13 de septiembre de 1996: ultimo fusilamiento en Guatemala

Por Armando Tezucún

Es ya un tema recurrente que, en época de elecciones, los candidatos de los partidos burgueses hagan toda clase de promesas demagógicas a los incautos votantes para granjearse su apoyo. En especial este ha sido el caso con los tópicos de seguridad, ante el incremento de los robos, asaltos, asesinatos y en especial las actividades delictivas de las pandillas juveniles, mejor conocidas como maras. Recordemos el lema de campaña de Otto Pérez Molina en las elecciones de 2011, cuando prometió “mano dura” contra la delincuencia; claro, al final los delincuentes resultaron ser él, su vicepresidenta y buena parte de sus ministros, que terminaron en la cárcel por actos de corrupción.

Dentro de las problemáticas que giran en torno a la seguridad ciudadana, está el de las penas aplicables a los distintos delitos, y a lo largo de los años ha generado agudas polémicas el tema de la pena de muerte. En cada proceso electoral, esta demanda es levantada por más de algún candidato o algún sector para obtener el apoyo de una población hastiada de la violencia delictiva y ansiosa de aplicar el ojo por ojo y diente por diente a los culpables de delitos mayores.

Giammattei pidió la reactivación de la pena de muerte

La campaña electoral 2023 no es la excepción, y la discusión de la pena de muerte ya está en la palestra pública. El tema lo inició el propio presidente de la república, Alejandro Giammattei, cuando el 27 de enero pasado, durante un acto de graduación de agentes de la policía, pidió la reactivación de la pena de muerte: “ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la constitución le dice al presidente de la república, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pudiera ser efectiva”, manifestándose decididamente en favor de la aplicación de la pena capital (La Hora 10/03/2023).

Unos pocos días después, el 31 de enero, un grupo de diputados oficialistas presentó una iniciativa de ley para reactivar la aplicación del indulto a la pena de muerte. En la plenaria de diputados del 1 de febrero, la iniciativa, denominada 6189, recibió el visto bueno y fue enviada a comisiones del Congreso para su discusión; el 14 de febrero obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Defensa, quedando pendiente el de la Comisión de Derechos Humanos.

El estado de cosas de la pena de muerte en Guatemala

Para comprender mejor la discusión en torno a la pena capital, es necesario aclarar que ésta se encuentra vigente en el artículo 18 de la Constitución Política de la República, que especifica los casos en que no es aplicable, y estipula: “Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte” (https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Guatemala.pdf.). Sin embargo, en 2016 y 2017 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los delitos a los que es aplicable la pena de muerte, mediante las resoluciones 1097-2015 y 5986-2016.

Estos delitos eran asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, torturas seguidas de muerte o daños graves a la salud, desaparición forzada, magnicidio, violación a menores de 10 años y los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad.

Años antes, en 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, el Congreso de la República derogó el decreto 159, que regulaba el procedimiento para el otorgamiento del indulto a los condenados a la pena de muerte, recurso de gracia que correspondía al presidente de la república. En 2001 el presidente Portillo impulsó un proyecto para abolir la pena de muerte, pero fue rechazado. La última ejecución se llevó a cabo en el año 2000, por inyección letal.

En resumen, la pena de muerte está contemplada en el ordenamiento jurídico guatemalteco, pero un aspecto complementario, que es la posibilidad de que el presidente otorgue un indulto a los condenados, cambiándolo por pena de cárcel, no está vigente, y los delitos a los cuales era aplicable la pena capital ya no están sujetos a tal aplicación. Es decir, no hay ya delitos a los cuales se pueda aplicar como condena la pena de muerte, y el presidente de la república ya no tiene la potestad de perdonar a los hipotéticos condenados a muerte.

La iniciativa 6189

Esta iniciativa se titula “Iniciativa que dispone aprobar ley para la aplicación del Recurso de Gracia o Indulto de la pena de muerte”. Como mencionamos, fue presentada por diputados del partido oficialista y sus aliados, los partidos Valor, FCN-Nación, Une, Vamos y Partido Humanista, incluyendo a la presidenta del Congreso Shirley Rivera.

De acuerdo a estos legisladores, “Esta ley tiene como única finalidad determinar si en un caso concreto, a juicio del Jefe de Estado y bajo su estricta responsabilidad, procede conmutar la pena de muerte contenida en sentencia firme dictada por los órganos jurisdiccionales competentes para sustituirla por la de privación de libertad…”; la derogación del indulto en el año 2000 creó un vacío legal “…que ocasiona falta de certeza jurídica al no contar el condenado a pena de muerte, con el debido recurso final que es el INDULTO o perdón presidencial, con lo cual se violenta el Debido Proceso y el Derecho de Petición, ambos establecidos en la Constitución Política de la República, vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena y al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con normativa constitucional, resulta necesario crear el mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que esta persigue…” (https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5976).

Los diputados aducen que la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos firmados por el Estado de Guatemala) señalan que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, “…no pudiéndose aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente” (Idem). En realidad, si leemos atentamente el Pacto de San José, su espíritu es el respeto a la vida de las personas, y en el caso de los países que no han abolido la pena de muerte, detalla una serie de restricciones para su aplicación; en el artículo 4, Derecho a la Vida, de seis acápites, cinco están destinado a poner limitantes a la aplicación de la pena de muerte.

Este énfasis en el derecho a la vida es ignorado por los ponentes de la iniciativa, y al parecer ignoran también que los delitos a los que era aplicable la pena capital ya no están afectos. Además, sabemos de sobra que la ley burguesa, en última instancia se aplica a los trabajadores y a las clases oprimidas, jamás a los capitalistas, tal como podemos observar en la aplicación de la pena de muerte en los estados de la Unión Americana donde la mayoría de ejecutados pertenecen a las minorías afroamericanas o latinos. Paradójicamente, los retrógrados diputados que propusieron la iniciativa no lo hicieron con la intención de que los futuros supuestos condenados a muerte puedan obtener el perdón presidencial, sino para que, al estar vigente este requisito, la pena de muerte tenga vía libre para ser aplicada.

La iniciativa 6189 sigue el camino hacia la aprobación por el Congreso

Si bien la Comisión de Defensa del Congreso de la República dio un dictamen favorable a la iniciativa, la Comisión de Derechos Humanos no lo ha hecho. Esta última anunció el 23 de febrero que realizaría una consulta a la Corte de Constitucionalidad antes de emitir su dictamen, además de citar al ministro de Gobernación y a expertos en temas de seguridad.

Dado que basta con que una de las comisiones de un dictamen favorable para que el pleno de diputados pueda conocer una propuesta de ley, el 22 de marzo en sesión plenaria los legisladores discutieron el primer debate de la iniciativa 6189. El 12 de abril avanzó el segundo debate de la misma. El tercer y final debate fue agendado para el 19 de abril, sin embargo, antes de que se conociera el punto, se rompió el cuórum, y no se pudo efectuar la votación.

El oficialismo está confiado en que la iniciativa será aprobada. El diputado Manuel Conde, candidato a presidente por el partido de gobierno Vamos, aseguró que una inmensa mayoría en el Congreso la respalda, “Es una discusión que debe de darse en el lugar adecuado y es el Congreso el lugar adecuado (…) yo espero que lo aprobemos porque este es un elemento más que nos va a permitir la llegada de la aplicación de la pena de muerte, tengamos el indulto y hagamos la denuncia total o parcial del pacto de San José y vamos poder aplicar la pena capital mientras tanto no es posible” (La Hora 12/04/2023).

Los candidatos de la extrema derecha apoyan completamente la reactivación del indulto. Zuri Ríos, candidata de la coalición Valor-Unionista e hija del exdictador genocida Efraín Ríos Montt, declaró: “Nosotros ya consultamos al pueblo de Guatemala, el pueblo quiere que se aplique la Pena de Muerte y de hecho, la Constitución la contempla, no hay que tener miedo de tomar decisiones firmes y menos cuando se trata de proteger la seguridad de nuestras familias, nadie está por encima de la ley” (La Hora 19/04/2023).

La tentativa de poner en vigencia la pena de muerte, si bien no tiene legalmente muchas posibilidades de éxito, es otra faceta de la intención de los grupos conservadores oligárquicos, militares y del crimen organizado, de limitar las libertades democráticas. Los trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y mujeres debemos oponernos decididamente a este tipo de iniciativas, tomando las calles y carreteras para manifestar nuestro descontento.

Juan Francisco Solórzano Foppa

Por Ricardo Patzán

El 20 de abril del año en curso (2023), la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), en acción con el Ministerio Público (MP), giró una orden de detención contra los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez. Es necesario recordar que la FECI actualmente forma parte de los aparatos de justicia del Estado, que paradójicamente se dedican a perseguir a quienes denuncian la corrupción.

Esta detención es el resultado de la consolidación de la persecución contra opositores políticos del Estado de Guatemala, que lejos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, es el gran violentador de derechos humanos en el país. En el caso de Solórzano Foppa, cuando ejerció el cargo de Superintendente de Administración Tributaria logró que la empresa Aceros de Guatemala pagara un monto de Q 782.9 millones por concepto de reparos, intereses y multas debido a evasión fiscal.

Se puede considerar esta captura como un acto de venganza por parte de la élite empresarial del país que busca perpetuar la impunidad, el saqueo del Estado y la continuidad del inhumano modelo socioeconómico impuesto a la población. Además, Solórzano Foppa se postuló como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala por parte de la coalición URNG, WINAQ y Semilla; con esta acción se busca impedir su participación política y electoral en el país y revertir todos los cambios que son resultado de la lucha anticorrupción de décadas anteriores e impedir que esos cambios se repitan.

Se sabe que al momento de su detención no existía aún una orden de captura, evidenciando la politización del sistema de justicia. Mencionamos la politización y ahora también la nula existencia de independencia de poderes en el Estado, porque sí se ha permitido la participación política y electoral de diputados con procesos de antejuicio y de personajes ligados a la corrupción. Paralelamente, el binomio presidencial del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) no fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pese a cumplir todos los requisitos.

Los motivos de la orden de captura son falsificar documentos y justificar un presunto lavado de dinero que implica al periodista José Rubén Zamora, quien también ha sido encarcelado, lo cual se consideró como un ataque al periodismo crítico y a la libertad de expresión por muchos sectores populares. Otro proceso que también es muy cuestionable es la detención en contra de la exfiscal de la FECI Virginia Laparra, a quien se le acusa de revelación de información confidencial. Su proceso ha estado lleno de inconsistencias y se le ha abierto un segundo proceso en su contra, el cual se mantiene bajo reserva actualmente.

Al mismo tiempo en Europa, la ex abogada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Claudia González Orellana ha sido premiada junto al ex fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval con el premio “Abogados por Abogados” como reconocimiento por su lucha anticorrupción en Guatemala. Mientras se persigue y criminaliza a quienes denuncian la corrupción, estas mismas personas son reconocidas por su valentía para enfrentar a quienes se han enquistado en el Estado perpetuando sus malas prácticas.

Esto genera más desconfianza al proceso electoral del domingo 25 de junio del presente año, donde se elige al presidente y vicepresidente de la República, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Las juventudes no se ven motivadas a participar y se prevé un ambiente tenso en las próximas elecciones.

Por eso, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestamos nuestra urgencia para reformar o cambiar el sistema judicial y socioeconómico del país. Guatemala, un país con más de la mitad de su población viviendo en pobreza, azotada por la violencia homicida y en donde 1 de cada 2 niños sufre desnutrición, necesita un nuevo sistema socioeconómico que dignifique al ser humano y al medio ambiente. Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y populares a movilizarse para protestar contra los continuos ataques del gobierno corrupto de Alejandro Giammattei contra las libertades democráticas.

Por último, manifestamos nuestra solidaridad al estudiantado en resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica (FEUCR) y a todas las personas y comunidades que valientemente salen en defensa de la única universidad pública de Guatemala, amenazada por un grupo de personas que utilizaron un fraude electoral como método para usurpar la toma de decisiones en la USAC y así beneficiarse a ellos mismos y a quienes pretenden utilizar los mismos métodos para seguir cooptando el Estado otros 4 y muchos años más. Pero los pueblos que habitan este país triunfarán y la verdad y la justicia prevalecerán.

Por Leonardo Ixim

El bloque conservador en el poder afina sus piezas para no inscribir candidaturas de carácter democrático, progresista o de izquierdas, que impulse un proyecto popular reformista; pese a que no traspasan los limites capitalistas, estas opciones electorales cuestionan el ejercicio del poder de este bloque y de las distintas fracciones burguesas y oligárquicas que lo conforman

Este bloque, por medio de esas políticas, vuelve cada vez más autoritario el régimen político encabezado por el gobierno de Alejandro Giammattei del partido VAMOS, caracterizado por el control de las diversas instituciones del Estado, incluyendo el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para las elecciones venideras el control del Estado se lo buscan repartir tres fracciones burguesas: además del partido oficial, con Manuel Conde encabezando su binomio presidencial, la alianza Partido Unionista-Valor con Zuri Ríos a la cabeza, y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres. Esto deja por fuera otras candidaturas burguesas como la de Podemos de Roberto Arzú la cual no fue inscrita, la de Cabal de Edmund Mulet como candidato a la presidencia y la del partido CREO con Francisco Arredondo, la cual están tratando de impedir.

Por otro lado, como es sabido la candidatura del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) con Thelma Cabrera como presidenciable, al ser el partido que plantea cierta ruptura con el modelo social capitalista neocolonial, y debido al cuarto lugar que logró en las pasadas elecciones, no fue inscrita. El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el movimiento social que la sustenta, ha realizado una serie de movilizaciones, pero sin concitar aun la masividad necesaria. El MLP recientemente denunció esta situación, pero también la falta de certeza en el programa de trasmisión de datos desde las Juntas Receptoras de Votos, así como la presencia de elementos militares en tales juntas y las de nivel departamental y nacional.

Otro elemento de este bloqueo a candidatos progresistas es la reciente negativa de parte del TSE de inscribir la candidatura a diputado de Aldo Dávila, posicionado en el primer lugar por el distrito metropolitano por el partido Voluntad, Organización y Solidaridad, un desprendimiento por izquierda de la UNE con muchas posibilidades de reelegirse; Dávila fue electo al legislativo por el partido Winaq en 2019.

Misma situación fue aplicada a Francisco Solórzano Foppa, candidato a alcalde del municipio de la Ciudad de Guatemala bajo la alianza Semilla-URNG-Winaq, que aglutina a tres partidos de izquierda reformista, concitando apoyo en algunas organizaciones populares y cuyas posibilidades, según ciertas encuestas, se situaban en un segundo o tercer lugar. Sin embargo, el TSE resolvió inscribir a los candidatos a síndicos y concejales por esa planilla, algo que la ley electoral permite, pero bloqueando a Foppa.

Lo que tienen en común Dávila, Foppa (ex encargado de la recaudación tributaria) y Jordán Rodas (ex procurador de los derechos humanos y vicepresidenciable del MLP), es que han sido críticos y han tratado de controlar los desmanes de los corruptos del bloque conservador. Y ni que decir la candidatura de Cabrera, militante de CODECA con la propuesta del Estado Plurinacional.

Por otro lado, el binomio presidencial de CODECA, además de Arzú y Dávila, han manejado que existe un fraude electoral en proceso. Consideramos que un fraude, según la definición estricta, es la manipulación de votos al momento de las votaciones, ya sea en el material de las boletas electorales o en la transmisión digital de los resultados; por tanto, diferimos de esta opinión, y creemos que lo que se está dando es un bloqueo las candidaturas que son incómodas para el bloque conservador, retorciendo las leyes electorales. Recientemente, como se menciona, el MLP denunció que falta seguridad en sistema de trasmisión de datos

Específicamente existe un bloqueo de candidaturas democráticas, sin embargo, es peligroso que con un clásico fraude o no, los grupos de poder pretendan imponerse y cerrar totalmente el régimen político, siendo el corolario del control a las instituciones republicanas; ojo, no decimos cooptación del Estado, porque éste siempre ha estado bajo el control de las diferentes fracciones de la burguesía.

Entonces, como hemos recalcado, es necesario durante esta etapa de proselitismo electoral de los partidos de derecha, un frente único utilizando los métodos propios del proletariado, es decir la movilización popular contra esa pretensión antidemocrática de parte del oficialismo y los partidos con los que pretende repartirse el poder.

Por Armando Tezucún

El régimen político en Guatemala está girando a pasos acelerados hacia el autoritarismo y hacia una restricción cada vez mayor de las libertades democráticas, aunque todavía guardando las apariencias del funcionamiento de una democracia formal. Parte esencial de este proceso es la promulgación de leyes que restrinjan los derechos particulares de actores que puedan ser bastiones de oposición a las fuerzas oligárquicas y conservadoras. En este artículo examinaremos dos piezas legislativas que el Congreso de la República ha impulsado recientemente.

El nuevo Ministerio de Planificación

En octubre de 2022 un grupo de catorce diputados de partidos aliados del oficialismo (Vamos, Pan, FCN-Nación, Bien, Creo, Viva, Prosperidad Ciudadana y Une) presentó al legislativo una iniciativa de ley, la 6145, Iniciativa de Ley Orgánica de Planificación, que propone convertir la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en un Ministerio de Planificación.

En la exposición de motivos los diputados proponentes hacen alusión a dificultades en la forma como se gestiona el desarrollo nacional, pues es común que los planes no se concreten, o hay diferencias entre lo que se planifica, lo que se programa y lo que se ejecuta, al “no existir una ley que oriente la ejecución presupuestaria en función de las prioridades del país” … “Esta ley promueve mediante la planificación coordinada y vinculada al presupuesto, un marco de transparencia, ética y participación ciudadana, al evitar que se ejecute o reprograme de forma dispersa, atendiendo a intereses particulares o desaprovechando recursos, sin tener en cuenta las metas planteadas que atienden las prioridades de país” (https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/32ea1-6145.pdf)

En teoría pareciera que es sensato que el Estado cuente con un ente que centralice los planes de desarrollo, y que estén en acuerdo con un plan central de mediano plazo, con metas claras y coherentes. Sin embargo, la ley pretende incluir bajo la jurisdicción de este Ministerio de Desarrollo a todas las entidades del Estado y entidades privadas: “Esta ley tiene por objeto la regulación de la planificación, coordinación y articulación de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad guatemalteca para el desarrollo nacional.

Comprende dentro de su materia la coordinación y coherencia con políticas públicas, planes, programación, inversión pública, cooperación, seguimiento y evaluación, así como la gestión desconcentrada y descentralizada de la administración pública, incluyendo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” (Idem).

Una amenaza para los grupos que se oponen al régimen

Entre las instituciones que estarán sujetas a las disposiciones de la ley, se menciona a “Las Asociaciones sin fines de lucro, así como todas las Organizaciones no Gubernamentales que administren, reciban o ejecuten donaciones provenientes de organismos bilaterales y multilaterales o fondos públicos” (Idem). Para incorporar a estas entidades, la ley crea la Agencia Guatemalteca de Cooperación Internacional.

Es decir, todas las asociaciones que reciben fondos de la cooperación internacional, que normalmente atienden a sectores de la población que son vulnerables y no reciben la debida atención por parte de los gobiernos, tendrían que presentar a este superministerio sus planes de trabajo para que sean aprobados, si es que están de acuerdo con las metas y objetivos definidos por el gobierno. El Ministerio de Planificación, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores formulará la política de cooperación del país; la aceptación de cualquier tipo de cooperación deberá depender de que esté en coherencia con las “prioridades del país”.

Pero no solo asociaciones asistenciales reciben fondos del extranjero, sino también una serie de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, de investigación social, de monitoreo de los organismos del Estado; y también organizaciones sindicales y campesinas reciben estos fondos para realizar sus actividades. En realidad, este es el verdadero propósito de esta ley, controlar a las organizaciones sociales que de alguna representan una molestia para el régimen, condicionando la recepción de fondos que reciben del extranjero a la aceptación de sus agendas de trabajo.

La autoritaria iniciativa 6145 avanza en el Congreso

La creación de este superministerio generará conflictos no solo con las agencias de cooperación internacional, sino también con las fundaciones de beneficencia de las empresas privadas y con otras entidades del Estado que por su naturaleza son autónomas; estamos hablando de la independencia que tienen el poder legislativo y el poder judicial con respecto al poder ejecutivo, así como otras entidades autónomas como la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etc. En este sentido, la ley cae en inconstitucionalidades, y más allá de eso, constituye un paso adelante en la instauración de un sistema autoritario, al crear un ente que tendrá injerencia en todos los ámbitos de la sociedad.

A pesar de ello, la iniciativa 6145 tuvo el dictamen favorable de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso el pasado 18 de enero. El 25 de enero fue conocida en primera lectura por el pleno de diputados, y el 1 de febrero pasó en segundo debate. Ahora sola falta que sea conocida en tercer debate y redacción final para que sea aprobada.

Una iniciativa de ley dirigida contra una organización popular

La segunda de las leyes que comentamos es la iniciativa 6181, que propone realizar reformas al Código Penal y al decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada. En particular la iniciativa se ingresó al legislativo con la intención de aumentar las multas y penas de cárcel en los casos de robo de luz, agua o fuerza de una instalación.

La propuesta de ley fue hecha pensando en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), tal como lo dijo claramente el diputado Lázaro Zamora, del derechista Partido Unionista. Según Zamora, CODECA “no solo amedrenta, asesina, toma las carreteras cuando se les da la gana, sino también financia partidos políticos” … “Guatemala necesita liberarse de estos criminales que no solo golpean al pueblo de Guatemala sino también quieren incidir en las decisiones políticas que aquí se toman. Votemos por esta ley, pasémosla porque es necesario” (La Hora 01/03/2023).

Esta iniciativa fue presentada al legislativo por el presidente Alejandro Giammattei el 13 de enero, y recibió dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional el 28 de febrero. Avanzó en primera lectura el 1 de marzo, el 15 de marzo en segunda lectura y fue aprobada en tercera lectura el 21 de marzo.

Las reformas aprobadas aumentan las penas por el delito de sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas o fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno; por el delito de manipulación no autorizada desde la red del distribuidor final hacia algún punto de suministro o manipulación ilegal de la red; por el delito de cobro ilegal de energía eléctrica sin contar con la autorización del distribuidor final. En los tres casos las penas de cárcel oscilan entre los cuatro a ocho años, y multas de entre Q 5 mil y Q 100 mil.

CODECA, una tradición de lucha por la energía eléctrica

CODECA ha librado desde hace años una lucha de resistencia contra las empresas que controlan la distribución de la energía eléctrica en el interior del país. Durante la subasta de bienes del Estado que llevó a cabo el gobierno de Álvaro Arzú, fueron vendidas las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), siendo el primer comprador la empresa española Iberdrola, en alianza con la portuguesa EDP Electricidade (Unión Fenosa), en 1999. Fueron creadas la Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) y la Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA), y empezó el calvario de los usuarios de ambas regiones del país: cortes del suministro, cobros injustificados, fallas en el fluido, y un largo etcétera de irregularidades. Estas distribuidoras cubren 19 de los 22 departamentos del país y tienen 1.7 millones de clientes.

Ambas empresas pasaron continuamente de manos; en 2011 fueron adquiridas por el fondo de inversión inglés Actis, y en 2016 las obtuvo la estadounidense I. C. Power Ltd., propiedad de Kenon Holdings. En 2017 fueron vendidas a I Squared Capital, de Estados Unidos.

Desde 2008 CODECA lidera la resistencia contra estas empresas extranjeras, promoviendo en las comunidades la negativa al pago de recibos, efectuando conexiones fuera de los contadores y exigiendo la nacionalización del sistema de energía eléctrica. Han sido numerosos los dirigentes de CODECA que han sufrido persecución, atentados y asesinatos. En las elecciones de 2019 su brazo político, el Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, obtuvo el cuarto lugar en la votación de primera vuelta. Por eso los diputados de extrema derecha no tienen empacho en declarar que las reformas va dirigidas contra CODECA; obviamente será muy difícil que sean penalizadas las empresas hidroeléctricas y de agroexportación que roban el agua a las comunidades cuando desvían el curso de los ríos.

Rechazamos enérgicamente ambas iniciativas de ley, pues pretenden reprimir las protestas y la resistencia de las organizaciones populares contra el bloque de empresarios, militares, funcionarios y políticos que se proponen instaurar un régimen autoritario, que les permita saquear los recursos públicos con impunidad. Llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas y populares a organizar un frente contra la represión, y exigir la derogación de estas nefastas leyes.