Por Marcos Galicia

La demanda de aceite de palma africana ha aumentado en los últimos quince años (Palm Oil Report 2024 – In the shadow of the oil palm), y se utiliza para la producción de alimentos. Pero debido a ese incremento de la demanda, las empresas que se dedican a su producción necesitan más tierra para su cultivo y en Guatemala han encontrado el lugar ideal para sus negocios debido a la corrupción del Estado, que les ha permitido desplazar forzosamente a comunidades indígenas, contaminar ríos, violar derechos laborales y, en última instancia, asesinar a líderes comunitarios. Todo esto sin que haya justicia o investigación por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras.

Hoy exponemos el caso del agricultor Francisco Pop Ico, originario del departamento de Petén, quien fue un dirigente comunitario que denunció las violaciones a los derechos humanos provocadas por la empresa aceitera “Industria Chiquibul S.A”, y que dicha empresa había criminalizado a Francisco por “detenciones ilegales y amenazas”. Francisco fue asesinado el 17 de octubre a balazos mientras manejaba su motocicleta camino a casa.

La criminalización es una táctica utilizada por la oligarquía y los poderes locales para silenciar las voces que denuncian la corrupción de intereses económicos y políticos. Y así como muchos otros casos, el caso de Francisco podría quedar en la impunidad. Recientemente hubo elecciones en el Organismo Judicial en donde se eligieron magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, en donde se quitan y ponen jueces. Con estas últimas elecciones hay una mínima probabilidad de que se pueda realizar un cambio a favor de las comunidades indígenas.

El día siguiente a su asesinato, Francisco debía presentarse a una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con sede en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Esto pondría en evidencia la colusión entre estas empresas y organizaciones criminales con el aval de los gobiernos locales.

En medio de la crisis climática, en donde Guatemala está en una posición vulnerable ante los cambios drásticos del clima (como hemos visto en los últimos inviernos con fuertes lluvias), se sigue priorizando el “crecimiento” económico a expensas de los territorios ancestrales y del medio ambiente, lo cual nos pondrá en una posición más vulnerable frente al cambio climático. El nuevo gobierno prometió en campaña detener los abusos contra los pueblos indígenas y también luchar contra la destrucción del medio ambiente.

En los últimos años, el sistema de justicia benefició a los intereses económicos de las empresas aceiteras, pese a las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y el daño ocasionado a la biodiversidad y el medio ambiente.  El cultivo de palma africana ha talado bosques nativos, ha secado fuentes de agua dulce y han contaminado ríos (sin mencionar la flora y fauna que ha sido desplazada). Seguimos sin poder acceder a la justicia para el medio ambiente y para las comunidades.

El negocio de este tipo de aceite solo beneficia a unas pocas personas y familias a expensas de la destrucción de áreas protegidas como lo es la Sierra de las Minas en Guatemala, en donde habitan más de 500 especies de animales y de donde nacen más de 60 ríos que abastecen de agua a miles de familias en el país. Pese a que la normativa de la Ley de Áreas Protegidas no permite las plantaciones de palma aceitera en dicha área, los cultivos siguen expandiéndose.

Los movimientos sociales, sindicales y universitarios tenemos un compromiso para detener el asesinato y la criminalización de liderazgos que denuncian la corrupción. Estas empresas han despojado de su tierra a campesinos pobres y están destruyendo nuestra biodiversidad. Debemos confiar en nuestros propios esfuerzos y luchas sin esperar el apoyo de este nuevo gobierno. Pero que esto no nos detenga de seguir exigiendo a los gobiernos que pongan un alto estas masacres y la destrucción del medio ambiente.

Y ante el asesinato de Francisco, y otras decenas de liderazgos, están emergiendo expresiones religiosas y espirituales, como algunas iglesias cristianas que acompañan a las comunidades en sus luchas y que desde su fe denuncian estos atropellos a los derechos humanos. Hacemos un llamado a las centrales sindicales para que tomen manos en el asunto y tomen las medidas para que el crimen contra el compañero Francisco Pop no quede impune.

Por Armando Tezucún

A pesar de una lluvia persistente, el 20 de octubre miles de trabajadores y ciudadanos se hicieron presentes en la marcha conmemorativa de los 80 años de la insurrección popular que en 1944 derrocó al gobierno dictatorial de Federico Ponce Vaides, heredero de la dictadura de 13 años del general Jorge Ubico, quien había presentado su renuncia en junio de ese año.

La caminata fue convocada por el Movimiento Popular y Sindical Autónomo de Guatemala y los Sindicatos Globales, y en ella participaron cientos de sindicatos de gran variedad de ramas de la economía, organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales y grupos políticos. Los participantes agitaron numerosas consignas, como la exigencia de la renuncia de los funcionarios corruptos que controlan el sistema de justicia, el respeto del derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva por parte de los patronos, el cese a la persecución de dirigentes sindicales, comunitarios y periodistas, etc.

El espíritu de la marcha fue resumido por el compañero Julio Coj, dirigente de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua Histórica), cuando afirmó en su discurso: “Exigimos una democracia real, efectiva y participativa, inclusiva, que dé justicia social. Ya no aceptemos esa democracia empresarial y militar que nos han impuesto de 1985 hasta estos días … aquí, un puñadito de 20 o 15 familias son las que mandan y deciden…” (https://www.facebook.com/search/top?q=cgtg).

En el evento se hizo evidente que una parte importante del movimiento sindical y popular todavía tiene esperanzas e ilusiones en el gobierno de Bernardo Arévalo y el partido Semilla; aún cree que el actual presidente, con su tibio discurso democrático y anticorrupción va a solucionar la grave situación de pobreza y extrema pobreza de la población, y pondrá fin a las estructuras corruptas de empresarios, políticos, funcionarios de justicia, militares y crimen organizado que conservan el control de buena parte del Estado.

Arévalo fue invitado especial en la tarima donde se ofrecieron discursos al finalizar la marcha. El secretario general de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Luis Cortez, dirigió una parte sustancial de su discurso al presidente, ya presente en el escenario. Dijo Cortez: “… ya las decisiones del salario mínimo para este año ya están hechas y esperamos que usted tome la mejor decisión en beneficio de la clase trabajadora que lo apoyó y lo sigue apoyando en contra de la corrupción que sigue todavía vivo ahora ¿es así o no? Desde octubre todos los compañeros estuvieron luchando para que esa mafia, esa corrupción que sigue todavía y que está; pero, decimos los trabajadores y el pueblo, ‘somos más’, y aquí está que se ha respetado la democracia … Señor presidente, cuenta con el pueblo de Guatemala, y cuenta con la clase trabajadora” (Ídem).

El compañero Cortez mencionó la lucha generalizada de octubre del año pasado, en que la población defendió el voto democrático frente a las maniobras de los corruptos, pero olvidó mencionar que, entre el 19 y 31 de ese mes, Arévalo propició un diálogo entre empresarios y dirigentes indígenas, apoyado por la embajada de Estados Unidos, que culminó con la creación de una entidad llamada “Acción por la Democracia”, que suspendió los bloqueos que valientemente sostuvo la población durante varias semanas, frenando las luchas (La Hora 31/10/2023).

El presidente Arévalo pronunció su discurso, pero evitó referirse directamente a los temas mencionados por Cortez, como los nuevos salarios mínimos, o los ataques a dirigentes sindicales. Más bien se refirió a generalidades sobre democracia, justicia social y combate a la corrupción.

Arévalo llegó a la marcha vestido de paisano, con sombrero de paja, jeans, zapatos deportivos y chaqueta. Cuatro días después se presentó de elegante traje completo oscuro a un evento de la gremial de la burguesía exportadora, la Asociación Guatemalteca de Exportadores. El camaleónico presidente no tuvo empacho en compartir con los azucareros, textileros, cafetaleros y productores de palma, que son los mayores violadores de los derechos de los trabajadores, usurpadores de la tierra de los campesinos pobres y contaminadores del medio ambiente. El evento fue una premiación a empresas destacadas, y uno de los mencionados fue Licores de Guatemala, propiedad de la familia Botrán, una de las familias a las que hizo referencia en su discurso el compañero Coj ¿Qué tal?

Los compañeros del movimiento sindical y popular deben ya quitarse la venda de los ojos y percatarse de quién es realmente Arévalo. Les respaldamos totalmente en su exigencia de un nuevo salario mínimo de Q 200 diarios, para todas y todos los trabajadores. En la lucha por esta demanda veremos del lado de quién está realmente el presidente Arévalo.

Por Marcos Galicia

En reiteradas ocasiones hemos narrado cómo la única universidad pública de Guatemala (USAC) fue cooptada por mafias que se han enquistado en las instituciones del Estado y que, debido a la influencia de la USAC en las elecciones del Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad y otras dependencias del Estado necesitaban tomarla por asalto para garantizarse impunidad a ellos y a quienes ostentan el poder en Guatemala.

Después de un proceso ilegal liderado por Walter Mazariegos Biolis y con el aval de los internacionalmente sancionados por corrupción, el expresidente Alejandro Giammattei y la fiscal general del Ministerio Público Consuelo Porras, consumó el fraude electoral que lo impondría como rector desde el año 2022, comenzando así un régimen de excepción en la USAC y que traería consigo una serie de criminalizaciones y represiones en contra de quienes se oponen al fraude.

Pero dos años después, las resistencias continúan actuando con perfil un bajo, acosadas por la administración, docentes y estudiantes afines al régimen. Los docentes de la resistencia siguen dando clases bajo acoso laboral limitando su libertad de expresión, el estudiantado recibe clases en instalaciones deterioradas y las y los trabajadores que no se doblegan ante el régimen también sufren despidos injustificados e intimidaciones.

Este año, terminando el proceso de elección en el organismo judicial, en donde el pueblo sufrió otra derrota, sale a la luz una noticia que podría indicar que la correlación de fuerzas políticas deja de inclinarse a favor de Walter y su régimen. La Corte de Constitucionalidad ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU: máxima autoridad en la USAC) a convocar de inmediato a elecciones para renovar a 32 de los 41 cargos del CSU que ya vencieron (Centranews 03/10/2024). Su periodo para el que fueron electos ya venció, pero no convocan a elecciones porque saben que pierden.

Pese a que el equipo legal de Walter sigue apelando para retrasar el proceso lo más que se pueda. El final de dicho régimen es inevitable pues la Contraloría General de Cuentas también advirtió al CSU que las decisiones de quienes ya sobrepasaron su periodo podrían no tener validez ni certeza jurídica. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo también ordenó al CSU a convocar a elecciones y así otras salas se pronuncian en el mismo sentido.

El proceso de convocatoria será retrasado por unos meses más pero no para siempre. Entonces es necesario cuestionarnos ¿existen organizaciones estudiantiles, de docentes y trabajadores realmente sólidas para exigir que se cumplan las elecciones respetando la normativa e institucionalidad? Estos movimientos han sido mermados y atemorizados por la criminalización que surge desde el Ministerio Público de Consuelo Porras ¿Aún confiamos en las instituciones del Estado Burgués? ¿Incluso después de los resultados de las elecciones en el sector justicia en donde personajes vinculados a la corrupción fueron juramentados por el partido Semilla?

¿Cómo posicionamos a candidatos idóneos en el CSU, en las aulas y en el sector administrativo? Las resistencias están fragmentadas y divididas, lo cual impide articular un frente común o incluso entablar diálogos. El dogmatismo de ver “quién es el más digno” ha estropeado la posibilidad de promover candidatos que realmente luchen por la autonomía universitaria. Esto es y será aprovechado por el régimen usurpador para posicionar a su gente en “elecciones exprés” y así ocupar en reiteradas ocasiones el CSU para mantenerse a flote con el apoyo de Consuelo Porras quien, por cierto, desestimó todos los casos en los que se podía procesar penalmente a Walter por desobedecer órdenes de reinstalar a una empleada que había sido despedida injustificadamente.

Mientras tanto, hay elecciones en las asociaciones estudiantiles y esto puede representar una oportunidad para que nuevas generaciones y nuevos rostros puedan aprender de los errores de sus antecesores para recuperar a la USAC de las mafias y poder desestancar a la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU. Aún así, el régimen postulará a grupos de estudiantes que les sean leales y serviles, pero, sobre todo, que mantengan el silencio cómplice. No debemos perder la esperanza ¡Renacerás USAC!

Por Armando Tezucún

Finalmente, el Congreso de la República cumplió con la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSA) y de Corte de Apelaciones (CA), el 3 y el 8 de octubre, respectivamente. Esto disipó las dudas de que nuevamente se dieran atrasos en el proceso, a causa de maniobras provocadas por operadores de estructuras corruptas interesadas en impedir la elección, como sucedió en 2019. Los presidentes de las comisiones de postulación, encargadas de proponer los candidatos a magistrados, entregaron al legislativo los listados el 23 de septiembre; finalizado el proceso de elección, el 13 de octubre tomaron posesión los nuevos magistrados de las cortes para el período 2024 – 2029.

Al arribar los listados al Congreso, de inmediato iniciaron las negociaciones entre las diferentes corrientes y fracciones de los diputados, para lograr acuerdos en el apoyo que se brindaría a los candidatos a magistrados. En el caso de la CSJ, debían ser electos 13 magistrados, entre 26 candidatos; para la CA había 314 aspirantes, entre los cuales el Congreso debía elegir 156 magistrados titulares y 104 suplentes. Para resultar electos, los candidatos debían contar con un mínimo de 81 votos.

Tres grupos negociaron los listados, uno de ellos liderado por el diputado Luis Aguirre, del partido Cabal; otro liderado por Adim Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza; y el otro encabezado por el expresidente del Congreso durante el gobierno de Alejandro Giammattei, Allan Rodríguez, del partido Vamos. Los diputados oficialistas de Semilla tuvieron que consensuar sus candidatos con bancadas afines, evitando negociar con la oposición de extrema derecha, encabezada por Rodríguez.

En el caso de la elección a la CSJ, tres magistrados de la actual corte fueron reelectos, y el resto eran magistrados de Cortes de Apelaciones, que ahora pasan a la CSJ. La apreciación de los resultados varía según que se exprese. Para el jefe de la bancada de Semilla, Samuel Pérez, el resultado fue satisfactorio: “Me parece que hay una Corte Suprema de Justicia suficientemente independiente, con un mandato del Congreso que tiene representación y legitimidad mayoritaria, para detener la criminalización y persecución política…” (PlazaPública 07/10/2024), esto a pesar de que tres candidatos del oficialismo fueron sacados del listado en negociación para incluir a candidatos de la derecha. Esto contrasta con el entusiasmo de Allan Rodríguez y sus aliados de extrema derecha, que aplaudían y vitoreaban cuando eran electos sus candidatos, que también eran votados por Semilla. En el extremo se colocan otros personajes, como Ana María Méndez, de Wola, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, quien declaró: “Ganaron el pulso las mafias. El control de las cortes será clave para garantizar impunidad y seguir criminalizando a Semilla y a cualquier voz crítica del Pacto de Corruptos. Un trago amargo para Bernardo Arévalo” (Ídem). O un grupo de líderes indígenas que observaron presencialmente la elección, señalando que se dio de forma poco transparente, y calificaron el sistema de elección de obsoleto.

Si bien los candidatos más cercanos al Ministerio Público y la fiscal general Porras no obtuvieron ninguna magistratura, la mayoría de candidatos electos están vinculados a operadores con manipularon las elecciones a las cortes en 2019, y a actores que ejercen influencias para mantener la impunidad y la corrupción en los organismos de justicia. Entre ellos están los empresarios Gustavo Alejos y Gustavo López Villatoro, el magistrado Wilber Castellanos, el presidente de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez y el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. Siete de los nuevos magistrados están vinculados de alguna manera a estos personajes (ver El Observador, 04/10/2024).

Lo mismo sucedió con la elección de magistrados a Cortes de Apelación el 8 de octubre. La mayoría de magistrados, los reelectos y los nuevos, responden a los intereses de Vásquez o Gálvez. El elevado número de votos obtenidos por los candidatos, entre los 160 diputados, indica que hubo un consenso entre las bancadas mayoritarias, Vamos (39 diputados), UNE (28 diputados) y Semilla (23 diputados). Los diputados oficialistas tendrán que rendir cuentas de por qué votaron por candidatos vinculados a las mafias.

El podrido sistema de comisiones de postulación nuevamente ha fracasado en elegir cortes de justicia con magistrados honestos y probos. Por ello urge una reforma constitucional que ponga la elección de jueces y magistrados en manos de la población trabajadora, a través de elecciones libres y democráticas de los funcionarios de justicia, para cortar la corrupción e impunidad reinantes en las cortes.