Por José Rene Tamariz

La APSE debe convocar a la movilización en contra de ese proyecto

El día miércoles 18 de noviembre, el gobierno de Solís, envío a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que convierte las anualidades en la denominada “evaluación del desempeño”. Dicho proyecto entrará a la corriente legislativa el 1 de diciembre, fecha en que el sector educativo estaría en vacaciones. Ni cortos ni perezosos, los diputados neoliberales, Ottón Solís del PAC y Otto Guevara del ML, de inmediato dijeron que apoyarían dicho plan. Los más probables es que todas la demás fracciones parlamentarias apoyen dicho proyecto, tal vez sea la excepción el Frente Amplio (FA). Los primeros chivos expiatorios de la aplicación de esta “nueva metodología” de evaluación serán los nuevos trabajadores de todo el sector público, ya que a ellos no se les pagará ese incentivo, excepto, aquellas instituciones y empresas que se encuentren en régimen de competencia. Precisamente, aquí se encuentra la gran maniobra patronal para dividir la lucha del movimiento sindical y de trabajadores. Sin embargo, después seguirán con los demás trabajadores. Van a aplicarnos la misma receta que le aplicaron al ICE: salario único para los nuevos trabajadores!

Eliminar, Reducir y Evitar Pagar las Anualidades

El plan del gobierno de Solís está claro, pero el de las dirigencias sindicales no. La dirigencia de APSE está esperando que entre a la corriente legislativa el proyecto de ley de empleo público, pero ese no es el plan del gobierno. El plan del gobierno es golpear de inmediato las anualidades, mediante varias formas: 1) eliminarlas para los nuevos trabajadores de ministerios y sector descentralizado. 2) reducirla, poniendo tope del 2,54% sobre el salario base, en diversas instituciones como la UCR, UNA, ITCR, RECOPE, INS, CNP, CNFL JAPDEVA y otras. 3) Evitar pagarlas a los viejos trabajadores, mediante la imposición de un nuevo sistema de evaluación “riguroso” y “draconiano”.

El plan del gobierno con ese proyecto es eliminar, reducir y no pagar las anualidades y, de esa forma, contraer el gasto público, siguiendo los dictados del FMI y las presiones de los neoliberales. Después seguirán con los otros componentes salariales. El periódico La Nación que dirige la ofensiva en contra de los trabajadores del sector público señaló que “El actual Gobierno va a hacer una propuesta para regular uno de los incentivos más grandes, y que genera un crecimiento acelerado de las remuneraciones, que es el de las anualidades”. (LN, 19-10-15). De otro lado, Olga Marta Sánchez, ministra de planificación, señaló en días anteriores que “… la propuesta vuelve más riguroso el sistema de evaluación y se aplica tanto a la institución como a los individuos sobre metas e indicadores objetivamente verificables”. (Ídem). Más claro, el gobierno no puede ser. El gobierno, además del cambio de nombre del incentivo de anualidad por “evaluación del desempeño”, pagará ese incentivo a los trabajadores que logren cumplir con la “nueva metodología”, a partir de la calificación de “muy bueno”. Esos cambios del incentivo, realizado desde los escritorios y cuyo objetivo es, en el fondo, no pagar las anualidades, significaría que muchas instituciones y trabajadores no calificarían para obtenerlo.

Emplazamiento Público a la Directiva Saliente y Entrante

Emplazamos a la directiva saliente y entrante de la APSE, a que convoque de inmediato y con carácter de urgencia a una Asamblea de Presidentes de Base, para conocer, discutir y votar un plan de lucha para evitar que el plan del gobierno sea aprobado en la Asamblea Legislativa. La directiva de la APSE debe dejar de confiar y creer en el gobierno de Solís. Debe dejar de creer en la negociación con el gobierno. Solo la lucha y el combate en las calles, podrá impedir que el gobierno aplique su plan de empleo público por partes, golpeando a lo inmediato y en primera instancia las anualidades.

Por José René Tamariz

La huelga realizada por el bloque sindical Patria Justa (PJ) el día lunes 26 de octubre ha sido ampliamente discutida, desacreditada y ridiculizada por los plumíferos de los medios de comunicación, principalmente, del diario La Nación. Armando González, editor de La Nación, la calificó, en tono jocoso, como huelga “decrépita tatarabuela de todas las huelgas”. Sin embargo, más allá de las diferencias que se pueda tener con el sempiterno dirigente sindical Albino Vargas y Fabio Chaves, la huelga del 26 debe ser discutida y sus resultados analizados objetivamente y no de forma subjetiva.

La participación en la huelga y la movilización de los trabajadores de los distintos sectores laborales que representa Patria Justa (PJ) fue variada y desigual entre ellos. La participación en la huelga fue absolutamente mayoritaria en RECOPE y JAPDEVA; en el primero fue del 85% y en, aunque no hay datos, en el segundo fue casi total. En la municipalidad de San José, la incorporación en la huelga de los trabajadores del servicio de recolección de basura, limpieza, reparación y otros servicios fue casi total. Los sectores que tuvieron una débil sumatoria a la huelga y movilización en San José fueron los del ICE y salud, apenas del 7% en el primero y de 1,3% en el segundo. Las razones de esa escasa participación de los trabajadores del ICE y salud se debió a la división que se produjo en ambos sectores, por rencillas burocráticas, entre dirigentes sindicales de ambos sectores laborales. En estos dos sectores, dirigentes sindicales de otras organizaciones que no son parte de Patria Justa (PJ), de forma incorrecta y divisionista, llamaron abiertamente a la desmovilización de las bases.

Los sacrificados y traicionados: los nuevos trabajadores del ICE

Llama poderosamente la atención que, entre los puntos negociados y contemplados en el acta de acuerdo del fin de la huelga de PJ y gobierno, no se haga mención de los nuevos trabajadores del ICE, a los cuales la patronal le impuso el salario único, sin consultar a Fabio Chaves y demás dirigentes sindicales con los que tienen un “acuerdo histórico” para negociar los problemas. Fabio Chaves y demás dirigentes del FIT-ICE, en los hechos, aceptaron de forma sumisa la imposición del salario único a miles de nuevos trabajadores del ICE por parte de la patronal. Esto constituye una traición hacia los nuevos trabajadores del ICE, lo cual muy probablemente influyó en la débil participación de este sector en la huelga y movilización del 26 de octubre.

¿Cuáles fueron los resultados de la huelga de patria justa (PJ)?

Los movimientos sociales y huelguísticos se miden por los objetivos propuestos y su relación con los resultados obtenidos, lo demás es puro cuento y justificaciones. Entre las demandas de la huelga de Patria Justa (PJ) se encontraba la lucha contra el salario único, contra el rechazo de la ARESEP al contenido económico de las convenciones colectivas, por el salario mínimo vital a los trabajadores del sector privado y muchas otras. La lucha contra el salario único fue traicionada por Patria Justa, en el caso concreto del ICE. Esto constituye una derrota evidente y clara. Analicemos las otras demandas.

El primer punto del acuerdo señala que el gobierno de Solís “convocará al próximo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se inicia el próximo 1 de diciembre de 2015, el Expediente Legislativo No. 19.312, conocido como “Ley del Salario Mínimo Vital”, para su conocimiento y debate parlamentario.” (Acta de Acuerdo). En sí mismo este punto es positivo y correcto, pero hay que acompañarlo con la movilización masiva de los trabajadores del sector privado y la solidaridad de los trabajadores del sector público, para imponerlo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta cuestión se torna muy difícil, ya que las fracciones de los partidos burgueses y neoliberales han manifestado su oposición rotunda a aprobar este proyecto, bajo el argumento de que aumentar el salario mínimo crearía más desempleo. Las dirigencias de los bloques sindicales de Patria Justa (PJ) y BUSSCO deben unificar sus fuerzas y recursos, para impulsar una gran campaña en todas las empresas privadas para que los trabajadores se movilicen, exigiendo la aprobación de este proyecto de gran importancia. La movilización de los trabajadores del sector privado alrededor del salario mínimo vital, puede cambiar de manera significativa toda la correlación de fuerzas a nivel nacional a favor de los trabajadores y reventar a las fuerzas burguesas y neoliberales. Emplazamos a las dirigencias de PJ y BUSSCO a luchar conjuntamente por este punto de vital importancia. Este es un logro de este acuerdo, siempre y cuando esté acompañado de la lucha y movilización de los trabajadores del sector privado y público. Aquí está el punto de alianza entre ambos sectores.

El segundo punto del acuerdo es mucho más general porque el gobierno de Solís se “compromete a iniciar los procedimientos respectivos para la presentación a la corriente legislativa, del Convenio No. 184 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Convenio Relativo a la Seguridad y la Salud en la Agricultura.” (Ídem). Aquí no existe nada concreto, sino a futuro. Está por verse si el gobierno enviará a la corriente legislativa ese convenio.

El tercer punto del acuerdo es peor, ya que el gobierno de Solís plantea que “promoverá la apertura de una mesa de diálogo social y negociación con la Caja Costarricense del Seguro Social, Patria Justa, las organizaciones sociales y productivas…”, (Ídem) sobre tres temas: régimen de pensiones, reglamento de incapacidades y salud ocupacional. Esto es un edulcorante para Albino y Fabio que son amantes de las mesas de las “mesas de diálogo”, pero al final, como la CCSS es una institución autónoma no va a aceptar la sugerencia del gobierno y el dúo Albino-Fabio ¡se van a quedar chupando el dedo!

El cuarto punto del acuerdo es otro timo del gobierno de Solís para Patria Justa, ya que plantea que “revisará los planteamientos jurídicos relacionados con el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del MTSS No. DAJ-AE-237-15… a fin de valorar los argumentos expresados por el colectivo Patria Justa, que se formalizarán por escrito.” (Ídem). Los verbos “revisar” y “valorar” son ambiguos de los resultados en este punto, ya que en este asunto el gobierno tiene la capacidad de imponerle al ministerio del trabajo su posición pero no lo quiso hacer, lo cual refleja que burló a PJ.

El quinto punto del acuerdo es muy importante y delicado. La ARESEP, entidad reguladora de los precios de los servicios regulados, ha negado y rechazado una parte del presupuesto para las convenciones colectivas de RECOPE y otras instituciones públicas, bajo el argumento de que no son parte de los costos de esos servicios. Entonces, el dicho acuerdo “… El Gobierno de la República utilizará las herramientas legales pertinentes para recurrir dicha resolución.” (Ídem). No obstante la posición del gobierno, los funcionarios de la ARESEP, como institución autónoma, no acepta la intromisión del gobierno en sus decisiones y resoluciones, por ende, este es un punto muerto. El criterio de la ARESEP se impone, la única forma de derrotarla es mediante la lucha y la huelga.

El sexto punto es una tontería. En él señala que “Las partes reconocen como legítimo el proceso de diálogo facilitado por la Defensoría de los Habitantes, SINTRAJAP y el Poder Ejecutivo… Asimismo se planteará… la incorporación del Colectivo Sindical Patria Justa, al proceso de diálogo para la atención de la temática que ahí se discuta.” (Ídem). Solo incorpora a PJ al diálogo sobre un asunto que está más que finiquitado: la entrega de los muelles de Limón a la transnacional holandesa APM Terminals.

En el punto siete del acuerdo “El Gobierno de la República renueva su compromiso con la modernización portuaria de JAPDEVA, al incorporar… los recursos necesarios para la compra de equipo montacargas, según los acuerdos asumidos ante la Defensoría de los Habitantes.” (Ídem). Esto es una miseria frente al monstruo y capacidad de la transnacional holandesa, la desaparición de JAPDEVA es un hecho apenas comience a funcionar el puerto controlado por esta compañía extranjera. Entonces, este punto es una tontería.

El punto ocho constituye una vergonzosa capitulación de una organización o bloque sindical a un gobierno. En el Patria Justa se compromete a que se abstendrá de “…convocar a nuevos movimientos similares, en la medida que se continúen desarrollando espacios que promuevan el efectivo cumplimiento de los puntos aquí convenidos…” (Ídem). Nunca se puede renunciar a la lucha, aunque se esté en un proceso de diálogo y negociación, más bien es lo contrario, la única forma de que las negociaciones sean exitosas es que haya presión hacia el gobierno y la patronal mediante la movilización y la huelga, en el proceso de negociación.

En síntesis, en dicho acuerdo entre Patria Justa y el gobierno de Solís no existe ningún resultado concreto a favor de los trabajadores. Todos los puntos, excepto el cuarto, no son del resorte y decisión del poder ejecutivo y, sin embargo, en ese punto el gobierno no le exige al Ministerio del Trabajo su acatamiento sino que va a “valorar” y “revisar”. Al final de cuentas, este acuerdo de conjunto constituye una derrota, desde el punto de vista de los resultados, para Patria Justa y los trabajadores que representa, porque para colmo de males, los dirigentes de PJ renuncian a la lucha y la huelga. A esto nunca se puede renunciar.

Por Manuel Sandoval

Casi no hay día, en que La Nación no publique un artículo venenoso contra la Convención Colectiva de Trabajo en RECOPE, el mecanismo legal que regula la relación entre los trabajadores y la institución, ocultando que el poder negociar convenciones es un derecho laboral básico en los convenios internacionales de la OIT que el país suscribe.

Las convenciones están en la mira desde hace algún tiempo; incluso la Sala IV, rebasando sus potestades constitucionales, se arrogó el derecho de legislar laboralmente y eliminar progresivamente derechos negociados en las convenciones.

El ataque a las convenciones, junto al congelamiento salarial que impuso recientemente el gobierno y los proyectos para eliminar o restringir los pluses salariales para las y los trabajadores nuevos del Estado, es parte de un esfuerzo para degradar los salarios en el sector público, y contribuir de esta manera a disminuir el déficit fiscal. Se alega que el déficit fiscal crece, por el crecimiento desmedido de los salarios y las pensiones que obligan al endeudamiento del Estado para cubrirlos.

La ofensiva contra las convenciones ha ido in crescendo a medida que crece la evasión en el pago de impuestos. La verdadera razón de que exista déficit fiscal. Bajo la consigna de “No más impuestos para financiar los privilegios de las convenciones”, los empresarios han tratado de manipular un sector de la población para desviar la atención de la corrupción que campea en el medio empresarial. La Nación lo pone en evidencia, con el intento de evadir el pago de impuestos por 1500 millones de colones. Aunque la carga tributaria es muchísimo menor que en países como Chile, ejemplo neoliberal en América Latina, los empresarios están empeñados en estafar al fisco.

LA ARESEP QUIERE LA PRIVATIZACIÓN DE RECOPE

En este marco, los jerarcas de la ARESEP se han negado a aprobar un alza de las tarifas de los combustibles, para pagar los salarios de un sector de las y los trabajadores de RECOPE, que quedaron sin cubrir en el presupuesto del 2016. Se niegan a hacerlo, pretextando que la ley les impide aumentar las tarifas para sostener privilegios salariales excesivos de la Convención.

No se crea, sin embargo, que la negativa a aumentar las tarifas, es para no afectar a los sectores populares o evitar que disminuya el monto que recauda el gobierno con el impuesto a los combustibles. Nos parece que los jerarcas de la ARESEP están por la privatización de RECOPE, y en esta perspectiva no es una buena medida bajar los precios de los combustibles en el mercado nacional. Por la misma razón están atacando los salarios y la Convención, a fin de que la institución sea más rentable y por ende más atractiva para las transnacionales.

Los jerarcas de la ARESEP no tienen ninguna preocupación por los precios desmedidos de los combustibles y las tarifas del transporte público. Para favorecer a los autobuseros, hicieron un reajuste ridículo de las tarifas de los autobuses: 10 colones menos en las líneas del casco urbano y reajustes parecidos en las zonas periféricas y rurales.

RECOPE obtiene sus ingresos de la venta de combustibles. Si tiene problemas para financiar sus costos de operación, no es porque la caída de los precios internacionales del petróleo (en poco más de un año cayeron de casi 100 dólares a menos de 50) haya provocado una caída violenta de sus ingresos. En la edición no. 2109 del Semanario Universidad, se denuncia que en SORESCO (la sociedad anónima establecida entre RECOPE y la China National Petroleum Corporation Internacional, para construir una nueva refinería) se acumulan pérdidas de 100 000 dólares por mes y ya se habrían consumido 62,2 millones de dólares del capital inicial de 100 millones aportado a partes iguales.

Esto es lo que explica el desfinanciamiento de RECOPE, NO LOS DERECHOS LABORALES establecidos en la Convención. La responsabilidad es del gobierno de Laura Chinchilla, y ahora del PAC, que continuó con un mal proyecto, para congraciarse con el PLN.

¿PRIVILEGIOS EN LA CONVENCIÓN DE RECOPE?

Los jerarcas de la ARESEP, excediendo sus prerrogativas legales, pretendían que se despidiera a los casi trescientos trabajadores cuyos salarios no están cubiertos. Como son trabajadores necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y el bombeo de combustibles, ahora exigen que se les redistribuya en otras dependencias que les suenan más apropiadas a sus funciones. Ya esto es el colmo, pretenden hasta reorganizar RECOPE.

A nivel internacional, en el sector petrolero los salarios son altos porque las condiciones de peligrosidad extrema en que se trabaja, exigen mucha calificación de los trabajadores. La Nación critica los pluses que se pagan por trabajar en condiciones de alto riesgo. Que los trabajadores se jueguen la vida en sus trabajos no le importa mucho.

Sabemos, sin embargo, que al igual que en el resto de las instituciones públicas, en RECOPE hay algunos salarios de privilegio para jefaturas y altos funcionarios alcahueteados por los gobiernos del PLN, el PUSC y ahora el PAC. Probablemente la destrucción de las convenciones y los pluses salariales no los afectaría mucho, tal y como se ha visto en el caso del Banco de Costa Rica, donde se bajó el salario a la masa de trabajadores para sostener sueldos de más de 10 millones de colones para los gerentes y el Presidente Ejecutivo.

La cruzada de La Nación es contra el conjunto de las y los trabajadores, no contra estos parásitos.

En el editorial de hoy de La Nación, se reconoce, sin embargo, que el gasto para la fiesta de fin de año en RECOPE es mínimo: 6,8 millones de colones. La Nación ha venido criticando, no obstante, que se subsidie el pago de consultas a médicos privados, becas para las y los hijos, alimentación y otras medidas como la transferencia de un monto del 10% de la planilla al Fondo de Ahorro.

Es claro que todos estos gastos a favor de las y los trabajadores, son parte de su salario. Con algunas de estas concesiones, se mediatizó a la burocracia del sindicato SITRAPEQUIA y se hizo clientelismo político. No todo lo que se negoció es correcto.

No estamos de acuerdo por ejemplo con que se subsidien las consultas a médicos privados, porque hay que luchar para defender la CCSS. Es vergonzoso que SITRAPEQUIA haya planteado una medida de este tipo, que favorece la privatización de los servicios médicos.

Las y los trabajadores de RECOPE no tienen por qué aceptar que los platos rotos por el fracaso del proyecto de la Refinería los paguen ellos y el país, por la vía de subir las tarifas de los combustibles. Para ganar el apoyo de los sectores populares, SITRAPEQUIA debería estar denunciando esta política.

Las convenciones tienen carácter legal, y se deben respetar. Si aceptamos que desmantelen las convenciones, se impondrá la ley del más fuerte que priva en el sector privado por la desorganización de las y los trabajadores.

Más bien, hay que exigirle a la ARESEP que baje los precios de los combustibles conforme a la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. El impuesto a los combustibles también debe ser rebajado, para bajar el costo del transporte de carga y de pasajeros. Para financiar los gastos del Estado, hay que meter en cintura a los patronos evasores del pago de impuestos.

Por José René Tamariz

El día viernes 16 de octubre se realizó la huelga nacional del Bloque Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) con movilización que salió desde el parque central hasta la casa presidencial, en protesta contra del alto costo de la vida (tarifas y precios), el salario único, los proyectos de ley que anulan los derechos de la clase trabajadora, la reforma al régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS, la reforma tributaria neoliberal y contra el cobro de más impuestos a los salarios.

Es importante destacar que la huelga fue casi del cien por ciento en el sector educativo y un poco menor en el sector salud. La movilización fue multitudinaria a pesar del desgaste que han comenzado a tener las huelgas de un solo día. Las bases sindicales la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) critican fuertemente las huelgas de un día porque no ven resultado alguno de estos movimientos huelguísticos. Esta crítica de las bases en APSE se ha manifestado en una menor participación en las movilizaciones callejeras, no así en el acatamiento de la huelga. En esta última movilización, se observó menos afluencia y participación de los afiliados de APSE de las zonas rurales que normalmente han participan masivamente en las marchas. A su vez, la participación de las bases sindicales de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) fue, mucho menor que de la APSE. Este proceso de agotamiento de los movimientos huelguístico de un solo día debe ser analizado con seriedad por las dirigencias sindicales y cambiar de estrategia.

Es necesario y urgente que las dirigencias sindicales del bloque sindical BUSSCO organicen, preparen y lancen un plan de lucha escalonado que contemple movimientos huelguísticos de tres o cuatro días con movilizaciones nacionales y concluya en una huelga indefinida que le imponga al gobierno de Solís y a los neoliberales las demandas arriba señaladas. Las bases sindicales esperan y exigen medidas más fuertes y contundentes en contra del gobierno. Este en conjunto con las fuerzas neoliberales han avanzado en su ofensiva en contra de los componentes salariales, derechos y conquistas de los trabajadores del sector público. No hay que esperar que el gobierno introduzca proyectos de ley del empleo público a la Asamblea Legislativa. El plan del gobierno de Solís es golpear, en primer lugar, las anualidades, porque son estas las que, supuestamente, provocan mayor gasto público. El plan de ataque contra las anualidades fue anunciado por la Ministra de Planificación. Ya fuimos notificados, hay que preparar la defensa y el ataque.

Plan del Gobierno: Ley de Empleo Por Partes, Golpear Primero las Anualidades

El plan del gobierno de Solís está claro, pero el de las dirigencias sindicales no. Están esperando que entre a la corriente legislativa el proyecto de ley de empleo público, pero ese no es el plan del gobierno. Las dirigencias sindicales de BUSSCO están confiados y creyendo que el gobierno va a negociar con ellos y aceptar sus propuesto, pero eso no es cierto. El gobierno necesita golpear y reducir el gasto público, siguiendo los dictados del FMI. El periódico La Nación que dirige la ofensiva en contra de los trabajadores del sector público señala que “El actual Gobierno va a hacer una propuesta para regular uno de los incentivos más grandes, y que genera un crecimiento acelerado de las remuneraciones, que es el de las anualidades”. (La Nación, 19 de octubre del 2015). Olga Marta Sánchez, ministra de planificación, planteo recientemente que “En pocos días se presentará la iniciativa de ley para sustituir las anualidades por el incentivo a la evaluación del desempeño para la calidad de la gestión pública”. (Ídem). Más adelante, Sánchez señaló que “… la propuesta vuelve más riguroso el sistema de evaluación y se aplica tanto a la institución como a los individuos sobre metas e indicadores objetivamente verificables”. (Ídem).

Más claro, el gobierno no puede ser. El gobierno le cambiará el nombre al incentivo, ya no se llamará anualidad sino “evaluación del desempeño”; la calificación para obtener el incentivo se pasará del “bueno” a “muy bueno” y tendrá un tope del 2,54% sobre el salario base. Esos cambios del incentivo, realizado desde los escritorios y cuyo objetivo es pagar las anualidades, significaría que muchas instituciones y trabajadores no calificarían para obtenerlo.

De último, emplazamos y le exigimos a las dirigencias sindicales de BUSSCO, en particular, a la dirigencia de la APSE que convoquen a una Asamblea o Encuentro Nacional para discutir y votar un plan de lucha escalonado que enfrente y derrote los planes anti-obreros del gobierno de Solís y de los neoliberales. La mejor defensa de nuestros componentes salariales, derechos y conquistas es pasar a la ofensiva mediante las movilizaciones y huelgas escalonadas que le impongan, de una vez por todas, nuestras demandas al gobierno y los neoliberales.

Asimismo, emplazamos al bloque sindical de BUSSCO a concretar la unidad sindical, con un plan de lucha de conjunta y de puntos comunes para derrotar los planes del gobierno de disminuir y eliminar los derechos y conquistas de todos los trabajadores del sector público, léase, educación, salud, muelles, ICE, Recope, municipalidades y otros. El sectarismo y división sindical no debe tener lugar en esta gran pelea social que, probablemente, defina el futuro de las condiciones salariales, de empleo público, convenciones colectivas y otros derechos laborales de las próximas generaciones de trabajadores del sector público e, incluso, del sector privado.

¿Que sigue después de la huelga del 26?

El lunes 26 de octubre se realizó la huelga nacional del bloque sindical Patria Justa (PJ) que agrupa a diversos sindicatos y sectores laborales estratégicos como telecomunicaciones (ICE), energía (RECOPE), muelles (Japdeva), municipalidades y otros. Esta huelga con concentraciones y bloqueos en 11 diferentes puntos del territorio, tuvo su impacto a nivel nacional al grado tal que el gobierno de Solís convocó a la dirigencia de ese bloque sindical a negociar por la tarde en casa presidencial. Las demandas planteadas por este bloque son las siguientes: rechazo a las reformas del régimen de pensiones de la CCSS, parar los ataques y acciones antijurídicas de la ARESEP y SUTEL en contra de las convenciones colectivas, trato igualitario a los muelles de Limón y Moín y rechazo a la cláusula 9.1 con APM Terminals, contra el salario único, aprobación de la ley de salario mínimo vital y otros puntos.

Este movimiento huelguístico fue exitoso a nivel nacional, ya que fue grande y logró parar a sectores económicos estratégicos, golpeando al gobierno y al capital por donde les duele, las exportaciones e importaciones y energía. Sin embargo, igual que el movimiento del 16 de octubre del bloque sindical BUSSCO tiene una gran debilidad, la división sindical y el fraccionamiento de la lucha en contra del gobierno por muchos puntos y demandas que son comunes a ambos bloques sindicales y los sectores laborales que representan. A la movilización de Patria Justa solo asistió una pequeñísima la APSE que es parte del bloque BUSSCO, lo cual demuestra el sectarismo entre los bloques sindicales.

La política anti-obrera de gobierno de Solís y de los neoliberales es golpear a todos los trabajadores por igual, reduciendo y eliminando los componentes salariales, imponer el salario único, vaciar de contenido económico las convenciones colectivas y muchas otras medidas contra los trabajadores para disminuir sus condiciones de vida y hacerles pagar el déficit fiscal. Por ello, la defensa de los derechos laborales, los salarios y sus componentes, conquistas y otras reivindicaciones debe ser única, unificada, centralizada y conjunta de todos los sindicatos y bloques sindicales.

De último, emplazamos a las dirigencias de los bloques sindicales de Patria Justa (PJ) y BUSSCO, que han demostrado con las huelgas y movilizaciones del 16 y 26 de octubre que tienen fuerza numérica y el control de sectores estratégicos de la economía y los servicios para frenar y derrotar la ofensiva patronal del gobierno y los neoliberales a concretar la unidad sindical. Los llamamos a un acuerdo de lucha conjunta, elaborar un pliego de peticiones conjuntas y unificadas para presentar al gobierno y a lanzar un movimiento huelguístico de acciones escalonado que termine en una huelga indefinida para, de una vez por todas, obligar al gobierno de Solís a aceptar las demandas del movimiento de los trabajadores.