Zury Ríos y Héctor Adolfo Cifuentes, fórmula presidencial de la coalición Valor-Partido Unionista.
Por Oliverio Mejía
Como una dinámica que se ha hecho común en las últimas elecciones, se asiste al fenómeno de judicialización de diversas candidaturas, a esto se agrega las descaradas acciones de fraude electoral de parte del bloque conservador en el poder.
La conformación del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con sus integrantes señalados de irregularidades, como Blanca Alfaro, quien fuera candidata a vicepresidente por un partido de derecha, o Ranulfo Rojas, por falsificación de su título de posgrado, son solo muestras de la decadencia de un órgano cuya imagen fue levantada en la época llamada “democrática” como imparcial, y que ahora muestra un total alineamiento con las fuerzas conservadoras, encabezadas por el presidente Alejandro Giammattei y su partido VAMOS.
El TSE ha sido cuestionado en materia de transparencia, al intentar vedarle a miembros de la prensa el acceso a las reuniones entre los cinco magistrados y los 32 fiscales de los partidos inscritos, situación que fue cuestionada, razón por la cual los magistrados tuvieron que dar marcha atrás. Igualmente ha sido cuestionado por diversos procesos de licitación a empresas, por compras de equipos informáticos a ser utilizados en la trasmisión de datos el día de las elecciones.
Disputas entre las fuerzas de derecha
Como se menciona, la judicialización de la política es un hecho que evidencia el que, más allá de las normativas electorales, el régimen político y lo relacionado al ámbito político-electoral está marcado por la fragmentación política y una multiplicación de intereses que se expresa en la oferta electoral; pero también en el hecho que, independientemente de los aspectos regulatorios de la actividad electoral y el intento de normarlo, lo que pesa son las pugnas que existen tras las distintas candidaturas.
Aun no ha iniciado la fase de propaganda y proselitismo de los candidatos, que empieza el 27 de marzo; la fase que está por terminar consiste en la nominación de candidaturas y en actividades de afiliación de los partidos, acompañada de la comunicación de parte de éstos hacia sus votantes sobre las problemáticas nacionales, según la última reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP). El grueso del arco de partidos de derecha utilizó esta fase para hacer campaña electoral anticipada y cero discusiones de las problemáticas, debido a lo cual la mayoría de partidos mantiene un discurso neoliberal y sus propuestas son demagógicas.
De ahí que las únicas propuestas que pueden vislumbrar cierto abordaje serio, son las opciones de izquierda reformista como coalición entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento Winaq, que tiene como base programática los malogrados Acuerdos de Paz; el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con una perspectiva populista rupturista con el orden neoliberal en la búsqueda del Estado Plurinacional y Popular; y la socialdemocracia, como el Movimiento Semilla y quizás Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que maneja algunos atisbos de crítica al modelo social y político.
Judicialización de la política
Así, con al tema de la judicialización de la política, vemos cómo son favorecidas algunas candidaturas que son parte del bloque conservador, como la alianza Valor-Partido Unionista, donde se unen dos clanes de la política burguesa los Arzú y los Ríos Montt. En esta alianza va la candidatura de Zuri Ríos Sosa para la presidencia y Héctor Cifuentes para vice, siendo una de las opciones más fuertes de los núcleos de la oligarquía tradicional. Pese a la ilegalidad y prohibición constitucional expresa para participar en la contienda electoral, con una cantidad de acciones legales ante el TSE, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad -órganos controlados por elementos del bloque conservador en el poder- entre ellos de víctimas de la represión estatal en la guerra interna durante el gobierno dictatorial del padre de Ríos, esta candidata fue inscrita. A eso se le agrega que el candidato a vicepresidente, hombre del aparato de la Municipalidad de Guatemala, feudo del Unionismo y de los Arzú, tiene abiertas investigaciones penales de parte de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Ministerio Público durante la administración de Thelma Aldana, por manejos indebidos de los cuestionados fondos de fidecomisos que maneja de forma discrecional esa municipalidad metropolitana.
El otro binomio parte de este bloque en el poder, es el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Sandra Torres para la presidencia y Romeo Guerra para la vicepresidencia; este binomio enfrenta varios recursos para impedir su participación, por el hecho que Guerra es pastor evangélico, condición que también prohíbe la Constitución Política. La controvertida candidata, ex primera dama en el gobierno de Álvaro Colom, fue favorecida por los tribunales de justicia y por el TSE en la disputa que tuvo con un grupo de diputados, entre ellos Orlando Blanco, Carlos Barreda, Mario Taracena (los dos primeros con un pasado en organizaciones de izquierda), por el partido UNE, obteniendo Torres el control de éste. Así, los diputados mencionados tuvieron que conformar VOS, llevando como binomio a Manuel Villacorta para la presidencia y Jorge Mario García para la vicepresidencia; el primero ya participó como candidato a la presidencia en 2019 por Winaq.
El otro caso sonado en los últimos días, es la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por la primera casilla por el Listado Nacional del partido Cambio, formado por sus familiares, y que lleva como candidato a presidente a Álvaro Trujillo Baldizón. Baldizón que fue congresista por la UNE en 2009, y se separó de la bancada con una gran número de diputados, formando el partido LIDER. Durante el gobierno del Partido Patriota se repartió el control de las cortes con el partido gobernante, y en 2015, al calor de las movilizaciones contra Otto Pérez Molina, las facciones de la oligarquía impulsaron una campaña para evitar que Baldizón llegara a la presidencia. Éste, un empresario importador que se fue enriqueciendo y es visto por el capital tradicional con recelo, fue extraditado en 2018 a Estados Unidos por delitos de lavado vinculado a los casos Odebrecht y Transurbano durante su campaña electoral de 2015, llegando posteriormente a un acuerdo con autoridades de ese país y siendo deportado en 2022 a Guatemala.
El Registro de Ciudadanos del TSE inscribió en un inicio la candidatura de Manuel Baldizón, sin embargo, la presión social, acompañado de acciones legales y sobre todo las fracciones oligarcas de la burguesía, presionaron para que el pleno de magistrados no lo inscribiera, aduciendo falta de idoneidad, pues eso hubiera abierto la puerta a que inscribieran otros candidatos no queridos por los grupos de la burguesía.
En el momento de escribir esta nota, otro suceso impacta el tinglado politiquero, que recae sobre Edmund Mulet, un gallo tapado de un sector de las fracciones oligárquicas, supuestamente vinculado al empresario Dionisio Gutiérrez, ahora postulado por el partido Cabal y que en las elecciones de 2019 fue postulado por el Partido Humanista, del cual se terminó distanciando. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche solicitó retirar el antejuicio a Mulet, derecho que recibe por ser candidato presidencial debidamente inscrito, aduciendo obstrucción de la justicia ante un juzgado de instancia penal.
El hecho fue que el secretario general del partido Cabal presentó un memorial ante el despacho de la fiscalía general para que cesara la persecución penal contra Rubén Zamora, director de elPeriodico y otros periodistas. Curruchiche es un mandadero de la fiscal general Consuelo Porras, quien está al servicio del bloque conservador y que usa la FECI, creada para acompañar las investigaciones que promovió la CICIG, como instrumento de persecución policial.
Entonces, podemos intuir que esta acción, más allá del berrinche de Curruchiche, es una tuerca más en el engranaje del fraude a favor del partido oficial VAMOS en contubernio posible con la UNE y con Valor. Además, es una muestra más del claro rumbo autoritario del régimen político al intentar dar una lección, que no importa si es un Mulet, si alguien osa cuestionar las acciones de estos corruptos sufrirá el mismo destino.
Se sigue consolidando el fraude
Entonces todos esos movimientos en el plano judicial, un ámbito burgués por excelencia y ahora controlado por elementos del bloque conservador, es una forma distorsionada de las disputas electorales entre fuerzas capitalistas. A eso se agrega la no inscripción de candidaturas aun de derecha como las de Roberto Arzú por el partido Podemos y ni que decir otras que representan un quiebre al modelo político y social neoliberal como la de Thelma Cabrera y Jordan Rodas por el MLP; así como la posible no inscripción del ex superintendente de administración tributaria Francisco Foppa para la municipalidad de Guatemala con importantes posibilidades de arrebatarle el feudo al Unionismo, por la alianza Semilla, URNG y Winaq.
Las y los socialistas centroamericanos consideramos, que estableciendo un frente único de organizaciones sociales y de masas, junto a los partidos Semilla, URNG, MLP y Winaq, sin diluirse cada una pero golpeando juntas, se logrará parar la imposición del fraude de parte del bloque conservador en el poder.
