Por Ricardo Patzán

En contra de todas las expectativas, el 13 de agosto el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional y con 110 votos a favor, la ampliación presupuestaria que el gobierno presentó a finales de mayo al legislativo, por un monto de casi Q 14.5 mil millones.

Desde inicios de agosto se estaba produciendo un intenso cabildeo a favor de la ampliación, promovido por diputados distritales (los electos como representantes de sus departamentos), pues los alcaldes y la población se han estado quejando de que las obras de infraestructura y la inversión social prometidas aún no inician. Según declaró el diputado oficialista Samuel Pérez, los diputados distritales están conscientes sobre la necesidad y urgencia de contar con recursos para implementar y ejecutar obra pública, por medio de la ampliación presupuestaria (Prensa Libre 09/08/2024).

Por otro lado, hubo denuncias de que la bancada de oposición mayoritaria, del expartido de gobierno Vamos, realizó una campaña de intimidación y amenazas para evitar que los diputados votaran favorablemente por la ampliación; las amenazas van en el sentido de que el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad accionarían contra la iniciativa y contra los diputados que voten a favor. De hecho, el 7 de agosto, agentes del MP realizaron diligencias en las oficinas de la presidencia del Congreso, en busca de información sobre contrataciones irregulares de personal de parte de la Junta Directiva, en base a una supuesta denuncia; una acción a todas luces intimidatoria (Prensa Libre 10/08/2024).

La sesión legislativa del día 13 inició con una interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, solicitada por la diputada de oposición Sandra Jovel. Después de transcurrida una hora, el diputado Luis Contreras presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día y conocer la ampliación presupuestaria, con su monto original. Luego de una agria discusión, pese a los esfuerzos en contra de diputados de oposición, se votó y se aceptó la moción privilegiada. La votación tomó cerca de cuatro horas, lo que hace ver el arduo cabildeo de última hora por obtener votos a favor. La aprobación final se logró pasada la medianoche, luego de nueve horas de sesión.

La clave en la aprobación lograda por el gobierno está en los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que, con la ampliación, podrían ascender a un poco más de Q 5 mil millones, unos Q 732 por encima de lo destinado en 2023. Se sabe que desde junio iniciaron las negociaciones entre diputados de varias bancadas y el Ministerio de Finanzas, para asignar fondos a los Codedes. Esto explica que numerosos diputados no afines al oficialismo, incluyendo algunos de partidos abiertamente opositores, sumaron sus votos a favor de la ampliación.

El problema con esto es que uno de los principales focos de corrupción se da precisamente en los fondos destinados a ser ejecutados por los Codedes, con obras sin finalizar, contratación de empresas vinculadas a alcaldes y diputados, compras sobrevaloradas, y una gama de manejos oscuros que supuestamente adversa el plan de gobierno de Semilla y Bernardo Arévalo.

Varios diputados que no son precisamente de oposición votaron en contra por esta razón, como José Chic, de la bancada VOS: “Uno de los elementos mayores es la posibilidad de los bolsones de corrupción que pudieran estar dentro de la ampliación presupuestaria. Incluso el Icefi … daba cuenta indicando que esa ampliación presupuestaria carecía de varias cuestiones técnicas…” (EpInvestiga 14/08/2024). Algunas instituciones especializadas en estudios económicos, políticos y sociales, también advirtieron sobre ese peligro.

Hasta ahora la Corte de Constitucionalidad ha recibido cinco acciones de amparo contra la ampliación presupuestaria, de diputados de oposición, de personas individuales y organizaciones de derecha. Además, la directiva del Congreso aún no envía el decreto al gobierno para su publicación, debido a que la oposición presentó dos objeciones señalando supuestos errores en el mismo; esto obliga al pleno a revisar el decreto.

Las alianzas tejidas por el gobierno de Arévalo con actores de dudosa honestidad para lograr el incremento presupuestario es suficiente motivo para retirar la confianza que la población le otorgó en las urnas. Las organizaciones populares, en especial los grupos comunitarios del interior deberán estar alertas y fiscalizar cada centavo que ejecuten los gobernadores y alcaldes a través de los Codedes; no permitamos más la malversación de recursos destinados al bienestar de la población.

Por Armando Tezucún

En un nuevo ataque contra el gobierno de parte de las mafias que han lucrado ilícitamente con los recursos del Estado, y ahora se encuentran agazapadas en las instituciones de justicia, surgió una solicitud más de retiro del derecho de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo.

El requerimiento lo hizo el 21 de agosto el Ministerio Público (MP), a través del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), el infame Rafael Curruchiche. Esto fue a raíz de una denuncia presentada el 16 de julio por uno de los principales aliados de las mafias del MP, Ricardo Méndez Ruiz, dirigente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo.

El día 21, en conferencia de prensa, Curruchiche y el secretario general del MP, Ángel Pineda, sostuvieron que Arévalo emitió una orden ilegal al crear un mecanismo de pago arbitrario a contratistas del Estado proveedores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), acción que, según el MP, está fuera de las funciones y atribuciones del presidente establecidas en la Constitución. De acuerdo a las afirmaciones de Curruchiche, las empresas constructoras beneficiadas por la orden de pago, fueron financistas de la campaña electoral de Arévalo el año pasado; tratando de involucrar en las acusaciones a la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha hecho fuertes críticas al MP y a la fiscal general Porras, el fiscal sostuvo que una empresa vinculada a un miembro jurídico de la OEA, el guatemalteco Gabriel Orellana, fue beneficiada con pagos, y de allí el interés de Luis Almagro y el organismo por visitar Guatemala.

En la conferencia el presidente fue señalado de ser el “principal responsable de fomentar la impunidad”, comparando el caso con el que implicó en 2015 al expresidente Otto Pérez Molina. La solicitud de retiro del derecho de antejuicio sería por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones, al haber dado instrucciones ilegales (Prensa Libre 21/08/2024).

Según las explicaciones del gobierno y del propio Arévalo, en efecto, en el mes de mayo se elaboró un listado de las empresas constructoras a las que se les haría pagos (entre cerca de 1,400 contratos de construcción abiertos al momento), priorizando las que tuvieran obra supervisada, acuerdo entre los avances físicos y presupuestario, y que no tuvieran denuncias por corrupción. Esto debido a que, por falta de fondos, no se puede pagar a todos al mismo tiempo. Sin embargo, la ministra del Micivi en ese momento, Jazmín de la Vega, hizo caso omiso del listado proporcionado por el gobierno, y realizó pagos a empresas según su criterio. Esto motivó que fuera relevada del cargo por Arévalo mediante una llamada telefónica.

En la denuncia que presentó, Méndez Ruiz incluyó el listado de las empresas y una grabación de la llamada, documentación confidencial, lo que atestigua los vínculos de Méndez con la inteligencia militar y los sectores más retrógrados del ejército. Tanto De la Vega como Arévalo negaron haber divulgado esos documentos.

Buscando cómo inculpar a Arévalo y su gobierno en un caso que se gestó durante el gobierno de Alejandro Giammattei, protegido del MP, Curruchiche sostuvo que algunas de las empresas beneficiadas por los pagos fueron señaladas en el caso revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), denominado B410.

Este caso fue denunciado por la SAT a mediados de agosto, y se trata de una estructura de 410 empresas que formaron una red de evasión tributaria, que entre 2021 y 2023 facturó a diferentes instituciones del Estado más de Q 6,400 millones, pagando solamente Q 26.9 millones en impuestos. Si en esta defraudación fiscal hay funcionarios implicados, serían del gobierno de Giammattei, y, en todo caso, las constructoras a las cuales pagó el gobierno actual, fueron contratadas durante el gobierno anterior.  

Ante las nuevas acusaciones del MP, el gobierno respondió: “Los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo … Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe” (Ídem).

Las mafias atrincheradas en el MP no descansarán hasta ver a Arévalo arrodillado, encarcelado o exiliado. Pero el presidente Arévalo, no llama a la movilización popular en su defensa, sino que parece confiar mas en el corrupto sistema de justicia y aún más en las presiones diplomáticas de sus aliados: Estados Unidos y la Union Europea. No sabemos si el MP irá hasta el final, o está usando una táctica de presionar para negociar. Arévalo no controla el Congreso. Una posible caída de Arévalo conllevaría, sin lugar a dudas, a una mayor violación de los derechos democráticos del pueblo trabajador. Por ello, como un mecanismo de autodefensa preventivo, las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares, deben iniciar cuanto antes una fuerte movilización en las calles, carreteras y centros de trabajo para presionar por la salida de la fiscal general Porras y su pandilla de nefastos funcionarios.

Por Leonardo Ixim

En los últimos días se dio la visita de altos funcionarios del Sistema Internacional de Derechos Humanos a Guatemala, es decir del austriaco Volver Turk, quien preside el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dirigida por la presidente de este organismo, la barbadense Roberta Clarke.

La visita de la CIDH además tuvo la presencia primer vicepresidente Carlos Bernal, el segundo vicepresidente José Luis Caballero, el Comisionado Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak, Relatora para Guatemala y Gloria De Mees, la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, la Secretaria Ejecutiva Adjunta María Claudia Pulido, la Jefa de Gabinete Patricia Colchero; junto a los relatores especiales para la libertad de Expresión Pedro Vaca y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales Javier Palummo.

Situación de los derechos humanos en Guatemala

Los últimos tres gobiernos, han sido conformados por grupos emergentes burgueses, que no han roto del todo con los núcleos corporativos oligárquicos, además de que fueron controlados por partidos ultraconservadores y ligados a estructuras de origen contrainsurgente, denominado Pacto de Impunidad, el cual no es más que el bloque conservador en el poder; así, la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pretendía desarmar estas estructuras, tipificadas primero como cuerpos clandestinos de seguridad que evolucionaron a redes político económicas, que se caracterizaran por el manejo del poder factitivo en el Estado, pero a la vez como campo de acumulación capitalista En ellos  la situación de los derechos humanos empeoró.

Otra de las características de estos gobiernos fue el endurecimiento del régimen político, al hacerlo más antidemocrático y perseguidor de las libertades fundamentales. Vemos el caso tanto de lideres comunitarios y de organizaciones populares criminalizados, exiliados y asesinados, organizaciones como CODECA, CUC y CCDA, así como autoridades comunitarias que se han opuesto a la presencia de proyectos que explotan bienes comunitarios en territorios rurales e intentos de organización sindical en maquilas, beneficios de café y plantaciones de productos agrícolas.

También la persecución a ex funcionarios del Ministerio Público (MP) que actuaron en coordinación con la CICIG (como Juan Francisco Sandoval que dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, ahora en el exilio), desde que Consuelo Porras, un alfil del bloque conservador del poder, asumió la dirección del MP. Entonces esta FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, es el instrumento de criminalización de estos ex fiscales, por ejemplo, el caso de Virginia Laparra, condenada a cuatro años de prisión el 16 de diciembre de 2022 y recientemente en junio fue condenada nuevamente por un tribunal de la ciudad de Quetzaltenango; Laparra fue calificada como presa de conciencia por Amnistía Internacional, y tomó la decisión de salir al exilio.

Varios han sido los casos similares, como el ex juez Miguel Ángel Gálvez, quien llevó el caso de corrupción contra el binomio presidencial del extinto Partido Patriota; o el ex procurador de los derechos humanos, ex candidato a rector de la Universidad de San Carlos por una serie de grupos democráticos Jordán Rodas, que también intentó ser candidato a por el desparecido MLP ligado a CODECA en el reciente proceso electoral, candidatura descalificada por el Tribunal Supremo Electoral entre otras.

El común denominador, por lo menos en el caso de ex funcionarios relacionados al ámbito judicial perseguidos y en el exilio, ha sido, como lo planteó Laparra en su carta que explicaba las causas de su exilio, la falta de garantías procesales y penales, así como la denominada criminalización mediática. Esto en un entorno donde la mayoría de jueces de primera instancia, de apelaciones y los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están coludidos o son parte directamente con este pacto de impunidad.

Otra característica de la violación a los derechos humanos es lo relacionado a la libertad sindical. La persecución contra trabajadores que intentan formar sindicatos es una contaste, como el asesinato contra quienes lo promueven, como fue el reciente caso de Anastacio Tzib Caal en junio pasado. Así como una serie de prácticas violatorias a la legislación laboral, como el no pago de horas extras, despidos injustificados, incumplimiento de prestaciones sociales, pago de salarios menores al mínimo sobre todo en áreas rurales, entre otras.

Luego está el tema de la criminalización, donde juegan un papel destacado organismos no gubernamentales ligados a estos sectores conservadores, como la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro), conformada por terratenientes o la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), con Omar Barrios y Méndez Ruiz a la cabeza, quienes junto a los llamados netcenter en redes sociales, se dedican a desprestigiar estas figuras democráticas y que después ponen querellas judiciales como adherentes a causas penales, en muchos casos sin estar ligados a los casos. La FCT, a su vez, está financiada por algunos núcleos de la oligarquía como los Maegli Muller, Meagli Novela, los Castillo y Torrebiarte.

Un caso de violaciones a los derechos humanos y persecución penal que es importante resaltar fue contra varios comunitarios quekchís de la comunidad Semuy II, en el municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz, acusados del asesinato de una patrulla militar en septiembre de 2019. Esta comunidad, rodeada de plantaciones de palma africana de la empresa Naturaceites, cabalmente propiedad de los Meagli Muller, está total cercada por este cultivo, afectando la libre movilidad de los comunitarios, pero también el acceso de agua entre otras cosas.

El 29 de marzo de 2022 Angelina Coy Coc, Rosa Ich Xi y Oliva Mucu fueron condenadas por asociación ilícita y asesinato contra tres miembros del ejército. Además, otros miembros de la comunidad guardan prisión tales como Oliverio Coy Choc, Pedro Chub Chub, Alberto Choc Cu y Silverio Cac Tiul.

El Tribunal de Mayor Riesgo “E”, a cargo de la jueza Eva Marina Recinos, condenó sin pruebas a estas tres mujeres, la encargada de presidir esta corte está vinculada con los empresarios del aceite y otros latifundistas de Alta Verapaz, donde la conflictividad y la concentración de la tierra es enorme, así como el despojo a los grupos mayas campesinos ha sido mayor que en otras partes del país. Esta jueza además está ligada al Pacto de Impunidad, señalada de beneficiar a varios detenidos o señalados por corrupción como a Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y Sandra Torres, y de emprender una investigación contra Juan Francisco Sandoval cuando dirigía la FECI.

Este caso fue un montaje donde la FCT jugó el papel de denunciar en redes sociales la presencia de grupos de campesinos armados, para llevar todo al hecho de la presunta emboscada de la patrulla militar. Esta patrulla por su parte, cuidaba las plantaciones de palma de los finqueros tal cual guardias privados de estos, señalando atrás de los hechos al ex comandante guerrillero Cesar Montes detenido en México y ahora preso por este hecho; pero el papel de éste, según ha documentado El Observador, y otros espacios, ha sido de mediador a favor de las empresas para que los grupos campesinos desalojen sus tierras y las vendan a estos monopolios agroindustriales, siendo el objetivo de este montaje que la gente de la comunidad vendiera. Montes, al parecer después de servir a la burguesía con su Fundación Luis Turcios Lima, fue desechado por estos terratenientes.

Las recomendaciones de la CIDH

Este caso solo ilustra otra de las grandes violaciones a los derechos humanos en Guatemala, que es la concentración de la tierra y el despojo a los grupos campesinos. En tan solo lo que va el actual gobierno, ha habido más de 15 desalojos a tierras que ocuparon estos grupos o que ya habitaban allí, pero en la mayoría de los casos estas pertenecían desde finales del siglo XIX a estas comunidades y o fueron desalojadas totalmente, o quedaron como mozos colonos o en propiedad de las municipalidades como tierra ejidal que después fue apropiada por finqueros.

Entre las recomendaciones de la CIDH esta parar estos hechos y garantizar una legislación agraria que reconozca el derecho a la propiedad a comunidades campesinas y mayas. El actual gobierno, por medio de la Comisión Presidencial de Paz y Democracia, tiene una mesa de diálogo con varias organizaciones campesinas, pero poco ha hecho por parar esta conflictividad, aduciendo que la policía tiene que cumplir órdenes de juez; pero muchas de estas órdenes son ilegales, se caracterizan por un abuso de los tipos penales contra las comunidades y en otros casos ha habido desalojos extrajudiciales operado por grupos paramilitares y privados ligados con comisarios policiales de los territorios.

Otras recomendaciones de la visita in loco de este organismo interamericano ha sido que se pare la persecución contra ex operadores de justicia y defensores de los derechos humanos, que el actual MP detenga la persecución y criminalización de estos. Limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia; liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva, criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos, y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra; realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos; generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral.

Así como otras relacionadas con los derechos humanos de las personas privadas en libertad, de la niñez, juventud y adolescencia; de la diversidad sexual, en discapacidad, mujeres y pueblos indígenas, a la libertad sindical, etc. Agilizar el proceso de selección de jueces de cortes y magistrados de la CSJ, conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo. Igual que una vaga mención a restablecer la institucionalidad creada en el marco de los Acuerdos de Paz.

En la historia reciente la presencia de estos organismos ha servido para evidenciar a los gobiernos autoritarios civiles y militares, neoliberales todos, aunque poco ha hecho para detener la violación a los derechos humanos. Ahora con un gobierno “progresista” a lo cual nosotros como PSOCA siempre alertamos de su incapacidad de resolver muchas de las demandas sociales que sirvió para su triunfo ante las maniobras golpistas, también consideramos que todas estas recomendaciones solo se quedan en el papel si las organizaciones populares de la clase trabajadora no crean un frente único de lucha.

Por Armando Tezucún

La fiscal general, María Consuelo Porras, protectora y defensora de las mafias que por años han lucrado mediante negocios turbios con los fondos del Estado, no se da por vencida en su empeño por desacreditar y destituir al gobierno, en especial al presidente Bernardo Arévalo.

El 31 de julio, la jefa del Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución de varios de los funcionarios del gobierno y que se inicie un proceso contra Arévalo. Porras se respaldó en un amparo provisional otorgado el 8 de mayo por la CC a favor del MP, en el que se ordena al ejecutivo evitar acciones que tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del MP. En ese sentido, la fiscal general presentó en la CC una debida ejecutoria para que se cumpla dicho amparo, en vista de recientes críticas y señalamientos hechos por funcionarios del gobierno contra Porras y personeros del MP en torno a acciones legales relacionadas al caso que esa entidad lleva sobre el proceso electoral del año pasado, en especial contra el partido de gobierno, Movimiento Semilla.

Específicamente, se trata del requerimiento, por parte de fiscales del MP, de archivos físicos y digitales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con información sobre los exintegrantes de las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central, y lo más grave, la requisición del Padrón Electoral. El 29 de julio, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, declaró que el MP no ha dejado de solicitar todos los días materiales y archivos al tribunal, y que la requisición de computadoras con el padrón es muy delicada, pues contiene datos confidenciales de más de 10 millones de personas. Ese mismo día, el secretario de comunicación del gobierno, Santiago Palomo, calificó como secuestro la requisición del Padrón Electoral, diciendo además “El Gobierno de la República urge a las autoridades del Sistema Judicial a corregir las acciones de los jueces y fiscales que han permitido el abuso institucional a manos del Ministerio Público” (Prensa Libre 20/07/2024).

En un extenso video, la fiscal Porras acusó al gobierno de querer tomar el control del MP, y solicitó, en base al amparo provisional del 8 de mayo de 2024, la destitución del secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica; el procurador general de la nación. Julio Roberto Saavedra Pineta; el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, además de pedir el inicio de un proceso penal contra el presidente. Porras acompañó la denuncia de una crítica a la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no la favoreció, y de ataques a la gestión de Arévalo en el gobierno, por el alza en los precios de los alimentos y la falta de reparación de carreteras dañadas por las lluvias.  

En respuesta a las acciones de la fiscal general, el 1 de agosto el ejecutivo anunció que solicitó el retiro del derecho de antejuicio de Porras, por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad; además, solicitó la revocatoria del amparo provisional de mayo que protege a Porras. El 29 de febrero la presidencia ya había presentado una solicitud similar, a la que aún no se ha dado trámite. Arévalo arremetió contra la fiscal, tildándola de “actor antidemocrático”, de restar importancia a “casos graves de lavado de dinero y robo a costa del pueblo, mientras criminaliza a periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y funcionarios de este gobierno que le son incómodos para sus acciones corruptas” (Prensa Libre 01/08/2024).

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad todavía no se pronuncian sobre las solicitudes de Porras y Arévalo. Tienen en sus manos una brasa caliente, pues la destitución de funcionarios de gobiernos y la suspensión del derecho de antejuicio del presidente podrían derivar en una crisis del orden constitucional; habrá que ver si valoran más su alianza con la fiscal general y las estructuras corruptas, que su deber de velar por el buen funcionamiento del orden legal del país.

Lo que se evidencia una vez más es que Arévalo insiste en recurrir a maniobras legales para desembarazarse de la jefa del MP, en vez de buscar el apoyo de los sectores de la población que aún lo respaldan. Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares para reclamar en las calles la renuncia de Porras y su banda de corruptos, tal como lo hicieron valientemente en octubre del año pasado; no se trata de defender al gobierno de Arévalo, quien por su alianza con los empresarios y los imperialismos extranjeros no se atreva a movilizar al pueblo trabajador, sino de defender los derechos democráticos frente a las mafias corruptas que se han enquistado en las instituciones del Estado.