Por Leonardo Ixim

En los 54 días de toma del campus central de la Universidad San Carlos (USAC), otro actor además del movimiento estudiantil que se aglutino en EPA, emergió, este fue el histórico Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUCS); este sindicato  fue fundado en los gobiernos de la revolución, en los últimos años había estado dormido, pero fue esta coyuntura de toma,  que puso en el tapete publico las demandas laborales que como sector mantienen además de apoyar las peticiones estudiantiles por democratizar la universidad.

Sus demandas son la negociación del pacto colectivo, puesta esta universidad es la única en América Latina que no tiene un pacto de esta naturaleza con los trabajadores, además de buscar la democratización de la estructura de dirección del plan de prestaciones.

Este plan tiene programas de jubilaciones, pensiones, viudez e invalidez, descuenta el 12 % de los salarios a los trabajadores, mas la cota patronal y en las últimas administraciones de rector ha existido serios señalamientos con respecto del desvío de fondos de parte de estas administraciones para gastos ajenos a su finalidad, especialmente para campañas electorales, esta situación se ha dado en la reciente administración.

Una de las demandas del sector trabajador ha sido que se investigue estos actos de corrupción y se castigue a los responsables, pero tal medida pasa por otra de las reivindicaciones, la democratización de la junta directiva del plan de prestaciones. Pues en la actualidad esta directiva está compuesta por: un representante del Consejo Superior Universitario, otro del rector, dos trabajadores y dos docentes; estos últimos en su mayoría con posiciones pro patronales, además de existir una disparidad en la composición de este cuerpo directivo que afecta a los trabajadores, situación que se repite como en el caso del sector estudiantil en juntas directivas de facultades y dentro del CSU.

Con respecto al pacto salarial solo falta de discutir dos elementos para que se complete esta discusión y pase aprobación en el CSU, lo cual será otra batalla más. Por un lado buscan un complemento salarial, solicitando una escala inversa a como se encuentra en la actualidad, pues por el momento los ajustes salariales benefician a los que ganan más. Los trabajadores piden además  un bono vacacional por 1500 quetzales que servirá para cobros propios de la época de vacaciones que en Guatemala coinciden con la fiestas navideñas, además de los gastos que se hacen al inicio del año, relacionado a pago de matrículas para los hijos de los trabajadores, ropa, medicamentos, etc.

El otro punto a discutir todavía es un reajuste salarial, pues el pacto entrara vigencia seis meses después de su aprobación por el CSU, por lo tanto en estos meses los trabajadores necesitaran reajustar su salario a lo  estipulado  en el pacto.

Es importante denunciar que pese a que la mayoría de trabajadores administrativos gozan de las prestaciones salariales que por ley manda el código de trabajo, los trabajadores de los parqueos que dependen de una entidad terciarizada de la Dirección de Administración (Diga), no reciben estos beneficios, además de no gozar de los deferidos salariales. Sin duda esta ha sido una forma de privatización pues dicha entidad no dependen directamente de la administración central y es parte de una clara estrategia de contracción salarial propia de las políticas neoliberales que dentro de esta universidad afectan a trabajadores, estudiantes, docentes interinos y en menor medida docentes con plazas fijas e investigadores.

Los deferidos se dan dos al año, el primero a mediados del año completándose al final del año. El segundo deferido se da por cuatro partes en los meses de: marzo, julio, septiembre y diciembre.

Por ultimo abordar la importancia de rescatar la unidad estudiantil y trabajadores, que históricamente han sido defensores de la universidad pública, popular y científica. El proceso de reforma que se abre tras la acción de EPA, debe generar la inclusión en los órganos de gobierno de las respectivas facultades, escuelas, centros regionales y el CSU de los trabajadores administrativos. Es necesario la inclusión del STUCS a la mesa multisectorial que propondrá ante las asambleas el diagnóstico y la metodología del congreso, no hay que caer en los sectarismos del FEU que se aíslan estos procesos, pues dependen de los sectores democráticos evitar que se profundice las reformas neoliberales existentes con o sin reforma.

Por Armando Tezucún

La segunda quincena de septiembre fue prolija en luchas populares. Los temas que predominaron en las protestas fueron el desastre vergonzoso del sistema de salud y el pésimo servicio de energía eléctrica proporcionado por Unión Fenosa y sus filiales, entre muchos otros.

Entre las decenas de conflictos locales en los hospitales y centros de salud encontramos el bloqueo de una hora de la vía de ingreso a la capital en la Calzada Roosevelt protagonizada por compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud del Hospital Roosevelt, el 16 de septiembre. Las demandas fueron aumento salarial y mayor presupuesto para el hospital.

El día 20 líderes de los 48 cantones de Totonicapán coordinaron los bloqueos de cuatro tramos de carreteras importantes, en los cuales participaron alrededor de 15 mil pobladores de tres municipios de Totonicapán y dos de Sololá. El punto central de la protesta era contra los cobros excesivos e injustificados de la filial de Unión Fenosa la Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente S. A. (Deocsa). Los compañeros exigieron la nacionalización del servicio eléctrico y que la tarifa social (que implica un subsidio estatal) en el consumo se extienda a los usuarios que consumen hasta 300 kilovatios hora al mes (actualmente cubre a los que consumen hasta 100). Las negociaciones después de los bloqueos continúan sin acuerdos hasta la fecha.

Los días 21 y 23 el Frente Nacional de Lucha y otras organizaciones realizaron otra serie de bloqueos de carreteras y marchas en la ciudad capital. Las tomas de vías se realizaron en 15 puntos del país (Cuatro Caminos, Nahualate, El Rancho el Progreso, San Julián Tactic, Baja Verapaz, El Zarco, Escuintla, La Arenera, La Virgen, Chupol, El Boquerón, Puente Juitilingo Chiquimula, Las Victorias, Piloma y la capital) y participaron 62,500 personas, según datos del FNL.

La marcha de la capital entregó en el Congreso un documento demandando: No a la reducción del presupuesto de salud, nacionalización del servicio de energía eléctrica, reforma fiscal para que el Estado pueda cubrir servicios públicos de calidad, solución a la crisis de la USAC. En la Corte de Constitucionalidad se exigió una respuesta al recurso de inconstitucionalidad contra el contrato petrolero con Perezco.

Los trabajadores del sistema estatal de salud han tenido este año una especial beligerancia en las luchas. Y es que los hospitales y centros de salud están al borde del colapso. Este es un problema estructural que no data de este gobierno, recordemos la valiente lucha de los médicos hospitalarios en 2006. Casi todos los centros asistenciales públicos carecen de medicamentos, insumos, de instalaciones adecuadas, de fondos para pagar servicios básicos; y para agravar la situación en el proyecto de presupuesto del Estado para 2011, el Ministerio de Salud ve disminuida su asignación en Q 222 millones respecto a la asignación actual.

Un artículo del diario Prensa Libre del 8 de octubre señala que tres hospitales nacionales se encuentran en una situación desastrosa. Además tienen crisis de abastecimiento otros 5. Los médicos y trabajadores del Hospital Regional Juan José Ortega de Coatepeque están en paro desde el 27, en protesta por las carencias que padecen. Los trabajadores estatales de la salud en sus luchas recientes han sabido vincular sus demandas con las demandas de otros sectores, como vimos en las recientes movilizaciones.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone a los compañeros organizados del sector de salud que se empiece a preparar un movimiento nacional de huelga general en hospitales y centros asistenciales, exigiendo aumento al presupuesto de salud y un servicio eficiente. Durante la huelga de médicos de 2006 fue notoria la falta de apoyo popular organizado, incluso de parte de los trabajadores de servicio no especializados. Creemos que las condiciones han cambiado y que se puede lograr la unidad de los trabajadores del sector salud y el apoyo de otros sectores organizados de la población para quienes ese servicio es vital (campesinos, comunidades barriales, etc.). Además contamos con el despertar del movimiento estudiantil universitario que sin duda estará dispuesto a sumarse a la lucha. Sin un movimiento de esta naturaleza que golpee con fuerza al gobierno, las demandas no serán escuchadas ni solucionadas.

Por Armando Tezucún

El miércoles 29 de septiembre los compañeros de Estudiantes por la Autonomía (EPA) y el Consejo Superior Universitario (CSU) firmaron un acuerdo para poner fin a la toma de las instalaciones del Campus Central. El viernes 1 de octubre, después de 54 días de ocupación, el espacio fue entregado, así como el Centro Universitario Metropolitano y los centros regionales que habían sido tomados.

Los términos del entendimiento logrado entre EPA y el CSU han sido causa de polémica, no sólo entre los diversos sectores que han estado pendientes del conflicto y apoyan la lucha estudiantil, sino al interior de la misma agrupación EPA, entre los diversos grupos que la conforman.

Nosotros consideramos que, dadas las circunstancias y el giro que iba tomando el conflicto (intransigencia del CSU en cuanto a las elecciones a vocal I y II en las facultades y realización de algunas de estas elecciones el martes 28; peligro real de un desalojo violento, con posibles heridos y detenidos y un probable efecto negativo sobre el ánimo combativo), los acuerdos, si bien no satisfacen las expectativas del estudiantado en lucha, constituyeron una salida viable para finalizar una etapa de la lucha e iniciar una nueva.

El CSU se adelantó a plantear un tema que el estudiantado se reservaba para un posterior momento: la convocatoria a un congreso de reforma universitaria. La propuesta de EPA, media vez se entró en materia sobre el tema, era de conformar una comisión diagnóstica que estudie la problemática de la USAC, presentando resultados en junio de 2011. Luego contemplaba la instalación de una comisión académico-metodológica que incluiría a las escuelas no facultativas y los centros regionales, para finalmente convocar al congreso en enero de 2012.

En los acuerdos firmados gran parte de esto no quedó. Obviamente el CSU ya tiene su paquete de reforma universitaria con lineamientos neoliberales y privatizadores. Por ello los tiempos de preparación del congreso fueron acortados a su conveniencia. Se formará una comisión que elaborará la metodología y las bases para el congreso, y presentará sus resultados el 31 de enero de 2011. No se define una fecha para el inicio del congreso, pero las escuelas no facultativas y los centros regionales no fueron tomados en cuenta en la conformación de esta comisión.

El motor inicial de la lucha, que era la violación a la autonomía por parte de la Corte de Constitucionalidad al autorizar la elección de los vocales I y II sin participación de los estudiantes, será tratado por una mesa de trabajo que presentará al Congreso de la República en enero de 2011 un proyecto de ley para restituir los derechos estudiantiles.

Como sabemos, en el transcurso de la lucha el objetivo original fue rebasado y se generó un cuestionamiento general sobre el funcionamiento actual y el rumbo que está tomando la Universidad de San Carlos de Guatemala, ampliando la visión de la lucha e incorporando a nuevos sectores no sólo estudiantiles sino de organizaciones populares.

A nuestro juicio, este es el logro más valioso de las jornadas de la toma de la USAC, más allá de los términos del acuerdo. En el transcurso de los 54 días se conformaron asambleas permanentes de estudiantes en escuelas y facultades, estudiantes que no son de EPA, que no estaban en la toma, pero despertaron su consciencia a la lucha por una mejor universidad. De igual manera, la formación de una coordinadora de organizaciones populares de índole variada, interesadas en apoyar la toma y en dar la batalla por un mejor sistema educativo en el país, es un índice positivo del impacto provocado por la lucha de los universitarios.

Hoy por hoy, el grueso de los esfuerzos debe enfilarse al congreso universitario. Los compañeros estudiantes pertenecientes a las escuelas no facultativas y los centros regionales deben dar una tenaz batalla por ser tomados en cuenta y plantear sus problemáticas específicas en el seno del congreso. Igual sucede con el Centro Universitario Metropolitano. Estamos ante un nuevo escenario en el que tenemos múltiples formas y recursos para hacer presión al ultra conservador CSU y hacer valer nuestras propuestas. El tiempo apremia y hay mucho trabajo y análisis que hacer para presentar nuestra propuesta de reforma. No hay que dejar espacio a la perplejidad y el desconcierto, una nueva lucha inicia, con la ayuda de elementos frescos y dispuestos.

Por Sergio Tischler

Para entender en actual conflicto en la Universidad de San Carlos de Guatemala es necesario establecer de entrada que el mismo no se reduce a la confrontación de grupos, unos que controlan los órganos de dirección de la institución, y otros que adversan la forma en que se ejerce el poder en la misma.

Para nadie es un secreto, que una de las consecuencias de la política de terrorismo de estado durante los años del conflicto armado fue la de golpear a las fuerzas sociales que durante décadas constituyeron el núcleo de una cultura crítica, heredera de la revolución democrática del 44-54, y que eran el corazón de la autonomía universitaria. La destrucción de ese tejido dio lugar a que se enquistaran en las estructuras del gobierno universitario  grupos de poder que,  de una u otra manera, han sido anuentes o funcionales a la política estatal, cortando con ello el espíritu crítico de la universidad, sin el cual la autonomía universitaria no pasa de ser una figura formal,  detrás de la que se pueden cobijar intereses muy ajenos a la misma, como es el caso, a juzgar por lo acontecido.

Tampoco es un secreto, que dichas autoridades han dado curso a políticas de una muy dudosa modernización educativa, cuyo sentido es el de adecuar la universidad pública a los requerimientos neoliberales. Estas políticas, como en la mayor parte de los países latinoamericanos, han dado como resultado un deterioro de la calidad educativa en la universidad pública, así como el desmantelamiento de la misma como espacio de formación de una colectividad con vocación crítica. Esos dos aspectos pueden ser apreciados como parte de una estrategia de deterioro de la educación pública superior y de fortalecimiento de la educación privada. Pero lo más importante, en relación con la autonomía universitaria, es el hecho de que dicha política está dirigida a debilitar a los actores centrales de la autonomía, como son los estudiantes y los profesores universitarios.

En los hechos, el gobierno de la universidad en la actualidad es una expresión de lo que ocurre en la política nacional: grupos de poder que contralan y disputan espacios como cotos privados en deterioro del bien común. En ese sentido, habría que recordar que la universidad fue reprimida de una manera brutal en los años del terror estatal, entre otras cosas, por el hecho de que su autonomía, con sus contradicciones y límites, constituía una forma de gobierno sin duda superior a cualquier instancia nacional de gobierno desde el derrocamiento de Arbenz. En consecuencia, una forma de gobierno que no podía ser tolerada por la política contrainsurgente. La verdadera crisis de la USAC, la más profunda, viene entonces de lejos, en relación directa con el deterioro de la autonomía en el marco sucesivo de gobiernos contrainsurgentes y gobiernos neoliberales con fachadas democráticas.

La rebelión estudiantil, sin duda es una respuesta a esa crisis. Más allá de los detalles, de las reivindicaciones puntuales que atañen a demandas inmediatas, de las contradicciones y desacuerdos que siempre existen en todo movimiento social, los estudiantes han tomado las instalaciones universitarias para hacer  algo que se les ha negado y que es parte de la autonomía: transformar el campus universitario en espacio de discusión crítica. Esto es, en otras palabras, tomar pacíficamente el espacio (una forma de ejercer poder desde abajo) para abrir el espacio. Su objetivo no puede ser el de posicionarse dogmáticamente en las instalaciones universitarias sino conquistar algo que es esencial en el diálogo: la dignidad, o el reconocimiento real de sus derechos en tanto  actores de la autonomía universitaria. Este hecho es parte de una lucha que, como tal, presupone acciones de enfrentamiento. En ese sentido, lo que hay que evaluar no es tanto el elemento inmediatamente pragmático de la misma, traducido en acuerdos o rupturas, aunque esto sea importante, sino la orientación de la acción y el campo político que abre al interior de la universidad.

Se puede decir, en esa dirección, que el acto de tomar las instalaciones ya expresa un cambio fundamental en la relación de fuerzas dentro de la universidad. El surgimiento de un grupo de estudiantes que puede iniciar un proceso de lucha como el que se vive habla de un cambio profundo en el estudiantado; cambio que, según las evidencias, parte de una sensibilidad surgida del hartazgo frente al deterioro de la vida universitaria, y que cuenta entre de sus principales atributos la razón que da la lucha por la dignidad de ser estudiante universitario.

Pero no hay que pensar que la dignidad colectiva es una razón ingenua. La dignidad tiene un horizonte de carácter ético-moral; en este caso, el horizonte es el de la autonomía universitaria, un tipo de autonomía que es necesario conquistar, pero que de ninguna manera está garantizada por el movimiento estudiantil. Por esa razón, la autonomía por conquistar es una lucha que nos involucra a todos los que queremos un cambio en la universidad y en el país. Por eso es importante que el movimiento estudiantil no esté solo, hacer esfuerzos para potenciarlo, incluso para que éste no se vaya por el “lado malo”.

La política de los estudiantes tiene ese rasgo, el de la crítica al estado de cosas existente en la universidad. Por el contrario, la élite gobernante de la institución, que, por lo visto, ya no es más un grupo dirigente del conglomerado universitario, tiene un horizonte diferente. Sus expectativas son las de consolidar posiciones de poder que nada tienen que ver con las de la autonomía universitaria, entendida ésta en un sentido fuerte, el cual implica el horizonte y la prácticas críticas a un orden manifiestamente injusto. Más bien, el horizonte es parte del sistema de poder imperante. Por eso, el recurso a la violencia.  ¿Cuál es la razón profunda, de naturaleza no instrumental, que pueden esgrimir en un diálogo abierto?  Me temo que les alcanza para muy poco.

Los actores políticos institucionales deben de estar muy preocupados por la desobediencia estudiantil, porque la USAC es un espejo donde el resto del país puede verse reflejado. Un país destrozado por las políticas neoliberales, la corrupción, el narcotráfico, y una élite cuya política es la de hacer negocios (“sacarle el jugo”) a toda esa catástrofe, no puede menos que generar tarde o temprano un golpe de dignidad popular, como se está produciendo en las luchas de las comunidades contra los megaproyectos y, en estos momentos, en la Universidad de San Carlos.

Puebla, 17 de septiembre de 2010.