Por Óscar Andrade

En octubre de 2007 docentes-títere de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se presenta a instancias de la Corte de Constitucionalidad, máximo ente Institucional del país, con la finalidad de colocar un recurso de amparo constitucional el cual despoja a los estudiantes de la facultad de poder elegir al vocal primero y segundo de las juntas directivas de sus respectivas facultades. Los docentes argumentan que: “los catedráticos deben de votar por los catedráticos y los estudiantes por los estudiantes”. Si bien es cierto que el vocal primero y segundo son representantes de los catedráticos, el proceso se llevó de la forma más hermética posible, y no se notificó al estudiantado sobre estas acciones. Además que se creó un desbalance de elección en la junta directiva.

Esto ha provocado una violación a la Autonomía Universitaria, instituida por el Congreso de la Republica en 1947, debido a que no hubo un proceso interno en la Universidad para solventar la problemática, además de la intervención del Estado respecto a cómo se debe de llevar la administración universitaria.  Desde el 2008 que se han hecho movilizaciones de estudiantes ya sea para hacer plantones como fue en la Corte de Constitucionalidad, o los cierres prolongados de la Universidad y la toma de Rectoría.

Éstas han sido medidas de presión para la restitución de los derechos despojados y hasta ahora sin mayor efecto. El paro de los 11 días en el Campus Central, Centro Metropolitano Universitario y Centros Regionales,  es reflejo del descontento por la manera como las autoridades han decidido llevar la Universidad por donde les conviene, haciendo a un lado la opinión de tantos profesionales, catedráticos y estudiantes, de nuestro gobierno TRIPARTITO,  sin mencionar los despidos  injustificados, la falta de ética con que se manejan las autoridades  y las extorsiones que sufren los vendedores en el tiempo de la Huelga de Dolores.

El autodenominado Movimiento de Estudiantes por la Autonomía (EPA), surge de una forma coyuntural en la medida que se pretende frenar este proceso. Luego de la apertura de la Universidad y demás Centros,   se crea una mesa de diálogo constituida por miembros de Consejo Superior Universitario y estudiantes de dicho movimiento, la cual busca darle una solución a esta problemática casi dos años y medio después de que el mismo Consejo no se pronunció en defensa de la Autonomía Universitaria y es ahora que  los mismos docentes quieren ser parte de la mesa de diálogo.  Mientras que la mesa de diálogo tambalea por falta de voluntad política de parte de varios sectores además de la coyuntura que está viviendo el Consejo para la elección de magistrados, emplazamiento por parte de de los trabajadores, las denuncias por represión política que ha vivido el sector profesional en los colegios para votar por el Rector.

Mientras,  el movimiento E.P.A  se ha puesto en la tarea de hacer asambleas informativas de facultad en facultad  y de clase en clase para exponer la problemática y en el transcurso de éstas, hasta ahora se ha visto una respuesta un poco indiferente y muy pensativa por parte del sector estudiantil, haciendo ver que la desinformación se ha agravado en los últimos años, cosa que dificulta el proceso de la reivindicación del movimiento estudiantil,  movimiento que fue secuestrado tras la farsa firma de los acuerdos de “Paz”. El movimiento iniciado por la EPA puede dar la pauta para el resurgimiento del movimiento estudiantil universitario.

Esta es la importancia de esta agrupación. Ahora  se ve una oportunidad de impulsar un cambio, ya sea en sacar a los dirigentes corruptos perpetuados en los cargos de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), o para exponer de una forma masiva el verdadero estado de la universidad dentro de la propia universidad.  Sin embargo la lucha actual no es solo para la reivindicación del movimiento estudiantil, se lucha contra  la ceguera impuesta y divulgada por autoridades a la cual nos hemos acomodado, sin mencionar la amnesia histórica a la que nos hemos sometido por complacencia y falta de lucha. La campaña de agitación y propaganda que realiza la EPA inicia el fin de esta ceguera.

Por Bernardo Jimenez

¿Existe posibilidad de golpe de estado contra el presidente Colom?, ¿Hay un plan de desestabilización al gobierno actual de parte de la extrema derecha y de la oligarquía tradicional?, ¿O es una campaña propagandística del gobierno para desviar la atención de sus incapacidades como administrador del Estado?, ¿Existe un ruptura en el bloque dominante o son reacomodos dentro de éste?

Recientemente la presidencia de la república y el partido en el gobierno, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), publicaron en los medios escritos la existencia de una campaña de desprestigio de parte del poder político y económico y señalando a Dionisio Gutiérrez (accionista principal del Holding Multinversiones, propiedad de la familia Gutiérrez Bosch,  uno de los monopolios más poderosos de la burguesía, que a su vez tiene un programa de opinión que se televisa en el canal tres llamado “Libre Encuentro”) de lanzar junto a los principales periódicos como Prensa Libre, Siglo XXI y El Periódico, que responden a los intereses oligarcas, una campaña de desprestigio.

Las razones según el gobierno y el partido oficial se deben,  dicen ellos, a que la actual administración por medio de sus políticas de carácter asistencialistas están mejorando los niveles de vida de la población y que la ofensiva que desde el congreso diputados al servicio de la burguesía han arrojado en lo que se refiere a la fiscalización de fondos de esos programas es parte de la misma campaña de desprestigio. Los comunicados plantean que no están contra la fiscalización de los fondos pero que el interés de fiscalización escapa de ese fin.

La prensa burguesa, las organizaciones patronales y los grupos de la sociedad civil al servicio de la oligarquía salieron defendiéndose de que esta es una ofensiva del gobierno para esconder sus debilidades y la corrupción encontrada en estos programas y señalaron que Colom recibe asesoría de personas vinculadas a los gobiernos de Chávez y Ortega y al  igual que éstos lanzan  campañas de desprestigio por su condición de totalitarios.

Los medios de comunicación en este país históricamente han sido instrumentos para la guerra psicológica que  la burguesía y sectores de extrema derecha del ejército  han usado con el fin de desestabilizar gobiernos que tímidamente se han apartado de los  intereses oligárquicos.

Esta campaña ha rebasado lo mediático y junto a la renuncia en días anteriores del director de la Comisión de Investigación en Contra de la Impunidad, que encontrándose en un callejón sin salida por su parcialidad hacia la oligarquía, se da cuenta que la impunidad es sostenida desde ese sector en el cual  confió  y pone en evidencia con su renuncia la situación de crisis del Estado. Junto a las acciones de la Corte de Constitucionalidad en el caso de elección a fiscal general,  primero ordena un nuevo proceso y una nueva conformación de los miembros de la comisión de postulación cayendo un impase y ahora da un plazo para la elección revirtiendo su resolución, evidenciando claramente que este organismo se vuelve  instrumento de la oligarquía que puede ser usado para defenestrar el presidente.

Hasta las recientes acciones en contra de pasajeros de buses urbanos que fueron víctimas de atentados terroristas con granadas asesinando a varias personas, lo cual pone evidencia que no son mareros ni extorsionadores, sino elementos de baja y quizás de alta de la inteligencia militar, que lo que se busca es un plan para generar condiciones para que legalmente se exija la renuncia del gobernante.

Nosotros consideramos que este gobierno representa a sectores emergentes de la burguesía que buscan la hegemonía dentro del bloque dominante, que mantiene el mismo proyecto de acumulación capitalista que la oligarquía pero que buscan una mejor tajada del pastel y no están dispuesto a romper el bloque pero sí a posicionarse en él y se lograría plenamente esto con otros cuatro años más de la UNE en el gobierno. Por su parte la oligarquía y la extrema derecha (civiles y militares), a toda costa tratan de evitar esto buscando las formas tanto legales como mediáticas para sacar al presidente o desprestigiar a la UNE para que no gane las próximas elecciones.

Cada 30 de junio la oligarquía y las clases dominantes de Guatemala celebran el día de la fundación de su ejército, el ejército que desde la formación del actual Estado Oligárquico en 1871 ha defendido los intereses de los explotadores y los opresores nacionales y extranjeros.

Este cuerpo armado llevó a cabo, con el pretexto de combatir a la guerrilla insurgente, masacres atroces contra la población guatemalteca, en especial campesinos indígenas. Docenas de miles de muertos y desaparecidos fueron el resultado de la política impulsada por los gobiernos militares para socavar las bases de apoyo a los combatientes guerrilleros. Pero este genocidio también sirvió para enriquecer a los jefes militares, que con las manos ensangrentadas se apropiaron de cientos de hectáreas de tierra fértil arrebatada a sangre y fuego a las comunidades campesinas indígenas que fueron exterminadas. Estos oficiales forman parte actualmente de los sectores más oscuros del ejército, vinculados al narcotráfico, al sicariato y a los poderes paralelos.

Los acuerdos de paz firmados en 1996 establecían la reducción numérica del ejército, la clausura de bases militares y la restricción de su papel en la sociedad. Después de algunos años de cumplida esta disposición, vemos con alarma que poco a poco los gobiernos burgueses han dado marcha atrás, incrementando el número de soldados, haciendo participar a efectivos del ejército en tareas de vigilancia que corresponden a la policía y reabriendo bases que habían sido cerradas. Así mismo el ejército ha participado en acciones represivas contra marchas y protestas de comunidades que defienden sus derechos.

En este día el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia este proceso de re militarización de nuestra Guatemala. También denunciamos la serie de asesinatos de dirigentes populares acaecidos en los últimos meses. A pesar de que supuestamente el conflicto armado llegó a su fin hace más de diez años, las empresas voraces nacionales y extranjeras continúan haciendo prevalecer sus intereses mediante el asesinato extrajudicial, las amenazas y la utilización de organismos represivos paralelos. El gobierno de Álvaro Colom y la UNE, a pesar de que proclaman que benefician a los pobres, ha implementado la represión sistematizada imponiendo estados de prevención (suspensión de los derechos ciudadanos) en las zonas donde las comunidades y pobladores se levantan para defenderse de los empresarios ávidos de ganancias.

Por estas razones, junto con las organizaciones revolucionarias hermanas proclamamos este día como Día de los Héroes y Mártires de las luchas populares y honramos la memoria de los luchadores y luchadoras asesinados recientemente por sicarios a sueldo de empresarios sin escrúpulos. A los soldados y oficiales de bajo rango, de origen campesino y popular, les exhortamos a que den la espalda a los altos mandos que sirven a los intereses de las clases dominantes y se sitúen del lado de los oprimidos y explotados, y que luchen por sus propios derechos.

Los campesinos, indígenas, trabajadores asalariados, estudiantes y demás sectores populares debemos enfrentar unidos la represión empresarial y gubernamental, por todos los medios disponibles y hacer de la lucha contra la represión uno de los ejes de nuestra política.

PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

Guatemala, 30 de junio de 2010

Por Armando Tezucún

En respuesta a la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bajo la presión de las comunidades campesinas e indígenas, además de las recomendaciones del relator de la ONU en Derechos Humanos James Anaya, el 23 de junio el gobierno de Álvaro Colom anunció que cumpliría con las medidas cautelares pedidas por la Comisión, que incluyen, entre otras cosas, la suspensión de actividades en la mina Marlin.

El comunicado presidencial provocó júbilo y celebración entre las organizaciones campesinas y sindicales. Los compañeros del Frente Nacional de Lucha titularon su comunicado “¡Por fin una medida que debemos aplaudir!” y calificaron la medida gubernamental como “…un triunfo popular que habrá que consolidar y defender”.  Otros compañeros lo consideraron “…un gran paso y avance del pueblo sipakapense y del pueblo mam de San Miguel Ixtahuacan…”.

Ciertamente, que el gobierno burgués acceda a la petición de la CIDH debe ser considerado un logro de las luchas que desde hace años vienen dando las comunidades indígenas y campesinas por defender sus territorios de la voracidad de empresas nacionales y transnacionales. Pero debemos recordar la naturaleza ambigua de este gobierno que pretende ser “de los pobres”. El comunicado gubernamental dice explícitamente que la suspensión de las actividades mineras ser realizará “para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos”.

Como reconocen implícitamente los compañeros del FNL, este gobierno no es de fiar. Ha aceptado las medidas para no quedar mal visto por la ONU y para apaciguar la presión popular. Pero sabe que la suspensión de actividades de la Marlin no será inmediata. El mismo comunicado del gobierno dice “El Gobierno  de Guatemala, de conformidad con las posibilidades de su propio ordenamiento interno, iniciará el proceso administrativo correspondiente, con el fin de que la medida cautelar pueda cobrar legalmente vigencia” (Prensa Libre 24/6/10). Por lo tanto, como informó Carlos Loarca, asesor jurídico de las comunidades indígenas, el gobierno aún no ha declarado legalmente la suspensión de actividades en la mina, sino que solamente anunció que iniciará el proceso administrativo, lo que permitirá a la empresa minera Montana Exploradora presentar recursos legales, lo cual implica un proceso prolongado.

En efecto, los ejecutivos de Goldcorp y Montana Exploradora anunciaron en conferencia de prensa el 24 de junio que la mina continúa operando normalmente. La organización ambientalista Centro de Acción Legal Ambiental, consideró que el proceso puede tomar varios años. Y la comisionada gubernamental para los Derechos Humanos, la ex izquierdista Ruth del Valle anunció un monitoreo para investigar los efectos en la salud de los habitantes vecinos de la mina que durará tres años. De esta manera el gobierno hipócritamente se cubre las espaldas de las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras sabe que aunque de inmediato provoque la ira de la burguesía criolla, al final quedará bien con la transnacional y con el poder económico local.

Por otro lado, ignorando el estudio realizado por la Universidad de Michigan que reveló la presencia de metales pesados en porcentajes peligrosos en la población aledaña a la mina, el gobierno insiste en que los estudios realizados por los ministerios de Salud, Ambiente y Energía y Minas no demostraron contaminación en las aguas de las comunidades ni enfermedades vinculadas a una presunta contaminación.

En cuanto a la recomendación de la CIDH de garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades cercanas a la mina, el gobierno afirmó que “…mantiene los esfuerzos para preservar la integridad física y la vida de los miembros de las comunidades mencionadas (…) ejecuta órdenes de aprehensión únicamente cuando son emanadas de los órganos jurisdiccionales competentes” (Prensa Libre 24/6/10). Lo anterior fue contradicho por la captura del compañero Marcos Antonio Pérez Bámaca de la comunidad Agel en San Miguel Ixtahuacán, el 23 de junio alrededor de la 7 de la noche, quien fue llevado con rumbo desconocido.

Los representantes de la oligarquía y el poder económico burgués  pusieron el grito al cielo. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dijo que la decisión del gobierno es un “...mensaje negativo para los inversionistas interesados en venir a nuestro país” (Prensa Libre 25/6/10). El editorial del diario burgués Prensa Libre del 25 de junio afirma, entre otras cosas “Es allí donde otras inversiones evidentemente se ahuyentan, al buscar países donde las reglas del juego sean claras.”. Unos días antes el mencionado diario había editorializado contra las declaraciones del relator de la ONU James Anaya: “…si bien Guatemala debe cumplir con lo establecido por el convenio 169 de la OIT, no tendría sentido que la negativa de un grupo humano determinado, muchas veces a causa de desinformaciones, impida inversiones u obras que son de beneficio para todos los guatemaltecos…”. (Prensa Libre 23/6/10). Y el finquero y ex presidente de la Cámara del Agro Humberto Preti había despotricado en su columna sabatina diciendo que la visita de Anaya fue aprovechada por “…aquellos que viven bien de hablar mal y cuentan con recursos para movilizar a gente pobre e ignorante a la que manipulan, como sucedió con la concentración en San Juan Sacatepéquez, en donde se dijo no a todo, minería, cemento e hidroeléctricas.”. (Prensa Libre 19/6/10).

Pero los representantes de las clases explotadoras no tienen porqué preocuparse. El gobierno de Colom, como buen socialdemócrata (recordemos lo que los gobiernos socialdemócratas están haciendo en estos momentos contra los pueblos y trabajadores de Grecia y España) administra el Estado en última instancia, para beneficio de los poderosos. Se ajusta una máscara para no quedar mal con la ONU, pero sabe que no cerrará la mina Marlin.

En efecto, el 5 de julio el gobierno descaradamente solicitó a la mina Marlin que implementara tres medidas que implican que la empresa continuará sus actividades. Estas medidas son: 1) “Que la minera instale una estación permanente de medición de vibraciones originadas por sismos y explosivos, en la aldea Agel. Esa planta se colocará de común acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas” (declaración del viceministro de Comunicaciones Jesús Insua, citado por el diario Prensa Libre el 6 de julio). 2) Que la empresa deberá diseñar un estudio de limitación de vibraciones para la futura explotación en el lugar denominado Los Coches, a 300 metros de la aldea Agel. 3) Que la propia empresa lleve un inventario del estado de las casas para evaluar posteriormente la exploración de oro en el sector. (Prensa Libre, 6/7/10). Además, el estudio llevado a cabo por el gobierno sostiene que los daños existentes en 51 viviendas no son causados por las actividades de la mina, sino que se deben a la mala calidad de la construcción de las mismas, en su mayoría de adobe.

En otras palabras, en adelante será la minera, que es objeto de acusaciones, la que vigilará y evaluará las consecuencias de sus acciones. Como dijeron los compañeros del Frente Nacional de Lucha en su comunicado del 9 de julio, para que la mina realice estas evaluaciones, debe continuar con su obra de destrucción, y por supuesto, no va a cerrar operaciones.

Queda en evidencia la mentira y el engaño del presidente Colom, quien con el mayor descaro aparentó una cosa para luego hacer exactamente lo contrario.

La actitud del gobierno ofrece tanta seguridad a la empresa, que ésta tiene planes de abrir otra mina. En una entrevista publicada por el diario Siglo XXI el 19 de julio, los representantes de Goldcorp (la empresa madre de Montana Exploradora y la mina Marlin), Eduardo Villacorta y Mario Marroquín, informaron que actualmente la empresa realiza estudios de exploración y preconstrucción en el departamento de Jutiapa, en un proyecto llamado Cerro Blanco. Confiados en que el estudio presentado por el gobierno les favorece, sostuvieron: “No hay razón por qué parar. No hemos sido suspendidos, y el proceso de evaluación tampoco implica que uno tiene que suspender operaciones…”.

La lucha está planteada. El gobierno pro burgués, pro oligarca y pro imperialista de Colom no deja otra salida. El movimiento indígena y campesino, que ya ha demostrado su combatividad, tendrá que tomar de nuevo acciones de hecho para hacer respetar la voluntad de las comunidades que rechazan la minería a cielo abierto y otras actividades empresariales que dañan el medio ambiente y destruyen sus territorios. Habrá que salir a las calles y carreteras una y otra vez, hasta lograr que el gobierno respete la voluntad popular y cierre definitivamente las empresas mineras destructoras de la salud y los recursos de las comunidades. Esta es la tarea que está a la orden del día.