Por Leonardo Ixim

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará la convocatoria a elecciones generales el próximo 20 de enero, y los partidos políticos se apresuran a realizar asambleas nacionales, municipales y departamentales para presentar sus candidatos.

Con 29 partidos legalmente conformados, y 19 comités pro formación de partidos políticos, de los cuales por lo menos unos siete tendrán la posibilidad de sobrepasar el umbral mínimo requerido para convertirse en partidos políticos, Guatemala es uno de los países a nivel regional con mayor fragmentación político partidaria electoral.

¿Partidos políticos o grupos electoreros?

Sobre esas características extremas del escenario de partidos políticos en este país se manejan varias hipótesis; con las que más coincidimos es con las que sostienen que estos grupos se reflejan como maquinarias electorales y no partidos en sintonía con planteamientos teóricos de las ciencias políticas. Estos partidos reflejan los intereses de capas sociales, en su mayoría de la pequeña burguesía o de algunas fracciones burguesas, que buscan beneficiar sus intereses a partir del control del Estado, del gobierno y los gobiernos municipales y el manejo privatizado de la acción pública.

Es más, algunos centros de pensamiento afines al estatus quo, bien los han calificado como franquicias electorales, manejadas por intereses caudillistas y bajo modalidades clientelares, en una especie de armazón entre cabezas visibles a nivel nacional y líderes locales que garantizan el voto a los partidos.

Así, en los últimos 20 años no ha habido ninguna expresión orgánica unitaria de la burguesía; los últimos intentos fueron la Gran Alianza Nacional (GANA) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) un poco antes, entre la década de los noventa del siglo pasado y la primera del siglo XXI. Eso es reflejo no solo de la disimilitud de intereses entre las fracciones del gran capital, sino del surgimiento de grupos emergentes de la burguesía ligados al aparato estatal y al poder que los militares adquirieron durante la época contrainsurgente; así también del aparecimiento de los sectores ligados al crimen organizado, aunque no exista una clara frontera entre burguesía tradicional, burguesía emergente y actividades ilegales.

Los partidos de la izquierda electoral

En cuanto a la izquierda, su participación fue perseguida durante las dictaduras de seguridad nacional y su democracia anticomunista, con esfuerzos heroicos como el de la socialdemocracia de izquierda del Frente de Unidad Revolucionaria en la década de los setenta. La primera participación electoral de la izquierda se dio en los años ochenta con el Partido Socialista Democrático, y en 1994 con el Frente Democrático Nueva Guatemala, un instrumento conformado por fuerzas sociales, algunas vinculadas a la insurgencia y a las organizaciones que conformaron el frente político-militar insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 entre la URNG y el gobierno del PAN, se intentó mantener cierta unidad en el plano formal y electoral, al momento que la insurgencia acepta incorporarse al sistema político de la burguesía con la Alianza Nueva Nación para las elecciones de 1999, fragmentándose después en una gran cantidad de pequeños partidos. Eso fue de la mano de dos problemáticas asumidas, un electoralismo excesivo de los partidos de izquierda y una sectorización y oenegización de los métodos de trabajo de los organismos sociales.

Las candidaturas de izquierda y de derecha

Para estas elecciones participaran como parte de ese espectro, la URNG que mantiene algunos sectores que provienen del pasado insurgente, el Movimiento Winaq, que reivindica algunos elementos mayenses, el Movimiento Semilla, más cercano a posiciones socialdemócratas. Estos partidos irán en alianza en algunos municipios, como en la Ciudad de Guatemala donde el candidato alcalde será ex superintendente de administración tributaria, Francisco Foppa, y están discutiendo lanzar un binomio en común.

Por otro lado, está el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), ligado a la organización Comité de Desarrollo Campesino, con vínculos también en la antigua insurgencia, que ya presentó a su binomio, con Thelma Cabrera, dirigente histórica de esa organización para candidata a presidente y como vicepresidente, a Jordan Rodas, ex procurador de los derechos humanos y ex candidato a rector da la universidad pública por el grupo SOS USAC, víctima de un fraude electoral en esa casa de estudios.

Otra expresión política es el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), una escisión de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) conformada por elementos provenientes de la izquierda y que formaron parte del gobierno social-liberal de Álvaro Colom entre 2008 y 2012.

El MLP ha dicho que no acepta ninguna alianza con los demás partidos de izquierda, argumentando que es una izquierda “neoliberal”, pero lo cierto es que todas las expresiones de izquierda mantienen un programa reformista desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Y si bien el MLP tiene elementos más de carácter rupturista anti neoliberal, como la nacionalización de bienes comunes hoy privatizados, no escapa del fetichismo campesino de la propiedad privada, así como es positivo que plantea un nuevo modelo de Estado, no clarifica si este tiene características anti capitalistas o no.

En la derecha por lo menos 13 partidos han hecho asambleas nacionales, postulando sus binomios. Aquí mencionaremos los principales, que tienen vínculos con algunos grupos de la oligarquía y otras fracciones burguesas.

El partido de gobierno VAMOS ya presentó su binomio en alianza con lo que queda del PAN histórico, presentando al diputado por este último partido Manuel Conde y como candidato a vicepresidente el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas Luis Antonio Suarez, vinculado con los grupos empresariales de la agro-industria cañera y que fue candidato a rector de la USAC, acoplándose al fraude que se realizó en la universidad.

Otra candidatura es alianza entre el Partido Unionista y Valor que postularon a ex diputada del extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG) e hija del general golpista acusado de crímenes de genocidio contra el pueblo maya-ixil en la guerra interna, Zuri Ríos Sosa. A ésta, según la Constitución Política se le prohíbe participar en elecciones al ser hija de un caudillo que dio golpe de Estado. El candidato a vice es Héctor Cifuentes ex diputado y ex ministro de trabajo del gobierno de Álvaro Arzú del PAN en 1997.

Esta es una alianza que vincula a dos partidos que son producto de intentos partidarios de aglutinar a las expresiones de derecha tras la llamada apertura democrática, el PAN y el FRG; el primero un intento de aglutinar las expresiones tradicionales de la oligarquía como ya se dijo, y el segundo las burguesías emergentes; hoy no son más cono expresiones venidas a menos.

Otra expresión más es la que postula nuevamente a la ex primera dama del gobierno de Colom, Sandra Torres y al pastor evangélico –situación que es prohibida por la ley electoral pero no es la primera vez que se da- Romero Guerra para la vice presidencia. Esto después de una dura lucha con la facción que formó VOS por la ficha electoral del partido UNE, que al final el gobierno y los grupos de poder ligados a Alejandro Giammattei por medio del control que tienen dentro del TSE le entregaron a Torres ese partido, esto bajo la lógica de que esta candidata genera un anti voto que es instrumentado a favor de partidos de derecha, tal como sucedió en las elecciones de 2019 cuando llegó al gobierno Giammattei,

Otra candidatura importante es la de Edmund Mulet, que realiza un segundo intento por ser presidente, ahora con el partido Cabal hecho ad hoc para su candidatura pues en las elecciones pasadas fue postulado por el Partido Humanista, cuyos diputados en esta legislatura se desligaron de este y postulan al diputado por ese partido, Rudio Lecsan Mérida, ex director de la Policía Nacional Civil, como candidato presidencial. Lo que tienen en común es que estas expresiones provienen del extinto FRG; Mulet fue diputado y presidente del Congreso por ese partido en los noventas y recordemos está señalado de adopciones ilegales durante los gobiernos militares; el candidato vicepresidencial de Cabal es el diplomático Máximo Santa Cruz.

Faltará por ver otras expresiones de la derecha ligadas a facciones burguesas como el partido Visión con Valores (que usa un discurso fundamentalista evangélico) y fue el partido que intento postular a Ríos Sosa en las elecciones pasadas, hecho denegado por anti constitucional. Así como el partido Compromiso, Renovación y Orden que provienen de la GANA y ha expresado un accionar dizque ético de los grupos de poder burgués anti corrupción, en la actual legislatura.

Contra el creciente endurecimiento del régimen político, frente único obrero y popular

Los gobiernos en Guatemala desde la firma de la paz han cambiado, pero la naturaleza del régimen político conservador y neoliberal no ha cambiado, a final reflejo del modelo capitalista contrarrevolucionario.  La crisis global capitalista, los efectos destructivos sobre la economía del istmo centroamericano como la migración, la miseria, las pandillas etc., han hecho reaccionar a los grupos de poder hacia un endurecimiento del régimen político ahora cada vez más dictatorial.  

Consideramos que urge la articulación a partir de un frente único de organizaciones campesinas, obreras, indígenas, estudiantiles, de mujeres, de las diversidades sexuales, ambientales y populares para hacerle frente a ese escenario represivo y exigirles a los partidos de izquierda que sus candidaturas reflejen las luchas sociales organizadas.

Por Ricardo Patzán

El gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado por desarrollar rasgos dictatoriales, manifestados en la represión contra periodistas, jueces y operadores de justicia independientes, muchos de los cuales están encarcelados o han tenido que salir del país. Pero las políticas represivas se tornan más violentas cuando se aplican en contra de las comunidades indígenas y campesinas, casi siempre para favorecer a empresas mineras o agroexportadoras.

El caso más reciente se dio en la comunidad Chapín Abajo, en el área sur de El Estor, departamento de Izabal. El martes 6 de diciembre en horas de la madrugada, un contingente de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de personeros del Ministerio Público (MP) irrumpieron por la fuerza en la comunidad con la intención de realizar 25 allanamientos en las casas de dirigentes de la localidad; ellos apoyaron activamente la resistencia antiminera de El Estor en 2021, y las autoridades generaron órdenes de captura en su contra. Según informaron miembros de la comunidad, varias personas fueron arrestadas, otras fueron heridas de bala y un menor de 17 años debió ser internado en el hospital.

Según reportó una delegación de las Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchí y periodistas independientes, dos hombres sufrieron heridas menores de bala, varias mujeres fueron golpeadas en el cuerpo y en el rostro, otras mujeres y niños resultaron intoxicados por gases lacrimógenos, los policías entraron a las viviendas y se robaron alimentos y otros bienes, hay presencia de paramilitares en el área con armamento de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, fue detenida Alba María Choc, esposa del dirigente comunitario Pedro Cuc Pan, y sus dos hijos menores de edad; ella se comunicó con su esposo y le dijo que los policías demandan que él se entregue, a cambio de liberar a sus hijos. Esta es a todas luces una medida ilegal, propia de bandas de secuestradores. Según la PNC tres agentes resultaron heridos (con información de Prensa Comunitaria, 6/12/2022).

La represión contra los habitantes de Chapín Abajo fue instigada por la empresa NaturAceites, que se dedica al cultivo de palma aceitera en el departamento de Izabal. Esta es la cuarta ocasión en que la PNC irrumpe en la comunidad, y la intención de la empresa es arrebatar las tierras de la comunidad, que ya está rodeada por inmensos terrenos sembrados de palma, un destacamento militar, una planta industrial y bodegas de la empresa. El cultivo de la palma aceitera para exportación y consumo local es uno de los nuevos negocios de los grupos oligárquicos; requiere grandes extensiones de terreno, poca mano de obra y se caracteriza por agotar rápidamente los nutrientes del suelo. La forma de operar de las empresas aceiteras recuerda la usurpación de tierras de las comunidades indígenas para el cultivo del café en la segunda mitad del siglo XIX; las voraces empresas aceiteras tienen ya un historial de acaparamiento de tierras en detrimento de los pequeños y medianos campesinos. En noviembre de 2021 la comunidad Palestina Chinebal fue desalojada de sus tierras violentamente y sus casas fueron incendiadas, por trabajadores de NaturaAceites, sin que la policía interviniera.

Las personas que se encuentran detenidas son Darwin Cuc Toc (menor de edad), Jenifer Yajaira Pan Paau (menor de edad), Alba María Toc, María Caal Pop, Jaime Maquin y Warren Rafael Beb.

Otro desalojo contra campesinos indígenas se dio el 18 y 23 de noviembre en Purulhá Baja Verapaz, donde más de mil elementos de la PNC y soldados del ejército expulsaron a los habitantes de las comunidades Pancoc y Monjón, pertenecientes a las etnias Q´eqchí y Poqomchi´. Según los dirigentes de la comunidad, los policías entraron de madrugada disparando, y los pobladores salieron huyendo, siendo herida una persona.

En este caso son familias de cafetaleros, algunas de origen alemán, las que están expulsando de las fincas a familias indígenas, que han vivido por décadas en las tierras como mozos colonos, luego de que las tierras les fueran arrebatadas, probablemente durante los gobiernos liberales de fines del siglo XIX. Esta forma arcaica de emplear mano de obra ha derivado en que los campesinos reivindiquen la propiedad de sus territorios ancestrales. Desde noviembre los comunitarios están escondidos en la montaña, por el miedo a la presencia militar en el sector.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares con las comunidades indígenas que están siendo víctimas de la voracidad de los finqueros y empresarios agrícolas. Una vez más constatamos la necesidad de la conformación de un frente contra la represión, que enfrente al gobierno dictatorial de Giammattei.

Por Armando Tezucún

El partido de gobierno, VAMOS, y sus aliados, avanzan en los preparativos para las elecciones generales del próximo año. El paso mas reciente ha sido las modificaciones al reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), decididas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tomando como base la experiencia de los comicios de 2019, los responsables del organismo electoral decidieron que algunos artículos de la ley se prestaban a “excesos”.

El 25 de noviembre fueron publicados en el diario oficial los cambios a los siguientes reglamentos: el de la LEEP, el reglamento del voto en el extranjero, el reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas, y el reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Fueron modificados 75 artículos y suprimidos otros 10; algunas de estas reformas despiertan sospechas sobre las motivaciones que las impulsaron y a qué actores benefician. El TSE de por sí está siendo cuestionado por el anuncio de procesos de compra poco transparentes, en cuanto a la adquisición de equipo informático y de otra naturaleza, a utilizarse en el próximo proceso electoral.

Uno de los aspectos más sensibles es el del financiamiento de los partidos políticos, pues los empresarios, el crimen organizado y el narco inundan de dinero a los candidatos a cargos públicos para que les correspondan beneficiando sus intereses, una vez los aspirantes ganadores asuman sus funciones. Las reformas a la LEEP en 2016 se orientaron a regular este aspecto, dejando bajo el control del TSE el gasto de propaganda en los medios de comunicación y otros aspectos clave. Varios partidos políticos han sido cancelados por no haber reportado la recepción de fondos por parte de financistas privados, o por no haber respaldado sus gastos de campaña con documentos, como es el caso de Unión del Cambio Nacional; estos casos se remontan a las elecciones de 2015.

Las recientes reformas parecen revertir algunos de los controles sobre el financiamiento, relajando normas y requisitos. En especial es alarmante que fueron eliminadas de la lista de exclusión para ser financistas las personas individuales o jurídicas que hayan sido sentenciadas por cargos contra la administración pública, lavado de dinero o sujetas a procesos de extinción de dominio; es decir, se abre la puerta a corruptos y criminales para que puedan entregar dinero a los partidos que en un futuro gobernarán para sus intereses. Otra reforma eleva la cantidad de aporte a partir de la cual los financistas deben presentar una declaración jurada explicando el origen de los fondos; se pasó de Q 30 mil a Q 50 mil. Se incrementó también el monto de aportes a partir del cual los financistas deberán habilitar libros contables ante el TSE, siendo ahora de Q 5 mil en adelante.

En cuanto a la utilización de medios de comunicación y redes sociales para la propaganda política, se modificó el plazo de prohibición de la publicación de estudios de opinión y encuestas previo al día de las elecciones, pasando de 15 días a 36 horas. A pesar del control que ahora ejerce el TSE sobre el gasto de publicidad en los medios que pautarán propaganda, como radio, televisión, prensa y medios digitales, se definió la categoría de “medios alternativos”, que los partidos podrán contratar con libertad, como vallas publicitarias, muppis, etc.; esto da pauta a que influencers o forjadores de opinión en las redes sociales puedan libremente difundir propaganda sin la injerencia del TSE.

Por otro lado, los cambios al reglamento de la LEEP ablandan los requisitos para inscripción de candidatos, en especial en cuanto a que ahora no será necesario presentar declaración jurada de que el aspirante a candidato no ha sido proveedor o contratista del Estado ni ha recibido fondos del Estado en los últimos cuatro años, y se compromete a no convertirse en contratista del Estado luego de su inscripción ni durante el ejercicio de su cargo, en caso de ganar la elección. La eliminación de estos requisitos abre las puertas a que funcionarios que son empresarios hagan jugosos negocios con el presupuesto estatal. De igual manera, en adelante ya no será impedimento para la inscripción de candidatos que la persona sea sujeto de un proceso judicial, la única objeción será que tenga sentencia condenatoria.

Ha otros aspectos cuestionables en las reformas; los partidos políticos tenían hasta el 7 de diciembre para presentar sus objeciones, pero ninguno las presentó. Llamamos a las organizaciones populares a estar alertas, pues los cambios a los reglamentos de la LEEP abren las puertas a la participación de personajes corruptos y de dudosa trayectoria en los próximos comicios.

Por Leonardo Ixim

La resistencia universitaria contra el fraude electoral entra en una encrucijada a medida que finaliza el año y el poder de la mafia, dirigida por el ex decano de Facultad de Humanidades Walter Mazariegos Bioli, se ha consolidado en las estructuras formales de la Universidad de San Carlos (USAC).

Durante la elección realizada el 27 de abril, el grupo Innova de Mazariegos intentó hacer una maniobra ilegal para eliminar a los principales grupos opositores SOS USAC, que postulaba una terna encabezada por el en ese entonces procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, y al grupo Avante, del ex decano de la Facultad de Arquitectura Carlos Valladares. Ambos grupos lograron la mayoría de cuerpos electorales, además que representaban a sectores progresistas y de izquierda, más claramente SOS USAC.

A raíz de esta medida anti democrática, diversos grupos estudiantes tomaron las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), en el proceso se formó en ese edificio la Asamblea Permanente para el Rescate de la Universidad (APRU), espacio conformado por diversas personas con algún vínculo hacia la U y que se mantuvo varios meses hasta que se fue diluyendo y fracturándose.

Mazariegos, que representa a sectores mafiosos con base en una burocracia enquistada en la universidad a partir de las políticas contrainsurgentes de la década de los ochenta del siglo pasado, ha implicado para la universidad la consolidación de una orientación alejada de la investigación científica y centrada solamente en la formación profesional. Pero, por otro lado, se ha caracterizado por el contubernio con las fracciones de la burguesía, consolidándose éstas desde la llamada apertura democrática y las reformas de ajuste neoliberal.

El 14 mayo, en el centro de convenciones Parque de la Industria, el Consejo Electoral Universitario, cooptado por esa mafia, realizó el proceso eleccionario –esta es una elección de segundo grado que limita la participación de varios sectores universitarios- consolidando la maniobra autoritaria, excluyendo a los electores de SOS USAC y Avante.

El 19 de mayo se toma el campus central en la Ciudad de Guatemala y posteriormente el Centro Universitario Metropolitano también en esta ciudad; además fueron siendo tomados diversos centros universitarios departamentales, manteniéndose algunos importantes como el de Quetzaltenango o el de San Marcos.

Este proceso generó una vanguardia estudiantil, de trabajadores de servicios y administrativos, docentes y profesionales. De tal forma, se formó primero la Coordinadora General de Tomas, después llamada Coordinadora General Estudiantil (CGE), el Frente Docente para el Rescate Universitario, sumándose la  Junta Directiva actual que dirige el Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC); por su parte, algunos profesionales críticos se fueron aglutinando en la APRU, así como lograron cierta incidencia en los Colegios de Profesionales con pronunciamientos contra el fraude; estas estructuras en general han sido controladas por sectores conservadores.

La dinámica que se fue estableciendo giró, además de las tomas de varias instalaciones, en la realización de clases virtuales como parte de la inercia pos pandemia y asambleas virtuales en casi todas las unidades académicas, por lo menos de los campus capitalinos.  Esa dinámica llevó a varias de estas unidades a la realización de paros estudiantiles, presionando a los sectores docentes a acatarlos y apoyarlos, manteniéndose en la actualidad en la Facultad de Química y Farmacia, Veterinaria y Zootecnia y la de Medicina; siendo estas quienes han protagonizado parte de la lucha contra el fraude y cuya composición proviene de sectores acomodados de la pequeña burguesía.

Por otro lado, se han hecho algunas manifestaciones, las cuales iniciaron con una masividad con la participación de la comunidad universitaria y otros sectores, pero que han venido decreciendo; la última, con una asistencia mínima fue el día de la autonomía universitaria el pasado uno de diciembre. También recientemente el Colectivo Estudiantil Universitario planteó la necesidad del retorno de clases presenciales para el otro año, algo que nosotros lo plantemos como forma de debate ya hace meses, esta postura ha sido asumida por la CGE.

Consideramos que, en las condiciones de debilidad del movimiento contra el fraude universitario, el retorno a clases es fundamental para poder agitar y sumar a los sectores universitarios en la lucha contra el fraude y en pos de una reestructuración completa de la USAC.

Por Armando Tezucún

Los planes del partido oficial VAMOS para ganar otro período en el gobierno, ganando las elecciones generales de 2023, van viento en popa. El paso más reciente fue la aprobación del presupuesto general de gastos del Estado del próximo año, que está marcado por un fuerte gasto asignado para las municipalidades, aspecto clave con el cual el oficialismo espera ganarse el favor de un buen número de alcaldes, lo que le granjearía al menos 1 millón de votos en la contienda electoral. Con esta cantidad de votos, el eventual candidato oficialista pasaría a segunda vuelta, y se garantizaría la mayor cantidad posible de diputados, con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, encabezando el listado nacional.

El presupuesto más alto de la historia

El miércoles 9 de noviembre el pleno de diputados del Congreso de la República aprobó en tercera lectura y revisión final el presupuesto de gastos para 2023. La aprobación en primera lectura tuvo lugar el 26 de octubre, y la segunda lectura el 8 de noviembre. El monto total votado por los legisladores asciende a Q 115 mil 443 millones 737 mil (unos US$ 14.7 millardos). El proyecto que envió al legislativo el Ministerio de Finanzas Públicas ascendía a Q 112 mil 294 millones 767 mil, pero durante la discusión en el seno de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso el techo del presupuesto fue incrementado en Q 1 mil 639 millones. En el curso de la discusión en el pleno del día 9, el presidente de dicha comisión, diputado Cándido Leal, presentó una enmienda para aumentar aún más el techo presupuestario, esta vez por Q 1,512 millones, de los cuales Q 600 millones se asignaron a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Un festín para los alcaldes aliados del gobierno

Para la sesión, la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, había convocado unos días antes a los jefes ediles, con el propósito de que acuerparan la aprobación del proyecto presupuestario; y efectivamente, un buen grupo de alcaldes se situó en el palco actuando como barra, aplaudiendo o abucheando a los diputados que intervenían en la discusión.

Lo que hay que destacar aquí son los grandes negocios que realizan los alcaldes, gobernadores departamentales y empresarios, primero al favorecer a determinadas empresas que son propiedad de amigos de funcionarios o de los propios funcionarios; segundo, al utilizar materiales de mala calidad con tal de embolsarse el dinero presupuestado o proyectos que no cumplen con los requisitos técnicos; tercero el próximo año es de elecciones, y muchos de esos fondos serán utilizados para las campañas de los alcaldes y sus partidos.

La aplanadora oficialista aprobó casi Q 4 mil millones para uso discrecional de los gobiernos municipales. Por medio del listado geográfico de obras, los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) recibieron una asignación de Q3,392 millones para proyectos de mejoramiento de agua potable, ampliaciones de escuelas, tratamiento de aguas residuales, construcción de caminos rurales, etc., un total de 2,607 obras. A esta cantidad se sumaron los Q 600 millones ya mencionados, para ser utilizados en programas de la Gran Cruzada Nacional para la Desnutrición.

Además de esto, la Comisión de Finanzas agregó al presupuesto el artículo 130, que se refiere a las asignaciones de los CODEDES que están pendientes de ejecutar; este artículo permitirá que los saldos que estén pendientes de ejecutar al finalizar 2022, de los Q 2,758 millones asignados, pasen directamente a los fondos destinados al año 2023, obviando la regla de que los fondos no ejecutados pasen a la caja común del Estado.

El presupuesto se aprobó en medio de protestas de salubristas

Desde siete días antes, un grupo de trabajadoras y trabajadores de salud, del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios, se habían apostado frente a las puertas de ingreso del Congreso, para exigir aumento salarial y traslado de empleados a puestos de trabajo permanentes; el costo de estas demandas debería quedar plasmado en el presupuesto del Ministerio de Salud. Al terminar la sesión el día 9, los compañeros fueron disueltos por la fuerza por elementos antimotines de la Policía Nacional Civil, mediante el uso de gases lacrimógenos. Los diputados y alcaldes fueron evacuados del recinto en buses de la policía.

El secretario general del sindicato, Carlos Noé Santos, expresó a los medios: “Aquí está representando el pueblo de Guatemala en los trabajadores salubristas que gozan de Q 1 mil 700 de salario mensual, sin derecho a aguinaldo, vacaciones, ni ningún tipo de prestaciones, por eso es que estamos aquí, por eso estamos luchando, porque debemos de tener un salario digno, para un trabajo digno y una salud digna para toda la población guatemalteca” (La Hora 09/11/2022). Por ejemplo, más de la mitad de las 28,870 enfermeras del sistema de salud laboran por medio de estos contratos precarios. Después de que fuera rechazada una enmienda para cumplir con las demandas de los salubristas, una segunda obtuvo el respaldo de 115 diputados, lográndose fondos para un reajuste salarial y el traslado al renglón presupuestado 011 por Q 47 millones, ampliándose el presupuesto del Ministerio de Salud.

Otro sector de trabajadores públicos logró ser beneficiado en el presupuesto del próximo año. Se trata de los maestros y empleados administrativos del Ministerio de Educación (Mineduc). Este ministerio tendrá un presupuesto de Q 22 mil 254 millones 422 mil; gracias al nuevo pacto colectivo, de ese monto Q 430 millones están destinados a cubrir un incremento salarial del 3% para unos 133,545 trabajadores. Además, están contemplados alrededor de Q 690 millones para el pago de dos bonos anuales por Q 2,500 cada uno, que serán entregados en junio y diciembre. El nuevo pacto colectivo fue negociado con el gobierno por el dirigente sindical Joviel Acevedo, e indudablemente es un beneficio para los trabajadores de la educación; pero sabemos que Acevedo negocia prometiendo el respaldo del sindicato al gobierno de turno, por lo que no representa ningún avance en la consciencia de clase de los afiliados al sindicato, pues la dirigencia no educa a sus bases en el cuestionamiento a un gobierno que funciona en base a la corrupción y para beneficiar al empresariado. 

¿Cuál es el siguiente paso?

La aplanadora oficialista no se detiene en sus planes de ganar a toda costa las próximas elecciones. Ahora tiene en la mira las reformas a las normas de compras y contratos establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para permitir a alcaldes y funcionarios realizar compras sin licitación por montos mayores, favoreciendo así el manejo corrupto de los fondos asignados a sus dependencias.

Estos cambios se están tratando de realizar por dos vías. Una es la reforma a la ley que ya mencionamos, y que aplicaría solamente a las municipalidades, permitiendo a los alcaldes hacer compras sin licitación ni controles hasta por Q 2 millones. El 14 de noviembre la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió el dictamen favorable a esta iniciativa, la 6065, que fue presentada el 26 de abril por la presidenta del Congreso Shirley Rivera y otros diputados oficialistas. A la par, se intenta crear una nueva ley, la Ley de Adquisiciones del Estado, presentada por el ejecutivo; esta otra iniciativa ya fue aprobada en primer debate y está pendiente de ser agendada para continuar su discusión. En un artículo anterior ya comentamos algunos aspectos de esta nueva ley, que amplía los montos para compras directas, redefine las compras de baja cuantía y establece un sinnúmero de nuevos procedimientos de compras, todo para incrementar la cantidad de dinero que los funcionarios manejarán a discreción. 

La discusión de esta nueva ley quedó en suspenso en la semana del 21 al 25 de noviembre, pues no fue colocada en la agenda de puntos a conocer en el pleno, por decisión de la Junta Directiva del legislativo. La razón es que las organizaciones de empresarios se pronunciaron en contra de la aprobación de la iniciativa. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado a mediados de noviembre indicando que los cambios propuestos a la ley deben se sometidos a mayor discusión técnica: “en principio, preocupa la celeridad con que fue dictaminada y agendada para iniciar su proceso de aprobación … es trascendental que dichos cambios sean el resultado de un proceso técnico de discusión en el que se prioricen la eficiencia y la transparencia en el gasto público” (Prensa Libre 17/11/2022). La opinión de los empresarios organizados sin duda tuvo impacto en algunos diputados oficialistas, que han tomado una actitud más prudente respecto a las reformas propuestas. Esto también refleja los roces entre sectores de la burguesía, en torno a la forma de hacer negocios con el Estado y la competencia que existe por beneficiarse de los fondos del erario público.

Por un frente electoral de los partidos de izquierda

Como vemos, la aprobación del presupuesto 2023 ha sido un nuevo paso hacia la consolidación de las intenciones electorales del oficialismo. Las y los trabajadores asalariados, los campesinos y el pueblo trabajador, tenemos la tarea de frenar a los empresarios voraces y corruptos en su intento de continuar controlando el gobierno. Para ello, debemos presionar a los partidos que se reivindican como de izquierda e identificados con el pueblo (Urng, Winaq, MLP, Semilla) a que se organicen en un frente único electoral que de la batalla por las demandas más sentidas de la población, con candidatos y candidatas que sean luchadores populares, y con un programa democrático revolucionario.

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