Por Pablo Monsanto
El 26 de enero de 2010, Guatemala fue sorprendida con la noticia de la persecución y captura del ex-presidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera ordenada por el gobierno de los EEUU. Ordenar la captura para la extradición de un ex–presidente de un país, no es cualquier cosa. Tiene una connotación política nacional e internacional que va más allá de la aplicación de una orden judicial por haber violado una ley del imperio. Posada Carriles, por ejemplo, ha violado las leyes estadounidenses en múltiples ocasiones cumpliendo órdenes o misiones de organismos de inteligencia del Estado norteamericano; sin embargo, lo encubren y protegen.
¿Qué es lo que el ex–presidente guatemalteco hizo o no hizo para hacerse acreedor de un proceso penal por parte del Estado de EEUU? Esa es la pregunta que salta a la superficie después de presenciar todo el show realizado en torno a su captura y encarcelamiento.
Si se tratara de juzgarlo por abuso de poder y de impunidad, pues lo lógico es que sea procesado en el país en donde se cometen esos delitos. ¿Será que la intervención del Estado norteamericano fue para detener la carrera desenfrenada de impunidad, o porque conspiró para saquear al Estado guatemalteco? ¿Acaso no han hecho lo mismo otros presidentes al amparo y con el visto bueno de las autoridades estadounidenses? Entonces, ¿qué propósito esconden las acciones actuales?
Como dicen algunos empresarios: la diferencia entre el gobierno de Portillo y el de Berger es que los saqueadores son como en la lucha libre donde hay rudos y técnicos; los rudos para robar son los del FRG, y los técnicos son los de Berger. Es decir, los del gobierno de Portillo robaron sin límites y a lo descarado; en el gobierno de Berger, lo encubrieron.
Hay empresarios guatemaltecos que de igual forma han violado las leyes del Estado norteamericano; sin embargo, el trato que reciben es con mucha consideración, tolerancia y protección. Ejemplos concretos los hay. Da la impresión que se trata de un acto de expiación por actuar al margen de las normas de instituciones que aunque realizan todo tipo de operaciones, no las aprueban cuando son realizadas con fines personales o de grupo y que afectan intereses estratégicos.
En este caso concreto, según El Periódico, está involucrada “una estructura, dirigida por militares de vieja guardia, que desfalcaron el erario nacional”.
Mencionan al general Francisco Ortega Menaldo, a los coroneles Jacobo Salán Sánchez y al coronel Napoleón Rojas, y es sabido que a estos militares se les relaciona con la “cofradía” y que controlaban las comunicaciones del Presidente y todo su gabinete.
Esos militares involucrados en los desfalcos fueron también quienes, en su momento, dirigieron las estructuras de inteligencia y contrainteligencia del Estado durante el conflicto armado interno. Partiendo de esos elementos, más da la impresión que se quiere sentar un precedente para que todos aquellos que se empoderaron y se enriquecieron al amparo de la contrainsurgencia dirigida por la Central de inteligencia Americana, CIA, a favor de los intereses norteamericanos y de los oligarcas guatemaltecos, no sigan actuando con la impunidad que lo han hecho, amparados en esos poderes.
La contrainsurgencia dio lugar a que surgiera un estrato social con algunas características del lumpen, quienes amparados en el ejercicio del poder del Estado acumularon riqueza y entraron a disputar el control del poder político a la oligarquía nacional, y por supuesto a estrechar los lazos con un sector del Estado norteamericano. Ahí puede encontrarse el embrión y posterior desarrollo de grupos del crimen organizado.
A los integrantes de esa fuerza política, acostumbrados a actuar con toda la impunidad, y que se expresan en el gobierno a través del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, esa confrontación los lleva a asumir posiciones anti-oligarcas, a disputar renglones importantes de la economía del país y a desplazar a sectores económicos poderosos del mercado; razón por la cual, la cúpula oligarca aliada de grupos de poder del gran capital estadounidense, trata por todos los medios de impedir que ese estrato social surgido al amparo de la contrainsurgencia, siga en la lucha por volver a ejercer el poder político del Estado.
La oligarquía tradicional y la modernizante, es la mejor aliada que tiene el poder de los EEUU en Centro América y en el continente en su lucha por mantener el sistema. Y, en esa batalla, la oligarquía goza de la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado norteamericano.
Ya no necesitan de los que participaron en la contrainsurgencia sino que ahora sólo necesitan y aceptan a aquellas fuerzas que les permita mantener el sistema y que velen por sus intereses. Recordemos que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses, según lo expresó uno de sus presidentes. Por eso, durante el gobierno de Berger se redujo el ejército a lo mínimo.
No es extraño que esos sectores oligarcas se regocijen con la orden de arresto, encarcelamiento y extradición desde un tribunal estadounidense del ex–presidente Alfonso Portillo, porque el sistema de justicia nacional debilitado no garantiza que los demonios creados por la contrainsurgencia, purguen sus faltas graves y eliminen el riesgo que puedan colocarse de nuevo en una posición ventajosa que les permita seguir disputándoles el poder político del Estado. Para la oligarquía es el momento de salir de ese peligro.
Pero si lo que quieren es limpiar el escenario político y depurar el sistema, es urgente y necesario que actúen de la misma forma para combatir las estructuras clandestinas que están siendo utilizadas por las transnacionales para reprimir y aterrorizar al movimiento social y popular, y que se castigue a los responsables.
Guatemala , Enero 29 de 2010