Por Amílcar Sarat

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por el sempiterno líder Joviel Acevedo, se movilizó el pasado 4 de mayo en todo el país, y el 12 de mayo en solo en la ciudad de Guatemala, realizando paros breves de parte de maestros en algunos centros educativos, con el fin de presionar para que no se aprobara la iniciativa de ley 5563, de reforma a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.

El STEG, formado a mediados de la década de los 80s del siglo pasado, es una de las organizaciones sindicales más fuertes de Guatemala. Esto en un país que, debido a las transformaciones en la estructura económica en materia laboral, no se respetan los derechos sindicales; la tasa de sindicalización es baja, y esta organización ha sido dirigida por lo menos desde hace más quince años por Acevedo. Este ha sido un líder polémico, un típico burócrata que mantiene sus privilegios resolviendo las demandas económicas legitimas de los trabajadores de la educación pública, además de negociar en función de estas dos variables, con los gobiernos de turno.

Los pactos colectivos en el sector educativo han servido para aliviar en cierta manera la crisis económica del gremio magisterial; se reconoce aumentos salariales cada cierto tiempo, más bonificaciones. Esto ha sido cuestionado por sectores neoliberales, como la organización Empresarios por la Educación, que buscan privatizar la ya de por si corroída educación pública. Recordemos que la sindicalización en la educación privada es perseguida y casi nula, y las condiciones de trabajo de los docentes son totalmente deplorables. Así también una bola de plumíferos alega que el Estado no tiene capacidad de satisfacer las demandas salariales, anteponiendo ridículamente la calidad educativa con las mejoras laborales.

Por otro lado, Acevedo usa la renovación constante del Pacto Colectivo para negociar apoyos a los gobiernos de turno, en algunos casos con medidas claramente anti populares, por ejemplo, cuando apoyó la eliminación de la carrera del magisterio en 2011 o cuando respaldó al defenestrado gobierno de Otto Pérez Molina en 2015.

Así también, ha usado como moneda de cambio, demandas históricas como la incorporación a plazas presupuestarias de una gran cantidad de docentes que trabajan con contratos renovables cada año. Esta demanda inicialmente la levantó un insignificante sindicato como es SAMGUA y que oportunistamente, negociando a cuenta gotas la incorporación, la ha asumido el STEG.

Con respecto a la problemática en cuestión, la burocracia del STEG ha convocado a asambleas en lo que respecta a lo nocivo de la iniciativa de ley 5563. Discutiendo el punto sobre el aumento del montepío, es decir la cuota de la jubilación que favorece a los maestros pasivos o en situación de retiro, sostenido por el aporte del maestro en activo, pero también por parte de la patronal, en este caso el Estado.

Esta iniciativa trata básicamente del aumento del descuento del montepío para el maestro, para poder aumentar el techo de jubilación de las clases pasivas. Sin embargo, el carácter anti laboral consiste en que ese aumento saldrá del salario base en estos momentos de escalada inflacionaria, reformando el monto para jubilación, que está entre un 9 al 15 por ciento hasta un rango del 13 hasta al 20 %. A esa sucia jugada se han sumado grupos organizados de jubilados que sin duda han sido engañados.

Por otro lado, dentro de las propuestas de parte de las autoridades de gobierno, se pretende pasar los fondos de montepío a una entidad bancaria privada, lo cual convierte los fondos de jubilación en un negocio como otros que el Estado ha otorgado a la burguesía financiera, para que manejen los fondos públicos. Esto pondría en riesgo los ahorros y la estabilidad financiera de muchos maestros, que de por si están endeudados con créditos otorgados por bancos privados.

Acevedo argumenta que el aumento para las jubilaciones a las clases pasivas debe salir de las regalías a las actividades mineras y otorgadas en el presupuesto público. Esta es una demanda progresiva que apoyamos, es más, todo aumento de los ingresos a los empleados públicos decimos, debe salir de la parte patronal, es decir el gobierno, por medio de impuestos a las riquezas de los grupos oligárquicos, sobre todo al sector financiero.

Por Ricardo Patzán

Este 1 de mayo en Guatemala las organizaciones obreras protagonizaron una enorme marcha para conmemorar el día internacional de los trabajadores y la memoria de los mártires de Chicago. La manifestación salió, como es ya tradición, del monumento al trabajo en la zona 5 de la ciudad capital y, atravesando la zona 4, culminó en la Plaza de la Constitución de la zona 1.

Miles y miles de personas marcharon en los bloques correspondientes a los más diversos oficios: sindicatos de obreros de fábricas de alimentos (entre los que destacaron los de la Coca-Cola, Kerns y Frito Lays); sindicato de panificadores; de trabajadores de maquilas; numerosos sindicatos de empleados municipales, tanto del interior como de la municipalidad capitalina, cuyos militantes protestaron contra la candidatura por reelección del actual alcalde Ricardo Quiñónez; numerosos sindicatos de empleados de ministerios e instituciones del Estado; sindicato de trabajadoras domésticas; de empleados de universidades, de la USAC y de la Universidad Rafael Landívar; organizaciones de vendedores ambulantes y de la economía informal, tanto del interior como de la capital; choferes del transporte público; de trabajadores de plantaciones bananeras; organizaciones de jóvenes, etc. A estos se unieron grupos de estudiantes universitarios y partidos de izquierda.

La gran marcha conmemorativa fue organizada por las dos grandes coordinadoras sindicales del país: el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, integrado por la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA Histórica), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y el Movimiento de Trabajadores Campesinos de San Marcos; la otra coordinadora son los Sindicatos Globales, que agrupan sobre todo a organizaciones de trabajadores estatales.

Este magno evento se dio en el marco de una situación adversa para las y los trabajadores guatemaltecos. El enorme déficit de empleos formales merma significativamente la capacidad de lucha de los sindicatos por la defensa de los derechos laborales. Con harta frecuencia, los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa no tienen otras opciones que aceptar trabajos precarios, con salarios por debajo del mínimo de ley y sin prestaciones sociales, o bajo las nuevas modalidades de trabajo a tiempo parcial; o tienen que crear algún pequeño negocio informal para sobrevivir; o al final optan por migrar hacia Estados Unidos, en busca de un mejor futuro, creando a la postre un déficit de mano de obra en el sector agrícola, como suceda actualmente en el occidente del país.

Las organizaciones sindicales no están efectuando luchas coordinadas a nivel nacional, por reivindicaciones que incorporen al conjunto de los trabajadores. Los sindicatos llevan a cabo más bien una serie de pequeñas luchas heroicas a nivel parcial y local, por la firma de pactos colectivos y el cumplimiento del proceso que deben llevar en el Ministerio de Trabajo, por la reinstalación de trabajadores despedidos injustamente, por la sobrevivencia de los sindicatos ante los despidos de los compañeros que intentan crearlos, por el pago de salarios mínimos o aumentos salariales, etc.

Las dos grandes coordinadoras sindicales han optado por acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para presionar a los gobiernos más recientes y plantear denuncias por violaciones a los derechos laborales, partiendo de que el Estado guatemalteco ha suscrito convenios de la OIT que protegen estos derechos y hay obligación de los gobiernos de dar cumplimiento a los mismos. Como resultado de estas denuncias, existe una hoja de ruta definida por la OIT en 2013 para el cumplimiento por parte del Estado de Guatemala, del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación; además, en 2022 la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT adoptó una resolución en la que pide al gobierno guatemalteco el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales. De manera fraternal, y retomando las palabras del fallecido compañero Carlos Mancilla, exsecretario general de la CUSG, sugerimos a las dirigencias sindicales que se acompañe las denuncias ante la OIT con movilizaciones masivas en las calles y acciones de hecho, para presionar al gobierno a cumplir los derechos laborales.

Al llegar la marcha a la Plaza de la Constitución, los dirigentes sindicales dirigieron discursos y leyeron un comunicado conjunto. Se hizo referencia al proceso electoral en curso, exhortando a las y los trabajadores a dar su vota a los candidatos de izquierda. En este sentido, tomaron la palabra el candidato a diputado por la coalición URNG/WINAQ, Daniel Pascual, dirigente campesino e indígena; y habló también Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla.

Por Martín Escobedo

A un año de la ocupación de las instalaciones por parte de la digna resistencia estudiantil, en contra del fraude consumado por Walter Mazariegos Biolis, y respaldado por el oficialismo del partido político VAMOS, no parece haber soluciones contundentes para el rescate de la única universidad pública del país

La usurpación de la rectoría de la Universidad San Carlos (USAC) es pieza clave para el control político del país, porque tiene incidencia en la toma de decisiones del Estado de Guatemala. Esta usurpación lleva décadas gestándose, no es novedoso, pero es hasta el año 2022 que se consuma una de las crisis más graves que ha vivido la universidad en décadas, a través de un fraude electoral en las elecciones a rector.

Esta acción reaccionaria y contrarrevolucionaria afecta directa e indirectamente, a estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras y a todas las personas que se beneficiaban de la acción social de la USAC. Ahora, esta institución forma parte del sistema protofascista que se ha estado gestando en el país y que ahora pareciera consolidarse en las próximas elecciones generales.

La digna resistencia sabe que las tomas de las instalaciones, para prevenir el ingreso del usurpador y sus huestes, tiene que evolucionar y cambiar de estrategia. Están conscientes de que las aulas deben volver a abrirse para organizar al estudiantado en contra del fraude. Por eso durante inicios del año 2023, representantes de la resistencia universitaria convocaron a medios de comunicación para expresar la voluntad de entregar las instalaciones y citaron a las autoridades universitarias para entregarles las instalaciones y hacer constar que estas se encuentran en buenas condiciones.

Desde el día del fraude electoral, los centros universitarios del país fueron tomados por las resistencias estudiantiles como medida de protesta frente al proceso irregular de elección a rector de la universidad. Eventualmente, se notificó que las tomas debían dejarse atrás y comenzar una estrategia de articulación.

Mientras las reuniones y diálogos ocurrían entre las filas de las resistencias para llegar a acuerdos, el Centro Universitario de Occidente fue invadido por personas armadas quienes amenazaron a la resistencia estudiantil que ahí se encontraba. Afortunadamente no hubo heridos, pero las instalaciones fueron entregadas la mañana siguiente a las autoridades universitarias del mismo centro, exponiendo que las personas que usurparon las instalaciones no reciben las instalaciones de los estudiantes sino de grupos paramilitares

Por otro lado, la Coordinadora Estudiantil Museo de la USAC convocó a las autoridades universitarias para entregar las instalaciones del Museo de la universidad. El Consejo Superior Universitario, en contubernio con la rectoría, no se ha pronunciado al respecto, exponiendo su desinterés por resolver la crisis por medio del diálogo. Por el contrario, insisten en criminalizar, en una guerra judicial, a quienes han resistido y denunciado el fraude universitario y la violación a la autonomía universitaria.

Como ejemplo de ello, hemos atestiguado la criminalización contra estudiantes en resistencia, el acoso a trabajadoras y trabajadores honestos que se resisten a obedecer el espurio mandato de Mazariegos y también hemos visto la expulsión de Camilo García, representante estudiantil frente al Consejo Superior Universitario porque denunció el fraude en un acto de valentía frente a los usurpadores.

¿Por qué quienes usurparon la administración de la USAC se niegan a recibir las instalaciones y comenzar clases presenciales? Entre muchos análisis encontramos que temen a la organización estudiantil y porque no cuentan con las aptitudes para dirigir una universidad, pero sí cuentan con las aptitudes y la obediencia para acatar órdenes, que en su mayoría no son para el beneficio del pueblo y el estudiantado, sino para beneficiar a quienes les colocaron en esos puestos.

La región centroamericana debe estar vigilante a cómo se desarrolla esta crisis, para tomar consciencia, comprender el problema y tomar acciones, pues este fraude es el preludio de un potencial fraude en las próximas elecciones generales del país.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) expresamos nuestro apoyo a la digna resistencia por su valentía y devoción, pero también expresamos nuestra pesadumbre por quienes han colaborado lealmente con la cooptación de la USAC, porque son peones reemplazables, que eventualmente serán desechados y dejados a su suerte cuando enfrenten a la justicia. Un salario o una serie de pagos no valen nada cuando están matando los sueños de miles de estudiantes y hundiendo al país en una noche oscura de la que no sabemos cómo ni cuándo saldremos.

Por Armando Tezucún

El 30 de abril de 2023 finalizó en Guatemala uno de los negocios más emblemáticos de lo que la burguesía gusta llamar “alianzas público-privadas”; esta modalidad de inversión de capital se da en el marco de las políticas neoliberales, que limitan la intervención del Estado en la prestación de servicios y bienes a la población, cediendo el espacio a capitalistas voraces que obtienen elevadas ganancias a costa de los bolsillos de los trabajadores, que deben pagar por productos que los gobiernos deberían suplir de forma gratuita o a bajo costo. En el marco de estas “alianzas”, el estado aporta infraestructura y recursos que los empresarios utilizan a cambio de una inversión, para generar bienes, con frecuencia esenciales, por los que el pueblo deberá pagar elevadas cuotas.

La justificación que se da para avalar este tipo de transacciones, es que el Estado no tiene los recursos, la capacidad técnica o el personal apropiado para realizar estas inversiones; o que los gobiernos están plagados de funcionarios corruptos que se terminan robando los recursos. Por otro lado, se supone que los capitalistas sí están en capacidad de aportar recursos, tecnología y personal capacitado, y, además, son individuos honestos y probos que no tienen necesidad de parasitar los recursos del Estado. Estos argumentos rebosan de cinismo, pues los gobiernos burgueses deliberadamente limitan los recursos del Estado mediante presupuestos raquíticos, y rechazan a toda costa reformas tributarias que obliguen a los empresarios a pagar más impuestos. Además, los capitalistas son los principales corruptores de los funcionarios, tal como quedó demostrado en los enjuiciamientos a ministros y personeros del gobierno de Otto Pérez Molina, conducidos por la extinta Cicig.

El negocio al que nos referimos es el contrato de concesión de la autopista Palín-Escuintla, firmado en 1997 entre el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen y la empresa mexicana Marhnos. Arzú es mal recordado por haber vendido a empresarios privados las principales empresas del Estado guatemalteco.

El contrato con Marhnos tuvo 25 años de duración, y Arzú entregó a la empresa una carretera de 22.8 kilómetros de longitud, construida con fondos del Estado, para que la convirtiera en una autopista que funcionaría mediante el cobro de peaje, la primera en el país bajo esta modalidad. El acuerdo estipulaba que el Estado guatemalteco recibiría un 1% de los ingresos del cobro, y se le dio a la empresa dos años de gracia (entre 1998 y 1999) antes de empezar a retribuir al Estado. En esos 25 años, el contrato solo fue modificado para cambiar la fórmula para el cálculo de las tarifas del peaje, nunca para modificar el porcentaje que recibía el Estado como regalías, que encima era calculado en base a los ingresos de la empresa sin el IVA.

El resultado final de este magnífico negocio, según la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), es que, entre el 1 de mayo de 1998 y diciembre de 2022, Marhnos tuvo un ingreso bruto de Q 2 mil 442 millones 116 mil 236.76, incluyendo el IVA; el Estado guatemalteco recibió, en cambio, Q 21 millones 403 mil 74.88, correspondientes al 1% de regalías (Prensa Libre 19/04/2023).

Luego de algunas semanas de incertidumbre sobre el futuro de la autopista, el presidente Giammattei informó que a partir del 1 de mayo ya no habrá cobro de peaje, pero habría algunas restricciones en cuanto a límite de velocidad y el tipo de transporte pesado que circularía en la autopista. Las organizaciones empresariales, en especial la Cámara Guatemalteca de la Construcción, días antes habían empezado a advertir que el gobierno no está en capacidad de dar mantenimiento a la carretera, la cual rápidamente se verá seriamente deteriorada, por lo que se debe dar una nueva concesión: “Es imperativo poner en marcha un proceso competitivo riguroso y transparente para una nueva adjudicación de la operación y mantenimiento de la Autopista Palín-Escuintla a una entidad privada con la capacidad técnica y financiera adecuada para llevar a cabo dicho proyecto” (Prensa Libre 24/04/2023).

Los empresarios no se resignan a perder este jugoso negocio, y el gobierno suspendió el cobro convenientemente en una época electoral para atraer votos a los candidatos oficialistas. No es remoto que eventualmente el gobierno actual o el que asuma en 2024 ceda a las presiones empresariales y otorgue una nueva concesión. Consideramos que la población de Palín y Escuintla se debe organizar y declararse en asambleas permanentes, presionar a los alcaldes y exigir al gobierno a dar mantenimiento adecuado a la carretera, para prolongar al máximo su tiempo de vida, y así evitar que se de un nuevo negocio a costa de los recursos del Estado y de los impuestos que paga la población.