La crisis mundial del capitalismo ha golpeado con fuerza la economía guatemalteca, la cual creció apenas un 0.5 % en 2009. La baja dramática en las exportaciones ha redundado en un creciente desempleo. Según la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, de octubre de 2008 a octubre de 2009 se perdieron casi 30 mil puestos de trabajo, especialmente en las maquilas y en la industria de la construcción. Esta situación ha provocado el empobrecimiento de la población trabajadora de las ciudades, haciendo proliferar la economía informal y el sub empleo.

Por otro lado, compañías transnacionales y los grupos corporativos de la burguesía nacional están invirtiendo sus capitales en empresas mineras, hidroeléctricas y plantaciones extensivas para la producción de agro combustibles, afectando el medio ambiente, usurpando los territorios de las comunidades campesinas indígenas y destruyendo sus recursos naturales.

Ante la resistencia y la lucha de los sectores populares, los capitalistas nacionales y extranjeros han recurrido al asesinato selectivo de líderes, al peor estilo de los años del conflicto armado interno. Al menos diez compañeros han sido vilmente asesinados, en especial los que han luchado en FRENA contra los abusos de la distribuidora española de electricidad Unión Fenosa. El gobierno de la Une y el presidente Álvaro Colom ha favorecido estos asesinatos prolongando una y otra vez la suspensión de garantías individuales en San Marcos y evitando una investigación exhaustiva.

Denunciamos también el asesinato de nuestro compañero hondureño José Manuel Flores Arguijo, dirigente magisterial víctima de la ola de represión selectiva que realiza en Honduras el gobierno de Porfirio Lobo,  heredero de los golpistas.

Este primero de mayo todas organizaciones campesinas, indígenas, obreras, estudiantiles, populares así como los partidos de izquierda debemos unirnos en un Frente Contra la Represión, por la nacionalización del servicio eléctrico y la expulsión de Unión Fenosa, por la defensa del territorio contra las empresas mineras e hidroeléctricas, por una verdadera reforma agraria, por empleo y salario dignos para todos los trabajadores.

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO, Sección Guatemala

Por Armando Tezucún

Por primera vez en el año los campesinos salieron en protesta a bloquear las carreteras. El miércoles 28 de abril, integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) cerraron el paso en cerca de 13 puntos del país. Cocales y Nahualate en Suchitepéquez; Cuatro Caminos, Totonicapán; Cobán, Alta Verapaz; Quiché; San Marcos; Colomba, Quetzaltenango; Tecún Umán; Mazatenango; Petén; Los Encuentros, Sololá; Santa Cruz Muluá, Retalhuleu; Santa Lucía Cotzumaguapa, Escuintla. Estos son algunos de los lugares bloqueados por los campesinos.

Las últimas acciones de hecho realizadas por las organizaciones campesinas se llevaron a cabo en octubre del año pasado, a raíz de las cuales se conformó una mesa de diálogo con el gobierno. Sin embargo en diciembre los representantes del gobierno abandonaron la mesa. Jesús Godínez, del gubernamental Sistema de Dialogo Permanente explicó que el diálogo se suspendió porque el presidente Colom convocó a otra reunión y hubo falta de comunicación (Diario Prensa Libre 29/4/10).

Es a raíz del incumplimiento del gobierno que el CODECA convocó a sus integrantes a movilizarse para presionar por sus demandas. Esta vez algunos de los puntos que exigen los campesinos engloban necesidades comunes a todos los sectores oprimidos. Exigen al gobierno que aumente el subsidio para el arrendamiento de tierras, que por ahora es de Q 300.00 más un préstamo de Q 2,700.00; demandan la nacionalización del servicio de distribución de energía eléctrica, que fue privatizado en 1998, y como consecuencia el pueblo sufre de los abusos de las compañías distribuidoras, en especial de las filiales de Unión Fenosa; también demandan que baje el precio del azúcar, el cual subió recientemente para desalentar el contrabando hacia México, que provocó escasez nacional; que se suspenda el estado de prevención en San Marcos, el cual ha servido de manto para el asesinato de dirigentes que luchan contra Unión Fenosa; que se evite la contaminación que producen los cañeros, las empresas mineras y las cementeras; y finalmente que haya un aumento en el monto destinado al Programa Nacional de Resarcimiento, que beneficia a las víctimas del conflicto armado interno o a sus familiares.

En algunos de los lugares bloqueados se produjeron incidentes con policías o con pobladores. Sin embargo, luego de unas seis horas de presión, los líderes campesinos acordaron con el gobierno tener una reunión el 6 de mayo e iniciar el diálogo. Con esto, se suspendieron los bloqueos.

Según Mauro Vay, coordinador del CODECA, “Las personas no saben cuánto sufrimos en el campo, no saben si comemos o no, se nos fue quitada la tierra que nos correspondía, para dárselas a finqueros y empresarios, dejándonos en la pobreza que vivimos actualmente”…”Es penoso que el mismo gobierno rompa el diálogo, eso provoca que nosotros como campesinos tomemos las carreteras del país para exigir soluciones a nuestras demandas”…”dejaremos claro que nuestras propuestas como movimiento campesino, son promover la producción de alimentos para las familias que hoy lo necesitan y sufren de hambre, así como no dejar que Unión FENOSA siga haciendo cobros exagerados de la energía eléctrica, y las multas en su mayoría solo las inventan para ahorcar y hundir aún mas en la pobreza a las familias guatemaltecas”. (Diario La hora, versión digital, 28/4/10).

La movilización campesina tuvo la solidaridad del Comité de Unidad Campesina (CUC), cuyo dirigente Daniel Pascual declaró: “Nosotros nos unimos a las solicitudes de los campesinos porque consideramos que están reclamando su derecho tierra, a la alimentación; principalmente esto, porque la gente se está muriendo de hambre, y a pesar de eso no se agiliza la ley de desarrollo rural que debe garantizar la producción de alimentos”. (Diario La hora, versión digital, 28/4/10).

Magali Cano, de la Campaña Guatemala sin Hambre, dijo: “Los campesinos llaman a mesas de diálogo pero no se les toma en cuenta sus peticiones, y lo que les queda hacer es movilizaciones, bloqueos y marchas, así sí los escuchan, porque las personas del campo son las que más sufren las consecuencias de malas políticas”. (Diario La hora, versión digital, 28/4/10).

El año pasado asistimos a multitudinarias marchas y movilizaciones campesinas, primero en julio; y cuando el gobierno incumplió sus promesas y los plazos acordados en los diálogos, nuevamente en octubre. Los compañeros de las organizaciones campesinas no deben permitir que el gobierno esté continuamente engañándoles acordando diálogos cuando está con la soga al cuello por la presión masiva, para luego no cumplir las cosas que promete.

El Partido Socialista Centroamericano considera un avance importante que los compañeros campesinos hagan suyas demandas nacionales como la nacionalización de la distribución y producción de la energía eléctrica, el cese del estado de prevención en San Marcos y la demanda de la baja del precio del azúcar. Estas demandas y otras similares pueden generar la unidad con otros sectores que aún no despiertan a la lucha. Pero consideramos nuestro deber aconsejarles que no se dejen tomar el pelo por el gobierno y sus falsas promesas. Las mesas de diálogo han demostrado ser un recurso de Colom y sus funcionarios para parar las movilizaciones y no solucionar nada. Sólo la movilización permanente y masiva logrará la suficiente presión para que el gobierno finalmente convierta en ley las demandas justas del campesinado. De lo contrario, estaremos condenados a salir a las calles y carreteras cada tres o cuatro meses exigiendo las mismas demandas y recibiendo las mismas falsas promesas.

Por Leonardo Ixim

El martes 20 de abril se realizó la primera parte del complicado proceso característico de la elección para rector de la única universidad pública de Guatemala: la Universidad San Carlos (USAC)). Hubo tres propuestas y ninguna representaba una visión realmente popular de la universidad. Con diferencias, son continuidad de las políticas privatizadoras que se han aplicado en esta casa de estudio y de un compromiso con la clase dominante de este país.

Compiten,  el actual rector, abogado Estuardo Gálvez quien fue decano de la Facultad de Derecho; el actual director de administración interna  el veterinario Carlos Sierra; y el ex decano de la Facultad de Económicas y ex director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la USAC, Eduardo Velazquez.

El proceso eleccionario se caracteriza por ser indirecto y por tanto antidemocrático. En cada facultad, los tres sectores de la U (estudiantes, docentes, profesionales) eligen cinco representantes; estas elecciones fueron el 20. Posteriormente estos cuerpos electorales, elegirán el 25 de mayo al rector.

Supuestamente los cuerpos electorales electos representan la voluntad de los votantes, pero por la misma lógica del proceso pueden cambiar su preferencia por cualquier candidato, por lo tanto, el hecho de que se elijan  representantes que votan por otros es resabio de una universidad colonial controlada por grupos de poder que realmente no confían en la voluntad de las mayorías. Por otro lado, los estudiantes de las escuelas no facultativas, que son unidades académicas independientes de las facultades,  no pueden votar, ¿Por qué?

Formalmente porque cuando se realizó la ley de la universidad en 1945 no existían escuelas, pues de hecho estas aparecieron en su mayoría a fines de los 70s, producto de procesos político-académico de ruptura con las facultades, reflejo del asenso de las lucha de clases en esa época. Treinta y pico años después no existe un interés real para incorporarlas al proceso electoral. Además, los trabajadores administrativos que son parte de la comunidad universitaria tampoco tienen derechos electorales.

Los resultados de la jornada fueron: de 32 cuerpos electorales Gálvez ganó 26 y los otros seis los ganó Sierra. Velásquez con una maquinaria electoral menor a sus rivales, no ganó ni uno. La lógica es que el 25 de mayo los cuerpos electorales voten por la planilla a la que pertenecen. Sólo en la Facultad de Veterinaria para cuerpos docentes y profesionales y estudiantes de Química y Farmacia se hará una segunda vuelta  el martes 27 entre Sierra y Gálvez. Esta campaña se caracterizó por ser una vil copia de las campañas electorales a nivel nacional, donde Sierra y Gálvez, inundaron de propaganda las distintas instalaciones sancarlistas del país.

Sierra es apoyado por las fuerzas de extrema derecha específicamente el Partido Patriota y es patrocinado por personas vinculadas al narco como el famoso rey del tenis y en menor medida por la cúpula de la burguesía tradicional. Durante su gestión como director de administración interna Sierra ha impuesto una política represiva de parte del cuerpo de vigilancia en clara violación a los derechos humanos. Privatizó servicios que deben ser prestados por la universidad. Su plan de gobierno habla de excelencia académica pero no de vinculación con la realidad.

El actual rector legalmente tiene impedimento para ser candidato si no renuncia antes del cargo de rector. Además tiene supuestos apoyos del partido de gobierno y de la burguesía ascendente. Sin embargo, podemos rescatar que en su gestión la U se pronunció en contra del proyecto oligárquico de Proreforma, recientemente contra de la extensión del contrato  con  la trasnacional Perenco que explota petróleo en áreas protegidos de Petén y es parte del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia que limitadamente plantea programas de prevención a la delincuencia con una óptica de derechos humanos. Si embargo, sobre el presupuesto que le corresponde constitucionalmente a la U,  ni siquiera habido un pronunciamiento, menos una movilización general de la comunidad.

Estudiante cuestionemos este sistema electoral antidemocrático, participa para construir una fuerza que defienda los intereses estudiantiles, de los trabajadores universitarios, docentes, profesionales, administrativos, en contra de la privatización y por la defensa de la autonomía, así  como una universidad vinculada  a las demandas del el pueblo.

Por Abelardo de la Torrente

La declaraciones del ex ministro de gobernación Raúl Velásquez y los rumores de asesinato de Nineth Montenegro, son un síntoma de la falta de políticas claras en materia de seguridad que tiene este gobierno, pero aun peor,  ante nuestra perspectiva no sólo es una crisis de seguridad sino es una crisis de la gobernabilidad democrática burguesa iniciada tras el golpe de estado de 1982 contra Romeo Lucas García, legalizada con la constitución de 1985 y legitimada por los sectores populares y la izquierda armada con los Acuerdos de Paz.

A finales de febrero,  Raúl Velásquez que fungía como ministro de gobernación fue destituido por el mandatario Álvaro Colon, aduciendo la malversación de 6.2 millones de dólares por parte de una empresa privada a la que se adjudicó la compra de combustible para las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), contrato que fue firmado por Raúl Velásquez.

Velásquez, molesto por su despido,  denuncia ante la prensa y diputados de distintas bancadas entre ellos la oficialista, que la verdadera causa de su destitución se debe a acusaciones hechas por él y el ex viceministro Francisco Cuevas de que otra ex viceministra, Marlene Blanco Lapola hermana del Secretario de la Paz, titular de SEPAZ Orlando Blanco, estaba involucrada en escuadrones de la muerte que se dedican hacer limpieza social (ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas), a presuntos miembros del crimen organizado, sicarios de narcos y miembros de maras.

De igual forma dijo  que era una cortina de humo para desviar la atención por los hallazgos de corrupción en el programa Mi Familia Progresa. Este programa de carácter asistencialista ha sido cuestionado por las fuerzas de derecha y algunas de centro, como  la diputada Nineth Montenegro, por supuestos desvíos de fondos y usos clientelares a favor de la primera dama ya que hay la posibilidad  que use esto, para su candidatura para presidente por el partido de gobierno. También dejó entrever que importantes personalidades del gobierno tienen vínculos con un cartel de drogas que opera en la región norte del país y que estarían interesados en sacarse de  encima a Velásquez.

El gobierno se defendió por medio del Secretario de Comunicación de la Presidencia, diciendo que dichas acusaciones no son ciertas y que en todo caso presente pruebas ante el Ministerio Publico (MP). De igual forma otros actores reaccionaron, el embajador de Estados Unidos, un hombre ligado a la ultraderecha del continente, Stephen Mcfarland, mencionó que la embajada de este país tenía información de la existencia de  estos grupos y que la había trasladado al ejecutivo; no sería raro que en la formación de estos grupos, los organismos de inteligencia de ese país en colaboración con la inteligencia del ejército estuvieran involucrados.

Por otra parte Carlos Castresana comisionado de la CICIG, aceptó que el 4 de febrero, Velásquez y Cuevas le habían informado sobre la supuesta existencia de estos grupos y que estaban investigando en este sentido, además de mencionar que las revelaciones del ex ministro afectan de forma grave las investigaciones que la CICIG lleva a cabo, dando la idea de que,  por las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, Velásquez, dio estas declaraciones para salvar su pellejo. Ahora nosotros nos preguntamos  ¿si las investigaciones científicas que Castresana tiene fama de hacer, revelarían también a los escuadrones de la muerte responsables de los asesinatos a compañeros, luchadores sociales,  acaecidos últimamente?

Conformación de estos grupos

La prensa escrita, gracias a información recibida por la CICIG rápidamente reveló la composición de estas estructuras, los cuales están conformados por dos grupos, uno interno y otro externo, en el argot usado por el discurso policial.

Un primer grupo fue  conformado por agentes de diversas comisarías y de la División Especializada de Investigación Criminal, creado en enero de 2009,  por orden presidencial por medio de un acta interna, bajo el nombre de Unidad Especial de Investigación, cuya función tendría que ser,  investigar asesinatos de pilotos del transporte urbano y extorsiones. Este grupo estuvo bajo responsabilidad directa,  primero de la Dirección Adjunta y después de la Dirección General, cargo que ejercía Marlene Blanco. Este tenía su oficina en el Distrito Central.

El otro grupo conocido como externo, no hubo acta de creación y fue conocida como Grupo Elite, conformado por miembros de seguridad presidencial (SAAS) y los organismo de inteligencia internos de la PNC, su función sería recabar información estratégica sobre casos de secuestros y extorsiones y darle seguimiento. Supuestamente solo era análisis y control, pero fue equipada con armas, vehículos y computadoras para realizar acciones operativas. Sus oficinas se encontraron fuera de instalaciones policiales.

Lo lamentable de todo esto, pensamos nosotros, es que estos grupos se crearon bajo la responsabilidad de personajes con orígenes en la izquierda y de supuesto pensamiento democrático, lo cual pone en evidencia la descomposición y el oportunismo de estos protagonistas. Lo hasta ahora común en esta sociedad capitalista en putrefacción,  era que la limpieza social fuera producto de grupos de ultraderecha con participación de especialistas de inteligencia del ejército. Pero ahora la supuesta ala izquierda del gobierno del UNE es parte de esta nefasta práctica,  que pone en evidencia el fracaso de la democracia burguesa post acuerdos de paz,  para solucionar las problemáticas sociales ocasionados por el capitalismo.

Los otros hechos

Otro  hecho que marca esta coyuntura que pone en evidencia la crisis de gobernabilidad de este país, es la advertencia dada por el nuevo ministro de gobernación Carlos Menocal y el Comisionado de la CICIG Carlos Castresana a la diputada Nineth Montenegro de que hay un complot para asesinarla.

Esta diputada mantiene una frontal fiscalización al programa Mi Familia Progresa, posición que la ha ganado cuestionamientos por parte del gobierno. Esta situación tiene efectos positivos  en buena parte de la sociedad especialmente urbana y de capas medias que se encuentra cansada de la corrupción, que los socialistas revolucionarios sabemos que no es producto de un gobierno sino del sistema.

Atrás de esta importante fiscalización, que creemos necesario que sean las organizaciones populares y la ciudadanía quienes la impulsen, hay que ver los intereses de la oligarquía especialmente del Holding Multiinversiones, a la cual la diputada responde junto al Partido Patriota (PP) y una buena parte de la sociedad civil pro justicia, ya que estos sectores de la oligarquía buscan plantearse ante la ciudadanía como los campeones de la lucha contra la corrupción y la democracia,  cuando representan a las fuerzas más oscuras con tendencias al fascismo y que a nivel internacional son parte de una verdadera internacional ultraderechista con ligaduras en los sectores más reaccionarios del estado gringo.

Es posible que este supuesto plan de asesinato a Montenegro venga de sectores de extrema derecha todavía más extremistas que el  Patriota,  ligados fracciones más reaccionarias del capital, que le apostarían no a una victoria electoral de este partido sino a una ruptura institucional e instalar un gobierno de facto. Bien podría ser también una cortina de humo solo para crear shock de parte de cualquiera de los grupos de la nueva o de la  tradicional oligarquía y ver qué sacan en esta batalla de miserables.

Otro problema relacionado al deterioro de la situación de seguridad, son las malas condiciones en que se encuentra el quehacer de los miembros del PNC, pues éstos le han desnudado al gobierno la realidad en que laboran, como precaridad de la infraestructura, hacinamiento en las comisarías y bajos sueldos. Lo cual genera un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad. El gobierno se hizo oídos sordos a las demandas salariales.

Un Nuevo Estado

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) planteamos que pesar de exigir demandas parciales,  como la necesidad de que la ciudadanía fiscalice en qué se gasta los dineros públicos, que los policías se organicen en sindicatos, que las medidas asistencialistas que alivian coyunturalmente se profundicen con la universalización de servicios públicos o que la aplicación de la justicia y la  prevención del delito sea en base a los derechos humanos. Estos sucesos relatados aquí, pone en evidencia que no es reformando este Estado de Derecho “democrático”, producto de la estrategia contrainsurgente que se va a resolver esta problemática.

Proponemos la construcción del poder popular que desbarate a este Estado oligárquico y dependiente y construya un Estado realmente incluyente para las mayorías, trabajadoras, campesinas, etc. Donde la justicia sea conducida por magistrados electos popularmente y con una visión del derecho a favor de las mayorías; mientras que la seguridad sea manejada por el mismo pueblo con una concepción democrática depurada de elementos facistoides.