Por Carlos J. Cabezas Mora

Secretario General

Central General de Trabajadores (CGT), Costa Rica

En un “país tan feliz” como el nuestro escuchar a los voceros gubernamentales lo que  causa es risa, pues usan la desinformación, o mejor dicho en tico el “engaño” para intentar difamar las verdaderas causas de la huelga y romper la relación entre el pueblo limonense y su sindicato.

El primer argumento es que en el gobierno hay “conciencia y voluntad de modernizar” el puerto de Limón. Han transcurrido 30 años esperando  la adquisición de una grúa portica entre otras “pequeñas necesidades”, desde luego este gobierno responsable por dos años, Liberación Nacional y los otros partidos en el poder muchas décadas.

Hemos escuchado a los Presidentes Ejecutivos de la Junta de Administración Porturaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlantica (JAPDEVA) para dar múltiples excusas para justificar la falta de recursos económicos o limitaciones legales para endeudar a la institución, lo cual claramente se contradice con los 30 mil millones despilfarrados en la trocha fronteriza que insulta el nombre de los héroes de 1856, ahí si hubo dinero para engordar los bolsillos de los parásitos del Estado.

Los medios han hecho su parte, diciendo que Sintrajap se opone a la concesión. Desmienten los dirigentes del heroico sindicato, pues  no se oponen a que se construya un puerto más, sino a la de EXCLUSIVIDAD a APM Terminal que el Gobierno otorga en el manejo de mercadería a través de contenedores. La razón de la resistencia es simple: la gran mayoría de la carga viene actualmente en este tipo de transporte y en futuro se prevé que aumente esta tendencia. Entregarlo a la empresa holandesa-danesa como monopolio aparte de ser inconstitucional pues se lesiona la libertad de empresa relativa a la libre competencia (¡increíble que nos toque a los sindicatos esta tarea!) significará la quiebra en el corto plazo de Japdeva.

La concesión privada traerá miles de puestos de trabajo para Limón. Aunque se crearían nuevos empleos (cosa que ponemos en duda) con esa empresa sus  ganancias serán PRIVADAS  e irán a parar a otras latitudes no se invertirá un solo colon para el desarrollo de la provincia, como si lo hace Japdeva y lo  demuestran los miles de millones invertidos por institución en carreteras, estadio nuevo, escuelas y otras muchísimas obras más con las que se han beneficiado los limonenses todo gracias a los fondos públicos. A nuestro juicio esta promesa de gobierno se nos parece demasiado a las del TLC con EEUU que no se cumplen todavía.

El Gobierno habla de crisis fiscal pero quiere perder los ingresos que genera Japdeva, prefiere recortar la inversión social la cual impacta directamente los servicios públicos abriendo el mercado para los negocios monopólicos privados. Adicionalmente pretenden ahorrar en “gastos” disminuyendo los derechos que han obtenido las y los trabajadores públicos, los cuales son una utopía en la empresa privada gracias a la actitud “democrática” de los empresarios, porque ahí no hay sindicatos  y por lo tanto tampoco existen convenciones colectivas ni forma alguna de otorgamiento de derechos.

Para negociar el gobierno pretende que se levante el movimiento de protesta como condición para negociar sin embargo excluye otros temas que no sean relativos a los puertos. El emperador Julio Cesar utilizó muy bien el “divide y vencerás”,  ahora que se creó una alianza sindical y popular para impulsar derechos de nuestro pueblo se les quiere excluir de las justas luchas que responden a reales necesidades de comunidades y sectores. El gobierno parece que hace su gestión representando no al pueblo sino a un grupo muy pequeños de empresarios trasnacionales.

Los diálogos con el gobierno son monólogos sin compromisos concretos (o diálogo de sordos) más les importa la redacción de acuerdos para publicitar una falsa imagen de benevolentes,  no le interesa llevar algo concreto a la práctica. De esto hay pruebas de sobra.

No nos extrañó que la “voluntad de diálogo” del gobierno quedo demostrada pasada la media noche, con el ingreso de las fuerzas policiales y no nos extrañará tampoco que se vean “obligados” a traer a los rompehuelgas panameños u de otros países. Irónicamente y de manera contradictoria estas acciones servirán para abrir grandes posibilidades de la entrada sin control de drogas, armas, productos químicos o radioactivos etc. Ser trabajador aduanero implica conocimiento y estudio que la policía y los posibles esquiroles no poseen, generará muchos más perdidas esta “cabezonada” gubernamental que les impide modernizar los puertos, a lo que tienen derecho los limonenses.

Japdeva no es de los trabajadores. Nos dice Carlos Ricardo Benavides Ministro de la Presidencia, pero le recordamos que tampoco esa institución es del Poder Ejecutivo, es una institución que le pertenece a nuestro PUEBLO y si ustedes son incapaces de defenderla y desarrollarla, ese pueblo la defenderá con uñas y dientes.

Debemos concluir que en nuestra opinión diciéndole a aquellos que les molesta la interrupción del trabajo mediante las huelgas justas, que esta es la herramienta que usamos cuando todo falló, han sido muchos años de engaño y burla al pueblo de Limón, lo que obliga a tomar acciones que impacten y presionen a la patronal-Gobierno para que atienda las demandas, sin presión estos politiquillos no darán hay ninguna solución.


Las organizaciones firmantes  llamamos a salir a las calles el martes 26 de junio, para realizar una primera JORNADA NACIONAL DE PROTESTA, para enfrentar los ataques del gobierno contra el pueblo y la corrupción que corroe las entrañas del poder político.

Ha quedado en evidencia que el Gobierno engañó en la “negociación salarial”, no solo porque impuso el ajuste miserable de 5000 colones  a las trabajadoras y trabajadores del sector público, sino que mete ahora por “por la ventana” su embestida contra los derechos laborales, mientras se destapa la más escandalosa corrupción, como ha quedado al desnudo ahora con los negocios oscuros e irregularidades denunciados en  la construcción de la trocha fronteriza

En ese sentido nuestra convocatoria se sustenta en la siguiente plataforma de lucha:

1.- ABAJO EL PLAN “B” DEL GOBIERNO, EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LOS DERECHOS LABORALES

Con el engañoso nombre de Ley de Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, se ataca seriamente la sostenibilidad de los presupuestos de  muchas instituciones, incluidas las universidades públicas (cuya autonomía se convertiría así en “letra muerta”), pues los superávit deben trasladarse a la caja única del Gobierno. Se liquida la posibilidad de negociar reajustes salariales, incentivos económicos y mejorar las condiciones  laborales. Se abre el portillo para el cobro generalizado de servicios en las instituciones públicas sin distinción del tipo de servicio, y se afecta severamente a instituciones rentables  como el INS y el ICE, para dejarlas como “burro amarrado contra tigre suelto” frente a la desigual competencia de  las transnacionales que se facilita en todo sentido con el TLC con EEUU.

Además, rechazamos categóricamente el Proyecto de Ley Procesal Laboral, que un sector sindical impulsa junto con las cámaras empresariales, que mantienen intactos los “comités permanentes”(aunque omita mencionarlos), que, bajo el alero del solidarismo, han servido, sirven y servirán para liquidar lo que queda del derecho a la organización sindical independiente y a la huelga.

2. ANTE EL ALZA EN  EL COSTO DE LA VIDA: SALARIOS JUSTOS Y CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE CONSUMO BÁSICO Y TARIFASDE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

Además de los recortes y desmantelamiento de los presupuestos de los servicios públicos, por otro lado, el Gobierno impulsa un deterioro salarial sistemático y un  incremento galopante en los precios de los artículos de consumo básico y la gasolina, así como las  tarifas de los servicios públicos El pueblo debe movilizarse para exigir salarios justos y que se detenga la oleada de alzas que encarece de manera alarmante el costo de la vida

3. DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Desde hace muchos años los Gobiernos de turno vienen deteriorando los servicios de salud y seguridad social. La CCCS ha sido saqueada para usarla como “caja chica” del Gobierno Central, mientras la deuda del Estado con la Institución ha sido burlada, así como cunde la evasión y la morosidad patronal de las cuotas. Este ataque a la seguridad social  se ha agudizado al máximo con este Gobierno y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS a cargo de Ileana Balmaceda. El recorte de los presupuestos de Hospitales, Clínicas y Áreas de Salud, está generando grave afectación a las comunidades usuarias de los servicios de salud, al mismo tiempo que se abre el mercado para las empresas privadas de seguros, en detrimento del INS. Es necesario recuperar la Caja y el INS para un servicio de calidad para el pueblo.

4. LOS MUELLES NO SE VENDEN: LOS MUELLES SE DEFIENDEN

La oligarquía en asocio con las transnacionales desde hace años impuso la privatización de los muelles de Caldera, y ha realizado una ofensiva permanente para subastar al mejor postor los muelles del Caribe. A pesar de la resistencia digna y valiente de las y los trabajadores muelleros limonenses agrupados en SINTRAJAP, el Gobierno y sus socios extranjeros, imponen ahora la concesión del megapuerto a la transnacional holandesa APM, con la perspectiva de asfixiar y convertir en chatarra los muelles públicos, a la vez que se impide invertir para modernizar a JAPDEVA.

5. CASTIGO A LOS EVASORES, DEFRAUDADORES AL FISCO Y JERARCAS CORRUPTOS QUE SE ENRIQUECEN CON LOS RECURSOS DEL ESTADO. BASTA DE IMPUNIAD CON LA TROCHA FRONTERIZA

La corrupción campea en todas las esferas de la gestión pública, desde el Poder Ejecutivo y sus  Ministerios, el Poder Judicial y el Legislativo. La impunidad es indignante, por ejemplo con el festín de  las consultorías del BCIE perpetradas por Rodrigo Arias ola prescripción del caso del ex presidente José María Figueres en el juicio ICE-ALCATEL

El Gobierno, que continua dilapidando en consultorías, concesiones y otros mecanismos, desde los fondos públicos para pagar el sistema clientelar sobre el que han cultivado su hegemonía, utiliza un doble rasero, pues tolera y promueve  a los grandes evasores y más bien los favorece, como se ha demostrado en el caso del ex Ministro de Hacienda: Fernando Herrero y su esposa Flor Isabel Rodríguez, el “pago de favores” y compadrazgos que se ha destapado ha promovido el actual Ministro de Educación: Leonardo Garnier y el vicepresidente Liberman, así como el reciente destape de negocios turbios que llevó a la destitución del ex Ministro de Obras Públicas y Transportes: Francisco Jiménez. A los corruptos y evasores del fisco y de la seguridad social, se les debe enjuiciar y castigar sin tapujo, para enfrentar la alarmante impunidad que corroe las entrañas del Estado.

 

En los últimos días se ha destapado el despilfarro y la absoluta falta de control en la construcción de la trocha fronteriza, construida apresuradamente con el pretexto del conflicto fronterizo por el río San Juan, corruptela de la que es directamente responsable el poder ejecutivo. Exigimos una investigación exhaustiva del Ministerio Público, para empezar de la propia Presidenta Laura Chinchilla y los jerarcas del MOPT, por semejante atentado contra las finanzas públicas.

Llego el momento de retomar la iniciativa de lucha. POR ESTAS RAZONES EL LLAMAMOS A MOVILIZARNOS ESTE MARTES 26 DE JUNIO EN LA GRAN JORNADA NACIONAL DE PROTESTA. Hagamos realidad la consigna: ¡El Pueblo Unido: Jamás será Vencido!

 

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA

APSE – SINTRAJAP- CGT- MAGISTERIO EN ACCIÓN – UNT- SINDEU – SISSS – SITRASAL - FEUCR – FEUNA - FEUTN

Por Enrique Villalobos

Cuando las cosas parecían mejorar para el maltrecho gobierno de Laura Chinchilla, el reciente “salacuartazo” (Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia), cayó como un rayo en cielo sereno, echando por la borda todo lo que había avanzado.

El creciente poder de la Sala IV

La Sala IV fue creada por medio de la Ley No 7128, del 18 de agosto de 1989, que reformó los artículos 10, 48, 105 y 128 de Constitución Política, estableciendo la Sala Constitucional como mecanismo de control constitucional, mejor conocida como Sala IV, por el orden de su creación.

Leer más…COSTA RICA.- El derrumbe del Plan Fiscal y el rol de la Sala IV

Por Ramón Sibaja

Después de varios meses de impasse en la Asamblea Legislativa, donde se discutieron mas de 3,000 mociones, finalmente con 31 diputados a favor y solo 19 en contra, el gobierno de Laura Chinchilla logró uno de sus objetivos estratégicos: la aprobación en primer debate del Plan Fiscal.

Inicialmente, Chinchilla había concebido recaudar el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, pero por la resistencia de algunas bancadas opositoras, al final el gobierno tuvo que limitarse a recaudar el 1,5% del PIB (cerca ¢350.000 millones) con la nueva versión del Plan Fiscal aprobado.

Los votos del Partido de Acción Ciudadana (PAC), que volvió al redil liberacionista, fueron decisivos para la aprobación en primer debate del Plan Fiscal. Otton Solís justificó su apoyó al plan fiscal del gobierno, argumentando que “el único sector que va a salir perjudicado con el pago del impuesto del IVA es el 20% más rico de la población. Solo los que ganen más de ¢4 millones son los que van a pagar este impuesto; los que ganen menos, pagan lo que se paga actualmente” (La Nación, 15/03/2012) Pero la realidad es que todos pagaremos, especialmente la clase media.

Maniobras del gobierno

Mientras los sindicatos negociaban con Chinchilla, estos le dejaron el campo libre en la asamblea legislativa, por eso fue aprobado el Plan Fiscal.

En un contexto social, marcado por la crisis del capitalismo y el ascenso de la luchas de los trabajadores, no hubo grandes movilizaciones contra el Plan Fiscal, salvo una pequeña pero simbólica movilización de la minoritaria Central General de los Trabajadores (CGT) y del SINDEU,  el sindicato de trabajadores de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Uno de los baluartes para derrotar la política del gobierno ha sido la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cuya principal dirigente, Beatriz Ferrero, criticó las maniobras del gobierno: “Creemos que si no hay apertura, el agua está para chocolate. La gente está muy molesta y los sectores daremos respuesta a los problemas. El problema fundamental es que el trabajador se siente inseguro ante la política tendiente a la eliminación de los derechos laborales y ningún derecho ha sido dado por beneplácito del patrono o gobierno sino que todo ha sido una lucha”. (Extra, 16/03/2012)

El lunes 19 de Marzo se realizó la tercera reunión de los sindicatos con el gobierno de Laura Chinchilla. El resultado de esta negociación hizo desaparecer todo el esfuerzo de lucha unitaria de los meses anteriores.

Los sindicatos entraron planteando el rechazo al aumento salarial de los ¢5 mil  y solicitaron se les reconozca a los empleados públicos un incremento de 1,90%. Si el aumento fuese otorgado en el segundo semestre del año, deberían pagarse de manera retroactiva al 1° de enero del 2012. Que se restablecieran las potestades de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNS).

Acuerdos con el gobierno

El lunes 19 de Marzo se realizó la tercera reunión de los sindicatos con el gobierno de Laura Chinchilla. Después de mas de 12 horas de intensas negociaciones, la mayoría de los dirigentes sindicales cayeron en la trampa, hábilmente tejida, para aceptar las tres propuestas del gobierno. Laura Chinchilla se anotó un triunfo rotundo cuando la mayor parte de la dirigencia aceptó que en este primer semestre de 2012 el aumento se mantendría en los 5000 colones decretados unilateralmente por el gobierno.

En primer lugar, los dirigentes aceptaron el miserable aumento de 1% para quienes tengan ingresos de ¢268.000 en adelante, es decir, solos cubre la categoría de técnicos, dejando por fuera a más de 30.000 empleados. Además,  será aplicable durante el segundo semestre del 2012, el cual se cancelaría hasta el mes de octubre, lo que la da un amplio respiro financiero al gobierno.

En segundo lugar, Para contentar a la dirigencia sindical, Laura Chinchilla ofreció a cambio derogar el inconstitucional decreto ejecutivo No 36.857, con la promesa de asignar facultades regulatorias del empleo público a una nueva autoridad, pero sin especificar todavía la composición de este organismo. Esta derogación es un triunfo de la movilización popular, pero éste se diluyó en la medida en que la dirigencia sindical aceptó que otra instancia etérea, sin forma definida, ocupara su lugar, disolviendo también la CNS.

En tercer lugar, Chinchilla se comprometió a consensuar la Ley de Empleo Publico con la CNS, en un plazo no mayor de seis meses. Esta propuesta legislativa es el golpe estratégico e inmediato que el gobierno pretende asestar a los trabajadores y sus organizaciones, después del triunfo obtenido con la reciente aprobación del Plan Fiscal.

A dos puyas

Después de la aprobación del Plan Fiscal, el proyecto de Ley de Empleo Publico es el principal ataque contra los trabajadores. Actualmente existen 3 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa (15290, 17623 y 17628), que persiguen disminuir o eliminar las conquistas laborales, la más peligrosa es la Ley de Empleo Publico que pretende eliminar los pluses salariales, estableciendo categorías salariales únicas, donde no habrían incentivos o sobresueldos, reducción de aguinaldos, reducción de vacaciones en el sector magisterial, elimina pago de horas extras, prohíbe el salario en especie, flexibiliza los traslados, etc.

Los trabajadores debemos realizar asambleas en los centros de trabajo para luchar contra el inminente peligro del Plan Fiscal y la Ley de Empleo Publico.

Por Ramón Sibaja

Como estaba previsto, la huelga nacional de 24 horas en el sector publico y la marcha de protesta del 15 de Febrero, en contra del miserable aumento de 5,000 colones, fue un éxito rotundo de las centrales obreras y los sindicatos, quienes mostraron su enorme musculo ante el emberrenchinado gobierno de Laura Chinchilla.

Fruto de la unidad sindical

La clave del éxito de la movilización residió en el frente único de todas las centrales obreras. Una vez se demuestra que la unidad sindical produce una fuerza temible. La marcha  de 20.000 personas salió del Ministerio de Hacienda y llego hasta Casa Presidencial, en Zapote.

Uno de los sectores más combativos, como siempre, fue el magisterio, que paralizó actividades en un 70% de los centros educativos, según un informe oficial del Ministerio de Educación Publico (MEP). En realidad, la participación fue mayor. En el valle central, San José y ciudades aledañas, la participación fue de casi el 90% y en las provincias fue mucho mayor.

El paro también se hicieron sentir los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), dejando en funcionamiento solamente las áreas vitales de estos servicios públicos.

Reacciones de Chinchilla

La combativa manifestación se apostó frente a Casa Presidencial. Los dirigentes solicitaron entrevistarse directamente con Laura Chinchilla, quien se negó a recibirlos, ordenándole a Francisco Marín, viceministro de la Presidencia, reunirse con ellos y recibir la carta por medio de la cual la dirigencia sindical solicitaban una negociación directa con la presidente Chinchilla.

Como una cobarde, Laura Chinchilla no quiso reunirse directamente con la dirigencia, pero si dio agresivas declaraciones a los medios de comunicación: “Ese 4% (de aumento) que están pidiendo no hay de dónde pagarlo; lo tendrían que pagar todos los costarricenses con más endeudamiento” (La Nación 15/02/2012)

Al día siguiente, Chinchilla se lamentaba amargamente de las conquistas laborales del sector publico: “si se compara lo que sucede en el sector público en el sector privado usted va a encontrar que los funcionarios del sector público gozan de una estabilidad prácticamente garantizada, de un incremento salarial que oscila entre el 7% y 8% con independencia de la aplicación o no del costo de vida, de cesantía que alcanzan hasta 12 y 13 años, de anualidades y de incapacitación con el 100% del salario”(El País, 16/02/2012)

“Plan Fiscal” en los hechos

Entre todas sus lamentaciones, Chinchilla dijo algo esencial, que debe ser analizado por los trabajadores: “Hemos llevado a cabo muchos ajustes, pero ha llegado un momento en el que ya no podemos utilizar ese canal, y es entonces cuando debemos impactar los salarios, como ha sucedido en este primer ajuste salarial”. (El País, 16/02/2012)

Existe una relación directa entre el Plan Fiscal, que se encuentra atorado en la Asamblea Legislativa, y el miserable aumento de 5,000 colones. Y es la reducción de gastos del Estado, que incluye, claro esta, la reducción de salarios del sector publico.

Entonces, mientras los diputados en dimes y diretes, discuten que tal o cual moción, en los hechos Chinchilla viene avanzando silenciosamente: las medidas administrativas que ha tomado, reduciendo unilateralmente el presupuesto, a costa de los beneficios laborales, le han permitido ahorrar 100.000 millones de colones el pasado año al Gobierno Central y disminuir el déficit fiscal

Retroceso en las negociaciones

Chinchilla también tiene su propio juego en las negociaciones. Accedió reunirse con la dirigencia sindical hasta el lunes 20 de Febrero y después de seis horas de forcejos, obtuvo la rendición de la dirigencia sindical, con la firma de un preacuerdo que contemplaba ningún tipo de sanciones para los marchistas, compromiso de no presentar la Ley de Empleo Publico, promesa de revisar el Decreto que quitó facultades a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), aplicar la formula del año 2007 pero hasta el segundo semestre del año 2012.

Chinchilla se mantuvo firme que este primer semestre el aumento salarial se mantendría en 5,000 colones, y formó  “una mesa de trabajo en el seno de la CNSSP, cuyo objetivo sería elaborar propuestas de ley que aborden los aspectos estructurales en materia de empleo y salarios del sector público”.

La enorme fuerza demostrada en el paro nacional y marcha del 15 de Febrero, se terminó diluyendo con esta negociación, que esta siendo consultada en las bases, pero que indica de antemano una posición claudicante de la mayoría de la dirigencia sindical. Esas actitudes son las que desmoralizan a los trabajadores: pelear tanto para terminar en nada. El gobierno ganó este round. Debemos prepararnos para seguir luchando.

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