Por Armando Tezucún

El partido de gobierno, VAMOS, y sus aliados, avanzan en los preparativos para las elecciones generales del próximo año. El paso mas reciente ha sido las modificaciones al reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), decididas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tomando como base la experiencia de los comicios de 2019, los responsables del organismo electoral decidieron que algunos artículos de la ley se prestaban a “excesos”.

El 25 de noviembre fueron publicados en el diario oficial los cambios a los siguientes reglamentos: el de la LEEP, el reglamento del voto en el extranjero, el reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas, y el reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Fueron modificados 75 artículos y suprimidos otros 10; algunas de estas reformas despiertan sospechas sobre las motivaciones que las impulsaron y a qué actores benefician. El TSE de por sí está siendo cuestionado por el anuncio de procesos de compra poco transparentes, en cuanto a la adquisición de equipo informático y de otra naturaleza, a utilizarse en el próximo proceso electoral.

Uno de los aspectos más sensibles es el del financiamiento de los partidos políticos, pues los empresarios, el crimen organizado y el narco inundan de dinero a los candidatos a cargos públicos para que les correspondan beneficiando sus intereses, una vez los aspirantes ganadores asuman sus funciones. Las reformas a la LEEP en 2016 se orientaron a regular este aspecto, dejando bajo el control del TSE el gasto de propaganda en los medios de comunicación y otros aspectos clave. Varios partidos políticos han sido cancelados por no haber reportado la recepción de fondos por parte de financistas privados, o por no haber respaldado sus gastos de campaña con documentos, como es el caso de Unión del Cambio Nacional; estos casos se remontan a las elecciones de 2015.

Las recientes reformas parecen revertir algunos de los controles sobre el financiamiento, relajando normas y requisitos. En especial es alarmante que fueron eliminadas de la lista de exclusión para ser financistas las personas individuales o jurídicas que hayan sido sentenciadas por cargos contra la administración pública, lavado de dinero o sujetas a procesos de extinción de dominio; es decir, se abre la puerta a corruptos y criminales para que puedan entregar dinero a los partidos que en un futuro gobernarán para sus intereses. Otra reforma eleva la cantidad de aporte a partir de la cual los financistas deben presentar una declaración jurada explicando el origen de los fondos; se pasó de Q 30 mil a Q 50 mil. Se incrementó también el monto de aportes a partir del cual los financistas deberán habilitar libros contables ante el TSE, siendo ahora de Q 5 mil en adelante.

En cuanto a la utilización de medios de comunicación y redes sociales para la propaganda política, se modificó el plazo de prohibición de la publicación de estudios de opinión y encuestas previo al día de las elecciones, pasando de 15 días a 36 horas. A pesar del control que ahora ejerce el TSE sobre el gasto de publicidad en los medios que pautarán propaganda, como radio, televisión, prensa y medios digitales, se definió la categoría de “medios alternativos”, que los partidos podrán contratar con libertad, como vallas publicitarias, muppis, etc.; esto da pauta a que influencers o forjadores de opinión en las redes sociales puedan libremente difundir propaganda sin la injerencia del TSE.

Por otro lado, los cambios al reglamento de la LEEP ablandan los requisitos para inscripción de candidatos, en especial en cuanto a que ahora no será necesario presentar declaración jurada de que el aspirante a candidato no ha sido proveedor o contratista del Estado ni ha recibido fondos del Estado en los últimos cuatro años, y se compromete a no convertirse en contratista del Estado luego de su inscripción ni durante el ejercicio de su cargo, en caso de ganar la elección. La eliminación de estos requisitos abre las puertas a que funcionarios que son empresarios hagan jugosos negocios con el presupuesto estatal. De igual manera, en adelante ya no será impedimento para la inscripción de candidatos que la persona sea sujeto de un proceso judicial, la única objeción será que tenga sentencia condenatoria.

Ha otros aspectos cuestionables en las reformas; los partidos políticos tenían hasta el 7 de diciembre para presentar sus objeciones, pero ninguno las presentó. Llamamos a las organizaciones populares a estar alertas, pues los cambios a los reglamentos de la LEEP abren las puertas a la participación de personajes corruptos y de dudosa trayectoria en los próximos comicios.

Por Leonardo Ixim

La resistencia universitaria contra el fraude electoral entra en una encrucijada a medida que finaliza el año y el poder de la mafia, dirigida por el ex decano de Facultad de Humanidades Walter Mazariegos Bioli, se ha consolidado en las estructuras formales de la Universidad de San Carlos (USAC).

Durante la elección realizada el 27 de abril, el grupo Innova de Mazariegos intentó hacer una maniobra ilegal para eliminar a los principales grupos opositores SOS USAC, que postulaba una terna encabezada por el en ese entonces procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, y al grupo Avante, del ex decano de la Facultad de Arquitectura Carlos Valladares. Ambos grupos lograron la mayoría de cuerpos electorales, además que representaban a sectores progresistas y de izquierda, más claramente SOS USAC.

A raíz de esta medida anti democrática, diversos grupos estudiantes tomaron las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), en el proceso se formó en ese edificio la Asamblea Permanente para el Rescate de la Universidad (APRU), espacio conformado por diversas personas con algún vínculo hacia la U y que se mantuvo varios meses hasta que se fue diluyendo y fracturándose.

Mazariegos, que representa a sectores mafiosos con base en una burocracia enquistada en la universidad a partir de las políticas contrainsurgentes de la década de los ochenta del siglo pasado, ha implicado para la universidad la consolidación de una orientación alejada de la investigación científica y centrada solamente en la formación profesional. Pero, por otro lado, se ha caracterizado por el contubernio con las fracciones de la burguesía, consolidándose éstas desde la llamada apertura democrática y las reformas de ajuste neoliberal.

El 14 mayo, en el centro de convenciones Parque de la Industria, el Consejo Electoral Universitario, cooptado por esa mafia, realizó el proceso eleccionario –esta es una elección de segundo grado que limita la participación de varios sectores universitarios- consolidando la maniobra autoritaria, excluyendo a los electores de SOS USAC y Avante.

El 19 de mayo se toma el campus central en la Ciudad de Guatemala y posteriormente el Centro Universitario Metropolitano también en esta ciudad; además fueron siendo tomados diversos centros universitarios departamentales, manteniéndose algunos importantes como el de Quetzaltenango o el de San Marcos.

Este proceso generó una vanguardia estudiantil, de trabajadores de servicios y administrativos, docentes y profesionales. De tal forma, se formó primero la Coordinadora General de Tomas, después llamada Coordinadora General Estudiantil (CGE), el Frente Docente para el Rescate Universitario, sumándose la  Junta Directiva actual que dirige el Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC); por su parte, algunos profesionales críticos se fueron aglutinando en la APRU, así como lograron cierta incidencia en los Colegios de Profesionales con pronunciamientos contra el fraude; estas estructuras en general han sido controladas por sectores conservadores.

La dinámica que se fue estableciendo giró, además de las tomas de varias instalaciones, en la realización de clases virtuales como parte de la inercia pos pandemia y asambleas virtuales en casi todas las unidades académicas, por lo menos de los campus capitalinos.  Esa dinámica llevó a varias de estas unidades a la realización de paros estudiantiles, presionando a los sectores docentes a acatarlos y apoyarlos, manteniéndose en la actualidad en la Facultad de Química y Farmacia, Veterinaria y Zootecnia y la de Medicina; siendo estas quienes han protagonizado parte de la lucha contra el fraude y cuya composición proviene de sectores acomodados de la pequeña burguesía.

Por otro lado, se han hecho algunas manifestaciones, las cuales iniciaron con una masividad con la participación de la comunidad universitaria y otros sectores, pero que han venido decreciendo; la última, con una asistencia mínima fue el día de la autonomía universitaria el pasado uno de diciembre. También recientemente el Colectivo Estudiantil Universitario planteó la necesidad del retorno de clases presenciales para el otro año, algo que nosotros lo plantemos como forma de debate ya hace meses, esta postura ha sido asumida por la CGE.

Consideramos que, en las condiciones de debilidad del movimiento contra el fraude universitario, el retorno a clases es fundamental para poder agitar y sumar a los sectores universitarios en la lucha contra el fraude y en pos de una reestructuración completa de la USAC.

Por Armando Tezucún

Los planes del partido oficial VAMOS para ganar otro período en el gobierno, ganando las elecciones generales de 2023, van viento en popa. El paso más reciente fue la aprobación del presupuesto general de gastos del Estado del próximo año, que está marcado por un fuerte gasto asignado para las municipalidades, aspecto clave con el cual el oficialismo espera ganarse el favor de un buen número de alcaldes, lo que le granjearía al menos 1 millón de votos en la contienda electoral. Con esta cantidad de votos, el eventual candidato oficialista pasaría a segunda vuelta, y se garantizaría la mayor cantidad posible de diputados, con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, encabezando el listado nacional.

El presupuesto más alto de la historia

El miércoles 9 de noviembre el pleno de diputados del Congreso de la República aprobó en tercera lectura y revisión final el presupuesto de gastos para 2023. La aprobación en primera lectura tuvo lugar el 26 de octubre, y la segunda lectura el 8 de noviembre. El monto total votado por los legisladores asciende a Q 115 mil 443 millones 737 mil (unos US$ 14.7 millardos). El proyecto que envió al legislativo el Ministerio de Finanzas Públicas ascendía a Q 112 mil 294 millones 767 mil, pero durante la discusión en el seno de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso el techo del presupuesto fue incrementado en Q 1 mil 639 millones. En el curso de la discusión en el pleno del día 9, el presidente de dicha comisión, diputado Cándido Leal, presentó una enmienda para aumentar aún más el techo presupuestario, esta vez por Q 1,512 millones, de los cuales Q 600 millones se asignaron a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Un festín para los alcaldes aliados del gobierno

Para la sesión, la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, había convocado unos días antes a los jefes ediles, con el propósito de que acuerparan la aprobación del proyecto presupuestario; y efectivamente, un buen grupo de alcaldes se situó en el palco actuando como barra, aplaudiendo o abucheando a los diputados que intervenían en la discusión.

Lo que hay que destacar aquí son los grandes negocios que realizan los alcaldes, gobernadores departamentales y empresarios, primero al favorecer a determinadas empresas que son propiedad de amigos de funcionarios o de los propios funcionarios; segundo, al utilizar materiales de mala calidad con tal de embolsarse el dinero presupuestado o proyectos que no cumplen con los requisitos técnicos; tercero el próximo año es de elecciones, y muchos de esos fondos serán utilizados para las campañas de los alcaldes y sus partidos.

La aplanadora oficialista aprobó casi Q 4 mil millones para uso discrecional de los gobiernos municipales. Por medio del listado geográfico de obras, los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) recibieron una asignación de Q3,392 millones para proyectos de mejoramiento de agua potable, ampliaciones de escuelas, tratamiento de aguas residuales, construcción de caminos rurales, etc., un total de 2,607 obras. A esta cantidad se sumaron los Q 600 millones ya mencionados, para ser utilizados en programas de la Gran Cruzada Nacional para la Desnutrición.

Además de esto, la Comisión de Finanzas agregó al presupuesto el artículo 130, que se refiere a las asignaciones de los CODEDES que están pendientes de ejecutar; este artículo permitirá que los saldos que estén pendientes de ejecutar al finalizar 2022, de los Q 2,758 millones asignados, pasen directamente a los fondos destinados al año 2023, obviando la regla de que los fondos no ejecutados pasen a la caja común del Estado.

El presupuesto se aprobó en medio de protestas de salubristas

Desde siete días antes, un grupo de trabajadoras y trabajadores de salud, del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios, se habían apostado frente a las puertas de ingreso del Congreso, para exigir aumento salarial y traslado de empleados a puestos de trabajo permanentes; el costo de estas demandas debería quedar plasmado en el presupuesto del Ministerio de Salud. Al terminar la sesión el día 9, los compañeros fueron disueltos por la fuerza por elementos antimotines de la Policía Nacional Civil, mediante el uso de gases lacrimógenos. Los diputados y alcaldes fueron evacuados del recinto en buses de la policía.

El secretario general del sindicato, Carlos Noé Santos, expresó a los medios: “Aquí está representando el pueblo de Guatemala en los trabajadores salubristas que gozan de Q 1 mil 700 de salario mensual, sin derecho a aguinaldo, vacaciones, ni ningún tipo de prestaciones, por eso es que estamos aquí, por eso estamos luchando, porque debemos de tener un salario digno, para un trabajo digno y una salud digna para toda la población guatemalteca” (La Hora 09/11/2022). Por ejemplo, más de la mitad de las 28,870 enfermeras del sistema de salud laboran por medio de estos contratos precarios. Después de que fuera rechazada una enmienda para cumplir con las demandas de los salubristas, una segunda obtuvo el respaldo de 115 diputados, lográndose fondos para un reajuste salarial y el traslado al renglón presupuestado 011 por Q 47 millones, ampliándose el presupuesto del Ministerio de Salud.

Otro sector de trabajadores públicos logró ser beneficiado en el presupuesto del próximo año. Se trata de los maestros y empleados administrativos del Ministerio de Educación (Mineduc). Este ministerio tendrá un presupuesto de Q 22 mil 254 millones 422 mil; gracias al nuevo pacto colectivo, de ese monto Q 430 millones están destinados a cubrir un incremento salarial del 3% para unos 133,545 trabajadores. Además, están contemplados alrededor de Q 690 millones para el pago de dos bonos anuales por Q 2,500 cada uno, que serán entregados en junio y diciembre. El nuevo pacto colectivo fue negociado con el gobierno por el dirigente sindical Joviel Acevedo, e indudablemente es un beneficio para los trabajadores de la educación; pero sabemos que Acevedo negocia prometiendo el respaldo del sindicato al gobierno de turno, por lo que no representa ningún avance en la consciencia de clase de los afiliados al sindicato, pues la dirigencia no educa a sus bases en el cuestionamiento a un gobierno que funciona en base a la corrupción y para beneficiar al empresariado. 

¿Cuál es el siguiente paso?

La aplanadora oficialista no se detiene en sus planes de ganar a toda costa las próximas elecciones. Ahora tiene en la mira las reformas a las normas de compras y contratos establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para permitir a alcaldes y funcionarios realizar compras sin licitación por montos mayores, favoreciendo así el manejo corrupto de los fondos asignados a sus dependencias.

Estos cambios se están tratando de realizar por dos vías. Una es la reforma a la ley que ya mencionamos, y que aplicaría solamente a las municipalidades, permitiendo a los alcaldes hacer compras sin licitación ni controles hasta por Q 2 millones. El 14 de noviembre la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió el dictamen favorable a esta iniciativa, la 6065, que fue presentada el 26 de abril por la presidenta del Congreso Shirley Rivera y otros diputados oficialistas. A la par, se intenta crear una nueva ley, la Ley de Adquisiciones del Estado, presentada por el ejecutivo; esta otra iniciativa ya fue aprobada en primer debate y está pendiente de ser agendada para continuar su discusión. En un artículo anterior ya comentamos algunos aspectos de esta nueva ley, que amplía los montos para compras directas, redefine las compras de baja cuantía y establece un sinnúmero de nuevos procedimientos de compras, todo para incrementar la cantidad de dinero que los funcionarios manejarán a discreción. 

La discusión de esta nueva ley quedó en suspenso en la semana del 21 al 25 de noviembre, pues no fue colocada en la agenda de puntos a conocer en el pleno, por decisión de la Junta Directiva del legislativo. La razón es que las organizaciones de empresarios se pronunciaron en contra de la aprobación de la iniciativa. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado a mediados de noviembre indicando que los cambios propuestos a la ley deben se sometidos a mayor discusión técnica: “en principio, preocupa la celeridad con que fue dictaminada y agendada para iniciar su proceso de aprobación … es trascendental que dichos cambios sean el resultado de un proceso técnico de discusión en el que se prioricen la eficiencia y la transparencia en el gasto público” (Prensa Libre 17/11/2022). La opinión de los empresarios organizados sin duda tuvo impacto en algunos diputados oficialistas, que han tomado una actitud más prudente respecto a las reformas propuestas. Esto también refleja los roces entre sectores de la burguesía, en torno a la forma de hacer negocios con el Estado y la competencia que existe por beneficiarse de los fondos del erario público.

Por un frente electoral de los partidos de izquierda

Como vemos, la aprobación del presupuesto 2023 ha sido un nuevo paso hacia la consolidación de las intenciones electorales del oficialismo. Las y los trabajadores asalariados, los campesinos y el pueblo trabajador, tenemos la tarea de frenar a los empresarios voraces y corruptos en su intento de continuar controlando el gobierno. Para ello, debemos presionar a los partidos que se reivindican como de izquierda e identificados con el pueblo (Urng, Winaq, MLP, Semilla) a que se organicen en un frente único electoral que de la batalla por las demandas más sentidas de la población, con candidatos y candidatas que sean luchadores populares, y con un programa democrático revolucionario.

Por Leonardo Ixim

La crisis económica, que se expresa sobre todo en un aumento generalizado de los precios al consumidor por medio de una escalada inflacionaria a nivel de todo el planeta, afecta considerablemente a la clase obrera y la situación de las y los trabajadores en Guatemala no es la excepción.

La situación se agudiza aún más porque los ingresos son insuficientes para afrontar el alto costo de las canastas básica (alimentación) y ampliada (acceso a servicios esenciales), justo en el momento en que se está discutiendo el aumento al salario mínimo en la comisión tripartita conformada por sindicatos, asociaciones patronales y el Estado/gobierno.

En ese sentido, durante las primeras semanas de noviembre se registraron dos protestas protagonizadas por sectores diversos, que exigen una mejora de las condiciones económicas; estos fueron los transportistas de carga y pasajeros, y los empleados públicos del sector salud.

En el primer caso, los transportistas realizaron protestas bloqueando las principales carreteras del país, generando en algunos casos enfrentamientos con elementos anti motines de la Policía Nacional Civil (PNC). Estos transportistas son un sector disímil, pues en los participantes de las protestas está la pequeña burguesía, quienes muchas veces conducen ellos mismos sus unidades transporte, pero también trabajadores de éstos que conducen las unidades, donde generalmente las demandas propias de estos no son resaltadas por los mismos choferes, un tema en torno al cual las centrales sindicales deberían estar organizando.

Los transportistas denuncian sobre todo el alto costo del diésel, resultado no solo de las mediaciones de las cadenas internacionales de distribución, sino de la ganancia de los distribuidores capitalistas nacionales y las trasnacionales. Por otra parte, también denunciaron el alto costo de las canastas alimentaria y ampliada, y de los precios en general, lo cual demuestra la presión de los mismos obreros del transporte, que además también afecta a los pequeños empresarios del transporte. Es importante que las centrales sindicales y campesinas se sumen a estas demandas.

Un hecho llamativo es que los grandes empresarios del transporte no se sumaron a las protestas, y fieles al discurso ideologizado de las cámaras empresariales a las que están afiliados, de que los bloqueos violan los derechos de la población, denunciaron estas acciones.

Por otro lado, otro sector fue el de los trabajadores salubristas de la red nacional de salud, por medio del Sindicato de Empleados del San Juan de Dios, que desde la pandemia han registrado importantes movilizaciones. La principal demanda es un aumento salarial para todos las y los trabajadores del sector público, sin importar el reglón presupuestario, aunque recordemos que en otras ocasiones han exigido ir agilizando el proceso de reclasificación de puestos a las autoridades de salud pública,

Las y los salubristas tenían varios días protestando en las afueras del Congreso de la República, pues al interior de éste se negociaba la aprobación del presupuesto general para 2023. En cierto momento de los días de su estadía allí, la PNC intentó desalojarlos justo cuando estaba por aprobarse el presupuesto. Además, realizaron una marcha desde las oficinas del Ministerio de Salud Pública hasta el Congreso.

La demanda principal de aumento salarial, según mencionó un líder sindical, es porque existen trabajadores que ganan el salario mínimo y en algunos casos hasta menos del mínimo. Este aumento iba representar una partida de 200 millones de Quetzales, un monto pequeño comparado a lo destinado para pagar deuda pública o para gastos clientelares dentro del contexto electoral, pues como hemos señalado, el garantizar el derecho a la salud pasa por condiciones laborales y salariales óptimas. Las autoridades de salud prometieron que en diciembre habrá ajustes al presupuesto asignando para incluir la demanda salarial.

Como Partido Socialista Centroamericano consideramos importante conjugar estas demandas en un frente único de organizaciones sociales y de los trabajadores, y que eso se refleje en las propuestas de los candidatos de los partidos llamados de izquierda. Demandando mejoras salariales tanto para los trabajadores públicos y privados, y detener la espiral inflacionaria por medio de precios tope, reduciendo también los márgenes de ganancias de los distribuidores de combustible