Por José Rene Tamariz

Actualmente en la Asamblea Legislativa existen dos proyectos de ley (19.019 y 19.378), que tienen como objetivo la implementación legal del denominado “modelo de educación dual”; el impulsor del último de los mencionados proyectos es el neoliberal Otto Guevara. El editorial del semanario “El Financiero” define claramente este supuesto “modelo” como “Educación para el empleo” o dicho en otras palabras “Educación para el trabajo.” (El Financiero EF, No. 1.027, semana del 8 al 14 de junio del 2015). Aunque la legalidad de ese dizque “modelo educativo” no ha sido aprobada por el Congreso, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, corrió a solicitar a la canciller de Alemania, Ángela Merkel, le ayude directamente a implementar ese proyecto en Costa Rica. Es necesario señalar que Alemania es el país “creador” de la educación dual que ha exportado a otros países. Según el diario La Nación “Solís y Merkel acordaron que un equipo del Gobierno de Alemania, encabezado por la ministra de Educación y Ciencia Johanna Wanka, venga a Costa Rica a transmitir la experiencia de esa nación europea.” (La Nación, 12 de junio del 2015).

¿Cuáles son los argumentos para justificar la “educación dual”? Que este modelo es una opción para mitigar el desempleo en Costa Rica, que es muy alto: el 10.1%, lo cual en cifras absolutas representa a 217 000 personas, de las cuales el 25% lo constituyen jóvenes de entre 15 a 24 años. Recientemente el diario La Nación señaló en uno de sus editoriales que “En Costa Rica, persiste un déficit de técnicos medios y superiores, a pesar de la demanda que tienen las empresas, y la mitad de empleadores se quejan de que no pueden satisfacer los puestos vacantes con personal idóneo. Esta desarticulación, entre el perfil de los trabajadores y las necesidades del mercado, incide dramáticamente en la tasa de desempleo…” (La Nación, 28 de abril de 2015). Por otro lado, el semanario El Financiero argumenta que la “…formación dual se ha constituido en una herramienta para enfrentar el desajuste entre la oferta y la demanda laboral.” (EF). De acuerdo con esta concepción, el desempleo se debe a un desajuste entre la “oferta y demanda laboral”, entonces hay que ajustar la “oferta” educativa a las necesidades y “demanda” de las empresas. En realidad se está utilizando el incremento del desempleo, que es provocado por otras razones, como una racionalización y justificación para implementar y desarrollar en el sistema educativo costarricense el “modelo de educación dual”.

¿Qué es la educación dual? En primer lugar, los empresarios determinan y deciden los contenidos del currículum de los programas educativos. En segundo lugar, la educación teórica del estudiante-aprendiz es de un tercio en el centro educativo y los dos tercios restantes se hacen en las empresas. En tercer lugar, un aspecto de “gran relevancia es la forma de remuneración al estudiante-aprendiz…” (Ídem). Veamos un caso real ya existente en Costa Rica de formación dual, realizado por la empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco). Según “Gisella Sánchez, directora de relaciones Corporativas de Fifco… se trabaja con un contrato de aprendiz, que se firma con cada estudiante, donde se le da un apoyo económico entre un 50% (durante el primer año) y un 75% (durante el segundo año) del salario de un empleado regular.” (Ídem). Como se puede observar claramente, las empresas que desarrollan esos proyectos de “educación” dual en verdad lo que tienen son trabajadores sobreexplotados a los cuales les pagan salarios por dos o más años por debajo de los salarios de los empleados permanentes. Esta situación de explotación, los proponentes de la “educación” dual, para evitar demandas judiciales contra los empresarios por parte de los denominados eufemísticamente “estudiante-aprendiz”, pretenden convertir los “…los contratos de aprendizajes en figuras de índole civil, no laboral.” (EF).

La implementación de la “educación” dual en Costa Rica va a colocar la “educación técnica” en función directamente de los empresarios, así como proveer de mano de obra, con bajos salarios por dos o más años, a las compañías que la desarrollen. Desde las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional se debe exigir al Ministerio de Educación Pública (MEP), a la Asamblea Legislativa y al gobierno no aprobar dichos proyectos de leyes. Asimismo, exigir que esos proyectos deben ser discutidos primero por las bases de las organizaciones magisteriales, para hacerles los cambios necesarios. Esto es urgente, ya que el gobierno está corriendo para ejecutar la “educación” dual en el país. Emplazamos, de forma particular, a la dirigencia de la APSE a iniciar la lucha contra el supuesto “modelo” de “educación” dual

Por José René Tamariz

Cada dos semestres de todos los años, se repite el mismo espectáculo en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), la supuesta discusión y, al final, la imposición de los reajustes salariales, tanto para los trabajadores del sector privado como público. Recientemente se impuso el reajuste salarial del 0,94% para los trabajadores del sector privado. En este sector, desde el año 2012, existe una metodología para aprobar dichos incrementos de los sueldos mínimos en la empresa privada. Esto se hace considerando la inflación proyectada más el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos cinco años. En el sector público, se hacen los reajustes salariales semestrales tomando en cuenta solamente la inflación pasada, es decir, del semestre anterior, pero de todos los trabajadores, mientras que en el sector privado, los reajustes salariales no se generaliza para todos los trabajadores.

En la supuesta discusión y aprobación del reajuste de los salarios del sector privado en el seno del CNS existían diversas propuestas por parte de los bloques sindicales y sindicatos. Por un lado, estaba la posición del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), que proponía un incremento general a la base salarial del 1,46% y, un aumento adicional del 1% y 2%, para los trabajadores no calificados y empleadas domésticas, respectivamente. Por otro lado, estaba la posición de las centrales sindicales Juanito Mora y ANEP, que son parte de Patria Justa, Rerum Novarum (CTRN), la CMTC, la CUT, que demandaban un reajuste salarial del 2% en general y de un 2.5% para las trabajadoras domésticas. En tercer lugar, se encontraba la posición del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública (SITEPP) que planteaba un incremento salarial del 5% y adicionalmente el 2% y 0,25% por inflación proyectada e incremento del PIB, respectivamente. Como se puede observar, es una cuestión de locos todas las propuestas de tantas organizaciones sindicales. Lo peor de todo ello, es que en la mesa de negociaciones del CNS no había ningún trabajador de carne y hueso que representara los intereses de los diferentes sectores de la empresa privada y que hayan sido electos por ellos.

Al final, como era de esperarse, el gobierno y la patronal, impusieron su posición: otorgar un miserable reajuste salarial del 0,94%, es decir, apenas 940 colones para cada cien mil colones, porque la inflación interanual fue de ese mismo porcentaje. Para un trabajador que gana el salario mínimo, que es un poco más de 200 mil colones, significa comprar solamente una bolsa de arroz y una de frijoles. Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la canasta básica en tres meses pasó de 126 885 colones a 130 093, o sea, un incremento del 2,52%, mientras que el incremento salarial fue del 0,94%. A lo anterior, hay que sumarle que Costa Rica ¡es el país de América Latina en donde el costo de la vida es un 20% más caro!

Frente a esa situación las dirigencias sindicales deben plantear y negociar de forma conjunta una posición unificada frente al gobierno y la patronal. Eso podría permitir una lucha conjunta de las organizaciones sindicales tanto en la mesa de negociaciones como en la calle para imponer una propuesta unitaria de reajustes salariales.

De otro lado, todas las organizaciones sindicales (confederaciones, centrales y sindicatos) y sus dirigencias deben unificar esfuerzos para definir y presentar al gobierno una política salarial nacional, desde el sector de los trabajadores, sean privados y públicos.

Se debe retomar algunas propuestas planteadas por el Informe Estado de la Nación al respecto. En primer lugar, exigir una inspección efectiva del Ministerio del Trabajo que garantice el pago del salario mínimo y otros derechos y garantías laborales (pagos por enfermedad, vacaciones, riesgos de trabajo, horas extras). En segundo lugar, luchar conjuntamente por una política nacional de salarios mínimos crecientes para las ocupaciones de sectores no profesionales, tales como obreros (urbanos y rurales) y trabajadores no calificados. En tercer lugar, luchar para que en la empresa privada se les garantice los reajustes salariales a todos los trabajadores, no solo a los que devengan el salario mínimo. En cuarto lugar, es necesario y urgente la unidad de todas las organizaciones sindicales para enfrentar los peligros que enfrentan los trabajadores del sector público (tanto por el lado del nuevo directorio de la derecha neoliberal que se apoderó del directorio y las comisiones de la Asamblea Legislativa como por parte del gobierno) de eliminar los componentes salariales conocidos como pluses salariales con el objetivo de que sean los trabajadores los que paguen el déficit fiscal. También en la lucha por los reajustes salariales se debe considerar el factor de país más caro para exigir una compensación salarial. De otro lado, se debe luchar por cambiar la metodología de los reajustes salariales semestrales en el sector público, que se paguen los reajustes con base en la inflación proyectada y no con base en la inflación pasada y tome en cuenta también el crecimiento económico.

Por Francisco Quesada

El control del directorio de la Asamblea Legislativa y de sus principales comisiones por parte del bloque de la derecha del PLN, PUSC, ML y otros partidos minoritarios, constituye un grave peligro para los derechos e intereses de los trabajadores, principalmente, para los empleados del sector público. Ese rejuntado de neoliberales, pretende implementar el procedimiento de la vía rápida en el Parlamento para tramitar un conjunto de proyectos de leyes que afectan directamente los niveles de vida de los trabajadores, tales como, la ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, léase, eliminación de los pluses salariales; la ley de empleo público; la ley de contingencia eléctrica, léase, mayor privatización de la electricidad y, la ley de responsabilidad fiscal.

Para ejecutar la vía rápida se necesitan 38 votos. Ese mecanismo acorta los plazos de aprobación de los proyectos, reduce la cantidad de mociones y el uso de la palabra por parte de los diputados. La alianza neoliberal cuenta con sus 33 votos que le dieron el control de ese poder de la República, más tres votos del PAC y uno del PASE, es decir, que solo le hace falta un voto. En los próximos días ese voto u otros más serán logrados por el bloque derechista. El único partido que se opone a la implementación de ese mecanismo de aplanadora en la aprobación de leyes es el Frente Amplio. Así como está la situación en la Asamblea Legislativa, la coalición de la derecha tendría en los próximos días y meses la capacidad y potestad para iniciar la discusión y, eventual, aprobación de los proyectos antes mencionados y muchos otros. Para engañar al pueblo, los voceros de la derecha utilizan diversos eufemismos, para justificar la aprobación de la vía rápida, tales como, que “Queremos negociar con conciencia nacional en este segundo año. El país ya no aguanta más. No podemos pensar más en los colores políticos…”. (La Nación, miércoles 20 de mayo).

La ofensiva neoliberal avanza rápido

Toda la ofensiva del neoliberalismo, tanto del gobierno de Solís como del bloque derechista, se centra en disminuir los niveles de vida de los trabajadores, para reducir el déficit fiscal. Es decir, bajar el déficit fiscal a costa y en contra de los trabajadores, rebajándoles los salarios, eliminando los pluses salariales, eliminando las conquistas laborales, haciendo despidos camuflados, mediante reorganizaciones y muchas otras triquiñuelas. Lo peor y más detestable de todo ello, es que dirigentes sindicales pro-patronales se alían a los directores de las empresas públicas, en donde existen convenciones colectivas, para ejecutar los planes en contra de los trabajadores, tales son los casos del sindicato de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Astraa). Como parte del avance neoliberal también, se inscribe la entrega de los bienes y patrimonio nacional a las empresas transnacionales, como el caso de la entrega de los muelles en Limón a la empresa holandesa APM Terminals.

¿Cómo frenar la ofensiva neoliberal?

Debemos ser claros. No existen posibilidades de detener la discusión y aprobación de los proyectos en contra de los trabajadores en el seno de la Asamblea Legislativa, la derecha neoliberal en mancuerna con diputados del PAC son mayoría casi absoluta. El Frente Amplio (FA) está solo y aislado en el Parlamento para evitarlo. Tampoco existen las posibilidades de detener la aprobación de esos proyectos mediante el diálogo y la negociación, como han pretendido hacerlo algunas dirigencias sindicales. Precisamente, la maniobra de la coalición al tomar el control del directorio del Congreso tenía el objetivo de aprobar, aquellos proyectos anti-obreros que no lograron hacerlo en las administraciones del PLN. De ahí que la única vía para detener, frenar y derrotar los nefastos planes de los neoliberales en contra de los trabajadores del sector público es mediante la movilización y lucha conjunta de los trabajadores estatales y de sus organizaciones sindicales.

Es por lo anterior que llamamos a la fracción parlamentaria del Frente Amplio (FA) a colocar todos sus recursos y diputados a disposición de preparar y organizar la resistencia en la calle en contra la embestida que está en curso para disminuir los niveles de vida de los trabajadores. Asimismo, emplazamos a las dirigencias de los bloques sindicales de BUSSCO y Patria Justa a convocar, de forma conjunta, a un gran Encuentro Nacional Sindical y Popular en donde se discuta la situación nacional, la ofensiva neoliberal y se vote un plan de lucha nacional que enfrente y derrote las pretensiones de aprobación de los proyectos en contra de los salarios y el empleo de los trabajadores. El plan de lucha y resistencia organizado en dicho encuentro, para retener y mantener, los derechos y conquistas ganadas en épocas anteriores, debe concluir en el lanzamiento de una gran huelga nacional indefinida que logre conservar el actual sistema de los salarios, el empleo público y otras conquistas sociales. Es necesario establecer de inmediato la coordinación entre las dirigencias sindicales, para preparar ese Encuentro Nacional. Esto se impone como una necesidad urgente del movimiento obrero y popular de Costa Rica.

Por José René Tamariz Corea

El gobierno de Solís que surge con una gran fortaleza por su alta votación, la más grande de la historia nacional, sin embargo, nace con una debilidad intrínseca, por su baja votación para la Asamblea Legislativa, lo cual conllevó a que solamente obtuviera 13 diputados, constituyéndose en la segunda bancada parlamentaria, superada por el PLN que logró sacar 18 diputados.

Esa debilidad estructural y su política vacilante y confusa, lo han conducido a una especie de acorralamiento por parte de la derecha tradicional que tiene un manejo maniobrero y hábil de los asuntos institucionales y del Estado.

La Pérdida del Control del Congreso

El día 1 de mayo, el gobierno y el PAC fueron desalojados del poder y el control del primer poder de la República: ¡la Asamblea Legislativa! La inexperiencia e improvisación del gobierno de Solís y del PAC, frente a los gavilanes del PLN-PUSC, parece un juego de niños. Mientras el PAC tenía tres candidatos a tan solo cuatro días de la elección (Henry Mora, desgastado e inviable para la presidencia, por su mal desempeño al frente de la presidencia del Parlamento, Ottón Solís, inviable por purista y miserable por su programa del cierre del cafetín del Congreso y Marcelo Guerrero, una desconocida), el PLN le ofreció, desde el inicio y varias semanas antes de la elección, la presidencia del Parlamento y otros puestos al PUSC, así como a otras fracciones parlamentarias minoritarias, lo cual las sedujo y terminaron aceptando. El PLN le ganó la partida al gobierno de Solís y al PAC, los bailó como amateur.

El control de la directiva por parte del PLN-PUSC y los demás partidos minoritarios, le arrebató al gobierno y al PAC el control de todas las comisiones más importantes, quedando el gobierno en una situación desventajosa para impulsar e implementar su agenda antipopular de incrementos de los impuestos. Asimismo, la alianza de la derecha en el Congreso, se comprometió a no impulsar, léase impedir, el proyecto de fertilización in vitro (FIV) y las sociedades de convivencia. Entonces, ahora quienes imponen las condiciones son el PLN-PUSC y los minoritarios, es decir, los neoliberales.

¿Cuáles los Objetivos del PLN-PUSC al Tomar el Control del Congreso?

Sencillamente imponerle su agenda y planes al gobierno de Solís. Públicamente plantearon cinco objetivos generales, algunos de los cuales son irrealizables, tales como, la generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses, la modernización del Estado y la eficiencia del Congreso, mientras que el último, la racionalización del gasto del gasto público, es el objetivo central de la derecha. Según Mario Redondo, diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), el control del parlamento por parte de ellos es para “… fijar una dirección, con objetivos claros…”. La derecha neoliberal plantea que hasta después de un año discutirán los proyectos fiscales del gobierno y, en el curso del año, “…primero tiene que haber contención del gasto y aprobarse algún tipo de reglas fiscales”. (La Nación, 2 de mayo del 2015).

¿Qué significan “contención del gasto” y “reglas fiscales”? Desde hace mucho tiempo se viene planteando, por parte de la jauría neoliberal, que los denominados “disparadores del gasto público” son los salarios de los empleados públicos y sus componentes salariales, conocidos como “pluses salariales”, las pensiones y las transferencias. La derecha neoliberal, encabezada por el diario La Nación, sostiene que los causantes del déficit fiscal son el empleo público y los salarios de los empleados públicos. De ahí que La Nación, planteara recientemente que “Mientras no se presente un proyecto de ley responsable para poner coto a uno de los principales problemas causantes del déficit fiscal y del incremento de la deuda pública, incluyendo especialmente las remuneraciones de los servidores públicos y el empleo total, no deben aprobarse, ni siquiera discutirse, nuevos impuesto”. (La Nación, 6 de abril del 2015). Está clarísimo, el movimiento de la derecha para controlar la Asamblea Legislativa consiste en, primero, golpear a los trabajadores del sector público, discutiendo y aprobando un proyecto de ley de empleo público, el cual reduzca el empleo total y elimine los componentes salariales, tales como, las anualidades, cesantía de más de ocho años, la dedicación exclusiva y muchos otros incentivos. En segundo lugar, imponer “reglas fiscales” que significarían poner topes a los gastos corrientes y porcentajes de déficit fiscal, lo cual apunta en la dirección de reducir los salarios, pensiones y gasto social.

Posteriormente, el plan diseñado por la derecha neoliberal es que después de un año, ya aprobado el plan de empleo público y las “reglas fiscales”, lo cual significaría un golpe duro y la derrota de los trabajadores del sector público, entonces aprobar los otros garrotazos en contra de los trabajadores en general y de los sectores populares, la reforma al impuesto de venta y su incremento del 13% al 15%, así como la reforma al impuesto de la renta con nuevas escalas de impuesto al salario, creación de impuesto a la cesantía de más de ocho años y otras medidas draconianas en contra de los trabajadores. Este macabro y nefasto plan de la derecha neoliberal, en un tipo de movimiento de tenaza, significa disminuir el nivel de vida de los trabajadores, empobreciendo aún más a amplios sectores de la población, mediante dos vías, la reducción de los salarios (congelación y eliminación de los pluses salariales) y el aumento generalizado de los productos y servicios en general (nuevos impuestos).

¿Hacia un Cogobierno?

Por otra parte, los partidos tradicionales, principalmente el PLN y el PUSC, echados y desalojados del poder por las masas, mediante amplias votaciones, se resisten y niegan, una y otra vez, a abandonar y dar por perdidas sus cuotas de poder. El trasfondo político de la maniobra, por parte de la derecha neoliberal, de controlar el directorio de la Asamblea Legislativa y las poderosas comisiones del Congreso, en donde se discuten y deciden los principales asuntos del país, es negociar con el gobierno de Solís, en mejores condiciones, la retención de sus cuotas de poder que aún mantienen en diversos ministerios, instituciones y poderes del Estado.

De otro lado, esa maniobra ha generado roces en el interior del PLN. Después de que la bancada del PLN, junto a los demás partidos de derecha asumen el control del Parlamento, José María Figueres, presidente del PLN, emite un comunicado en el que señala sus diferencias con la fracción parlamentaria y plantea que “Habríamos cumplido así con la responsabilidad que nos asignó el pueblo, la de ser oposición y no cogobierno”. (La Nación, 2 de mayo del 2015). El subrayado es nuestro. El hecho de que Figueres, político y burgués corrupto, señale que su fracción parlamentaria, va a hacer cogobierno con Solís, es sintomático del proceso que se desarrolla a partir del control del Parlamento por parte de la derecha neoliberal. Al respecto de ese eventual cogobierno, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, señaló que “… la oposición tendrá que ser corresponsable con el Ejecutivo de lo que ocurra…”. (La Nación, 7 de mayo del 2015). Esto abre en el país un escenario imprevisto.

Amplios sectores del movimiento de masas, incluida la vanguardia, las dirigencias sindicales y otras organizaciones sociales, ven mal y están en desacuerdo con que la derecha neoliberal haya asumido el control de la Asamblea Legislativa. Ello ha provocado una crispación de los ánimos. Puede ser un movimiento de la derecha contraproducente que, lejos de alcanzar sus objetivos, conduzca a un relanzamiento de la movilización y lucha del conjunto del movimiento de masas, para enfrentar sus planes anti-obreros y anti-populares. Ese proceso de lucha del movimiento sindical y de masas ha sido frenado por el gobierno de Solís, ya sea por un acuerdo formal o tácito con las dirigencias sindicales. La lucha de clases va a definir el rumbo y los resultados de este nuevo escenario que se ha abierto.