Por Marcos Galicia

¿Por qué el congreso no aprueba un Estado de Calamidad en medio de una crisis climática? Las recientes lluvias en el país han provocado pérdidas humanas y económicas. El presidente declaró un Estado de Calamidad el 8 de julio, para atender la crisis climática que atraviesa el país. Carreteras destruidas, municipios inundados, cosechas dañadas y un creciente número de casos de enfermedades respiratorias a lo largo del país son algunos de los motivos para esta solicitud.

Revisando qué es el Estado de Calamidad, el sitio web del Congreso de la República indica lo siguiente: “Artículo 15 de la Ley de Orden Público, la cual es ordenada por el presidente de la República y cuya función principal es evitar los daños posibles” haciendo referencia a daños por emergencias o fenómenos naturales. Pese a los desastres que ocurren por las lluvias, el congreso -con la mayoría de oposición- improbó el jueves 11 el Estado de Calamidad, retrasando las acciones necesarias para prevenir o mitigar daños.

La más reciente fue en abril del presente año, en el cual el presidente declaró Estado de calamidad debido a los incendios forestales y de basureros a lo largo del país. La medida sirvió para evitar que las personas se expusieran a la contaminación derivada de los incendios. Sin embargo, en esta ocasión la situación fue difícil. No olvidemos que el Congreso tiene mayoría de oposición frente al partido oficial “Movimiento Semilla” y que desde ahí también se están entorpeciendo las medidas que tome el Ejecutivo.

Sin embargo, durante el gobierno del infame expresidente Alejandro Giammattei, se aprobaron más de nueve Estados de Calamidad -y muchos de ellos con ampliaciones- y es necesario reconocer de inmediato que muchos de los negocios y transacciones durante dichos Estados fueron poco transparentes. Las “compras directas” fueron compras sobrevaloradas sin cotización ni fiscalización, que resultaron en focos de corrupción a lo largo de su estadía en la presidencia, y la pandemia por Covid-19 fue la excusa perfecta para beneficiarse a costas del dinero público mientras la población sufría los estragos de una pandemia y de la crisis climática.

¿Por qué el Congreso no aprueba el Estado de Calamidad cuando más se le necesita? Nuevamente la mala intención de entorpecer a este nuevo gobierno y además que en esta ocasión no existen “compras directas” en donde se beneficie una clase política corrupta. Las pérdidas humanas, comerciales y turísticas siguen su curso y pese a existir evidencia de que el país atraviesa una crisis climática, los diputados de derecha no ceden a la razón y prefieren mostrar un “logro” más como oposición mientras las personas siguen sufriendo por los fenómenos climáticos.

¿Es posible un Estado de Calamidad sin corrupción? Guatemala llegó a este punto de crisis después de 3 gobiernos que se dedicaron a saquear el erario público y a desmantelar la institucionalidad del Estado. La burguesía emergente que lucra a través de negocios con el Estado, coludida con políticos corruptos enquistados en el Estado, no esperaban la victoria del partido Semilla en las elecciones pasadas, ni el levantamiento popular de octubre, por lo que están en una ofensiva para entorpecer las acciones del actual gobierno y eventualmente removerlo del poder.

Durante los tiempos de Giammattei, los Estados de Calamidad se aprobaban rápidamente, pero en esta ocasión atestiguamos cómo se improbó una solicitud en medio de una crisis contundente para el país. La crisis climática ya está aquí y las consecuencias del cambio climático impactarán fuertemente en la región centroamericana en los años venideros. La corrupción ha demostrado ser un estorbo para mitigar y prevenir los daños de los fenómenos climáticos.

Otra tormenta se encuentra en el país y el sistema de justicia se encuentra en el ojo. Hablamos de la elección de cortes en el organismo judicial. “Llueve sobre mojado” sobre la población guatemalteca que no solo debe adaptarse y hacerle frente a la crisis climática sino también a una ofensiva de los grupos oligarcas que se resisten a dejar el poder. Esta podría ser la oportunidad que estábamos esperando, de arrancar nuevamente las revoluciones abortadas, pese a que da la impresión de que estamos “al borde del abismo”.

Si no hacemos una pausa a las actividades que provocaron el cambio climático, el planeta hará una pausa por nosotros y eso implicará que la escasez de recursos puede llevar a la creación de nuevos conflictos. La conciencia ambiental es parte de la conciencia de clase, en donde las oligarquías representan una amenaza para la paz social y la vida en el planeta. No olvidemos los nombres de aquellos que vieron las advertencias -como la hambruna- e ignoraron las señales.

Por Leonardo Ixim

El pasado 10 de julio, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) movilizó a sus bases a la ciudad de Guatemala, copando el Centro Histórico, evento al cual se calcula que por lo menos llegaron cinco mil manifestantes. 

Lo destacado de esta movilización es que es la primera gran acción de protesta contra el gobierno socialdemócrata del Movimiento Semilla. En el cierre del acto líderes hombres y mujeres procedentes de comunidades, en su mayoría rurales e indígenas, representantes de la juventud de la organización, de comunidades de migrantes en Estados Unidos ligados a CODECA, y la principal líder Thelma Cabrera, ex candidata presidencial, tuvieron un duro mensaje al gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, al que calificaron de responder a los grupos empresariales y las distintas facciones burguesas y no a las demandas populares.

El pliego de demandas incluía exigir la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y otros funcionarios vinculados al plan golpista. También parar los desalojos a comunidades campesinas que ocupan tierras que han sido reclamadas por éstas, por medio de orden de jueces coludidos con terratenientes. Se reclamó además por el alto costo de la canasta básica, que en los últimos meses ha sufrido una escalada inflacionaria. 

La primera demanda debe ser operativizada por las organizaciones sociales, ya que el gobierno muestras errores tácticos y estratégicos en lograr ese cometido, pero a la vez una dejadez criminal con mantener a esos personajes. La segunda es una demanda estructural que solo se resuelve con una reforma agraria integral y total, pero que en el caso de la serie de desalojos que se han registrado en este gobierno, obedece a órdenes ilegales llevadas a casos penales, cuando éstos se pueden resolver por la vía civil, ahora con el agravante de que el Ministerio de Gobernación se presta a eso. 

En el caso de los altos costos de canasta básica, implicaría eliminar a los intermediarios que encarecen los costos, además de garantizar mercados directos para los productores, eliminar el IVA al consumidor y controlar los precios en márgenes beneficiosos para los productores, distribuidores y consumidores de clase trabajadora.

Por último, planteaban que el gobierno de Arévalo y Herrera rompa con el CACIF (la coordinadora asociaciones empresariales que aglutina a la burguesía), algo que sabemos es imposible, por el carácter pequeño burgués de Semilla y porque su otro aliado, el gobierno del Partido Demócrata en EU podría perder las elecciones en noviembre contra Trump.

Para finalizar, CODECA cierra su pliego petitorio con la Asamblea Constituyente Plurinacional. Si uno lee el programa de la ACP, verá que es totalmente democrático y revolucionario, por ejemplo, en la demanda de la nacionalización de los bienes comunes y sectores privatizados, mucho más que otras expresiones de izquierda como la URNG o Winaq;  pero se queda corto en lo que respecta a las demandas transicionales y permanentistas, mantiene un fetiche con la propiedad privada de los medios de producción.

Ahora bien, la actitud del gobierno fue de ignorar a la dirigencia de CODECA, la cual pidió una reunión con Arévalo y este desapareció del Palacio Nacional de la Cultura. Arévalo se reúne gustosamente con los personeros del CACIF, pero no recibió a la dirigencia de CODECA. 

Tal situación fue acompañada de algunas opiniones en redes de diputados de Semilla, mostrando su desconocimiento, discriminación y hasta racismo. Sin duda una reacción estúpida, más cuando la extrema derecha se desvive por atacar al gobierno ante los reales o aparentes problemas de ejecución gubernamental, en parte por el bloqueo que estos partidos le tienen al gobierno en el Congreso de la República.

Los socialistas centroamericanos consideramos que CODECA, junto a las organizaciones populares, sindicales, campesinas, estudiantiles, comunitarias y de los pueblos mayas, mestizos, xincas y garífuna deben organizar un frente de lucha independiente del gobierno y de cualquier facción de la burguesía. Es más, esa es la única garantía de implementar una ACP que sea un  instrumento de organización y de disputa al poder burgués, no un simple órgano administrativo gubernamental y que, por otra parte,  exprese los intereses de la clase trabajadora en la  diversidad de pueblos y no como expresión de un vago culturalismo. 

Por Armando Tezucún

Desde mediados del mes de junio el pueblo trabajador guatemalteco se ha visto afectado por una imparable alza en los precios de los productos que conforman la canasta básica, en especial las frutas y verduras. En cuestión de pocas semanas, productos esenciales para la cocina familiar han llegado a precios sin precedentes, como el aumento de la libra de tomate en un 66.66%, la de cebollas en un 33.33%, la de papas en un 28.5%, la unidad de lechuga en un 233%, la unidad de brócoli en un 20%, y así por el estilo muchos otros productos.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el mes de junio aún no reflejan esta tendencia alcista. Es más, el INE informó que el ritmo inflacionario disminuyó, desacelerándose, y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un comportamiento bastante estable durante el primer semestre del año. Esta información no refleja el comportamiento del segmento de frutas y verduras, cuyos precios han estado en constantes alzas desde enero; estos alimentos son un componente fundamental de la economía familiar, y su costo afecta a los consumidores de escasos recursos y a los pequeños comerciantes que los distribuyen, pues las ventas han disminuido.

El INE hizo cambios en los cálculos desde hace unos años, divulgando el costo de las canastas básicas ya no para una familia de cinco integrantes, sino para una persona individual (per cápita). De esta manera, al mes de junio el costo de la canasta básica alimentaria urbana se situó en Q 866.97 (Q 4,334.85 para una familia); el de la canasta básica alimentaria rural en Q 670.79 (Q 3,353.95 por familia); la canasta ampliada urbana en Q 2,098.92 (Q 10,494.60 por una familia); y la canasta ampliada rural en Q 1,320.11 (Q 6,600.55 por familia). El salario mínimo vigente más elevado (entre las seis categorías existentes) asciende a Q 3,634.59, y el más bajo a Q 3,171.90. Es evidente que ni el salario mínimo más elevado alcanza para cubrir las necesidades de una familia en alimentación y servicios; y en la mayoría de empresas el sueldo mínimo es el máximo salario que pagan. El alza en los precios de los alimentos ha venido a agravar la ya precaria situación de las familias trabajadoras.

¿Cuál es la causa del aumento de precios de los alimentos? En los mercados, algunos vendedores al menudeo opinan que los productos están siendo acaparados para ser trasladados a los supermercados. Para otros, las intensas lluvias acaecidas entre junio y julio, precedidas por una fuerte ola de calor, han afectado los cultivos, provocando escasez; las lluvias causaron también fuertes daños a las carreteras, encareciendo el transporte de mercancías; otros llegan al extremo de afirmar que los opositores al gobierno de Arévalo están provocando escasez y desabastecimiento para afectar la gestión del presidente.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), del Ministerio de Economía, anunció el 12 de julio que realizaría operativos en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público para “combatir la especulación, los sobreprecios y los delitos tributarios”; las acciones estarían dirigidas la todos los agentes económicos que participan en la cadena de comercialización de frutas y verduras, en especial las centrales de mayoreo y centros de abastecimiento (Prensa Libre 12/07/2024).

Como resultado de los operativos, la DIACO presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue a las personas que pudieran estar especulando con la comercialización de los bienes agrícolas, incluyendo a toda la cadena de distribución, desde productores hasta tiendas de barrio; se solicitó una pena de tres años de prisión y multa de hasta Q 100 mil para los culpables.   

Por su parte, el gobierno inició la implementación de Ferias del Agricultor, con productores ofreciendo directamente sus productos, sin intermediarios. Esta es una medida limitada, pues los productores son agricultores que han recibido un seguimiento y apoyo de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir, una minoría; además, la que se realizó en la capital se ubicó en un lugar de difícil acceso a las clases populares.

Proponemos que la población de los barrios se organice en comités, tal como se hizo durante las protestas de finales del año pasado, con el apoyo de las centrales sindicales, y se coordinen con los vendedores de los mercados, para controlar los precios. Las propias organizaciones sindicales deben tomar en cuenta estas alzas, al momento de negociar los nuevos salarios mínimos en el Ministerio de Trabajo, contra la resistencia que presenten las cámaras empresariales.

Por Leonardo Ixim

Nuevamente el negocio sucio en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en Puerto Quetzal, el principal puerto de Guatemala en el Océano Pacifico, realizado durante el gobierno de Otto Pérez Molina, vuelve a generar polémica, porque se cancela la propiedad jurídica que la empresa tiene, tras una orden de un juzgado de lo contencioso administrativo.

Pérez Molina había entregado en usufructo por 25 años un área de 348 mil 171 metros cuadrados del Puerto a la firma TCQ, que a su vez es subsidiaria de la empresa española Transporte de Contenedores, domiciliada en Barcelona, Cataluña.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, en ese entonces dirigido por Thelma Aldana, y la desaparecida CICIG, en el caso La Línea, contra el binomio presidencial del extinto Partido Patriota, reveló que ese contrato otorgado a la trasnacional catalana era anómalo. Esta empresa entregó una coima de US$ 8 millones a Pérez y Roxana Baldetti, quien era la vicepresidente.

TCQ es una terminal anexa a la Empresa Puerto Quetzal, de propiedad mayoritariamente estatal, construida por los gobiernos militares a finales de la década de los 70s del siglo pasado. En la obtención del contrato a esta empresa por medio de una concesión del Estado se recibió un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) adscrita al Banco Mundial. En ese momento el mayoritario Sindicato de Trabajadores de Puerto Quetzal (STOPQ) denunció el hecho y ayudó a revelar ese acto de corrupción.

Durante el gobierno de Jimmy Morales el Estado intervino poniendo como interventor a Alexander Aizenstatd, hombre ligado a las facciones oligarcas del capital; éste le traspasó TCQ a otra trasnacional, APN Terminals, de capital neerlandés, que adquirió el 85 por ciento de las acciones y la CFI el 15 %; esto, en lugar de quedar en manos del Estado, por medio de una concesión onerosa por 25 años, pese a que la empresa pretendía más tiempo. La trasnacional accedió pagarle al Estado 30 millones de dólares por concepto de reparación civil para iniciar actividades en 2017 y demandó a los antiguos propietarios por ocultar información.

Pero, en diciembre de 2017, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo declaró nulo el contrato; por su parte, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han confirmado el fallo. Sin embargo, en ese intervalo esta empresa ha seguido teniendo importantes ganancias y se ha demostrado que la empresa no ha tenido capacidad de tener la logística de la carga.

Pese a que los distintos dueños de TCQ se han comprometido a instalar una maquina rayos x que escanea la carga, la cual es un instrumento fundamental para detectar el contrabando de drogas, ninguna de estas trasnacionales lo ha hecho. En la actualidad, según cifras de Naciones Unidas, el transporte de cocaína hacia Estados Unidos y Europa se realiza por medios de puertos, lo cual implica complicidad con las autoridades.

Según el medio digital Soy502, en los últimos 40 años, el Puerto Quetzal no ha tenido ninguna inversión para mejorar sus instalaciones, y por ahora la única terminal moderna es la de APM Terminals, que cubre el 60% de las operaciones de EPQ, pues tiene la capacidad de recibir y entregar más de 200 mil contenedores al año, mientras que las instalaciones nacionales solo pueden cubrir hasta 130 mil (Gramajo, Jesica; Soy502 19/06/24).

Sin duda esta opinión de un medio corporativo tiene un sesgo pro empresarial, pero evidencia una realidad, que producto de las contrarreformas neoliberales aplicadas desde mediados de los 90s del siglo XX, se han ido privatizando total o parcialmente los bienes públicos administrados desde el Estado, desinvirtiendo en ellos, para que los grupos del capital terminen manejándolos o apropiándoselos.

Ahora que se canceló el usufructo por el plazo dado por el juzgado ya mencionado, y se modificó el registro en la propiedad, el terreno pasa a EPQ; sin embargo, el Registro de la Propiedad puede no cancelar la personería jurídica para que APN Terminals siga operando. Y alli esta la presión de los grupos de la burguesía que buscan mantener el contrato o entregársela a otra empresa.

El Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (STOPQ), adscrito a la central UNSITRAGUA, junto a los sindicatos minoritarios y las demás centrales sindicales, deben asumir una actitud crítica y de lucha frente al gobierno de Arévalo, que anunció una nueva concesión o una alianza público-privada. No debemos tener ilusiones de que este gobierno dejará de beneficiar a sectores del capital; y junto a CODECA y otras organizaciones armar un frente unido de lucha.