Por Leonardo Ixim

El miércoles 10 de febrero, estudiantes de la Universidad de San Carlos que exigen, en base al derecho humano a la educación superior, una cuarta oportunidad para las pruebas de nuevo ingreso (generales y específicas) tomaron durante un día completo el edificio de la rectoría donde sesionaba el Consejo Superior Universitario (CSU), mostrando su inconformidad por la actitud negativa del mismo.

Las pruebas generales se refieren a las pruebas básicas para ingresar a la universidad y las específicas a las propias de cada unidad académica.

Este movimiento nace auto convocado por los mismos jóvenes que piden una cuarta oportunidad, conformándose en una dirigencia con contradicciones pero con la claridad de que su demanda es justa. Así se presentaron ese día en que habitualmente se reúne la máxima instancia administrativa y política para que aprobara una nueva oportunidad.

Esta instancia resolvió negarles el derecho a ingresar a la universidad y a cambio les dio la posibilidad de ingresar al curso de nivelación que se lleva a cabo durante un año; sin duda una migaja que no resuelve nada y que es una burla. Ante eso, los jóvenes indignados se vieron obligados a cerrar el edificio de la rectoría, afectando con ello a los trabajadores administrativos de las oficinas centrales.

Por su parte, sectores oscuros vinculados a la corrupta junta directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) como viles traidores, trataron de caldear los ánimos de los trabajadores que se encontraban ahí. Éstos, en un estado de agobio tuvieron pequeños incidentes con los jóvenes que protestaban.

Realmente la medida de los jóvenes de encerrar a los trabajadores no fue la más acertada, pues los únicos responsables ahí son los representantes ante el CSU. Sin embargo la actitud muchas veces reaccionaria de los trabajadores nos muestra la poca concientización que tienen de su naturaleza como explotados y la falta de conciencia ante las problemáticas que afectan a estos jóvenes que son de su misma clase social. Sin duda aquí influye el acomodamiento de esta burocracia cortesana.

Al final el CSU se mantuvo con la negativa de darles otra oportunidad y en esto los representantes estudiantiles de las unidades académicas allí representadas jugaron un nefasto papel al no apoyar las demandas de los estudiantes. Se plegaron a los argumentos neoliberales de falta de condiciones físicas para atender esta demanda, pero se les olvida que la universidad recibe un presupuesto del Estado, el cual no es entregado en su totalidad como manda la Constitución. Si se obedeciera el mandato constitucional, se podría costear la construcción de infraestructura y el pago de docentes.

Los jóvenes al oír esta resolución cuestionaron el papel de los representantes en ese órgano en lo que se refiere a promover el acceso a la educación superior a las mayorías, lo cual es imposible que hagan. Estos representantes estudiantiles están claramente vinculados con las clases burguesas que aplican el neoliberalismo en la universidad o son demasiado miedosos para hacer que la universidad favorezca los intereses populares, con lo cual se vuelven igual que los primeros.

Este es un problema coyuntural en que los socialistas revolucionarios apoyamos a los estudiantes para exigir la cuarta oportunidad. Saludamos el que se hayan organizado ellos mismos y llamamos a todos los estudiantes a apoyar estas justas demandas.

Creemos sin embargo que es necesario atacar el problema de fondo, que son las políticas privatizadoras que restringen el acceso de amplias mayorías a la universidad por medio de estas pruebas y el plan de repitencia que expulsa de la Universidad y obligan  a los estudiantes a pasarse a carreras que nos son de su  interés. Esto se aplica al momento de que un estudiante repruebe varias veces un mismo curso, sin reparar las causas socioeconómicas o de deficiente aprendizaje en algunas áreas del saber, que lo lleva a perder los cursos.

Para finalizar mencionamos que en la Escuela de Historia el directivo de ésta se niega, teniendo la capacidad optima de atender a más estudiantes, a realizar una cuarta oportunidad para la prueba específica a tan solo quince compañeros, aduciendo que el CSU negó toda oportunidad sin tomar en cuenta que en la Escuela de Ciencias Políticas sí se realizó.

Por Arnulfo Fuentes

El 29 de diciembre de 1996 en Guatemala se firma la paz y con ello supuestamente, según lo planteaban las autoridades nacionales, quedaba atrás décadas de sufrimientos a los cuales estaba sumida nuestra población. Supuestamente quedaría en la historia la represión, la intimidación, el asesinato y hostigamiento al que eran condenados nuestros líderes.

Tristemente, después de más de una década de tal acontecimiento, las condiciones son igual o peor de lo que eran antes de la firma, la cual se quedó únicamente en un acto protocolario, que le sirvió a la oligarquía guatemalteca para actuar libremente sin que nadie pueda decir nada, y así seguir matando a nuestro pueblo.

Cobardes asesinatos perpetrados en lo que va del año:

Octavio Roblero, miembro del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (FRENA), fue acribillado frente de su negocio, en el mercado de Malacatán, San Marcos, el 17 de febrero a eso de las 18:00 horas.

Juan Antonio Chen, abogado Maya, fue acribillado desde un pick up, el 17 de febrero aproximadamente a las 19:00 horas. Chen fue colaborador de la ODHAG y del PNR, actualmente formaba parte de Convocatoria Ciudadana, a nivel departamental.

German Antonio Curup, hijo de Abelino Curup, líder comunitario de San Juan Sacatepéquez, que cumple condena de 50 años por un crimen que no cometió. Germán fue secuestrado el 11 de febrero al salir se su trabajo, el 14 de febrero apareció en la jurisprudencia de Bárcenas, degollado y con señales de tortura.

El 13 de enero, alrededor de las 20:00 horas, el automóvil en el que se transportaban cuatro dirigentes de FRENA, fue emboscado por individuos “desconocidos”. En tal hecho fue vilmente asesinada la compañera Evelinda Ramírez Reyes, fueron heridos los compañeros Leonel de León, Jorge Lorenzo y Freddy Rodas. Ellos habían participado en una jornada de incidencia política, en rechazo a los abusos de la empresa española Unión Fenosa en la distribución de la energía eléctrica.

El 29 de enero, alrededor de las 20:00 horas. Pedro García salió de su trabajo, de la municipalidad de Malacatán, San Marcos, y fue interceptado y muerto de 23  balazos. Era dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Malacatán, y a su vez, de los vecinos de su comunidad que se oponen a la presencia de Unión Fenosa.

El 31 de enero Santos Cruz Nájera, dirigente la comunidad de San Carlos Alzatate, que lucha contra la corrupción en la alcaldía fue atacado con machete y murió desangrado en brazos de su hijo.

Además el 1 de febrero fue capturada y liberada por su comunidad Crisanta Cruz, lideresa la de lucha de San Miguel Ixtahuacán contra la minera Montana; y el 6 de enero fue secuestrada y torturada la sindicalista María Vásquez de la empresa Winner.

Estos hechos demuestran que los empresarios poderosos y el gobierno de Guatemala actúan con total ilegalidad, a través de aparatos clandestinos que se dedican a asesinar a dirigentes y  personas que están tratando de cambiar la realidad del país sin doblegarse ante las bestias capitalistas y neoliberales.

Ante tal situación denunciamos la complicidad del Estado de Guatemala, por no darle importancia a estos hechos de violación contra los derechos humanos. Pues al hacerse de la vista gorda, queda demostrada la falta de voluntad política.

Denunciamos también, la existencia de aparatos clandestinos de represión, quienes cobardemente asesinan a nuestro pueblo, como en los años anteriores a la firma de la paz y exigimos al gobierno su inmediata desarticulación.

Denunciamos a los medios de comunicación al servicio de las empresas nacionales y extranjeras por no darle importancia a estos hechos.

Exigimos a la CICIG, que investigue estos asesinatos y abusos con la misma prioridad o más que los otros casos que investiga.

El PSOCA se une al llamado de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala a formar un Frente contra la Represión. Exhortamos a las organizaciones Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, al CUC, al FNl y demas organizaciones sindicales y campesinas consecuentes con la lucha; a las organizaciones estudiantiles revolucionarias de la USAC y de educación media y a los partidos de izquierda a conformar este Frente para exigir al gobierno, mediante acciones directas en las calles, el cese de los asesinatos contra los luchadores populares.