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La crisis fiscal y el ataque permanente a los servicios públicos

Después de la derrota de las revoluciones en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la ofensiva neoliberal tomo auge en toda Centroamérica, iniciando un periodo de privatizaciones de los servicios públicos y de cuanta empresa estatal rentable estuviera funcionando.

El resultado ha sido la drástica reducción de los Estados y que estos ya no puedan atender las necesidades básicas de la población. Las cifras son alarmantes: la mitad de la población de Centroamérica vive en la pobreza, con las trágicas secuelas de la migración hacia Estados Unidos. En medio de esta pobreza crecen los ejércitos del narcotráfico y aumenta la violencia.

Además, todos los Estados están endeudados. Los niveles de endeudamiento de los Estados en relación al Producto Interno Bruto (PIB) siguen subiendo, convirtiendo a nuestros países en lo que se ha denominado “Estados fallidos”, es decir, en Estados que ya no pueden sostenerse por sí solos.

El caso más dramático es el de Honduras, donde la crisis fiscal impide siquiera pagar puntualmente el raquítico salario a los empleados públicos. Pero en igual situación están Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y en menor grado Nicaragua y Panamá

En casi todos los países de Centroamérica, la llamada “cooperación internacional”, escasa en momentos de crisis económica mundial del capitalismo, es utilizada para llenar los enormes huecos del presupuesto nacional de cada uno de los países de la nación Centroamericana. Todos los gobiernos de la región son extremadamente vulnerables y dependientes de los organismos financieros internacionales, que chantajean e imponen la agenda política a seguir.

Pero las migajas de la cooperación tampoco solucionan los enormes problemas sociales que ha causado la vorágine neoliberal. En pocas palabras, a pesar del optimismo de los gobiernos, en realidad todos los países de Centroamérica continúan retrocediendo, unos que otros, en cuanto al nivel de vida y eficacia de los servicios públicos.

La reciente huelga de empleados del sector salud en El Salvador, Honduras y Panamá, es una demostración de cómo la crisis fiscal de los Estados empuja a los trabajadores del sector público a luchar, y convertirse en los mejores defensores de los servicios públicos, en este caso del vital servicio de salud.

Lo irónico es que mientras sube el nivel de endeudamiento y la bancarrota de los Estados, también aumentan el número de multimillonarios de Centroamérica, lo que refleja la dramática desigualdad social existente. El dinero existe, ahí está, pero en manos de los multimillonarios.

La clase trabajadora centroamericana debe plantear su propia salida a la crisis fiscal, exigiendo que los ricos y multimillonarios, al igual que las transnacionales, paguen más impuestos. Todos esos recursos pueden ayudar a salvar los servicios públicos, pero para que el dinero de los impuestos no termine en los bolsillos de los funcionarios corruptos se requiere luchar por el control de los trabajadores sobre el presupuesto nacional, y eso lo podemos lograr a nivel de cada institución, en donde los sindicatos deben exigir rendición de cuentas de todos los gastos.

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