Por Ernesto Fuertes

La Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) realizó el pasado lunes 1 de febrero una serie de protestas, movilizaciones y bloqueos de calles en contra de las operaciones de la empresa multinacional Uber. Ésta se encarga de brindar un servicio de transporte más barato gracias a sus características monopólicas (con inversiones de las multinacionales de internet Google y Baidu), sin pagar impuestos ni seguros para sus usuarios, ni cumplir con una serie de requisitos públicos para la ejecución del servicio, etc. De hecho, la empresa opera actualmente en la ilegalidad, ya que no realizó los trámites para el inicio de operaciones en Costa Rica. Todo esto les permite vender el servicio a un precio mucho menor o pagar salarios mucho mayores a sus empleados, fulminando a la competencia.

De manera paralela, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida, ha provocado un aumento de trabajadores del transporte formal e informal (taxis públicos o porteadores, etc), lo cual se suma a la crisis por la cual pasan los taxistas: mientras aumentan las personas que recurren a Uber para tener un trabajo, asimismo aumenta la competencia entre Uber, el taxi público o porteadores informales, y frente a una condición de crisis de la economía, estalla el descontento. Todo esto en el marco de una deflación mundial, con una fuerte caída de la demanda agregada (no solo la demanda del consumidor, sino de la inversión), la expansión acelerada de Uber representa una forma desesperada de los capitales extranjeros de mejorar sus beneficios de cualquier manera.

Nuevamente, las protestas culminaron en una mesa de negociación que no culminó en nada. Los taxistas anuncian nuevas medidas de presión para el próximo lunes 8, y el gobierno critica a Uber por la falta de trámites formales para su operación, al mismo tiempo que le permite seguir operando en el país. Lo que nadie le dice a los taxistas es que ninguna de sus demandas gremiales puede ser cumplida, si no cambian las condiciones económicas y políticas de la sociedad costarricense en general: los empleadores de taxistas continuarán reduciendo costos (bajar salarios o despedir) como forma de lidiar con su poca rentabilidad frente a Uber, así como Uber pasará a subir sus tarifas y reducir también sus propios costos (lo que implica bajar los salarios de sus propios asalariados). La única forma en que el taxista puede mejorar sus condiciones de vida es si elimina el desempleo, si hay una escala móvil de salarios, si se bajan los intereses al nivel de la inflación, si hay repreciación del colón, acceso a crédito, reforma agraria, etc (en resumen: la creación de un mercado interno anti-colonial), todo lo cual permitiría la reducción del desempleo que obliga a buscar trabajo en el transporte, permitiría aumentar el poder adquisitivo para la demanda de transporte público, permitiría una reducción de la inflación y de la importación de crudo, etc.

Además: vemos que se dan casos como el de Hacienda La Luisa al mismo tiempo que el de Chánguina, vemos que despiden trabajadores del ICE al mismo tiempo que amenazan los empleos y salarios del sector público en general, etc. Como con los taxistas, el Estado burgués se encarga de exprimirles derechos y condiciones de vida a los trabajadores, para aumentar las riquezas de empresas nacionales y extranjeras. Y vemos que la salida del movimiento popular costarricense es llevar a cada grupo de trabajadores y campesinos separados a protestar frente a Casa Presidencial, el Ministerio de Trabajo o las instalaciones del ICE, del mismo modo en que los gremios de taxistas sacan a protestar a sus trabajadores de manera aislada. Fragmentados, luchando por las simples demandas sindicales o gremiales de cada sector, sin ningún plan de agitación y propaganda general, los trabajadores y campesinos desfilan por las calles y son derrotados fácilmente por burgueses y Estado. ¡Por este camino el movimiento popular costarricense no tiene ningún futuro! ¡Representa el más grave seguidismo y economicismo, y tiene todas y cada una de sus características!

La demanda de los taxistas se vuelve entonces irrealizable sin políticas que se salen de lo sindical. Decirle a los trabajadores que sus acciones de lucha van a tener resultados, cuando se sabe que no existen las condiciones para cumplir sus propias demandas, se vuelve una tarea de antemano fallida. Eso significa que todos los puntos antes mencionados tienen que plantearse por el movimiento popular como las únicas medidas que pueden resolver los problemas y demandas sindicales de los trabajadores del transporte tanto como los del campo o la ciudad, la agricultura, la industria o los servicios, etc. En términos de organización, esta tarea no puede ser cumplida por ningún sindicato aislado: solo los partidos y organizaciones populares de todos los tipos pueden plantear estas medidas no-sindicales, alrededor de las cuales puedan organizarse los trabajadores de distintos gremios y sectores. Por lo tanto, los partidos tienen que fundar una coordinadora general permanente, y convocar a todos los sectores trabajadores y campesinos, organizaciones, sindicatos, asociaciones, colectivos, activistas, ciudadanos, etc, que deseen participar en esta organización, e iniciar una gran campaña planificada de agitación y propaganda en defensa de ese programa de reformas como única forma de resolver los problemas de taxistas y demás trabajadores. La sindicalización y cualquier objetivo sindical mismo son imposible sin esta instancia.

Por José René Tamariz

El gobierno de Solís envió a la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley que tienen como objetivo golpear los niveles de vida de los trabadores tanto del sector público como privado, mediante algunos proyectos fiscales y otros de empleo público que reducen, congelan y eliminan los componentes salarias y conquistas sociales logradas por los trabajadores a lo largo de muchos años.

Estos proyectos serán discutidos y votados en las sesiones extraordinarias que iniciaron el 1 de diciembre del 2015 y terminan el 30 de abril del año 2016. El primer proyecto es el de conversión del impuesto de venta en el impuesto al valor agregado (IVA) que pasaría del 13% actual hasta un 15%; el segundo, se llama “Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público”, del cual es proponente la diputada Sandra Pisk del PLN y el tercero es del propio gobierno que pretende convertir el incentivo de las anualidades en “evaluación del desempeño” en la función pública.

El proyecto del PLN, el gobierno lo ha asumido como suyo, es el producto de negociaciones que el gobierno ha tenido con esa fracción parlamentaria. El intercambio que el poder Ejecutivo ha realizado con esos partidos el periódico La Nación lo resume muy bien “Primero, los planes de ley para contener el gasto. Luego y, solo luego, se discutirá el aumento de ingresos del Gobierno”. (La Nación, 2 de diciembre del 2015). Esa política de la “oposición” el gobierno la ha hecho suya y, además, le ha agregado su propio proyecto que se suma a la ofensiva neoliberal en contra de los trabajadores del sector público.

Un solo Objetivo: Hacer que los Trabajadores Paguen el Déficit Fiscal

El proyecto del gobierno de aumentar el impuesto de venta, convertido en impuesto al valor agregado, del 13% al 15% sería un ataque violento en contra de los trabajadores y sectores populares. Profundizaría aún más el carácter regresivo de los impuestos. Si el gobierno quiere impuesto para las profesiones liberales, entonces que se los imponga, pero si aumentar los impuestos de venta a los trabajadores y sectores populares. Es un plan que no toca para nada a los capitalistas nacionales y transnacionales. Veamos, entre otras, algunas propuestas del gobierno del “cambio”.

El aumento del impuesto a los servicios de electricidad y agua, también es un ataque contra los trabajadores y clases medias. Actualmente el consumo de energía eléctrica y agua, sobre el exceso de 250 kWh y 40 m3, es del 5% y con el nuevo IVA se pretende llevarlo hasta el 15%, lo cual constituiría un salvaje incremento de un 10%, igual pasaría con el alza del impuesto al consumo del agua. Por otra parte, el cobro del IVA sobre los alquileres de casas igual o superior al salario base de 403.400 colones es un golpe al consumo y condiciones de vida de sectores de clases medias. Es cierto que no cualquier persona puede pagar ese tipo de alquileres, pero muchos sectores de clases medias lo hacen porque no tienen la capacidad para comprar casas.

El segundo proyecto del PLN es un calco fiel de un proyecto del gobierno de Laura Chinchilla sobre este tema. Este es un proyecto totalizador, ya que abarca a todos los empleados estatales (poder ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, órganos auxiliares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, municipalidades), excepto, las instituciones que se encuentran en régimen de competencia (bancos estatales, INS e ICE).

Golpes a las Convenciones Colectivas

El proyecto de Sandra Pisk constituye una verdadera arremetida en contra de los derechos colectivos de los trabajadores. Veamos. El artículo siete, referido a la vigencia de las convenciones, plantea que “Cuando las convenciones colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene vigente hasta tanto no se negocie una nueva, se entenderá que el plazo por el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de 9 meses, contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o de la última prórroga que la ha mantenido vigente. Superado este plazo sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de negociación”. (Expediente N°. 19.156, página 4). El énfasis es nuestro.

Lo nuevo y grave en contra de las convenciones colectivas es que plantea un plazo perentorio de 9 meses para negociar una nueva y que, si superado ese plazo no hay acuerdo, la convención colectiva queda sin efecto y las nuevas negociaciones partirán de cero. Esto, en realidad, constituye un atropello, desconocimiento y eliminación de todos los derechos y conquistas económicas y sociales contempladas en las convenciones colectivas.

La Reducción al Auxilio de Cesantía

El artículo 8 de ese nefasto proyecto señala que “A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los servidores del Estado quedará limitada ocho años, salvo que se trate de funcionarios que conforme a la normativa vigente con anterioridad a esta Ley, tengan derecho a un número mayor de 8 años por concepto de auxilio de cesantía, a quienes se les respetará la cantidad de años acumulados a la entrada en vigencia de la ley, el cual no podrá seguir aumentando”. (Ídem).

Esta política de reducción de la cesantía está dirigida contra diversas instituciones públicas y convenciones colectivas, a saber: CCSS (20 años de cesantía), RECOPE (24 años), INS (20 años), CNP (25 años), CNFL (20 años), INA (12 años), JAPDEVA (20 años), JPS (20 años), bancos estatales (20 años), banco popular (todos los años) universidades públicas (entre 15 a 18 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años). Como se puede observar, ese proyecto es un ataque contra todos los trabajadores de esa gran cantidad de instituciones públicas. De aprobarse ese proyecto, a los trabajadores que tengan más de 8 años se les respetarán esos años, pero su auxilio de cesantía quedaría congelada a los años acumulados a la fecha de entrada en vigencia de anti-obrero proyecto.

Sin embargo, esta diputada y el gobierno que le sirve de comparsa, pretenden golpear a los trabajadores del sector público con los años de cesantía, pero le hacen una concesión a las asociaciones solidaristas, es decir, a los empresarios, ya que al final del artículo 8 plantean que “Esta disposición no afectará el derecho de los servidores a percibir un beneficio mayor derivado del aporte patronal a la asociación solidarista de la cual formen parte, o como consecuencia de la aplicación de la ley de protección al Trabajador”. (Ídem). En otras palabras, los trabajadores del sector privado agrupados en las asociaciones solidaristas que son miles tienen el derecho a recibir el auxilio de cesantía sin ningún tope. No estamos en contra de que los trabajadores del sector privado reciban el auxilio de cesantía por todos sus años trabajados, lo que estamos en contra es de la maniobra del PLN, el gobierno y los patrones, que pretenden dividir a los trabajadores del sector privado y público en cuanto al auxilio de cesantía. El derecho debe ser igual para todos los trabajadores.

El Golpe a la Dedicación Exclusiva

El artículo 10 de ese proyecto plantea que “La figura de la dedicación exclusiva se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones así lo ameriten. La compensación económica se otorgará por porcentajes diferenciados conforme al grado académico que ostente cada servidor, porcentajes que serán establecidos en el reglamento de esta ley”. (Ídem). Entonces, lo más probable es que muchos puestos o cargos que actualmente gozan de ese incentivo con esta ley le sean eliminados. El proyecto señala que la dedicación exclusiva no es un derecho adquirido.

El Golpe al Régimen de Disponibilidad

El régimen de disponibilidad pasa de ser inherente al cargo para convertirse en un contrato. El artículo 11 señala “Para tener derecho a esta compensación económica, el servidor deberá suscribir un contrato en donde se especifique el tipo de disponibilidad a que queda obligado, el beneficio económico que recibirá, las condiciones en que prestará el servicio y la demás información que sea necesaria”. (Ídem). A continuación ese artículo señala que “La compensación económica por disponibilidad no podrá sobrepasar el 15% del salario base”. (Ídem). Actualmente la compensación económica por el régimen de disponibilidad va desde un 10% hasta un 50% del salario base en diversas instituciones públicas, por lo cual la aprobación y entrada en vigencia de este proyecto, tal como está, significaría un golpe significativo a los ingresos de los empleados públicos en algunas instituciones públicas, como por ejemplo, en la CCSS y otras.

La Conversión de las Anualidades a la “Evaluación del Desempeño”

Aunque este proyecto del gobierno no se encuentra en el plenario, si fue enviado al Congreso para su eventual discusión y aprobación. El coincide, en muchos aspectos, con el de Sandra Pisk, ya que ambos reducen ese incentivo al 2.54% del salario base y aumenta la calificación para su pago al “muy bueno”. Sin embargo, el proyecto del gobierno de Solis va mucho más allá de la del PLN, ya que no se les pagará ese incentivo a los nuevos empleados y vuelve más riguroso los criterios para pagar ese incentivo, lo cual en realidad dicho proyecto pretende es no pagar ese incentivo a miles de trabajadores para reducir los gastos.

Que el Déficit Fiscal lo Paguen los Ricos

La política de La Nación, los neoliberales y el gobierno es que los trabajadores paguemos el abultado déficit fiscal realizado por los gobierno del PLN que el año pasado alcanzó el 5,9% del PIB. Efectivamente, ese gran déficit fiscal se debe disminuir, pero nosotros planteamos que sean los grandes empresarios tanto nacionales como extranjeros que financien y paguen ese déficit fiscal mediante el incremento de impuestos a sus ganancias, la eliminación de gigantescas exoneraciones fiscales al gran capital de zonas francas y otras actividades lucrativas, así como el combate a la evasión y fraude fiscal.

Por Ernesto Fuertes

Acaba de salir a la luz pública la noticia del despido de 21 trabajadores de La Hacienda La Luisa, en Sarchí, provincia de Alajuela. Ellos se habían lanzado hace pocas semanas a una huelga por el pago de sus salarios y aguinaldos atrasados, y habían logrado una (supuesta) victoria a través del Ministerio de Trabajo y el compromiso del pago por parte del patrón. Efectivamente, los patrones fueron obligados a pagar lo adeudado, pero inmediatamente despidieron a los trabajadores huelguistas, incluidos 10 de ellos que están legalmente protegidos por el fuero sindical, debido a su intención de establecer formalmente un sindicato.

La lucha de La Hacienda La Luisa contó con el apoyo de casi todos los grupos de izquierda del país, desde el Frente Amplio (FA) y el sindicato magisterial de APSE, hasta el Partido de los Trabajadores (PT), entre otros. Solo a través de la unidad de acción habían logrado conseguir la victoria del pago de los salarios, pero ahora tenemos que enfrentar una derrota con el despido de los huelguistas. Esto demuestra la necesidad no solo de la unidad de acción entre los grupos de izquierda, sino la salida del gremialismo y del economicismo y la más amplia unidad entre todos los sectores populares. Demuestra que hay que salir de las consignas inmediatas y particulares de cada caso, y acuerparlas con consignas generales y que involucren a sectores fragmentados y separados entre sí, para que se unan en una gran oposición contra las políticas económicas de la burguesía y su Estado.

Unir las luchas en el campo

Al mismo tiempo que se desarrollaba ésta lucha, los campesinos de Chánguina, Puntarenas, en el sur de Costa Rica, luchaban también por el problema de la tierra: fueron expulsados de sus terrenos por la policía, y sus tierras fueron entregadas a empresarios. El caso de La Luisa y Chánguina debe ser unificado en una sola lucha. Son uno y el mismo problema: la oposición del Estado contra de los intereses y derechos más básicos de trabajadores y campesinos y de los sectores populares en general.

La única forma de vencer y lograr cumplir en la práctica (y no solo en las ideas) los intereses del pueblo, es uniéndolos no solo económicamente (sindicalmente o de manera clasista), sino políticamente (de manera general y en oposición a las políticas del gobierno). Es necesario construir entonces la más amplia movilización popular, que con su fuerza le tuerza el brazo y ponga de rodillas al Estado no solo frente al caso de La Luisa o de Chánguina, sino frente a las necesidades de todos los campesinos del país en general, y las necesidades de todo el pueblo.

Ola de despidos y ataques al nivel de vida

Los administradores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han anunciado el despido de más de 700 trabajadores de manera gradual, debido a los problemas financieros de la empresa pública de electricidad y telecomunicaciones, una consecuencia directa de la apertura de la competencia con el TLC. Mientras esto pasa, el Banco Central de Cosdta Rica compra dólares para mantener el colón devaluado en favor de los grandes exportadores y creando la devaluación e inflación (costo de la vida) reales que aquejan y desesperan los bolsillos de toda la población. Asimismo, La Asamblea Legislativa acaba de aprobar la contra-reforma procesal laboral, la reducción de multas a los evasores fiscales, la convocatoria del proyecto de plan fiscal que impone más impuestos a los consumidores y no a las utilidades empresariales, el establecimiento y subsecuente aumento del IVA como impuesto al consumidor, y el aumento de la renta a salarios que incluyen a trabajadores.

A luchar unidos

Todos estos hechos y casos, en conjunto con los casos particulares de La Luisa y Chánguina, hablan a gritos de como la totalidad del sistema político y económico del país está diametralmente opuesto a los intereses de los trabajadores: el Estado se encarga de exprimir los derechos y la necesidad del pueblo, y de agrandar las riquezas de los empresarios.

Por estas razones, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) proponemos una reunión abierta y pública entre las organizaciones de izquierda y populares que así lo deseen, para organizar una coordinadora permanente que se dedique a la agitación y la propaganda sistemática acerca de todos estos temas entre toda la población. Lo que queremos es empezar una gran campaña de información acerca de lo que está pasando en todos estos puntos del país, entre campesinos y obreros industriales, entre PYMES a punto de quebrar o entre estudiantes, y unificar todas sus luchas alrededor de una sola instancia unificada. Todos los que quieran sumarse a la defensa de los intereses del pueblo son bienvenidos.

Por Ernesto Fuertes

La discusión principal hoy en día en Costa Rica gira en torno al tema del déficit fiscal, detrás del cual se agrupan toda una serie de políticas como el salario único, la reducción de gasto público (presupuestos, transferencias, etc), la aprobación del Plan Fiscal la ley de empleo público y salario único (el congelamiento de plazas y la igualación –reducción de salarios del sector público), y la seguidilla de proyectos privatizadores.

Contexto histórico y coyuntural

Todas estas políticas están relacionadas. El Plan Fiscal incluye impuestos indirectos –el IVA, por ejemplo--, el levantamiento de exenciones a productos básicos para la población o el aumento del impuesto de renta de la ‘clase media’ donde hay que tener cuidado con las definiciones, ya que se incluyen sectores asalariados, y no exactamente pequeño-burgueses, etc.

La ofensiva privatizadora abarca el recientemente logrado negocio de los muelles de Moín, en la provincia atlántica de Limón a la empresa holandesa APM Terminals, los subsecuentes proyectos de ‘contingencia eléctrica’ (la co-generación de energía hidroeléctrica por parte de la empresa privada y en contra de la empresa estatal ICE), la intención creciente de privatizar la refinería de petróleo estatal RECOPE, y las distintas instancias en las que la empresa encargada del servicio del agua estatal (AyA) defiende las fuentes de agua para proyectos privados o de alianzas público-privadas (alianzas, las cuales, son la médula central del programa de gobierno para el futuro candidato del PLN José María Figueres), etc.

La política cambiaria, crediticia y financiera en general (la promoción de la devaluación por parte desde Oscar Arias, el manejo de las tasas de interés, hasta el acceso al crédito para la pequeña-empresa) está caracterizada por el sometimiento continuado al comercio exterior.

La pretensión del actual gobierno de Luis Guillermo Solís y del conjunto de la burguesía es que la crisis económica sea pagada por los trabajadores y la pequeña burguesía (campesina y urbana en general), al mismo tiempo que intenta destruir o aminorar conlleva en el plano político a un conjunto de ataques contra una serie de derechos democráticos que han caracterizado a la democracia burguesa costarricense después de la guerra civil de 1948, y que están consignados en el Código de Trabajo o en las Garantías Sociales.

Cambios sustanciales en la economía

Desde 1978 los servicios y la industria superaron a la agricultura como porcentaje mayoritario del PIB, y en los años 80/90 la industria manufacturera también superó a la agricultura dentro de las exportaciones. En el campo, la concentración de la tierra alcanzó niveles nunca antes vistos en Costa Rica: aunque no podemos hacer una comparación exacta entre las fincas por números de hectáreas y por cantidad de parcelas (este último siendo el único que aporta el último censo agropecuario del 2014), y asumiendo que las fincas con 4 y más parcelas son al mismo tiempo las que tienen 500 y más hectáreas, vemos un crecimiento entre 1984 y el 2014 del 0,7% al 3,70%, triplicando las fincas grandes que existían no solo desde el censo del 84, sino incluso desde 1963. Asimismo, es solo después del 48 (donde creemos que juega en gran parte la contrarrevolución y la destrucción del Partido Comunista) que se da una extensión de las tierras agrícolas desde alrededor del 30% en 1950 hasta el 50% en 1984, algo que no sucedía desde inicios del siglo XX (se mantenía en 30% desde alrededor de 1910).

Es la primera gran ruptura (con todo lo parcial que pueda ser) con el modelo parcelero. Eso explica que aunque entre los censos de 1970y 1984 se mantenga un porcentaje relativamente idéntico al 1%, en realidad entre uno y otro censo estamos hablando de extensiones de tierra radicalmente distintas. La extensión de tierra agrícola luego de 1984 disminuye, paralelo al crecimiento exponencial de las fincas más extensas hasta la actualidad que ya mencionamos hasta el año 2014. Esto habla de una mayor concentración de la tierra en latifundios paralela a la decaída del modelo específicamente agro-exportador (aunque no en términos absolutos, sino relativos), aunque parece seguir siendo incomparable al radio latifundio-minifundio de países como Guatemala o El Salvador.

La industria propiamente dicha tiene mayor participación de valor en las exportaciones de Costa Rica que la agricultura, y tiene el tercer lugar de participación en el PIB (detrás de los servicios y el comercio), pero en términos concretos, el trabajador industrial es superado en términos cuantitativos por los trabajadores de comercios, de talleres mecánicos, de manufacturas. El trabajador agrícola se mantiene como el segundo rubro con mayor cantidad de trabajadores después del comercio. Esto quiere decir que aunque el modelo exportador costarricense deja de ser predominantemente agrícola, el campesino sigue teniendo un peso enorme en términos de fuerza laboral.

En cuanto a la pequeña burguesía, las PYMES representan la mayoría de empresas, aunque las grandes empresas son las que tienen mayor cantidad de empleados (alrededor del 80%) y la mayoría de las exportaciones. Asimismo, el sistema de crédito concentra el 80% del crédito en las empresas grandes, y solo alrededor del 20% en las PYMES, aunque sean más que aquellas.

Por último: el único sector que se mantiene en crecimiento a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (desde 1948), además de los servicios, es el capital comercial y financiero. Esto reformula completamente la forma en que se ha planteado el dominio capitalista en las periferias centroamericanas: mientras la agricultura deja de ser el representante de mayor valor dentro de la economía costarricense, y siendo superado por los servicios o la industria, el capital comercial es el único cuyo poder se mantiene estructuralmente constante a lo largo de la historia reciente del país.

El mayor obstáculo para el desarrollo de la región no es el “oligarca terrateniente”, sino el capital comercial y financiero. El capital comercial y financiero supedita al capital industrial. Esto tiene una gran importancia política: la burguesía manufacturera es más propensa a oponerse a la apertura de los mercados, lucha desesperadamente por la creación de un mercado interno. Las disyuntivas entre el capital industrial y el comercial/financiero representan entonces las disyuntivas entre las salidas republicanas y las salidas autoritarias/bonapartistas en Costa Rica, aunque hay que tener cuidado: las divergencias políticas no se circunscriben nítidamente a capitales específicos de la economía, sino a fracciones distintas de cada capital.

Si unimos todo lo anterior, vemos que la solución del déficit fiscal a través de impuestos progresivos (tanto directos a las utilidades empresariales como subidas arancelarias a la importación y exportación), las políticas cambiarias y financieras (bajas tasas de interés y repreciación del colón), el aumento de la demanda del consumidor (a través de salarios y empleo), además del aumento de la demanda agregada en general (lo cual implica la mejora de la demanda campesina a través de una reforma agraria progresiva), y el mejor acceso al crédito, son políticas transicionales que separadas no tienen ningún valor, pero que al combinarlas pueden unificar los intereses de los campesinos, con los del proletariado y la pequeña-burguesía. En este sentido, todas estas consignas procuran partir del plano sindical y reivindicativo de los diferentes sectores hasta el plano general y político, para oponer todas esas capas del pueblo contra las políticas del actual gobierno burgués y del Estado capitalista. Por lo tanto, estas políticas tienen que constituir el programa de transición para Costa Rica, como parte de la lucha por la reunificación socialista de Centroamérica.

Todo esto se resume en que el movimiento obrero y popular luche por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que realice todos los puntos que mencionamos anteriormente.

Los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa

El sector más extremo de la derecha conservadora, representada por el Movimiento Libertario (ML), busca que no se apruebe ni un solo impuesto más (aunque esto provoca más déficit), y que simplemente se afronte el problema desde la reducción del gasto (en concepto de salarios, presupuestos, programas sociales, la participación del Estado en la producción de servicios como la electricidad, el agua o el refinamiento de petróleo, etc).

El sector moderado de la derecha neoliberal propone una mezcla de recortes al gasto y un aumento de los impuestos que recaerían sobre el consumidor y el asalariado en general, sin discusión alguna de impuestos directos a los capitales empresariales. En ésta posición se encuentran desde el Partido Liberación Nacional (PLN) --recordemos que el programa de gobierno del candidato del PLN, Johnny Araya, incluía impuestos directos a los capitales, algo mucho más ‘avanzado’ que lo que propone hasta ahora el partido oficialista--, y el partido de gobierno Partido Acción Ciudadana (PAC). No es casual la unidad que han mostrado estos dos partidos en relación a la aprobación del presupuesto del año 2016.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el bloque cristiano o algunos otros partidos minoritarios representados en la Asamblea Legislativa tienen posiciones intermedias entre estos dos polos extremos y moderados de la burguesía.

Frente a estas polarización, el partido Frente Amplio (FA) propone el cese de los ataques contra los salarios, se opone la reducción del presupuesto y el gasto del sector público, aunque cede en cuanto a la necesidad de revisar ciertos gastos, en la aprobación del impuesto al IVA y otros temas (autoriza la participación del ejército estadounidense en las costas de Limón como parte de la supuesta ‘lucha contra el narcotráfico’, por ejemplo), confluyendo parcialmente (y de manera creciente) con el bloque de partidos de derecha nombrados anteriormente. En todo caso, defienden un alto a las privatizaciones en el país, que no se recorten los gastos públicos en salarios, presupuestos y programas sociales, así como medidas progresivas como una reformas tributaria progresiva (con impuestos directos a los capitales y castigo a la evasión fiscal) como medida para solucionar el tema fiscal y de la crisis en general. Se perfila ante las amplias masas como un partido de izquierda, pero con posiciones cada vez más conciliadoras y reformistas

La izquierda radical

Por fuera de la Asamblea Legislativa, más a la izquierda está la minoritaria ala radical y revolucionaria costarricense, la única que plantea un programa mínimo de reivindicaciones transicionales de salir del capitalismo. Todos estos grupos desarrollan propuestas relativamente divergentes entre sí, pero coinciden en defender las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares en general, así como la necesidad de que la clase trabajadora asuma el rol de liderazgo en la lucha contra el capitalismo neoliberal.

Aunque aumenta el descontento y explosividad social, la mayoría del pueblo confía todavía en la democracia burguesa. La izquierda revolucionaria no tiene influencia sobre el movimiento de masas, y se caracteriza además por su sectarismo y canibalismo político. Para construir una alternativa revolucionaria en Costa Rica es imprescindible la unidad de acción entre todos los grupos de izquierda, y debatir ampliamente los principales problemas que aquejan a los trabajadores.