Por Horacio Villegas
Pasados diez meses desde la declaración de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, ahora el gobierno del dictador Juan Hernández invocó de nuevo la alerta a nivel nacional, esta vez por la tormenta tropical Eta. La incapacidad del gabinete de Hernández fue notoria desde el ingreso a territorio hondureño de esta tormenta tropical el pasado miércoles 4 de noviembre, mismo día de la declaración de emergencia en todo el país.
Esta acción tardía de parte del gobierno representó una falta de previsiones y acciones de contingencia en las zonas más vulnerables ―como la Costa Norte― negligencia que resultó en la pérdida de 74 vidas humanas según datos oficiales y más de 2 millones de hondureños afectados. Esta otra emergencia, que también llegó a Guatemala y Nicaragua, solo se compara con los estragos que ocasionó el huracán Mitch hace 22 años (1998), y se espera la llegada del nuevo huracán categoría 5, Iota.
La tormenta tropical Eta, subestimada por las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Honduras (COPECO), desde el jueves 5 de noviembre inundó por completo las casas de miles de familias del departamento de Cortés, la colonia La Planeta de la ciudad de La Lima fue el ejemplo claro del poder de los ríos desbordados y del caudal de agua que abarcó un piso completo de las casas. Por si fuera poco, ese mismo jueves, en una conferencia de prensa, una comisión gubernamental con Hernández a la cabeza, exigió a estos pobladores que se encontraban atrapados en sus techos, abandonar inmediatamente la zona. ¿previo aviso, o una burla en cara de los afectados?
Otra tragedia que aumentará el hambre y la indignación
Sumado a los artificiales planes económicos anunciados en medio del encierro por el coronavirus (Ley de aceleración económica, Crédito solidario, Ley de alivio de deuda, Plan de rescate financiero), y al gasto en compras de infraestructura médica bajo modalidades de sobrevaloración y estafas ―como los hospitales móviles―, ahora el gobierno de Hernández declara, en medio del descontento y la rabia por la falta de acciones preventivas de su parte, el Plan de Reconstrucción “No están solos”.
¿En qué consiste? En asistir los albergues que los propios afectados por Eta ubicaron a expensas del gobierno, con implementos en forma de Kits costosos que aún están en “veremos” dado el procedimiento de elección de empresas ofertantes. O, en otras palabras: el plan consiste en montarse sobre las estructuras de ayuda comunitaria que nació de la solidaridad del pueblo, que respondió con organización en rescates, recaudación de víveres, alimentación y adecuación de albergues ―acciones genuinas que le hicieron frente a la ineptitud de COPECO y las demás instancias gubernamentales.
El dinero para este nuevo asistencialismo proviene de un préstamo de 12 millones de dólares cedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tomado de los 35 millones de dólares de fondos verdes para el cambio climático. El préstamo fue confirmado el 7 de noviembre por el ministro de Finanzas Marco Midence. Según este funcionario “Estos [fondos] se usarán para dotar a los albergues de frazadas, alimentos y bioseguridad, reforzar el rescate humanitario y llevar comida caliente a los que más lo necesitan” (Twitter de Marco Midence, 7 de noviembre de 2020).
Los hondureños de la Costa Norte, que formaron su vida alrededor de la geografía del enclave bananero, trabajadores de bajos salarios que dependían de la industria maquilera y el monocultivo del banano y la palma, a duras penas lograron formar un patrimonio hace 22 años luego del catastrófico Mitch, esa miserable realidad que vuelve a resurgir con mucha semejanza, es el cuadro, en general, que hoy se evidencia frente a nuestras narices.
Algunos voceros de los rubros económicos como Anabel Gallardo, presidenta de la federación nacional de agricultores y ganaderos de Honduras (FENAGH), señalan que “el sector agrícola que aporta el 14% del PIB en el país, la palma, caña de azúcar y el banano predominan en exportaciones y son estos productos los más afectados por las inundaciones” (Frente a Frente, 5 de noviembre de 2020).
Las respuestas del gobierno al hundimiento de estos rubros ha sido el endeudamiento con organismos financieros internacionales y la revelación de planes económicos que como en el curso de la pandemia, han seguido un camino de rotundos fracasos; no ha surgido, ni surgirá, del gabinete del dictador Hernández, una respuesta concreta a este cuadro de crisis económica que enfrentará Honduras luego del desastre causado por Eta. La tarea de buscar soluciones creíbles e inmediatas quedará en manos de los diferentes sectores del país que lucharon en medio de la tormenta tropical sin el respaldo y apoyo del gobierno.
El pueblo desmanteló la burocracia
A raíz de la negligencia y falta de acciones de parte del gobierno en las inundaciones del 5 de noviembre en la colonia La Planeta y, otras zonas de la Costa Norte, los propios habitantes de las comunidades aledañas y menos afectadas, en un acto de solidaridad, asumieron el rescate de miles de personas que se encontraban atrapadas en los techos de sus casas.
Como resultado de este acto sin precedentes, resurgió la emblemática frase “solo el pueblo salva al pueblo”. Este rescate con hombres y mujeres voluntarios, sin ninguna preparación más que las ansias de ayuda, vio surgir lanchas, alimentos y la preparación de albergues sin ninguna presencia de los burócratas de COPECO. El pueblo reconoció el liderazgo y acción de instituciones que a duras penas han sobrevivido por el achicado presupuesto estatal dirigido hacia ellas, como el caso del cuerpo de Bomberos de Honduras.
A COPECO se le atribuye parte de la responsabilidad en las muertes ocurridas en esta tormenta tropical Eta, debido a la falta de un programa de contingencia en las zonas que, según pronósticos, serían las más afectadas. COPECO encendió aún más la rabia de los hondureños cuando en el lugar de la afectación, con personas en estado delicado, víctimas de las inundaciones, decidieron imponer todo un engorroso trámite en la recepción de ayudas, entre ellas alimentos recién preparados a los damnificados que se encontraban en albergues. Videos divulgados en las redes sociales, mostraban a estos burócratas, en más de una ocasión, rechazando este tipo de ayudas tan necesarias en un momento crítico.
Las personas que en los distintos lugares del país decidieron aportar con ayudas a los damnificados, entendieron rápidamente la maniobra política de los nacionalistas, quienes a través de instituciones lideradas por ellos ―COPECO por el cuestionado Max González, por ejemplo―, pretendían ondear banderas sobre el trabajo comunitario ya existente, para luego alardear y borrar de alguna forma el descrédito y rechazo que se han ganado “a pulso”.
¿Cuál fue la respuesta de los hondureños ante esta maniobra? Se definieron centros de acopio independientes, donde se ubicaron miles de ayudas y alimentos no perecederos para abastecer los albergues tanto de las ciudades afectadas en el Norte, como de la capital; se desconocieron los centros de acopio gubernamentales por considerarlos ilegítimos e irregulares; se contrataron camiones que llevarían al Norte todas las ayudas recibidas; y entre otras acciones, se hizo un llamado a los hondureños en el extranjero para que hicieran sus donaciones a través de cuentas de amigos o personas de confianza puesto que los consulados les exigieron rotular sus donaciones a nombre de COPECO.
JOH crea una secretaría de transparencia ¿para qué?
El gobierno de Hernández creó el pasado martes 3 de noviembre, bajo el nombre de Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT), una nueva instancia que, a juicio de varios sectores del país, viene a duplicar funciones de otros organismos en materia de transparencia como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y en asuntos de corrupción, como lo es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Cómo es de costumbre, las instituciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que colaboran y no riñen con el régimen, desearon el buen desempeño de esta nueva secretaría a cargo de María Andrea Matamoros, hija de David Matamoros Batson ―pieza clave del fraude electoral del 2017―. ¿Qué representa la creación de este nuevo organismo que vendría a suplantar las funciones de otras instancias, que han revelado los actos de corrupción del gobierno de Hernández, como el CNA por ejemplo? Para el Frente Parlamentario contra la Corrupción, esta nueva instancia vendría a exterminar al CNA e “instalar un nuevo ente encargado de recibir y dar trámite a las denuncias ciudadanas por corrupción” (Comunicado del Frente Parlamentario contra la Corrupción, 9 de noviembre de 2020).
Lo cierto es que, con este nuevo Frankenstein, surgido en esta coyuntura, los recursos orientados a la tragedia por Eta, podrían no ser fiscalizados por el CNA y otros veedores que han denunciado de frente al régimen. Con la creación de esta secretaría de transparencia, JOH estaría arrebatando de las manos la documentación más comprometedora de su gobierno al CNA y al TSC, para de esta forma, librarse de señalamientos por actos de corrupción. Debemos denunciar esta nueva estructura que aparte de ocultar información, succionará más dinero del presupuesto general del Estado.
¿Qué hacer ante la profunda crisis que va caminando?
Mientras el gobierno traza sus planes de “reconstrucción” del país bajo la ruta de mayor endeudamiento con la banca internacional, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy, asegura que la solución a la crisis debe pasar necesariamente por “muchos incentivos fiscales para las empresas y fondos frescos para que el gobierno pueda enfrentar la reconstrucción que se le viene encima” (La Tribuna, 7 de noviembre de 2020).
Esta afirmación del vocero de los empresarios demuestra dos asuntos que es oportuno combatir: la ambivalente postura de los empresarios, que imploran por el rescate de sus millonarias empresas por gracia de exoneraciones fiscales, y la claudicación del COHEP ante el desacreditado gobierno de Hernández ―cambio de opinión de un empresariado que en el transcurso de la pandemia desconoció las mesas multisectoriales del gobierno. A todas luces, los burgueses quieren “reconstruir” sus ganancias, y no la situación de los pobres, los más afectados por Eta.
Otro vocero de artificiales soluciones a la crisis, como el exministro de finanzas, Arturo Sánchez, supone que hay que seguir otorgándole el liderazgo al gobierno, ayudándolo a conformar “un equipo multisectorial con representantes del sector público, organizaciones del sector privado e instituciones de la sociedad civil, para iniciar el Plan de Reconstrucción Eta y cuantificar la inversión que será requerida” (Arturo Alvarado Sánchez, El Heraldo, 12 de noviembre de 2020). Otro discurso que deposita la confianza y reconoce el liderazgo en el corrupto gabinete de los nacionalistas; y, además, coloca sus ilusiones en mesas multisectoriales que no contemplan las organizaciones legítimamente del pueblo, desde los movimientos sociales, hasta las organizaciones de barrios y colonias.
A contracara de estas propuestas que levantan los sectores burgueses del país, se encuentran las posturas de los economistas tecnócratas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), quienes aseveran que en medio de esta crisis “el apoyo puede ser canalizado a través de organizaciones locales, iglesias y otras instituciones que puedan garantizar una mejor distribución de estos recursos” (La Tribuna, 7 de noviembre de 2020). Postura que coloca en su justa dimensión la nulidad de las vías gubernamentales de recepción de ayudas, y que además incita a las organizaciones locales a asumir la distribución de los recursos empleados para la reconstrucción del país.
El primer paso para idear un plan de reconstrucción del país debe ser trazar una amplia discusión en las agendas de los sectores populares y gremiales, movimientos sociales, campesinos, sindicatos, organizaciones de barrio, etcétera; donde se propongan las bases de un programa de atención de la emergencia en reemplazo del asistencialismo del gobierno. Desde el Socialista Centroamericano los incitamos a discutir estas alternativas, donde se tomen en cuenta algunos puntos que ya hemos sugerido en anteriores publicaciones como “1) el salario mínimo mensual para todas las personas que no tienen empleo y puedan subsistir mientras se supere la crisis; 2) el financiamiento sin intereses para pequeños negocios bajo otros esquemas que no sean las fracasadas leyes de alivio financiero y 3) el financiamiento para viviendas populares de materiales no perecederos como las que ha entregado el gobierno.
