Por James Petras
Las revelaciones sobre cómo el gobierno de Obama usa a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) para espiar secretamente las comunicaciones de cientos de millones de ciudadanos de EEUU y otros países ha generado denuncias en todo el mundo. En EEUU no hubo ninguna protesta masiva, a pesar de la amplia cobertura periodística y de la oposición de las organizaciones pro libertades civiles. Los líderes del Congreso, tanto del partido demócrata como del republicano, al igual que los jueces más importantes aprobaron un programa de espionaje doméstico sin precedentes…
Aún peor, cuando se hicieron públicas las operaciones de espionaje a gran escala, los líderes principales del Senado y del Congreso reafirmaron su respaldo a todas y a cada una de las intromisiones en las comunicaciones electrónicas y escritas de ciudadanos estadounidenses. El presidente Obama y su fiscal general Holder defendieron firme y abiertamente las operaciones globales de espionaje de la NSA.
Las cuestiones que surgen de este vasto aparato policíaco secreto y de la penetración y control que ejerce sobre la sociedad civil, atentando contra la libertad de expresión de los ciudadanos, va mucho más allá de meras “violaciones de la privacidad”, como la calificaron muchos expertos legales.
La mayoría de los defensores de las libertades civiles se enfocan en las violaciones de los derechos individuales, garantías constitucionales y derechos a la privacidad de los ciudadanos. Estas son cuestiones legales importantes y esta postura es correcta. Sin embargo, las críticas constitucionales-legales no van lo suficientemente lejos: no tocan los temas fundamentales; evitan hacer cuestionamientos políticos básicos.
¿Por qué un aparato tan masivo de espionaje global manejado por el estado policial se volvió tan esencial para el régimen gobernante? ¿Por qué el conjunto de los líderes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hicieron declaraciones públicas en las que repudiaron todas las garantías constitucionales de manera tan descarada? ¿Por qué los dirigentes electos defendieron el espionaje político global contra la ciudadanía? ¿Qué tipo de políticos existen en un estado policial? ¿Qué tipo de políticas de largo término, de gran escala, a nivel interno e internacional son ilegales e inconstitucionales como para justificar el desarrollo de una vasta red de espionaje doméstico y una infraestructura de tecno-espionaje de billones de dólares manejada por el estado corporativo en una época de “austeridad” presupuestaria caracterizada por los recortes en los programas sociales?
El segundo grupo de preguntas surge del uso de los datos obtenidos por el espionaje. Hasta el momento, la mayoría de los críticos cuestionaron la existencia del espionaje masivo implementado por el estado pero evitaron el tema crucial sobre qué medidas toman a continuación, o como resultado del espionaje, contra los individuos, grupos o movimientos espiados. La pregunta esencial es: ¿Qué represalias y sanciones se producen como resultado de la “información” que ha sido recolectada, clasificada y aplicada por estas redes de espionaje manejadas por el estado policial? Ahora que el “secreto” del espionaje extendido realizado por el estado policial forma parte de la conversación pública, el próximo paso debería ser la revelación de las operaciones secretas contra aquellos espiados por las redes de espionaje luego de haber sido rotulados como un “riesgo para la seguridad nacional”.
Las políticas detrás del estado policial
La razón fundamental para la transformación del estado en un enorme aparato de espionaje es el carácter profundamente destructivo de las políticas interna e internacional implementadas violentamente por el gobierno. La vasta expansión del aparato del estado policial no es una respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El crecimiento geométrico de espías, presupuestos policiales secretos y la vasta intromisión en las comunicaciones de los ciudadanos coincide con las guerras globales. La decisión de militarizar la política global de EEUU requiere de una redistribución radical del presupuesto, del recorte del gasto social a favor del crecimiento del imperio; de la destrucción de la salud pública y del seguro social para beneficio de Wall Street. Estas son políticas que aumentan drásticamente las ganancias de los banqueros y de las corporaciones mientras que castigan a los trabajadores con impuestos regresivos.
Las guerras internacionales extendidas y prolongadas fueron financiadas a expensas del bienestar de los ciudadanos. Esta política generó un deterioro en el estándar de vida de varias decenas de millones de ciudadanos y una creciente insatisfacción en la población. El potencial de resistencia social, como quedó evidenciado por el movimiento de breve vida “Ocupar Wall Street”, contó con el respaldo del 80% de la población. La respuesta positiva fue una alarma para el estado y condujo a una escalada de las medidas tomadas por el estado policial. El espionaje masivo tiene como fin identificar a los ciudadanos que se opongan a las guerras imperiales y a la destrucción del sistema de asistencia social; se los rotula como “amenazas para la seguridad” como una manera de controlarlos usando los poderes policiales arbitrarios.
La expansión de los poderes presidenciales para hacer la guerra ha sido acompañado con el incremento del tamaño y del alcance del aparato estatal de espionaje: cuanto más ataques con drones se hacen en el exterior bajo órdenes presidenciales, mayor es la cantidad de intervenciones militares, y mayor es la necesidad de una élite política presidencial que fortalezca la vigilancia de los ciudadanos para prevenir un contraataque popular. En este contexto, la política de espionaje masivo es llevada a cabo como una “acción preventiva”. A mayor operaciones del estado policial, mayor será el miedo y la inseguridad entre los ciudadanos y activistas disidentes.
El ataque al estándar de vida de la clase trabajadora y de la clase media de EEUU con el fin de financiar las guerras, y no la llamada “guerra contra el terrorismo, es la causa de que el estado haya desarrollado ataques cibernéticos masivos contra la ciudadanía estadounidense. No se trata solamente de la violación de la privacidad individual; sino que consiste, fundamentalmente, en la infracción estatal de los derechos colectivos de los ciudadanos organizados para participar libremente en la oposición pública contra políticas socioeconómicas regresivas y para cuestionar el imperio. Junto a la proliferación de instituciones burocráticas, con más de un millón de recolectores de “datos de seguridad”, existen decenas de miles de “operadores de campo”, analistas e inquisidores, actuando arbitrariamente para rotular a los ciudadanos disidentes como “riesgos de seguridad” e imponer represalias según sus necesidades políticas de sus jefes políticos.
El aparato del estado policial tiene sus propias reglas de auto-protección y auto-perpetuación; tiene sus propias conexiones y hasta puede llegar a competir con el Pentágono. El estado policial se conecta y protege a los amos de Wall Street y a los propagandistas de la clase media – ¡ incluso hasta cuando los espíe (porque debe hacerlo)!
El estado policial es un instrumento del Poder Ejecutivo, un canal para sus prerrogativas y poderes arbitrarios. Sin embargo, en temas administrativos, posee un grado de “autonomía” para atacar conductas disidentes. Lo que queda claro es el alto grado de cohesión, disciplina vertical y defensa mutua, desde arriba hacia abajo en la jerarquía. El hecho de que un solo denunciante de conciencia, Edward Snowden, emerja de entre cientos de miles de espías, es una excepción solitaria que confirma la regla: Hay menos desertores entre los millones de miembros de la red de espionaje de EEUU que en todas las familias mafiosas de Europa y América del Norte.
El aparato de espionaje doméstico opera con impunidad gracias a su red de poderosos aliados internos e internacionales. Todos los líderes legislativos de ambos partidos están informados y son cómplices de las operaciones de espionaje. Ramas relacionadas del gobierno, como la agencia impositiva (Internal Revenue Services, IRS) cooperan proporcionando información y persiguiendo a los grupos o individuos bajo vigilancia. Israel es un aliado clave del IRS, como ha sido documentado por la prensa israelí (Haaretz, 8 de junio, 2013). Dos firmas israelíes de alta tecnología (Verint y Narus) con conexiones con la policía secreta israelí (MOSSAD) proveyeron el software de espionaje usado por la NSA y esto, por supuesto, abrió una ventana hacia el espionaje israelí en EEUU contra los estadounidenses opuestos al estado sionista. El escritor y crítico, Steve Lendman, señala que los amos del espionaje israelí, usando sus “empresas de fachada”, han tenido desde hace tiempo la impunidad para “robar información comercial e industrial”. Y que debido al poder y a la influencia de los presidentes de las 52 organizaciones judías-estadounidenses, los funcionarios del Ministerio de Justicia dieron la orden de suspender docenas de casos de espionaje israelí.
Los estrechos vínculos entre Israel y el aparato de espionaje de EEUU evitan un verdadero escrutinio de las operaciones y de los objetivos políticos -a un precio muy alto para la seguridad de los ciudadanos de EEUU En años recientes se destacan dos incidentes: “expertos” de seguridad israelí fueron contratados para asesorar al Departamento de Seguridad Nacional de Pennsylvania en su trabajo de investigación; y la represión gubernamental “estilo Stasi” contra críticos y ambientalistas (comparados con “los terroristas de Al Qaeda” por Israel). Cuando esto fue revelado, en 2010, tuvo que renunciar el Director James Power. En 2003, el gobernador de New Jersey, Jim McGreevy nombró a su amante, un agente del gobierno de Israel; después, a fines de 2004, renunció y denunció al israelí Golan Cipel por extorsión. Estos ejemplos son una pequeña muestra para ilustrar la magnitud de la intersección entre las tácticas del estado policial israelí y la represión interna en EEUU.
Las consecuencias políticas y económicas del estado-espía
Las denuncias de las operaciones masivas de espionaje son un paso positivo, hasta ahora. Pero igualmente importante es la pregunta “¿qué viene después del acto de espiar?”. Ahora sabemos que cientos de millones de estadounidenses fueron y son espiados por el estado. Sabemos que el espionaje masivo es una política oficial del Ejecutivo que cuenta con la aprobación de los líderes legislativos. Pero solo tenemos información fragmentada de las medidas represivas derivadas de la vigilancia de “los sospechosos”. Podemos asumir que hay una división del trabajo entre los recolectores de información, los analistas de inteligencia y los agentes que hacen trabajo de campo en la vigilancia de “grupos e individuos peligrosos”, basado en un criterio interno que solo la policía secreta conoce. Los agentes de espionaje clave se encargan de elaborar y aplicar los criterios para calificar a alguien como un “riesgo de seguridad”. Los individuos y grupos que expresan posturas críticas de la política interior y exterior del gobierno son catalogados como un “riesgo”; aquellos que protestan activamente están en la categoría de “riesgo mayor”, incluso aunque no hayan violado ninguna ley. La cuestión de la legalidad de las acciones y posturas de un ciudadano ni siquiera entra en la ecuación de los amos del espionaje; ni tampoco la valoración de la legalidad de los actos de espionaje contra los ciudadanos. El criterio determinante de un riesgo de seguridad está por encima de cualquier consideración o defensa de la Constitución.
Sabemos por una gran cantidad de casos públicos que personas críticas del tema legal, fueron ilegalmente espiadas, arrestadas, sometidas a juicio y encarceladas -sus vidas y las vidas de sus familias y amigos sufrieron un altísimo costo. Sabemos que cientos de hogares, sitios de trabajo de personas bajo sospecha han sufrido redadas tipo “excursiones en busca de quién sabe qué”. Sabemos que familiares, asociados, vecinos, clientes y empleados de los “sospechosos” han sido interrogados, presionados e intimidados. Sobretodo, sabemos que decenas de millones de ciudadanos respetuosos de las leyes, que tienen posturas críticas de la economía interna y de las guerras en el extranjero, han sido censurados por el miedo, con mucho fundamento, a las operaciones masivas ejecutadas por el estado policial.
En esta atmósfera intimidatoria, cualquier conversación crítica o palabra emitida en cualquier contexto o enviada por algún medio puede ser interpretada, por espías sin nombre ni rostro, como una “amenaza de seguridad” -y el nombre de uno puede entrar así en la lista secreta, y cada vez más larga, de “terroristas potenciales”. La mera presencia y dimensiones del estado policial ya es intimidante. Mientras tanto, hay ciudadanos que sostendrían que el estado policial es necesario para protegerlos de los terroristas. Pero, ¿cuántos se sienten obligados a respaldar un estado terrorista solo para alejar cualquier sospecha, con el fin de no ser incluido en la lista de sospechoso? ¿Cuántos estadounidenses con mentalidad crítica tienen miedo del estado y jamás van a pronunciar en público lo que susurran en casa?
Cuánto más grande sea la policía secreta, mayor será su capacidad operativa. Cuánto más regresiva sea la política económica interna, mayor será el miedo y el desprecio de la élite política.
Incluso mientras el presidente Obama y sus socios demócratas y republicanos hacen alarde de su estado policial y de su eficiencia en el cumplimiento de la “función de seguridad”, la vasta mayoría de los estadounidenses toman conciencia de que el miedo creado hacia dentro del país sirve a los intereses de librar guerras imperiales en el extranjero; la cobardía frente al estado policial solo incentiva mayores recortes en los estándares de vida. ¿Cuándo se darán cuenta que el hecho de exponer el espionaje es solamente el principio de una solución? ¿Cuándo reconocerán que la tarea de terminar con el estado policial es esencial para desmantelar el costoso imperio y hacer que EEUU sea una nación segura y próspera?
