Por Carlos M. Licona

Honduras ha sufrido una nueva tragedia, el huracán Eta que entró al país por la zona oriental ha dejado una enorme tragedia, con la ciudad de La Lima totalmente inundada y miles de damnificados, la cantidad de muertos aún no se conoce, son muchos los desaparecidos y el rescate de las personas subidas en los techos de las casas ha sido una ardua labor en la que solidariamente se sumó la población misma.

COPECO un elefante enorme de corrupción

El Comité Permanente de Contingencias (COPECO) que actualmente es dirigido por funcionarios muy obedientes a Juan Orlando Hernández, durante toda la crisis de la pandemia que inició desde marzo, solo ha demostrado una vez más que el gobierno de la narcodictadura se ha especializado en saquear el presupuesto nacional, con toda una estructura  montada en los 3 poderes del estado ya no tienen el mínimo pudor para ejecutar actos de corrupción, así lo reflejan las compras de hospitales móviles que aún no terminan de llegar.

El principal involucrado es Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), fue el que se encargó de las adquisiciones de emergencia por la cantidad de 48 millones de dólares (1200,000,000 de lempiras) y fue acusado de corrupción, pero lo sorprendente es que fue por un delito de monto menor, hecho por el cual está defendiéndose en libertad.

La crisis de la pandemia solo vino a darles más facilidad a un régimen que desde el año 2010 han ejecutado muchos casos gigantescos de corrupción donde los principales culpables gozan impunemente como nuevos millonarios del país. En este 2020 sus actos delincuenciales ya afinados les ha otorgado una oportunidad para robarse el dinero.

Otra desgracia para el pueblo

Si hay dos características que señalar de este régimen son; la primera los altos grados de corrupción en la que se involucran los funcionarios y la segunda es la incapacidad de los que dirigen las instituciones. Días antes de que se formara el huracán Eta se había nombrado director de COPECO al excantante de reguetón, Max González, quien se hace llamar Killa. Lo único que se sabe del privilegiado cantante es que fue reguetonero y por arte de magia pasó a ganar casi los 200,000 lempiras mensuales.

La incapacidad para dar respuestas a la crisis es reiterativa aun cuando cambien a los funcionarios. De esa forma nos agarró Eta que entró al país convertido en tormenta tropical y que dejó una enorme cantidad de agua que afectó terriblemente a esas zonas de la costa norte.

La solidaridad de los sectores populares

La población se ha volcado a rescatar personas atrapadas en los techos de las casas, la donación de alimentos, ropa y medicinas se ha hecho de forma automática y organizaciones gremiales y populares se han puesto al frente como centros de acopio para mandar lo recaudado inmediatamente al norte del país.

Una población que condena y repudia los actos de corrupción del gobierno no tiene la mínima confianza en utilizar las instituciones del estado instaladas para recaudar las donaciones, tanto así que se evidencia en las publicaciones hechas en redes sociales y las frases y publicaciones llevan el sello del repudio.

Inmediatamente se debe conformar una estructura integrada por los gremios y sectores populares para elaborar y ejecutar un plan de reconstrucción, es imperativo hacerlo, la crisis de la pandemia y ahora con el desastre dejado por Eta el país necesita una conducción que garantice que los fondos que provengan de la comunidad internacional no sean desviados a las cuentas privadas.

El pueblo hondureño debe dar un ultimátum a los líderes que dicen llamarse de oposición para que conformen un movimiento nacional para tumbar al régimen. Muchos se autocalifican que se oponen a la continuidad del Partido Nacional en el poder, sin embargo, con las acciones solo demuestran que son las mejores piezas que tienen el juanorlandismo para mantener dividida a la población y así nuevamente erigirse como dueños del poder.

Lo ideal sería que el pueblo mismo se volque a las calles a exigir y pelear por terminar con la dictadura, sin embargo, al parecer ese sentimiento de repudio aun no es lo suficiente para llenar de fuerza el ímpetu y adueñarse de las calles.

Si el gobierno se pone al frente de un plan de reconstrucción ya sabemos cual será el resultado, el pueblo no debe permitirlo.


Por Horacio Villegas

Los dueños de pequeños locales de bebidas protestaron este lunes 26 de octubre frente a las instalaciones de COPECO (Comisión Permanente de Contingencias) en Tegucigalpa, exigiendo la reapertura de sus negocios y levantando carteles con la frase “Tenemos familias que mantener”; un claro síntoma del fracaso generalizado de las medidas económicas puestas en marcha por el gabinete nacionalista desde inicios de marzo, y que hasta la fecha no han dado respuestas oportunas a miles de microempresarios, los más afectados por la crisis económica.

El fracaso de las medidas económicas durante la crisis sanitaria

A inicios del confinamiento, el gobierno desplegó un conjunto de leyes y medidas destinadas a los trabajadores de los sectores más golpeados por el cierre de la economía, mismos que representan más del 70% del empleo en el país, las denominadas Pymes y Mipymes. El concierto de “iniciativas” comenzó con la llamada Ley de aceleración económica anunciada desde el 13 de marzo pasado, que disponía, según declaró el ministro de la presidencia Ebal Díaz, de un plan de inversión en la “red integral pública de salud”, traducida en el mayor incremento del presupuesto de la secretaría de salud, y la supuesta construcción de once hospitales públicos ―hasta el momento inexistentes―.

En este mismo mes el gobierno anunció el “crédito solidario”, la entrega de préstamos a emprendedores a bajos intereses, política que ha sido denunciada por los mismos productores del campo, a quienes aún, luego de ocho meses, no llegan los aclamados beneficios de los créditos. Las medidas impulsadas por el gabinete económico de Juan Hernández, continuaron emergiendo pese a los rotundos fracasos.

En mayo se generalizó a todo el sistema financiero la Ley de alivio de deuda para los trabajadores, estrategia que prometía dar un periodo de gracia por tres meses en las cuotas de los préstamos adquiridos por los trabajadores con la banca. La medida decretada por el gobierno, que colocó la confianza de los hondureños en el siniestro proceder del sistema financiero, no puso un alto a los bancos que aprovecharon a cobrar intereses moratorios, endeudando aún más a quienes accedieron a esta fracasada “Ley de alivio”.

Los millonarios préstamos suscritos con la banca internacional no resultaron ser un paliativo que ofreciera el rescate inmediato de miles de pequeños comerciantes, más bien sirvieron como un remedio descarado que libró de riesgos y amenazas a las monumentales reservas de dinero de los bancos. El “fondo de garantía” aprobado por el gobierno en mayo, es el caso; ya que fue ideado con el propósito de reducir el riesgo de las entidades financieras mediante un préstamo otorgado por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Mismo que cubre un gran porcentaje de los préstamos adquiridos por las hambrientas Mipymes que intentan sobrevivir ante la escasez de crédito. Prácticamente, con este nuevo fondo de garantía el gobierno completa el dinero prestado a las Mipymes con fondos adquiridos del BCIE, para dejar intacta la reserva de los bancos, o, en otras palabras, los ricos comen pan frente a los pobres que no tienen dientes.

Nace con ocho meses de retardo el rescate a las Mipymes

Los reclamos de la población hondureña ante los ultrajes de la banca que arremetió con el cobro de intereses sobre intereses en los préstamos, manipulando a su antojo la Ley de alivio de deuda, fue el escándalo que dio pie a un nuevo remedio que nace a ocho meses del confinamiento. Esta nueva medida fue denominada Plan de rescate financiero solidario, ideada desde agosto y a pesar de las negativas del Cohep, fue consensuada por los quince bancos, la Ahiba (Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias) y el gobierno, el pasado 18 de octubre.

“Logramos un acuerdo con los bancos para salvar y reactivar las mipymes. Les adelanto que nadie pagará más de lo que pagaba antes, no se cobrarán intereses sobre intereses, se ampliarán los plazos de pago y habrán períodos de gracia y rebajas de intereses.” (Twitter oficial de Juan Hernández, 18 de octubre de 2020).

Según el comisionado propietario de la CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros) Evasio Asencio, este nuevo rescate readecuará los plazos de pago de los préstamos de las Mipymes. Políticas que se diferencian de la ley de alivio de deuda en la temporalidad de los plazos de pago que alcanzan los 15 años, y en el no cobro de intereses sobre intereses, toda una nueva promesa revestida de “buenas intenciones” que el Congreso Nacional revisará para su ulterior aprobación.

Proselitismo nacionalista coincide con nuevas medidas económicas

El anuncio de este rescate financiero coincide en tiempo con el lanzamiento ―el pasado 14 de octubre―, del Bono Único destinado a 260 mil trabajadores independientes, transferencia electrónica de dos mil lempiras que el gobierno efectuará con supuestos filtros que medirán la pobreza a través de una herramienta denominada IVM. A ocho meses de la primera medida económica en el curso de la pandemia ―fallida a todas luces―, y cerca del año electoral 2021, las iniciativas económicas se confunden con el proselitismo electoral del partido de gobierno.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, candidato presidencial por la corriente nacionalista “Juntos Podemos” será quien presentará como un logro y anticipo de campaña, la emisión del Plan de rescate financiero solidario en forma de ley. Y el Bono Único servirá de estímulo a las numerosas bases sociales del partido de gobierno con el objetivo de lograr más votos en las próximas elecciones. No cabe duda que a meses del proceso electoral de las internas, se afinan los detalles de políticas gubernamentales que estuvieron en el oscurantismo, con el único propósito de promover ―confundiendo con sutileza las medidas oficiales con las políticas partidarias―, la prematura campaña del Partido Nacional.


Por Carlos M. Licona

Gran alboroto ha ocasionado en el país el nombramiento de Max Alejandro González Bonilla como nuevo director de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la perplejidad de la población por tal nombramiento se da principalmente por que el joven tiene como principal mérito el haber sido cantante de música del género reggaetón y, además, ser activista y miembro del Partido Nacional. Además del muchacho en cuestión también se nombraron 5 funcionarios más.

Corrupción en plena crisis

Ya no es extraño en esta dictadura que personas que profesionalmente están formadas en alguna área sean nombradas para dirigir ministerios ajenos a su especialidad, los ejemplos más cuestionados por los reiterados desórdenes ocasionados son el de una licenciada en pedagogía que es ministra de salud y el de un ingeniero agrónomo que es ministro de educación. Pero, a decir verdad, el problema mayor no es que ignoren la temática en sí del sector que dirigen, si no más bien la gigantesca corrupción que se ha dado desde que inició la cuarentena ocasionada por la pandemia desde mediados del mes de marzo. El involucramiento de varios funcionarios en escandalosos casos de corrupción como el de los hospitales móviles y que luego ha sido motivo de reiteradas sustituciones ha sido la constante en estos ocho meses de confinamiento y en la cual la población ha rebasado los límites de la miseria.

La enorme corrupción en esta crisis se suma a los escandalosos casos del desfalco hecho al seguro social o a otras dependencias del estado en los cuales sigue triunfando la impunidad o en el menor de los casos, hacen circo para el pueblo y un chivo expiatorio termina con toda la culpabilidad. De ahí que, aunque sean profesionales traídos desde universidades famosas del exterior, al final terminan siendo embarrados o salpicados por la abominable corrupción que es la característica principal de este régimen. Entonces, ya no importa a quien nombren al frente de un ministerio si el objetivo que llevan siempre es el mismo; saquear el erario.

Así que, mientras el régimen sigue haciendo fiesta a manos llenas con el dinero que se roban, el pueblo se asfixia en la miseria ante la falta de empleo y de oportunidades para existir con los niveles mínimos requeridos de calidad de vida. El nombramiento del tal personaje en COPECO nos evidencia de forma sintomática una posible realidad que aqueja al régimen: el temor de muchos profesionales a ser contagiados de lepra. Aunque no se dice, pero es una posible realidad, que ya muchos de los allegados y defensores a ultranza de Juan Orlando Hernández comienzan a despegarse y ocultan el temor de contagiarse por el virus de la corrupción.

¿Y cuándo se unificará la oposición?

Hay algo que muchos obvian, y es que si hay algo que oxigena a esta dictadura es la falta de voluntad de los referentes de los diferentes sectores para unificarse alrededor de un proyecto político que tumbe al régimen, se combinan muchas cosas, pero la que más se impone es la línea ordenada desde el imperio del norte y que les ocasiona alergia; no darle la conducción al Partido Libre de una posible alianza de oposición. Hay personajes sectarios o radicales que manifiestan que no existe oposición, pero sin duda alguna que si existe en cada individuo que rechaza y condena enérgicamente a la dictadura, y somos la mayoría de la población. Lo que no hay es voluntad de los diferentes liderazgos para conformar un proyecto enorme y que aplaste un posible fraude electoral en el 2021, la razón es mezquina u oportunista de los que pretenden encabezar, tal es el caso de Salvador Nasralla, Luis Zelaya del partido Liberal, o en menor medida la doctora Suyapa Figueroa -prestigiosa dirigente del Colegio Médico-. Pero estos tres personajes tienen un denominador común: obedecen la línea de la embajada estadounidense.

Así que, aunque la crisis de la pandemia desenmascara al régimen al vivo retrato de Dorian Gray, podrido a más no poder, lo que más le permite respirar a la dictadura es la falta de voluntad de los que lideran las organizaciones y partidos políticos que dicen ser de oposición. Si fueran objetivos deben aceptar y reconocer que en esto momentos la estructura más grande con militancia es el Partido Libre y es quien debe encabezar la unidad, los intereses personales y mezquinos deben ser hechos a un lado para iniciar un proyecto en base a puntos álgidos y de beneficio a las grandes mayorías.

Cualquier político que se haga llamar líder de alguna estructura y ponga condiciones o pretextos para no unificarse en un proyecto de tumbar la dictadura, es el que oxigena al régimen y es el más dañino que el mismo DJ Killa, actual director de COPECO.


Por Rubén Molina

Desde antes que Ana Paola Hall oficializara la convocatoria a elecciones primarias el pasado 14 de septiembre a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) ―institución que preside en reemplazo de Rixi Moncada―, el Partido Nacional inició una serie de movimientos que tienen como objetivo preparar el recambio de la dictadura por otros cuatro años.

Los ambientes favorables para la dictadura van desde el consenso entre bancadas en el Congreso Nacional, para impulsar los artículos transitorios de la nueva Ley Electoral aprobados el pasado 1 de octubre; la desestimación de candidatos en elecciones primarias para lograr candidaturas únicas que perfilen a Mauricio Oliva como candidato con mayor intención de voto ―a costa de asesinar políticamente a Tito Asfura quien es señalado por la Uferco―; y finalmente, los nacionalistas le han concedido a los banqueros afines a su gobierno (los Atala en este caso) el control de instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), una estrategia que puede ocultar cualquier blanqueamiento de dinero que proviene del narcotráfico, que es desembolsado en la mayoría de los casos a través de cuentas bancarias, un escenario que permitirá el libre financiamiento por parte de carteles que coquetean con Hernández y demás personajes de su gobierno.

Consenso entre oposición y nacionalistas en aprobación de artículos transitorios de nueva ley electoral

El Congreso Nacional producto de un consenso total entre bancadas, aprobó los artículos transitorios que contemplan un escenario electoral construido tanto por la oposición como por el partido de gobierno. Las tensiones terminaron, y Libre se prepara para reunir votos suficientes para cambiar la lucha frontal en las calles, por la “lucha” electorera. Estos artículos transitorios aseguran las elecciones primarias 2021, un censo electoral depurado y la vigencia de la nueva tarjeta de identidad, reivindicaciones del CNE acuerpado por Libre.

“Entre lo aprobado (de los artículos transitorios) destaca el Censo Nacional Electoral Provisional que será utilizado para efectos de las elecciones primarias 2021; los plazos en que se debe de realizar el Censo Nacional Electoral Provisional; El Censo Nacional Electoral Definitivo; El listado definitivo de electores; la creación del Sistema Integrado para la Inscripción de Personas Fallecidas y; la vigencia que tendrá la actual Tarjeta de Identidad” (La Tribuna, 1 de octubre de 2020).

Maniobra de nacionalistas contempla desechar aspirantes para buscar candidatura única en Mauricio Oliva

No es nada descabellado suponer que el candidato del movimiento “Juntos Podemos”, el actual presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, colocara en el centro de la mesa de negociaciones con los órganos de investigación criminal, ―en este caso la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), misma instancia que desplazó a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic-Maccih)― a su contrincante de la corriente “Unidad y Esperanza” Nasry “Tito” Asfura.

“Se dio a conocer el documento con las acusaciones en contra del titular de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Asfura y a un grupo de sus colaboradores. Los mencionados son responsables de cometer delitos relacionados con el abuso de autoridad, lavado de activos, sustracción de fondos públicos y malversación de caudales públicos que fueron depositados en cuentas personales” (Noticias 24/7, 3 de octubre de 2020).

En Honduras la tradición ha colocado como inminente candidato victorioso del poder ejecutivo al funcionario que ocupa la presidencia del poder legislativo, así ocurrió con el actual dictador Hernández, que ocupó el puesto de presidente del Congreso en el año 2010. Tradición que los nacionalistas seguirán consumando a fin de seguir en el poder.

Sin delito de lavado de activos señalado por la CNBS, hay mayor financiamiento de campañas electorales con dinero del narcotráfico

El Congreso Nacional aprobó a Banco Ficohsa de los Atala, un fideicomiso que permite tener el control de la institución reguladora de las finanzas hondureñas el pasado 1 de julio; una estrategia que busca enmudecer las sanciones por lavado de activos a la banca que tramitará en los próximos meses, dinero de campañas electorales proveniente del narcotráfico. Debemos estar atentos a esta serie de movidas que los nacionalistas emprenden con el afán de montar las condiciones electorales más favorables, que los coloquen de nuevo en un tercer periodo de gobierno; a la vista y paciencia de la oposición burguesa.


Por Sebastián Ernesto González

Este año ha sido la fiesta de la corrupción en el país, la crisis de la pandemia le vino a ofrecer en bandeja de plata a la narcodictadura muchos miles de millones de lempiras, la cantidad saqueada del Instituto Hondureño de Seguridad Social ha quedado minimizada en comparación con lo robado este año. Con un sistema judicial que baila al ritmo del jefe, los funcionarios delincuentes hacen de las suyas a su antojo y la moda son las sobrevaloraciones de todo lo que se compra.

En el 2015 las marchas de las antorchas se realizaron como una condena y repudio al régimen juanorlandista por el saqueo hecho en el IHSS, las enormes movilizaciones fueron canalizadas por los oportunistas y la embajada estadounidense para crear la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) en el 2016,  en un primer momento se exigía una CICIH al estilo de la que había en Guatemala, sin embargo, todo el poder y con la complicidad de la OEA se utilizó para aplacar el clamor popular y medianamente crear un aparato internacional que maquillara el rostro del país. Esta institución fue disuelta en enero del presente año al no aprobar el congreso nacional la extensión de la misma.

Mes y medio después de la disolución de la MACCIH el país entró en cuarentena e inició la fiesta que aún no termina, el Partido Nacional siempre con sus comparsas dentro del congreso y con órdenes desde el ejecutivo emprendieron el mayor saqueo en la historia de país alguno, tan descaradamente lo han hecho que es oprobioso la forma en que han utilizado al más del 60 % de pobres que existen en el país con el fin de robarse todo lo que se puede, han jugado con el hambre, la salud y la educación del pueblo, pero esto no les importa y siguen saqueando.

Detienen a Marco Bográn

Hoy lunes 5 de octubre han detenido al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bográn Corrales,  acusado del delito de malversación de caudales públicos por hospedarse junto a otras personas en un hotel de lujo a inicios de la pandemia, el funcionario pasa a ser por un tiempo el chivo expiatorio del régimen que ya es tenido por uno de los gobiernos más corruptos del mundo.

La detención de Bográn es una acción para desviar la atención y lavarse las manos al estilo de Poncio Pilato, pero en ningún momento obedece a la correcta aplicación de la justicia, de hecho, la mejor prueba de esto ha sido la liberación la semana pasada de los autores intelectuales del asesinato de Bertha Cáceres. Al igual que en días anteriores fue la liberación de Rosa Elena de Lobo, acusada por la MACCIH de corrupción.

En esta ocasión no hay indicio de que haya movilización al igual que en el 2015, el confinamiento decretado por el gobierno lleva como propósito el mantener a la población controlada y generar temor de contagiarse. Con una oposición política que no da muestras de unirse y que por ahora solo ven el proceso electoral del 2021, lo cierto es que los niveles de corrupción son tan elevados que ya debería existir un frente común de oposición al régimen para ponerle un alto de una vez por todas y para movilizar a la población hasta que caiga.

El pueblo debe entender de una vez por todas que cualquier persona que hable y actúe distanciando la unidad de quien debería ser oposición al régimen no es más que un aliado de los que ahora venden al país. Y cualquiera que luche y trabaje por estar del lado del pueblo peleando en las calles es de verdad el que debe liderar la oposición.

¡Ya es tiempo de poner un alto a este gobierno militarista y delincuencial!

Más artículos…

Subcategorías

Hemeroteca

Archivo