Por La Oscurana de la Luz

Como se informó en diciembre en el sitio web del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), la población de las comunidades y municipios del departamento de San Marcos, fronterizo con México, cansados de tanto abuso como altos cobros y cobros ilegales, por parte de la empresa encargada de distribuir el servicio eléctrico en esta área -Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) propiedad de la trasnacional en su mayoría española Unión FENOSA-, quien tiene el monopolio de distribución de este servicio en Guatemala, se negaron a seguir pagándole a la empresa. El FRENA, espacio reivindicativo que apoyó la organización de esta forma de legítima resistencia, es señalado por la empresa y la prensa de derecha de terrorista. Por otro lado, fue asesinado Víctor Gálvez, líder de esta organización, crimen orquestado contra el liderazgo popular. Sólo imagínese quien podría estar tras esta muerte.

No bastando con esto, la empresa, alegando falta de pago del servicio, lo suspendió  en cinco municipios de este departamento. Ante eso la población asediada tomó las calles. La respuesta de este gobierno lacayo de los intereses empresariales fue la represión y la restricción de las garantías constitucionales, eufemísticamente llamado “estado de prevención”, todo esto en diciembre y se renovó esta situación de violación a los derechos humanos a inicios de enero. En ese momento desde el PSOCA responsabilizamos al gobierno y la empresa de lo que pudiera suceder a la población de estos municipios, debido a este estado de inseguridad.

El 13 de enero de 2010 nuevamente se atentó contra un liderazgo popular del FRENA. Fue el caso Evelina Ramírez Reyes quien viajaba con una delegación procedente de la capital hacia San Marcos. Ellos habían estado dialogando con el gobierno demandas como: la suspensión del estado de prevención, la expulsión de Unión FENOSA del país y el pronto esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez.

En un operativo claramente militar al mejor estilo de los escuadrones de la muerte formados por la inteligencia del ejército, fue baleada de muerte a Evelina y heridos Leonel de León y Jorge Lorenzo. Con esto asistimos a otro crimen más en la supuesta paz burguesa que vivimos.

Denunciamos también que en días anteriores había sido secuestrada, torturada y violada la compañera María Vázquez, secretaria general adjunta del Sindicato de la Empresa Winner, quien recientemente había tomado posesión de su cargo. Su nombramiento se dio en una coyuntura de reclamaciones laborales contra la empresa Winner, relacionada con la falta de pago por bonificaciones, ausencia de guarderías para hijos de madres trabajadoras, reinstalación de trabajadores despedidos y negativa de la empresa a cancelar el día de trabajo cuando los trabajadores acuden al seguro social.

Para poner en aun más en evidencia la naturaleza del sistema y el servilismo del gobierno, el día 20 de enero el gobierno inauguró una base militar al mando del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en el departamento costero de Escuintla, dicha base queda ubicada en el kilómetro 102 de la carretera a Puerto Quetzal.

Esta base tendrá la función, según Todd Robinson, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU “…de incrementar los patrullajes y tendrán mayor capacidad de acción y respuesta contra los hechos ilícitos que ocurran en el Pacífico” (Prensa Libre 21-01-10). Se busca un accionar conjunto de las fuerzas antinarcóticos, de la policía, el ejército y la DEA para realizar tareas de inteligencia en contra del narco. Pero sin duda esto es una pantalla más de parte del gobierno gringo para reposicionarse en el continente. Es importante anotar que es parte de la estrategia de remilitarización del Plan Mérida.

Desde el PSOCA denunciamos la represión contra los líderes populares y exigimos al gobierno su inmediato esclarecimiento, así también aclaramos a la Cicig y a ciertas organizaciones de derechos humanos que la lucha contra la impunidad pasa por desmotar los cuerpos clandestinos al servicio de la oligarquía y las empresas imperialistas, idea que choca con el carácter de clase pequeño burgués de dichas organizaciones y los compromisos de Carlos Castresana, director de la Cicig, con el poder burgués.

Por Leonardo Ixim

Nuevamente se registran problemas en los exámenes de nuevo ingreso, dejando a grandes cantidades de estudiantes sin acceder a la universidad. Esto se da por la inaccesibilidad que representan las pruebas generales y básicas de cada unidad académica.

Las autoridades dan una serie de argumentos acerca de la falta de capacidad física y de recurso humano docente  para acoger la demanda estudiantil por un lado, así como la deficiencia académica de los estudiantes que quieren ingresar a la universidad por el otro.

Esto son argumentos que justifican la violación a los derechos humanos, en el tema de acceso a la educación.   Sabemos que existe todo un plan mundial auspiciado por las instituciones financieras internacionales, de restringir el derecho a la educación universitaria a sectores procedentes de las clases populares, obreras y campesinas, en función de crear capas intelectuales afines a los intereses del capital.

Constitucionalmente a la USAC le corresponde el cinco por ciento del presupuesto total de de la nación, porcentaje que aumenta en la medida que crece la población estudiantil; con eso se estaría solventando la capacidad de crecimiento físico y en recurso humano docente para responder a la demanda, no teniendo que buscar otras formas de agenciarse recursos como el aumento de la matrícula. Pero existe una actitud burocrática y conservadora  de parte de las autoridades, de no presionar como universidad en función de exigir los fondos que le corresponden. Además, lo que el Estado entrega a la U es menor de lo que por obligación le corresponde.

Sobre el otro argumento, sabemos que existe un colador de carácter estructural, pues desde la educación primaria no hay una  educación pública de calidad para gran parte de la población; mientras, en colegios privados se educa con mayor calidad a  estudiantes de sectores acomodados, quienes ingresan con mayores habilidades a la U. Los exámenes de ingreso ayudan a mantener esta inequidad pues se excluye muchas veces de forma poco rigurosa a estudiantes que quieren acceder a la universidad.

En este año hubo estudiantes descontentos que quieren ingresar a la U en todas las unidades académicas, siendo más notable en Ciencias Políticas, Historia, Química, Farmacia y Trabajo Social. Generalmente el Consejo Superior Universitario (CSU) da tres oportunidades para pruebas generales y pidiendo a  directivos de cada unidad que hagan  tres pruebas especificas. Otros años por la presión estudiantil se ha dado una cuarta, pero esta vez no

Las asociaciones de estas unidades  mostraron su inconformidad a sus directivos, siendo rechazadas aduciendo una resolución  negativa a una cuarta oportunidad por  parte del CSU. Llamamos a estas asociaciones a informar a los estudiantes regulares para mostrar su solidaridad apoyando movilizaciones de  los compañeros que no han podido ingresar, pues es necesario acuerparlos. Las asociaciones también deberían exigir revisión de exámenes de quienes han perdido en las oportunidades pasadas.

Queremos informar acerca de las elecciones recién pasadas de la Asociación de Historia,  en las que el Frente Otto Rene Castillo (FORC) se reeligió con una votación de menos de 100 estudiantes de un total de casi mil inscritos. Esto demuestra la  apatía estudiantil producto de la embestida neoliberal,  a lo cual contribuyó el FORC. Conociendo esta problemática, el FORC usó métodos autoritarios, producto de prácticas verticalistas de sus dirigentes vinculados a la URNG, no realizaron la convocatoria para las elecciones, ni presentaron planilla, ni un plan de trabajo.

Un grupo de estudiantes cuestionó, no la validez del resultado electoral sino la legitimidad del método llevado a cabo para convocar, exigiendo una asamblea. Se dieron varias platicas entre estudiantes inconformes, la asociación y la Comunidad Estudiantil No`j, llegando al acuerdo de discutir el plan de trabajo que tiene el FORC y enriquecerlo con aportes de todos. Posteriormente se realizará una asamblea para presentar dicho plan y trabajar su puesta en marcha.

Cuestionamos los métodos llevados a cabo por el FORC pero saludamos este ejercicio de dialogo entre los sectores progresistas de la Escuela de Historia y el estudiantado. Creemos que por medio de esta asamblea hay que informar a todo el estudiantado, además de proponerse combatir las políticas neoliberales dentro de la U y la escuela.

El Viernes 29 de Enero, alrededor de las 8 p.m., el compañero Pedro García salió de su trabajo en la Municipalidad de Malacatán, San Marcos, para trasladarse hasta su casa, pero en el trayecto fue interceptado por asesinos desconocidos que le dieron muerte con saña. Dispararon en su contra 23 balazos. Pedro era dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Malacatán y, a su vez, de los vecinos de su comunidad que se oponen a la presencia de Unión FENOSA en su Departamento y en el país. Aunque no hay testigos, es criterio generalizado entre la población que este nuevo hecho de sangre fue perpetrado por las mismas fuerzas criminales que previamente dieron muerte a Víctor Gálvez y a Evelina Ramírez, con un modus operandi similar y, muy probablemente, con idéntica autoría intelectual. Adjuntamos íntegro el comunicado que, sobre este doloroso hecho, hicieron circular los compañeros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, MSIC-G, del cual el FNL es parte, en el cual se explica con detalle lo acontecido.

Dos días después, el Domingo 31 de Enero a eso de las 5 p.m., antes de que cayera el sol, el compañero Santos Cruz Nájera, dirigente comunitario de San Carlos Alzatate, salió de su casa a ver unas vacas que tenía pastando en un potrero cercano. Nunca regresó con vida. Desconocidos lo atacaron a machete y su cuerpo, aún con vida, sus familiares lo localizaron temprano el Lunes, a 500 metros del terreno que había ido a visitar. Murió desangrado en brazos de sus hijos antes de recibir atención médica.

Don Santos cometió el “flagrante delito” de colocarse al frente de su comunidad en la lucha contra la corrupción imperante en su Municipio y por impedir que la Alcaldía asumiera un préstamo leonino que hipoteca el futuro de hijos y nietos de San Carlos Alzatate. Por ello, había recibido varias amenazas de muerte, que fueron oportuna pero infructuosamente denunciadas.

Ambos casos son absolutamente inaceptables. Permitir que la represión y la muerte retomen el sitio de instrumentos únicos para la resolución de conflictos es, simple y sencillamente, aceptar un retorno a un pasado que no debe de reinstalarse.

Que la fuerza bruta, el crimen, el terror sean las armas para disuadir las legítimas luchas populares es del todo intolerable.

De todas maneras, es un hecho que esta violencia que se le impone al pueblo empieza ya a colmar los ánimos. A lo largo y ancho del país muchas agrupaciones populares se preguntan si, ante esta oleada represiva, no será ya tiempo de asumir la auto-defensa como estrategia de sobrevivencia.

¿Cuántos muertos más tienen que sumar las legítimas organizaciones populares antes de que el agua llegue al cuello? No se le puede pedir a la población que siga poniendo la otra mejilla cuando lo que la golpea son balas.

En ese marco el Gobierno, dando prueba fehaciente de su sumisión abyecta ante el capital extranjero y de su voluntad antipopular en defensa de los ricos, decide prolongar por cuarta vez consecutiva el Estado de Sitio en San Marcos, es decir, retirarle al pueblo sus garantías y derechos, sin razón alguna que justifique semejante disparate. Argumenta que lo hace porque aún no se ha normalizado el pago de los cobros que realiza Unión FENOSA. Con ello, aporta no un grano sino una carretada más de arena al descontento social que ha sabido ir acumulando.

Está conduciéndose al país hacia un punto muy peligrosamente cercano al de la ingobernabilidad. El Gobierno Central, con sus Estados de Prevención anti-populares, está sentando la violencia como pauta a seguirse para enfrentar la conflictividad social, y el pueblo ya está cansado, (pero empieza a estar harto), de ser quien siempre pone los muertos.

Por su parte el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte de Constitucionalidad, ante esta situación guardan un silencio que los convierte en cómplices. Al fin y al cabo, sabio es el refrán que afirma que “quien calla, otorga”. Y varios Gobiernos locales parecen ser coautores de la matanza.

Estas instancias del Estado deben pronunciarse y actuar al respecto, y deben hacerlo cuanto antes. Dejarlo para mañana puede ser demasiado tarde.

Desde el FNL exigimos la intervención de las autoridades correspondientes a efectos de que pongan fin, de una vez por todas, a estas prácticas políticas asesinas.

En particular pedimos la intervención de la CICIG, como único cuerpo de investigación en el país al cual se le puede depositar confianza. Instamos a la CICIG a acelerar los procesos que ha puesto en marcha, como vía para evitar que la lista de Héroes y Mártires siga creciendo. Los culpables, tanto los materiales como quienes dieron las órdenes, deben pagar sus culpas en términos de lo inmediato.

Instamos a la comunidad internacional, como un ferviente llamado a la solidaridad activa, a incrementar su presión sobre Unión FENOSA y sobre el Gobierno de Guatemala, a efectos de detener el baño de sangre que sigue enlutando al pueblo a lo largo y ancho del país.

¡LA LUCHA SIGUE!

Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios

Públicos y Los Recursos Naturales

Miembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana

-PSCC-

EL MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-

Actuando a través de su consejo político

DENUNCIA:

1.- Que desde el año 2009 los trabajadores sindicalizados del sector municipal aglutinados en el MSICG, miembros específicamente de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, Confederación de unidad sindical de Guatemala CUSG y la Unión sindical de trabajadores de Guatemala UNSITRAGUA han venido trabajando de manera unitaria en el diseño e implementación de estrategias para enfrentar las graves violaciones a la libertad sindical y derechos laborales cometidas por el Estado de Guatemala en su calidad de empleador por medio los Alcaldes y concejos municipales, trabajo que además ha permitido elaborar una propuesta de reformas a la Ley de Servicio Municipal que el MSICG ha presentado al Congreso de la República de Guatemala como parte de una agenda legislativa actualmente conformada por siete propuestas  tanto de reformas a leyes existentes como de creación de nuevas leyes. Entre estas también la propuesta de eliminación del pago dietas a dirigentes sindicales por la representación de su sector en los diferentes espacios en los que se participa.

2.- Como parte de este proceso con fecha 05 y 06 de enero del año en curso los trabajadores sindicalizados de la Municipalidad de Malacatán organizaron acciones para  demandar el pago de los salarios que se les adeudaban desde el mes de diciembre del año 2009, el pago del aguinaldo correspondiente al año 2009,  el cumplimiento del pacto colectivo y el pago de otras prestaciones laborales. Todos ellos derechos mínimos obligatorios contemplados en la legislación laboral.

3 . La acción  estuvo encabezada por el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA, Secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Malacatan, San Marcos; Sindicato afiliado a la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala CUSG y al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-.

4.- Con fecha 29 de enero del año 2010, a eso de las 08:00 AM, el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA se retiró de su centro de trabajo ubicado en la Municipalidad de Malacatán rumbo a su casa de habitación,  siendo interceptado minutos después,  a las 08:15 Am,  por individuos que fuertemente armados le dieron muerte. El asesinato se produjo en la Finca Barranca Honda, Malacatan, San Marcos. En el lugar de los hechos se encontraron, 23  cascabillos de arma de fuego.

5.- Una vez más el MSICG condena este hecho de sangre en contra de sus bases, y  las graves violaciones a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras  guatemaltecas especialmente de los trabajadores aglutinados en el sector municipal donde el empleador es el propio Estado de Guatemala a través de los gobiernos municipales.

6. El MSICG llama la atención de la Comunidad internacional y nacional sobre la reiterada violación de los derechos sindicales y laborales acaecidas en las Municipalidades y la protección de que gozan las mismas para actuar con toda impunidad.  Hace apenas unos días condenamos la intimidación e intento de asesinato de que fuera objeto, justo al iniciar el año 2010,  nuestro compañero ABEL ROLDAN Directivo del Sindicato de trabajadores de la municipalidad de Zaragoza  y los al menos 6 asesinatos acaecidos en el año 2009 contra los miembros del Sindicato de trabajadores comerciantes de Coatepeque, ambos miembros de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala –CGTG- y adscritos al Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco.

7.- Solicitamos  a la Comunidad internacional fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales en todas aquellas municipalidades con las que cooperan y limitar cualquier tipo de apoyo al respeto del Estado de derecho, principalmente al respeto de los derechos humanos laborales y sindicales.

8. Exigimos al Ministerio Público investigar este asesinato y cualquier vínculo que haya podido tener en él la parte empleadora, es decir el Alcalde   y miembros del Consejo Municipal, de la Municipalidad de Malacatán, San Marcos.

9. Ante este panorama reiteramos una vez más la solidez de nuestra lucha por la justicia social, la democracia y el respeto a los derechos socioeconómicos del pueblo de Guatemala.

¡ANTE LA REPRESIÓN: ORGANIZACIÓN Y UNIDAD!

¡PORQUE SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-