Por Lic. Fernando Vásquez Taracena Msc.
A las personas, sean universitarios o no, que se pronuncian en contra del movimiento proautonomía que se gesta en esta coyuntura del ámbito universitario guatemalteco, deseo llamarlos a la siguiente reflexión:
Cuando una institución es creada, su objetivo primordial es atender las necesidades de la población hacia la que sus acciones están dirigidas. Por ejemplo, el IGSS tiene como filosofía atender los aspectos de salud de sus afiliados; el Ministerio de Educación debe preocuparse por las necesidades educativas de la población escolar, y, en fin, existe un contingente de personas en cuyas necesidades se ha basado la sociedad para crear la entidad que se trate. Para el caso del IGSS, su razón de ser son sus afiliados; para el MINEDUC, los niños.
Existen algunos casos en que dicha correlación se pierde y se desvirtúa. Por ejemplo, hablando del transporte urbano de la ciudad de Guatemala, el grupo meta debería ser los usuarios, en tanto que en la realidad resulta diferente; o el caso del RENAP, en que el grupo humano beneficiario debería ser la población en general que necesita estar registrada como persona en el país y contar con un documento que le acredite como tal. La razón de existir del Estado de Guatemala son sus habitantes, ¿o lo es el grupo gobernante, los partidos políticos, los funcionarios, los empresarios o grupos en particular?, claro que no, es el pueblo en general.
Para el caso concreto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y para toda universidad pública o privada, además de cualquier institución educativa, el grupo humano beneficiario principal de su existir es el estudiante. Por lo tanto, cualquier lucha que este grupo lleve a cabo en pro de la reivindicación de sus derechos, por naturaleza resulta legítima. Por supuesto, lógico y contundente es el hecho que las condiciones de los trabajadores y del cuerpo docente universitario son absolutamente relevantes y sus derechos y mejoramiento continuo deben elevarse de manera permanente, aspecto que redunda en la optimización de su desempeño académico y laboral, cuyos resultados se revierten hacia los alumnos. Afortunadamente, se cuenta con sindicatos que procuran esto. Pero, estimados amigos, el fin último de la existencia de la Universidad a todas luces es el estudiante y su representación organizativa tradicional, la AEU, ha dejado desde hace años de tener representatividad.
Es por ello que creo que la lucha de los miembros de EPA resulta totalmente legítima, y para ello tomo en cuenta algunos de los puntos en protesta:
El voto estudiantil para las vocalías I y II facultativas es importante, ya que la filosofía universitaria no debe ir sobre la equiparación de poderes entre profesores, estudiantes y profesionales. No, no se trata de una distribución del poder, ¿en qué mente puede caber esto?, se trata de la mejor atención posible a las demandas académicas de LOS ESTUDIANTES, que por supuesto tienen que ir sobre la lógica, la academia y la justicia. Esto cae por su propio peso.
El derecho que tienen todos los egresados de educación media de inscribirse en la USAC para continuar su preparación, es incuestionable. Ese derecho no puede mancillarse con un examen de admisión que lo único que ha logrado es reducir la cantidad de estudiantes, no así elevar la calidad. Si la masificación genera problemas de espacio para la Universidad, la solución no es un examen de restricción, sino echar a andar el presupuesto para ampliar infraestructura y logística. ¡Qué bueno que existan muchos aspirantes a seguir estudios superiores!, ¿no es eso lo que queremos para el país? Un examen de conocimientos mínimo que establezca restricciones de ingreso sería viable en tanto las condiciones educativas del país, desde preprimaria hasta diversificado, tengan un nivel aproximadamente aceptable en calidad. ¿Es ese el caso? Ese aspecto tiene una connotación socioeconómica general más amplia que lo convierte en gran problema nacional, por lo tanto, no debe ser motivo de cercenar el derecho de estudiar en la universidad estatal. Porque, al final de cuentas, si el estudiante rechazado consigue el dinero, estudia en una priva y se gradúa. Entonces, ¿qué estamos logrando como país?... ¿Qué se pague una cuota?, ¿es ese el punto?...
La existencia de un reglamento de evaluación es definitivamente importante en la Universidad, ya que tal aspecto debe ser normado de la mejor forma posible. Sin embargo, si el reglamento existente establece que el estudiante que reprueba por tercera vez una materia debe ser expulsado de la carrera que estudia, este instrumento se convierte en un elemento antiestudiantil. Tal es el caso del reglamento actual, más conocido en los corredores universitarios como “Plan de repitencia”. Claro que no se trata de aceptar, fomentar ni justificar el desinterés que muchos estudiantes muestran por su carrera, que redunda en su bajo rendimiento y que los convierten en una carga para la institución. Simplemente, un plan de repitencia de este tipo no es la forma de hacerlo. Con la aplicación de esta regla se está perjudicando a los estudiantes de hoy, cosa que no se hizo con los estudiantes de ayer, que en muchos casos pudieron haber reprobado materias por tres, cuatro y más oportunidades, pero que con la recuperación correspondiente y un esquema que sí abordaba la preocupación del nivel académico (diferente a lo que acontece en la actualidad), hoy son profesionales plenamente ubicados en el aparato productivo que brindan su aporte al país.
La intención de aumentar el monto del pago por el derecho a estudiar en la USAC no tiene argumento. Esto porque existe un mandato constitucional que asigna el 5% de los ingresos presupuestarios nacionales para la institución, de cuyo monto se ha señalado que las autoridades universitarias ni siquiera lo han obtenido completo, no han luchado por su consecución, mucho menos por la generación de una iniciativa que procure su incremento.
En fin, los estudiantes que se han manifestado en contra del movimiento de EPA se están autoafectando con el desapoyo hacia un hecho que mantiene una lucha por sus propios intereses. Nadie discute su inclinación por que la USAC sea abierta, por no perder el tiempo y por dedicarse a lo que más anhelan en su vida, la culminación de su carrera. Pero cuando una voz que clama justicia no es escuchada, cuando los derechos que son legítimos están siendo impunemente coartados, los afectados deben tomar medidas de hecho para ser escuchados y que sus demandas sean atendidas. Lamentablemente en Guatemala, constantemente tenemos que llegar a estos extremos.
Exhorto a las partes en disputa a continuar el diálogo. Dado que las demandas estudiantiles son claras, justas y legítimas, dicha exhortación va con más fuerza hacia las autoridades universitarias, quienes deben sentarse a la mesa con la idea clara de que la razón de ser de la U son los estudiantes. En tanto no piensen así, los problemas persistirán hoy y mañana. Con una negociación conciente y concreta se logrará abrir las puertas universitarias para que todos retornemos a la normalidad.
A los medios de comunicación los exhorto a jugar el importante papel que les ha asignado la sociedad, pero de una forma imparcial y objetiva, no tendenciosa ni orientada hacia parcialidades como lo hemos visto en la televisión y escuchado en la radio, ya que ello sólo propicia el enfrentamiento y obliga a que la parte afectada aumente el nivel del volumen de sus medidas de hecho. Informen, pero informen verazmente, ya que un medio informativo juega un rol de amplísima responsabilidad en el país y no debe responder a intereses particulares.
La justicia, la razón, la idoneidad y el legado de honestidad y de lucha que tantos mártires nos han dejado como ejemplo, al final del camino han de prevalecer, y en especial para la USAC, tienen que dar sus frutos. Con la preservación de una Universidad autónoma estaremos honrando esa sangre regada y daremos un paso gigante hacia el logro de una Guatemala hermosa, aquella patria con la que muchos aún soñamos.
Lic. Fernando Vásquez Taracena Msc.
Catedrático universitario
Facultad de Ciencias Económicas
USAC
