Por Marcos Galicia

Los desalojos han sido una práctica común en los sistemas coloniales. Se expulsa a un grupo de seres humanos de un territorio para apropiárselo y aprovechar los recursos disponibles. Para Guatemala y el resto de Latinoamérica, el despojo de tierras a pueblos indígenas y el desalojo de sus territorios ancestrales ha representado un problema que persiste a través de siglos de dominación imperialista y colonialista. El uso de la violencia es una característica en los desalojos.

En Guatemala, los desalojos han sido promovidos por finqueros, empresas extractivistas y de monocultivo. Pese al triunfo del partido progresista “Movimiento Semilla” los desalojos no se han detenido, así mismo también continúan los asesinatos de líderes sindicales, indígenas y campesinos.  Pese a que existen distintos acuerdos internacionales de derechos humanos, a los que Guatemala está suscrito, estos desalojos continúan realizándose con actos que violan los derechos humanos.

Recientemente, en el departamento de Alta Verapaz más de 1,500 policías desalojaron a familias ubicadas en una finca llamada “El Tesoro” y durante el proceso se evidenció la destrucción y quema de viviendas, cosechas e infraestructuras esenciales como lo es una escuela. Esa “receta” se aplicó durante los años más crueles del conflicto armado interno. Si nos trasladamos a la situación en Colombia, la Empresa bananera “Chiquita Brands” -antes Fruit Company- fue hallada culpable de financiar a paramilitares para desalojar comunidades y usar esos territorios para garantizar el suministro de sus productos.

En el área metropolitana de Guatemala, se intentó desalojar a unas 85 familias que viven en el asentamiento “Dios es Fiel”, ubicado debajo del puente “El Naranjo”, porque existen denuncias acerca del riesgo de vivir ahí por deslizamientos de tierra, especialmente durante el invierno. Cabe recordar que en ese mismo asentamiento ocurrió una correntada de agua que destruyó varios hogares y resultó en el fallecimiento de al menos 11 personas y unas 18 desaparecidas. Este es otro caso de desalojo en un contexto de riesgos ambientales.

Este gobierno tiene la posibilidad de demostrar que puede hacer las cosas diferentes, sin embargo, como hemos mencionado en otros artículos, este gobierno tiene características burguesas que tienden a proteger más al capital, que a sus propios ciudadanos. Puesto que la comunidad internacional -principalmente EE.UU. y la Unión Europea- respaldaron al actual gobierno, solicitan de vuelta un favor: no entorpecer sus negocios en el territorio. Los desalojos son necesarios para el constante crecimiento del capital por lo que difícilmente veremos un alto a estas acciones inhumanas.

Sin embargo, la organización comunitaria y campesina ha permitido proteger a comunidades de los desalojos. Pero la permanencia de Consuelo Porras en el mando del Ministerio Público es una grave amenaza para las comunidades mismas y lo vemos reflejado en el asesinato de quienes organizan a las comunidades para resistir a los violentos desalojos.

En medio de la crisis climática, atestiguamos la eventual escasez de recursos -como el agua- por lo que el fortalecimiento de las organizaciones ambientales, campesinas, indígenas y sindicales es crucial para la defensa de los bienes naturales del país frente al extractivismo voraz del capitalismo. Esto se debe a que la exploración y búsqueda de recursos naturales se incrementará conforme estos vayan escaseando y la necesidad de desalojar a comunidades que viven en territorios ricos en recursos naturales se incrementará.

Al mismo tiempo, debemos recordar que esto está ocurriendo en todo el mundo. Actualmente en la región de Palestina se encontró gas y petróleo, justo debajo de donde viven las comunidades Palestinas que sufren el genocidio. Entonces vemos cómo el patrón se repite: expulsar a comunidades para robarse los recursos naturales. Es por ello la necesidad de entender y proteger la visión de los pueblos indígenas en cuanto a nuestra relación con el medio ambiente. Y también solidarizarnos en las luchas por la justicia y los derechos de los campesinos y pueblos indígenas, ellos serán necesarios para atravesar la era de la escasez que ya está aquí.

Por Leonardo Ixim

El proceso de elecciones de las nuevas cortes, magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y jueces de Cortes de Apelaciones sigue su camino con la conformación de las dos Comisiones de Postulación, para elegir ambas instancias.

Como planteamos en un artículo pasado, pese a los intentos de abogados ligados al partido de extrema derecha VAMOS de parar el proceso electoral por medio de unos amparos denegados en la Corte Constitucional y que los magistrados actuales se mantuvieran cinco años mas, el proceso va adelante.

Esto después de que el gobierno de Arévalo y Herrera, pidiera a la OEA una misión de verificación para velar por el proceso, lo cual consideramos una forma de intervencionismo, pero no es extraño en relación con el alineamiento del mandatario guatemalteco con la política exterior del gobierno de Biden.

Recordemos que, a finales del año anterior, la pasada legislatura nombro una nueva CSJ provisionalmente, pues la electa para el periodo 2016-2020, donde influyeron grupos de poder, se mantuvo cuatro años más de forma ilegal, ante la negativa de esa legislatura de convocar a un nuevo proceso. Esto sin duda era parte del plan del bloque conservador del poder y de la facción del ex presidente Giammattei, su partido VAMOS y aliados, de ejercer el poder dictatorialmente.

El mecanismo de postuladoras fue puesto en las reformas constitucionales de 1994, reformas con un claro sesgo neoliberal, que, respecto a elección para cargos indirectos, implantó un modelo corporativista. En el caso de las cortes, participan representantes de los magistrados de la CSJ si es para postuladora de Cortes de Apelaciones y viceversa; si es para la de magistrados de la corte suprema, representantes de los jueces de apelaciones; además, en ambas los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas y de pública Universidad de San Carlos; así como representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) electos en votación secreta por los colegiados en dos planillas.

En las elecciones para el CANG participaron 10 agrupaciones en 20 planillas, una respectiva para cada postuladora, de las cuales tan solo dos, la siete y la ocho, no representaban a las mafias en el poder. La siete, del abogado Maynor Berganza, y conformada por docentes de la USAC, tenía pocas posibilidades, mientras que la ocho, Unidos por la Justicia, conformada por abogadas de trayectoria democrática en alianza con otros ligados a la Fundación Libertad y Justicia del empresario oligarca Dionisio Gutiérrez, lograron posicionar comisionados en ambas postuladoras, ubicándose en la tercera mas votada; estaban mas de 40 mil agremiados de las carreras de derecho (mayoritaria), relaciones internacionales, ciencias políticas y sociología, de los cuales participaron un poco mas de la mitad.

Una variedad de grupos y abogados progresistas, le dieron su apoyo a la planilla ocho, que, sin embargo, no logró movilizar a los profesionales para votar, ni aun ser hegemónicos en ese gremio, aunque sí disputarles cargos a los grupos de las mafias. Entre estos estaba la planilla tres, Agrupación Solidaria de Profesionales Afines, vinculada al actual presidente de la CC Néster Vázquez y la cuatro, Plataforma Profesional por Justicia y Unidos por el Derecho, del ex rector y ex decano de derecho Estuardo Gálvez; tanto éste como Vázquez son elementos de los grupos mafiosos en el poder y fueron las planillas mas votadas.  

Otra agrupación ligada a este tipo de personajes fue la de Roberto Villatoro, planilla seis, Unión, que obtiene tres comisionados en cada postuladora, Coalición Gremial, planilla uno cercana a Gustavo Alejos y Manuel Baldizón. Mientras las perdedoras ligadas a estos grupos mafiosas, fue la dos de la Alianza de Profesionales de Justicia de Juan Carlos Godínez y la cinco, UGAP, del impuesto rector de la USAC Walter Mazariegos.

Según manda la ley respectiva, las postuladoras las presiden rectores de las universidades. Así, en la que seleccionará magistrados para la CSJ la presidirá Miguel Cortez, de la Universidad Rafael Landívar de corte jesuita, y en la que seleccionará para Cortes de Apelaciones será Horacio Arévalo, de la Universidad Internaciones, en ambas Mazariegos fue bloqueado. Por otro lado, el bloque de rectores está dividido, entre las universidades privadas históricas que mantienen una buena relación con el actual gobierno, y una serie de universidades de garaje, ahora comandadas por el decano de derecho de la San Carlos Henry Arriaga, ligadas a estos grupos mafiosos. Además, los representantes de los magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones están coludidos con estos grupos.

Esta disputa interburguesa por el control de las cortes entre grupos mafiosos de sectores emergentes y algunos núcleos conservadores de la oligarquía, y otros modernizadores de ésta que respaldan al actual gobierno, despierta ilusiones en algunos sectores populares por la trayectoria honesta de varios profesionales que participan. Tácticamente se puede presionar en estas instancias de selección, sin embargo, consideramos que la forma más democrática de elegir magistrados es por medio de votaciones directas.

Por Armando Tezucún

Durante los gobiernos de extrema derecha que se sucedieron entre 2012 y 2023, se incrementó el control sobre las instituciones del Estado por parte de grupos mafiosos integrados por empresarios emergentes poco escrupulosos, abogados, funcionarios de justicia, diputados, militares, crimen organizado y, en no pocas ocasiones, empresarios pertenecientes a los grupos de la oligarquía tradicional. Los cuatro expresidentes dejaron la puerta abierta para que las mafias hicieran todo tipo de negocios a costa de los fondos del Estado, dando como resultado un funcionamiento desastroso de los servicios públicos, como salud, educación, y especialmente infraestructura.

Una de las instituciones afectadas por estos negocios turbios es el Aeropuerto Internacional La Aurora, el principal del país, ubicado en la ciudad capital. La negligencia e irresponsabilidad de los anteriores gobiernos dejó a la terminal aérea con una serie de carencias y deficiencias como falta de aire acondicionado, fallas en las bandas para transporte de equipaje, en los ascensores, en las gradas eléctricas y máquinas de rayos equis; además, se reportan cortes de energía eléctrica, falta de agua, servicios sanitarios en malas condiciones y largas filas para pasar las ventanillas de migración.

Al nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, que se anuncia como democrático, progresista y anticorrupción, le toca recuperar al país de la catástrofe que dejaron los gobiernos anteriores, y hacerlo rápido, presentando logros a mediano plazo, para responder a las expectativas de la población que le dio el voto y su confianza. Pero el presidente se encuentra acorralado por las mafias, que se quedaron con el control del sistema de justicia y el poder legislativo; además, está comprometido con los imperialismos estadounidense y europeo que le dieron su respaldo durante la crisis política de finales del año pasado; y también tiene acuerdos con las organizaciones de la burguesía que le dieron el aval durante dicha crisis.

Por eso, en vez de apoyarse en la movilización y las acciones de la población indígena y urbana que salió a las calles a defender el voto democrático el año pasado, ha tenido una actuación errática y timorata en los primeros seis meses de gobierno, que denota la falta de voluntad para enfrentar a las mafias de forma contundente. Los imperialismos y los empresarios esperan, ante todo, que mantenga el orden y la estabilidad, y que privilegie los acuerdos con ellos.

En este marco, el pasado 18 de junio el mandatario Arévalo participó en el Primer Congreso de Infraestructura: Aeropuerto, Eje del Desarrollo Inclusivo. Este evento fue organizado por la entidad empresarial Fundación Para el Desarrollo, la Cámara de Industria y la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Durante su intervención, el presidente anunció el lanzamiento de una alianza público-privada (APP) para recuperar el Aeropuerto La Aurora. Afirmó que, debido a la negligencia y la corrupción, el país no ha podido tener la infraestructura necesaria para competir: “Carreteras, puertos y aeropuertos están encadenados por la codicia y desvergüenza de unos cuantos. Nuestro aeropuerto debería de ser el más importante de Centroamérica y la puerta con la que Guatemala proyecta al mundo su potencial, pero es un obstáculo para el desarrollo” …  “Esta alianza permitirá asumir juntos, gobierno y sector privado, los grandes desafíos de esta terminal, complementando el ingenio, agilidad y capacidad del sector privado con la certeza y estructura que solo el Estado puede brindar” (Prensa Libre 18/06/2024).

Fernando Suriano, viceministro de Transporte, aclaró que las bases de licitación para la alianza estarán listas en un plazo de un año, con una inversión prevista de US$ 100 millones, priorizando Q 240 millones, media vez el Congreso de la República de su aprobación. Por su parte, Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aclaró que no se trata de privatizar la terminal aérea, y que, mientras está lista la licitación se preparan ocho contratos para rescatar el aeropuerto en las áreas que más urge. 

Sin embargo, dos días después, Arévalo aclaró que la intervención público-privada se concretará en unos cuatro o cinco años, al momento de ampliar el aeropuerto, y que probablemente se haga mediante una empresa de capital mixto. Probablemente el primer anuncio lo hizo para congraciarse con los empresarios en el mencionado congreso. En todo caso, ahora sabemos que el presidente ya contempla este tipo de alianzas con el empresariado, que no significa otra cosa que la población tendrá que pagar por los servicios públicos el tiempo que dure el acuerdo entre el Estado y los inversores privados, tal como pasó con la Autopista Palín-Escuintla.

Por Marcos Galicia.

En textos anteriores hemos comentado como estructuras del crimen organizado han secuestrado a las instituciones de justicia de Guatemala, para estar al servicio de funcionarios públicos y empresarios que viven de la corrupción y que desean evadir la justicia y así mantenerse en la impunidad. Asimismo, mientras la infame fiscal Consuelo Porras, junto a su camarilla, sigan en el Ministerio Público -MP- cualquier intento de alcanzar un florecer democrático será entorpecido y asediado.

En el panorama actual se mantiene el rumbo de las elecciones para participar en las Comisiones de Postulación de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y Sala de Apelaciones en donde se elegirá a los 24 abogados/as que integrarán dichas comisiones y así elegir a los próximos magistrados/as de la CSJ. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -CANG- está en el ojo del huracán, pues es el ente que tiene a su cargo velar por este proceso y viabilizar a los mejores candidatos (Sí, eso incluye tachar a los abogados salpicados por corrupción).

¿Podemos confiar en que el CANG hará un trabajo honesto? La respuesta es No. Cuando Francisco Sandoval -hoy en el exilio- estaba al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- descubrió que los representantes del CANG estaban coludidos con personajes implicados en casos de corrupción de alto impacto, como el empresario Gustavo Alejos, implicado en el caso “Comisiones Paralelas” en el año 2020.

Para tener claridad: en este proceso de elección de magistrados buscamos cortes renovadas con profesionales éticos que no estén vinculados a la corrupción y el CANG debe garantizar un proceso transparente por lo que la ciudadanía y movimientos sociales debemos de estar vigilantes y denunciar cualquier atropello por parte de abogados/as corruptos. Entonces debemos estar presionando para garantizar que sean abogados/as éticos quienes integren dichas comisiones de postulación.

Paralelamente, el presidente Bernardo Arévalo ofreció un discurso en la sede de las Naciones Unidas en donde denunció públicamente que la corrupción sigue siendo una amenaza para la mermada democracia guatemalteca. Dicha amenaza proviene especialmente desde el MP que entorpece cualquier intento de alcanzar una justicia independiente e imparcial con mirada humana. El presidente nuevamente agradeció el apoyo de la comunidad internacional en el apoyo recibido para el combate a la corrupción

Sin embargo, existen personajes que buscan evitar la renovación de cortes y con ello buscan bloquear la elección de cortes como el abogado Melvin Amílcar Escobar Palma, vinculado al partido VAMOS del infame expresidente Alejandro Giammattei, quien solicitó suspender el proceso de elecciones, pero dicha solicitud fue denegada por la Corte de Constitucionalidad -CC- y esta es solo una de muchas otras acciones legales que buscan detener las elecciones.

Sin embargo, existen situaciones que podrían ser una luz de esperanza en este pantanoso trecho. En este proceso, los rectores de las universidades del país participaron en un proceso para presidir las comisiones de postulación -CSJ y Salas de Apelaciones- y en este proceso se presentó y cabildeó el infame usurpador Walter Mazariegos, quien a través de un fraude electoral con el apoyo de Giammattei y Porras se impuso como rector de la USAC. Mazariegos buscaba hacerse de estas comisiones para influir en el proceso y así garantizarse impunidad, a él y a su régimen que se ha dedicado a sembrar el terror y la persecución en la USAC en contra de la resistencia y contra cualquier voz disidente.

Sin embargo, Mazariegos se ha quedado solo. Días anteriores al Foro de Rectores -en donde se elegiría a quienes presidirían dichas comisiones- organizaciones de sociedad civil y estudiantes anunciaron a través de distintos medios que Mazariegos carece de idoneidad para presidir dichas comisiones. Y el día del foro, organizaciones de estudiantes manifestaron su inconformidad frente al Congreso y entregaron folletos informativos advirtiendo de la potencial amenaza que representa Mazariegos.

Y así fue, como Mazariegos no fue ni siquiera propuesto, de entre 13 rectores, como candidato a presidir alguna de las comisiones. Sin embargo, que haya quedado fuera del proceso no garantiza un proceso transparente, pues recordemos que las universidades privadas son empresas. Además, los rectores electos -Universidad Rafael Landívar e Internaciones- expresaron temor debido a que podrían estar expuestos a recibir presiones y amenazas, dijeron denunciar dichos actos. Pero las dudas y cuestionamientos no pasaron a más.

De antemano consideramos que, en esta pugna interburguesa por el control del aparato judicial, las diversas fracciones probablemente, en aras de la gobernabilidad, terminaran negociando sus respectivas cuotas de poder. Para acabar con la corrupción y la compra de jueces, debemos levantar la consigna de elección de jueces y magistrados por voto popular directo, como lo propuso hace poco AMLO en México. Si hay que reformar la Constitución, pues debemos hacerlo.