Por Leonardo Ixim

Nuevamente se registran problemas en los exámenes de nuevo ingreso, dejando a grandes cantidades de estudiantes sin acceder a la universidad. Esto se da por la inaccesibilidad que representan las pruebas generales y básicas de cada unidad académica.

Las autoridades dan una serie de argumentos acerca de la falta de capacidad física y de recurso humano docente  para acoger la demanda estudiantil por un lado, así como la deficiencia académica de los estudiantes que quieren ingresar a la universidad por el otro.

Esto son argumentos que justifican la violación a los derechos humanos, en el tema de acceso a la educación.   Sabemos que existe todo un plan mundial auspiciado por las instituciones financieras internacionales, de restringir el derecho a la educación universitaria a sectores procedentes de las clases populares, obreras y campesinas, en función de crear capas intelectuales afines a los intereses del capital.

Constitucionalmente a la USAC le corresponde el cinco por ciento del presupuesto total de de la nación, porcentaje que aumenta en la medida que crece la población estudiantil; con eso se estaría solventando la capacidad de crecimiento físico y en recurso humano docente para responder a la demanda, no teniendo que buscar otras formas de agenciarse recursos como el aumento de la matrícula. Pero existe una actitud burocrática y conservadora  de parte de las autoridades, de no presionar como universidad en función de exigir los fondos que le corresponden. Además, lo que el Estado entrega a la U es menor de lo que por obligación le corresponde.

Sobre el otro argumento, sabemos que existe un colador de carácter estructural, pues desde la educación primaria no hay una  educación pública de calidad para gran parte de la población; mientras, en colegios privados se educa con mayor calidad a  estudiantes de sectores acomodados, quienes ingresan con mayores habilidades a la U. Los exámenes de ingreso ayudan a mantener esta inequidad pues se excluye muchas veces de forma poco rigurosa a estudiantes que quieren acceder a la universidad.

En este año hubo estudiantes descontentos que quieren ingresar a la U en todas las unidades académicas, siendo más notable en Ciencias Políticas, Historia, Química, Farmacia y Trabajo Social. Generalmente el Consejo Superior Universitario (CSU) da tres oportunidades para pruebas generales y pidiendo a  directivos de cada unidad que hagan  tres pruebas especificas. Otros años por la presión estudiantil se ha dado una cuarta, pero esta vez no

Las asociaciones de estas unidades  mostraron su inconformidad a sus directivos, siendo rechazadas aduciendo una resolución  negativa a una cuarta oportunidad por  parte del CSU. Llamamos a estas asociaciones a informar a los estudiantes regulares para mostrar su solidaridad apoyando movilizaciones de  los compañeros que no han podido ingresar, pues es necesario acuerparlos. Las asociaciones también deberían exigir revisión de exámenes de quienes han perdido en las oportunidades pasadas.

Queremos informar acerca de las elecciones recién pasadas de la Asociación de Historia,  en las que el Frente Otto Rene Castillo (FORC) se reeligió con una votación de menos de 100 estudiantes de un total de casi mil inscritos. Esto demuestra la  apatía estudiantil producto de la embestida neoliberal,  a lo cual contribuyó el FORC. Conociendo esta problemática, el FORC usó métodos autoritarios, producto de prácticas verticalistas de sus dirigentes vinculados a la URNG, no realizaron la convocatoria para las elecciones, ni presentaron planilla, ni un plan de trabajo.

Un grupo de estudiantes cuestionó, no la validez del resultado electoral sino la legitimidad del método llevado a cabo para convocar, exigiendo una asamblea. Se dieron varias platicas entre estudiantes inconformes, la asociación y la Comunidad Estudiantil No`j, llegando al acuerdo de discutir el plan de trabajo que tiene el FORC y enriquecerlo con aportes de todos. Posteriormente se realizará una asamblea para presentar dicho plan y trabajar su puesta en marcha.

Cuestionamos los métodos llevados a cabo por el FORC pero saludamos este ejercicio de dialogo entre los sectores progresistas de la Escuela de Historia y el estudiantado. Creemos que por medio de esta asamblea hay que informar a todo el estudiantado, además de proponerse combatir las políticas neoliberales dentro de la U y la escuela.

El Viernes 29 de Enero, alrededor de las 8 p.m., el compañero Pedro García salió de su trabajo en la Municipalidad de Malacatán, San Marcos, para trasladarse hasta su casa, pero en el trayecto fue interceptado por asesinos desconocidos que le dieron muerte con saña. Dispararon en su contra 23 balazos. Pedro era dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Malacatán y, a su vez, de los vecinos de su comunidad que se oponen a la presencia de Unión FENOSA en su Departamento y en el país. Aunque no hay testigos, es criterio generalizado entre la población que este nuevo hecho de sangre fue perpetrado por las mismas fuerzas criminales que previamente dieron muerte a Víctor Gálvez y a Evelina Ramírez, con un modus operandi similar y, muy probablemente, con idéntica autoría intelectual. Adjuntamos íntegro el comunicado que, sobre este doloroso hecho, hicieron circular los compañeros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, MSIC-G, del cual el FNL es parte, en el cual se explica con detalle lo acontecido.

Dos días después, el Domingo 31 de Enero a eso de las 5 p.m., antes de que cayera el sol, el compañero Santos Cruz Nájera, dirigente comunitario de San Carlos Alzatate, salió de su casa a ver unas vacas que tenía pastando en un potrero cercano. Nunca regresó con vida. Desconocidos lo atacaron a machete y su cuerpo, aún con vida, sus familiares lo localizaron temprano el Lunes, a 500 metros del terreno que había ido a visitar. Murió desangrado en brazos de sus hijos antes de recibir atención médica.

Don Santos cometió el “flagrante delito” de colocarse al frente de su comunidad en la lucha contra la corrupción imperante en su Municipio y por impedir que la Alcaldía asumiera un préstamo leonino que hipoteca el futuro de hijos y nietos de San Carlos Alzatate. Por ello, había recibido varias amenazas de muerte, que fueron oportuna pero infructuosamente denunciadas.

Ambos casos son absolutamente inaceptables. Permitir que la represión y la muerte retomen el sitio de instrumentos únicos para la resolución de conflictos es, simple y sencillamente, aceptar un retorno a un pasado que no debe de reinstalarse.

Que la fuerza bruta, el crimen, el terror sean las armas para disuadir las legítimas luchas populares es del todo intolerable.

De todas maneras, es un hecho que esta violencia que se le impone al pueblo empieza ya a colmar los ánimos. A lo largo y ancho del país muchas agrupaciones populares se preguntan si, ante esta oleada represiva, no será ya tiempo de asumir la auto-defensa como estrategia de sobrevivencia.

¿Cuántos muertos más tienen que sumar las legítimas organizaciones populares antes de que el agua llegue al cuello? No se le puede pedir a la población que siga poniendo la otra mejilla cuando lo que la golpea son balas.

En ese marco el Gobierno, dando prueba fehaciente de su sumisión abyecta ante el capital extranjero y de su voluntad antipopular en defensa de los ricos, decide prolongar por cuarta vez consecutiva el Estado de Sitio en San Marcos, es decir, retirarle al pueblo sus garantías y derechos, sin razón alguna que justifique semejante disparate. Argumenta que lo hace porque aún no se ha normalizado el pago de los cobros que realiza Unión FENOSA. Con ello, aporta no un grano sino una carretada más de arena al descontento social que ha sabido ir acumulando.

Está conduciéndose al país hacia un punto muy peligrosamente cercano al de la ingobernabilidad. El Gobierno Central, con sus Estados de Prevención anti-populares, está sentando la violencia como pauta a seguirse para enfrentar la conflictividad social, y el pueblo ya está cansado, (pero empieza a estar harto), de ser quien siempre pone los muertos.

Por su parte el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte de Constitucionalidad, ante esta situación guardan un silencio que los convierte en cómplices. Al fin y al cabo, sabio es el refrán que afirma que “quien calla, otorga”. Y varios Gobiernos locales parecen ser coautores de la matanza.

Estas instancias del Estado deben pronunciarse y actuar al respecto, y deben hacerlo cuanto antes. Dejarlo para mañana puede ser demasiado tarde.

Desde el FNL exigimos la intervención de las autoridades correspondientes a efectos de que pongan fin, de una vez por todas, a estas prácticas políticas asesinas.

En particular pedimos la intervención de la CICIG, como único cuerpo de investigación en el país al cual se le puede depositar confianza. Instamos a la CICIG a acelerar los procesos que ha puesto en marcha, como vía para evitar que la lista de Héroes y Mártires siga creciendo. Los culpables, tanto los materiales como quienes dieron las órdenes, deben pagar sus culpas en términos de lo inmediato.

Instamos a la comunidad internacional, como un ferviente llamado a la solidaridad activa, a incrementar su presión sobre Unión FENOSA y sobre el Gobierno de Guatemala, a efectos de detener el baño de sangre que sigue enlutando al pueblo a lo largo y ancho del país.

¡LA LUCHA SIGUE!

Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios

Públicos y Los Recursos Naturales

Miembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana

-PSCC-

EL MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-

Actuando a través de su consejo político

DENUNCIA:

1.- Que desde el año 2009 los trabajadores sindicalizados del sector municipal aglutinados en el MSICG, miembros específicamente de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, Confederación de unidad sindical de Guatemala CUSG y la Unión sindical de trabajadores de Guatemala UNSITRAGUA han venido trabajando de manera unitaria en el diseño e implementación de estrategias para enfrentar las graves violaciones a la libertad sindical y derechos laborales cometidas por el Estado de Guatemala en su calidad de empleador por medio los Alcaldes y concejos municipales, trabajo que además ha permitido elaborar una propuesta de reformas a la Ley de Servicio Municipal que el MSICG ha presentado al Congreso de la República de Guatemala como parte de una agenda legislativa actualmente conformada por siete propuestas  tanto de reformas a leyes existentes como de creación de nuevas leyes. Entre estas también la propuesta de eliminación del pago dietas a dirigentes sindicales por la representación de su sector en los diferentes espacios en los que se participa.

2.- Como parte de este proceso con fecha 05 y 06 de enero del año en curso los trabajadores sindicalizados de la Municipalidad de Malacatán organizaron acciones para  demandar el pago de los salarios que se les adeudaban desde el mes de diciembre del año 2009, el pago del aguinaldo correspondiente al año 2009,  el cumplimiento del pacto colectivo y el pago de otras prestaciones laborales. Todos ellos derechos mínimos obligatorios contemplados en la legislación laboral.

3 . La acción  estuvo encabezada por el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA, Secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Malacatan, San Marcos; Sindicato afiliado a la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala CUSG y al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-.

4.- Con fecha 29 de enero del año 2010, a eso de las 08:00 AM, el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA se retiró de su centro de trabajo ubicado en la Municipalidad de Malacatán rumbo a su casa de habitación,  siendo interceptado minutos después,  a las 08:15 Am,  por individuos que fuertemente armados le dieron muerte. El asesinato se produjo en la Finca Barranca Honda, Malacatan, San Marcos. En el lugar de los hechos se encontraron, 23  cascabillos de arma de fuego.

5.- Una vez más el MSICG condena este hecho de sangre en contra de sus bases, y  las graves violaciones a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras  guatemaltecas especialmente de los trabajadores aglutinados en el sector municipal donde el empleador es el propio Estado de Guatemala a través de los gobiernos municipales.

6. El MSICG llama la atención de la Comunidad internacional y nacional sobre la reiterada violación de los derechos sindicales y laborales acaecidas en las Municipalidades y la protección de que gozan las mismas para actuar con toda impunidad.  Hace apenas unos días condenamos la intimidación e intento de asesinato de que fuera objeto, justo al iniciar el año 2010,  nuestro compañero ABEL ROLDAN Directivo del Sindicato de trabajadores de la municipalidad de Zaragoza  y los al menos 6 asesinatos acaecidos en el año 2009 contra los miembros del Sindicato de trabajadores comerciantes de Coatepeque, ambos miembros de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala –CGTG- y adscritos al Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco.

7.- Solicitamos  a la Comunidad internacional fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales en todas aquellas municipalidades con las que cooperan y limitar cualquier tipo de apoyo al respeto del Estado de derecho, principalmente al respeto de los derechos humanos laborales y sindicales.

8. Exigimos al Ministerio Público investigar este asesinato y cualquier vínculo que haya podido tener en él la parte empleadora, es decir el Alcalde   y miembros del Consejo Municipal, de la Municipalidad de Malacatán, San Marcos.

9. Ante este panorama reiteramos una vez más la solidez de nuestra lucha por la justicia social, la democracia y el respeto a los derechos socioeconómicos del pueblo de Guatemala.

¡ANTE LA REPRESIÓN: ORGANIZACIÓN Y UNIDAD!

¡PORQUE SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-

Por Pablo Monsanto

El 26 de enero de 2010, Guatemala fue sorprendida con la noticia de la persecución y captura del ex-presidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera ordenada por el gobierno de los EEUU. Ordenar la captura para la extradición de un ex–presidente de un país, no es cualquier cosa. Tiene una connotación política nacional e internacional que va más allá de la aplicación de una orden judicial por haber violado una ley del imperio. Posada Carriles, por ejemplo, ha violado las leyes estadounidenses en múltiples ocasiones cumpliendo órdenes o misiones de organismos de inteligencia del Estado norteamericano; sin embargo, lo encubren y protegen.

¿Qué es lo que el ex–presidente guatemalteco hizo o no hizo para hacerse acreedor de un proceso penal por parte del Estado de EEUU? Esa es la pregunta que salta a la superficie después de presenciar todo el show realizado en torno a su captura y encarcelamiento.

Si se tratara de juzgarlo por abuso de poder y de impunidad, pues lo lógico es que sea procesado en el país en donde se cometen esos delitos. ¿Será que la intervención del Estado norteamericano fue para detener la carrera desenfrenada de impunidad, o porque conspiró para saquear al Estado guatemalteco? ¿Acaso no han hecho lo mismo otros presidentes al amparo y con el visto bueno de las autoridades estadounidenses? Entonces, ¿qué propósito esconden las acciones actuales?

Como dicen algunos empresarios: la diferencia entre el gobierno de Portillo y el de Berger es que los saqueadores son como en la lucha libre donde hay rudos y técnicos; los rudos para robar son los del FRG, y los técnicos son los de Berger. Es decir, los del gobierno de Portillo robaron sin límites y a lo descarado; en el gobierno de Berger, lo encubrieron.

Hay empresarios guatemaltecos que de igual forma han violado las leyes del Estado norteamericano; sin embargo, el trato que reciben es con mucha consideración, tolerancia y protección. Ejemplos concretos los hay. Da la impresión que se trata de un acto de expiación por actuar al margen de las normas de instituciones que aunque realizan todo tipo de operaciones, no las aprueban cuando son realizadas con fines personales o de grupo y que afectan intereses estratégicos.

En este caso concreto, según El Periódico, está involucrada “una estructura, dirigida por militares de vieja guardia, que desfalcaron el erario nacional”.

Mencionan al general Francisco Ortega Menaldo, a los coroneles Jacobo Salán Sánchez y al coronel Napoleón Rojas, y es sabido que a estos militares se les relaciona con la “cofradía” y que controlaban las comunicaciones del Presidente y todo su gabinete.

Esos militares involucrados en los desfalcos fueron también quienes, en su momento, dirigieron las estructuras de inteligencia y contrainteligencia del Estado durante el conflicto armado interno.  Partiendo de esos elementos, más da la impresión que se quiere sentar un precedente para que todos aquellos que se empoderaron y se enriquecieron al amparo de la contrainsurgencia dirigida por la Central de inteligencia Americana, CIA, a favor de los intereses norteamericanos y de los oligarcas guatemaltecos, no sigan actuando con la impunidad que lo han hecho, amparados en esos poderes.

La contrainsurgencia dio lugar a que surgiera un estrato social con algunas características del lumpen, quienes amparados en el ejercicio del poder del Estado acumularon riqueza y entraron a disputar el control del poder político a la oligarquía nacional, y por supuesto a estrechar los lazos con un sector del Estado norteamericano. Ahí puede encontrarse el embrión y posterior desarrollo de grupos del crimen organizado.

A los integrantes de esa fuerza política, acostumbrados a actuar con toda la impunidad, y que se expresan en el gobierno a través del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, esa confrontación los lleva a asumir posiciones anti-oligarcas, a disputar renglones importantes de la economía del país y a desplazar a sectores económicos poderosos del mercado; razón por la cual, la cúpula oligarca aliada de grupos de poder del gran capital estadounidense, trata por todos los medios de impedir que ese estrato social surgido al amparo de la contrainsurgencia, siga en la lucha por volver a ejercer el poder político del Estado.

La oligarquía tradicional y la modernizante, es la mejor aliada que tiene el poder de los EEUU en Centro América y en el continente en su lucha por mantener el sistema. Y, en esa batalla, la oligarquía goza de la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado norteamericano.

Ya no necesitan de los que participaron en la contrainsurgencia sino que ahora sólo necesitan y aceptan a aquellas fuerzas que les permita mantener el sistema y que velen por sus intereses. Recordemos que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses, según lo expresó uno de sus presidentes. Por eso, durante el gobierno de Berger se redujo el ejército a lo mínimo.

No es extraño que esos sectores oligarcas se regocijen con la orden de arresto, encarcelamiento y extradición desde un tribunal estadounidense del ex–presidente Alfonso Portillo, porque el sistema de justicia nacional debilitado no garantiza que los demonios creados por la contrainsurgencia, purguen sus faltas graves y eliminen el riesgo que puedan colocarse de nuevo en una posición ventajosa que les permita seguir disputándoles el poder político del Estado. Para la oligarquía es el momento de salir de ese peligro.

Pero si lo que quieren es limpiar el escenario político y depurar el sistema, es urgente y necesario que actúen de la misma forma para combatir las estructuras clandestinas que están siendo utilizadas por las transnacionales para reprimir y aterrorizar al movimiento social y popular, y que se castigue a los responsables.

Guatemala , Enero 29 de 2010