoy se cuestionan? Simple y sencillamente porque el gobierno pretende que los asuma la CCSS, lo cual es una responsabilidad del Estado.  Pero, de fondo esos no son los problemas. Entonces, ¿Cuál es el problema o asunto de fondo?

Simple y sencillo. Los capitalistas del sector de salud y el ministro de salud, Elian Villegas, así como el gobierno de Alvarado pretenden pasar ese gran pastel de supuestos “gastos” de la CCSS por más de ₵5 billones de colones a manos del sector privado de la salud. Existe un compadrazgo entre el sector de capitalistas de la salud y el ministro de Hacienda para pasar los jugosos negocios de la salud pública al sector de la salud privada, bajo el falso argumento de que los “gastos” de la CCSS “impacta” la competitividad y el déficit fiscal.

La maniobra del ministro de Hacienda y del director ejecutivo de la Cámara de la Salud es descarada y explicita. Todos los sindicatos de la salud deben salir al paso de esta nueva patraña que, tras bambalinas, se cocina en contra de la CCSS. Elian Villegas, ministro de Hacienda, ha sido un abogado a sueldo de los grandes corruptos de los empresarios de la construcción. Elian Villegas fue empleado y testaferro de la empresa H. Solís. Mélida Solís, le daba ordenes y lo que debía hacer porque ella le pagaba, así que, aunque lo niegue, este tipo seguía, desde su posición de ministro, asesorando a los corruptos de sus empleadores.

¿Cuáles deben ser las medidas y soluciones para resolver la problemática planteada? Simple y sencillo. El gobierno debe asumir sus responsabilidades sociales: seguir pagando todos los servicios de los ciudadanos pobres, llámase pensiones no contributivas, seguro social para niños y adolescentes y otros servicios de salud y atención primaria para sectores sociales vulnerables y en condición de pobreza. ¿De donde se debe financiar esos servicios? De los recursos fiscales del Estado. Tal y como ha sido. La CCSS no puede ni debe financiar esos servicios. Ahora, si el gobierno no quiere pagar esos servicios debe hacerlo público y verá la rebelión que tendrá.

De otro lado, los sindicatos del sector salud y los directivos de la CCSS debe promover diferentes iniciativas que permitan un nuevo financiamiento de la CCSS para sus diferentes servicios. En primer lugar, las organizaciones sindicales deben exigir que las empresas y el gobierno cancelen sus deudas históricas con la CCSS. Al respecto de esas deudas del Estado con la CCSS el flamante ministro de Hacienda, Elian Villegas, sostiene que hay que “…. Revisar… el concepto de deuda histórica” del Estado con la CCSS. Simple y sencillo. El gobierno pretende no pagar los compromisos de la deuda del Estado con la seguridad social.

Las organizaciones sindicales del sector salud y de otros sectores deben de exigir y luchar para que el Estado cumpla con sus compromisos con la seguridad social y, además, que exija que todos los empresarios morosos paguen de inmediato sus deudas con la CCSS. Se debe exigir que los capitalistas que no paguen a la CCCS sus bienes y cuentas bancarias deben pasar a manos de la CCSS.

Por José René Tamariz

Los casos de corrupción en Costa Rica se han producido desde los presidentes de la República (Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y José María Figueres) hasta altos e intermedios mandos de las instituciones públicas, así como empresarios, alcaldes, regidores, partidos políticos y funcionarios de esos partidos, municipalidades y otras instituciones. Toda la institucionalidad nacional se ha visto, de una u otra forma, involucrada en dichos eventos. La gigantesca y multimillonaria evasión fiscal por parte de los empresarios, grandes y medianos, es parte de esa plaga. Al proceso de corrupción se le ha agregado un factor plus o adicional, la penetración del narcotráfico en las diversas instituciones estatales, sistema financiero nacional, actividades económicas y comerciales, así como la compra de jueces, policías, agentes del OIJ y funcionarios intermedios del sector público.

Los recientes casos de corrupción llaman la atención por la gran cantidad de dinero que se han movilizado y la cantidad de instituciones, empresas y empresarios, funcionarios públicos, narcotraficantes y otras personas involucradas. El caso “Cochinilla”, colusión entre grandes empresarios de la construcción y altos funcionarios púbicos de Conavi, en junio de 2021; el caso “Diamante”, coligación entre grandes empresarios de la construcción y alcaldes, regidores y funcionarios municipales, en noviembre de 2021; el caso “Azteca”, simbiosis entre narcotraficantes y altos funcionarios públicos de la institución Acueductos y Alcantarillado ( A y A), noviembre de 2021; el caso finca “Darwin”, mayo 2021, coligación entre un empresarios de palma aceitera y narcotraficante, agentes del OIJ y altos funcionarios municipales; el caso “Clan Turesky”, mayo 2021, dirigentes de ese grupo narco visitaron unas 30 veces las instalaciones de la Asamblea Legislativa para reunirse con diputados y recibir apoyo para gestiones en el MOPT, Banhvi y otras instituciones públicas.

Como se puede observar la lista es numerosa, las personas involucradas muchas y varias instituciones públicas. Ahora, eso es la que apenas sale a luz pública, pero existen múltiples casos que siguen ocultos. Probablemente sea el caso del multimillonario proceso de lavado de dinero del narcotráfico en el sistema financiero nacional. Analicemos, brevemente, cada caso de corrupción y luego pasemos a la generalización del fenómeno de la corrupción y su vinculación con el narcotráfico.

El “caso Cochinilla”

Este caso de corrupción es ejemplar y emblemático, ya que en él está involucrado como uno de los principales actores uno de los capitalistas más rico de Costa Rica, Carlos Cerdas, empresario de la Construcción y dueño de la empresa MECO que, es una especie de multinacional costarricense, opera en diversos países: Belice, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia. Esta empresa ha tenido la capacidad de ejecutar, de forma simultánea, 90 proyectos de construcción en esos diversos países. Su dueño ha aparecido en la revista “Forbes” como uno de los hombres más rico de Centroamérica con ingresos anuales de $690 millones.

La otra empresa constructora involucrada en ese caso de corrupción es la empresa H. Solís, cuya dueña, Mélida Solís. Probablemente sea la segunda empresa más gigante de la construcción después de MECO. Según la fiscalía adjunta de probidad, y transparencia y anticorrupción esas dos empresas se repartieron entre el año 2016 y 2020 ₵154.250 millones, o sea, unos $250 millones, mediante prácticas ilegales de corrupción. Por otra parte, es necesario e importante destacar que esas dos empresas, de forma coordinada, controlaban el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) el cual es el “… encargado de planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción del sistema vial nacional, con el apoyo de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al cual se encuentra adscrito”. Los corruptores, los grandes empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís y sus testaferros, compraban a altos funcionarios de Conavi, mediante diversas dadivas en dinero, regalos de carros, construcción personal, favores sexuales, almuerzos, bebidas alcohólicas y otros favores personales.

En realidad, esos altos funcionarios fueron cooptados por esos grandes empresarios y actuaban como sus sirvientes y perros falderos en esa institución. El Conavi fue creado durante la administración de José María Figueres. Se le creó para dirigir la concesión de obra pública que ha resultado en una gran estafa y uno de los mecanismos principales para la realización de actos de corrupción en la construcción de obra pública, como hemos podido observar con este sonado caso de cochinilla y los demás que después analizamos.

De otro lado, este sonado caso de corrupción ha salpicado desde casa presidencial hasta diversas instituciones pública. La casa presidencial fue allanada por el OIJ, ya que el ex principal asesor presidencial, Camilo Saldarriaga, tuvo que renunciar de su puesto porque según la fiscalía fue una pieza clave para tapar el hueco presupuestario de Conavi y acelerar dichos desembolsos. Asimismo, se han visto involucrado funcionarios de la tesorería nacional que facilitaban los desembolsos rápidos de los dineros para esas obras públicas corruptas.

Por otra parte, es importante destacar que el Consejo de Administración está integrado por los siguientes miembros: el ministro de obra pública y transporte (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, el cual es su presidente; Berny Vargas, director, representante del MOPT; Vilma Padilla Guevara, representante de la UCCAEP; Jenny Nuñez Montoya, representante de la unión de gobiernos locales; Marcia Cordero Sandí, representante de la asociación de carreteras y caminos de Costa Rica y Tomas Figueroa Malavassi, representante del MOPT. Por tanto, todos estos miembros son responsables de la situación y niveles de corrupción dentro del Conavi y nunca realizaron ninguna denuncia ni, mucho menos, tomaron acciones para frenar y eliminar la corrupción de la institución a la cual presiden.

¿Cuál es el problema de fondo en el caso de corrupción llamado “Cochinilla”? Este caso no es cuestión de moral o ética, ni se resuelve con nuevas leyes, ni nueva normativa y otros controles. Simple y sencillamente tiene que ver con la naturaleza fraudulente del sistema capitalista. Veamos.

1. Competencia capitalista. Este caso en concreto refleja de la forma más clara y contundente como las dos más gigantescas empresas de la construcción para eliminar a sus demás menores competidores de la construcción recurren, sin ningún tipo de escrúpulos, a cualquier acto de corrupción con los altos funcionarios de Conavi. Mediante todo tipo de acto de corrupción, Carlos Cerdas y Mélida, lograron eliminar y reventar a sus competidores en la construcción de obras públicas y se convirtieron en un duopolio pactado entre ambos grandes empresarios. El testimonio del dueño del grupo Orosi, Eladio Araya Mena, en la Asamblea Legislativa confirma como esos dos grandes empresarios trataban a sus competidores. Ese empresario “sostuvo que su compañía ha sido la última en un ataque que ha arrastrado por años a muchas firmas pequeñas a causa de la concentración de carteles, el amaño y tráfico de influencias para consolidar duopolios, haciendo referencia a los contratos que, en su mayoría manejaban MECO y H. Solís”. (La Nación, 12 de noviembre de 2021).

2. Concentración y centralización del capital. La competencia de MECO y H. Solís, mediante cualquier tipo acto de corrupción a los altos funcionarios de Conavi, se garantizaban el aplastamiento de las otras empresas más pequeñas de la construcción. Todas esas maniobras de corruptela han conllevado a esas dos grandes empresas y sus dueños a un proceso acelerado de concentración y centralización de sus capitales, al grado tal que Carlos Cerdas se ha convertido en uno de los empresarios más ricos de Costa Rica y Centroamérica.

3. Estos procesos de competencia, concentración y centralización funcionan y opera en todas las actividades del sistema capitalista en Costa Rica. Así se han producido la concentración y centralización en las farmacias (farmacia Fischel, farmacia Walmart) en los supermercados (Walmart, Gessa) y otras áreas.

4. Según Ernest Mandel “La meta del capitalista es la acumulación del capital, la capitalización de la plusvalía. La propia naturaleza de la circulación del dinero implica esta meta…”. Además, esa meta de acumulación se hace a cualquier costo como hemos podido observar. Ese es el motor del funcionamiento del sistema capitalista y, por ende, de los capitalistas que, como Carlos Cerdas y Mélida Solís, han acumulado grandes capitales. 

El “caso Diamante”

El caso de corrupción conocido como “Diamante” es una extensión del caso “Cochinilla”, pero tiene sus especificidades y particularidades. Aquí es una colusión entre la gran empresa MECO y otra empresa de la construcción menor llamada Exportadora de Explosivos Costarricense (Explotex) cuyo dueño es el empresario, Daniel Cruz Porras con los alcaldes, regidores y funcionarios municipales de diversas municipalidades. Los alcaldes, regidores y funcionares municipales ayudaban a MECO a ganar millonarios contratos de obras públicas municipales. A cambio, los alcaldes y demás funcionarios involucrados recibían dinero, trabajos en casas de familiares, automóviles y donaciones para campañas políticas. Por ejemplo, la empresa MECO financió la elección de los alcaldes de Cartago y Osa, Mario Redondo y Alberto Cole, respectivamente. Los alcaldes involucrados en ese caso de corrupción son los siguientes:

Alcaldes municipalidad partido político al que pertenecen

Johnny Araya San José Partido Liberación Nacional (PLN)

Alfredo Córdoba San Carlos Partido Liberación Nacional (PLN)

Humberto Soto Alajuela Partido Liberación Nacional (PLN)

Alberto Cole Osa Partido Liberación Nacional (PLN)

Mario Redondo Cartago Alianza Demócrata Cristiana (ADC)

Arnoldo Barahona Escazú Partido Nueva Generación

Como se puede observar, la mayoría de los alcaldes involucrados en este caso de corrupción son del PLN, es decir, un 66,7%. Esas municipalidades fueron allanadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sus alcaldes apresados y detenidos temporalmente, ya que luego fueron liberados, aunque tienen medidas cautelares como la suspensión de sus puestos y otras. Sin embargo, en ese caso también fueron allanadas las municipalidades de Siquirres y Golfito, pero los alcaldes no fueron arrestados.

Es de importancia mencionar que los alcaldes se han convertido en un nutrido grupo con mucha influencia y poder en el seno de la Asamblea Legislativa al grado tal que han logrado obtener más dinero para realizar diversas actividades como obra pública, obra social, construcción de escuelas y colegios, desarrollar proyectos de vivienda y otros más.

La fracción del PLN que es mayoritaria en la Asamblea Legislativa ha sido una de las principales impulsoras de esos proyectos a favor de las municipalidades. El PLN al perder de forma consecutiva las elecciones presidenciales a manos del PAC y, por ende, perder el control del poder Ejecutivo, se ha atrincherado en las municipalidades que controlan de forma mayoritaria. De ahí la importancia y más poder que les han otorgado a las municipalidades. Esas instituciones municipales son las fuentes de financiamiento del PLN, así como sus bases de apoyo social y reclutamiento de partidarios.

Entonces, ¿Cuáles son objetivos de los empresarios y políticos burgueses en este caso de corrupción? Para los empresarios existe un doble objetivo: económico, aumentar sus ganancias, ganando millonarias licitaciones de construcción, mediante actos de corrupción y, simultáneamente, cooptar a alcaldes con gran influencia dentro de los partidos políticos y de paso controlar el poder político, para seguir aumentando sus ganancias en obtener más obras públicas.

En realidad, así funciona el poder económico y político en Costa Rica y el sistema capitalista en general. Los capitalistas financian las campañas políticas de los partidos políticos para que los políticos burgueses, desde sus diversas posiciones de poder (municipalidades, Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y otras instituciones) les sirvan a sus intereses para seguirse enriqueciendo y acumulando, cada vez más, capital. Es la simbiosis típica de la relación entre capitalistas y sus siervos, los políticos burgueses.

El caso “Azteca”, “Darwin” y “Turesky”

A los casos típicos de corrupción para el aumento de capitales y la obtención del poder político, se le ha sumado en los últimos tiempos un caso plus o adicional. La penetración de capitales millonarios del narcotráfico en actividades económicas, comerciales y otras formales para lavar dinero, pero en colusión con altos funcionarios públicos. En el caso “Azteca” narcotraficantes crearon empresas para construir obras públicas en la institución Acueductos y Alcantarillados (A y A). Mediante actos de corrupción y dádivas de diferente tipo a 14 funcionarios de A y A, las empresas de los narcotraficantes lograron conseguir licitaciones por unos 1.000 millones de colones y, de esa manera, lavar dinero del narcotráfico. Aquí también se produce una simbiosis entre políticos burgueses y jefes del narcotráfico. El empresario agroexportador Manuel Acón, miembro del Partido Restauración Nacional (PRN). Este tipo es aspirante a diputado por la provincia de Guanacaste de ese partido evangélico. Ha mantenido nexos muy estrechos con uno de los líderes de la banda de narcotraficante del caso “Azteca” llamado, Héctor Camelo Hernández al cual lo llamaba “jefe”.

En el caso “Darwin” un empresario de palma aceitera y narcotraficante, junto con su banda invertían en el sector agrícola, invirtiendo en compra de vehículos, propiedades, fincas agrícolas, equipos de trabajos para el campo y otros bienes para lavar el dinero procedente del narcotráfico

En el caso Cartín o Turesky también invertía dinero procedente del narcotráfico en obra pública y lograron mantener relaciones con políticos burgueses para alcanzar sus objetivos de lavar dinero. Varios de sus líderes visitaron hasta 30 veces las instalaciones de la Asamblea Legislativa y se reunían con diversos diputados para conseguir apoyo a sus proyectos, logrando gestiones en instituciones públicas como el MOPT y otras. Tenían proyectado construir proyectos turísticos y viviendas en Limón y Corredores. Invirtieron hasta 12.500 millones de colones en propiedades en diversos lugares del país.

Estos casos son una colusión entre empresarios-narcotraficantes, funcionarios públicos y políticos burgueses lo cual demuestra la penetración del narcotráfico en la política y millonario lavado de dinero por parte del narcotráfico.

Según el fiscal general de la República a,i., Warner Molina “… el sistema de inteligencia financiera del país es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero de origen ilícito; es poco eficaz, no es funcional”. (La Nación, 18 de agosto de 2021). Más adelante sostiene que “… si el sistema de prevención antilavado de las entidades financieras del país es tan poco eficaz para detectar a los grandes legitimadores, menos es posible exponer a aquellos que dan apoyo a las campañas electorales, ya sean nacionales o municipales”. (Ídem).

Por tanto, de lo anterior se deduce de forma clara que el lavado de dinero es muy grande en el país y que los controles financieres son ineficaces, lo cual está facilitando con esas grandes cantidades de dinero ya circulando formalmente que el narcotráfico haya penetrado en la política y tenga influencia dentro de los partidos políticos y controlen a políticos burgueses para sus fines. Entonces, ya existe una simbiosis de narcotraficantes y sus dineros con los partidos políticos y sus políticos burgueses.

¿Cómo Combatir la Corrupción?

Según el empresario avícola, Luis Mesalles, en su columna del diario “La Nación” la corrupción se debe combatir mediante las siguientes medidas: simplificar trámites, establecer reglas claras y transparentes; mejorar los procesos de contratación administrativa; fomentar el gobierno digital de verdad; evitar que funcionarios inescrupulosos puedan poner trabas al sistema, para con ello tentar a otros ciudadanos a cometer actos ilícitos; eliminar la reelección continua de alcaldes. En realidad, ninguna de esas “normativa” propuesta por los empresarios puede contener y combatir de forma eficaz la corrupción y la penetración del narcotráfico en la política. Esos graves problemas no se combaten normas, sino tomando medidas que golpeen los capitales, bienes, cuentas bancarias y el modelo de obra pública existente. Veamos algunas medidas que se deben tomar contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.

1. Confiscar los bienes, ya sean empresas y otros, así como capitales a todos los corruptos, ya sean empresarios, políticos, altos funcionarios públicos y narcotraficantes.

2. Eliminar el modelo denominado “obra de concesión pública” ya que se ha demostrado con tantos casos que facilita y promueve la corrupción. Dejar la obra pública de construcción en manos del ICE y el MOPT. Quitarles a las municipalidades las obras de construcción.

3. Eliminación del CONAVI.

4. Quitar la personería jurídica a los partidos políticos que sean acusados de estafas en las campañas políticas y que hayan recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas políticas.

5. Inhabilitar a todos los corruptos a postularse a puestos de elección popular y a cargos públicos.

6. Encarcelamiento inmediato, sin posibilidad de salir de la cárcel a todos los corruptos. Juicios y condena rápido a los corruptos y narcotraficantes.