Por Horacio Villegas

En Honduras ya es una costumbre urdir todo tipo de teoría conspirativa alrededor de los dictadores que no dimiten por presión popular. De ahí que existan nuevas suposiciones en boca de recientes horóscopos que dicen saber el futuro y la trama con la que se desenvolverán los acontecimientos entorno al gobierno nacionalista. “Juan Orlando es el objetivo principal, es el hombre que tarde o temprano va ser arrestado por los Estados Unidos” es la declaración principal del detective Ángel, un nuevo divulgador de sospechas que no acarrean ningún tipo de actividad movilizadora, sino todo lo contrario, desalienta al pueblo a salir a las calles, por la falsa idea promovida: que en cualquier momento nos quedamos sin narco-dictador por gracia de las cortes estadounidenses.

“Para asegurar el pedido de extradición y la captura del presidente Juan Orlando Hernández los Estados Unidos están en negociaciones con la defensa del Joaquín Guzmán Loera (El Chapo), uno de los jefes del Cártel de Sinaloa para tomarlo como testigo en contra del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández” (18 de septiembre de 2020).

Si bien existen negociaciones y declaraciones que señalan a Juan Hernández en la narcoactividad, en el intercambio con carteles y en complicidad con su hermano Tony que fue detenido a finales del 2018, la tardanza en llevarlo a juicio en las cortes del país del norte se debe también a la conveniencia del gobierno de Trump en preferir a un tirano que ha impuesto control a la fuerza con ayuda de sus derivaciones militares, aunque sea un narcotraficante. La administración de los republicanos ha preferido gobiernos de derecha en Centroamérica que amansen a sus opositores con violencia para así evitar las revueltas e insurrecciones, aunque el costo sea el trasiego de droga.

Las teorías conspirativas basadas en suposiciones y juicios en cortes que aun no suceden, provocan falsas ilusiones en los hondureños, no contribuyen en nada a la lucha contra la dictadura, puesto que se ven debilidades de un gobierno donde no las hay y se encuentran aliados como EEUU, que históricamente nunca han cumplido ese papel en Centroamérica sino al contrario.

Entrega del territorio a las ZEDEs se inició hace 10 años

El viernes 18 de septiembre Erick Brimer, fundador de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico - ZEDE “Próspera” anunció en la comunidad de Negros de habla inglesa Crawfish Rock en la isla de Roatán, el artículo referido a la expropiación del territorio de la Ley orgánica de las ZEDE, contenida en el Decreto Legislativo No.120-2013 aprobado por Juan Hernández cuando era presidente del Congreso Nacional. El extranjero Brimer fue interrumpido por policías municipales y pobladores que denunciaron la ausencia de los tratados suscritos por Honduras en el tema del derecho indígena, como las consultas previas a las comunidades.

La Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) surgieron como propuesta luego del golpe de Estado del 2009, cuando la economía hondureña estaba colapsada y el gobierno de Porfirio Lobo Sosa consentía manotadas de ahogado para recuperar algo de estabilidad. En ese entonces Lobo acudió a discusiones con economistas neoliberales como Paul Romer, creador de la idea de charter cities, ciudades modelo, que en esencia violentan la soberanía de los estados nacionales y significan una especie de nuevo protectorado en pleno siglo XXI.

Las inminentes expropiaciones en Roatán son el rebrote de una tendencia que ha existido en nuestros países centroamericanos: las confiscaciones de las tierras indígenas destinadas al monocultivo del café por parte de terratenientes, las tierras que los gobiernos a inicios del siglo pasado entregaron a las bananeras, y la falsedad de las reformas agrarias.

Pelear ante las arremetidas del régimen

Ante el nuevo escenario electoral con una convocatoria a elecciones internas el domingo 13 de septiembre, en la cual quedaron desestimadas las reformas a la ley electoral, y mientras la oposición se prepara para entrarle al juego electoral “bajo protesta”, queda claro que solo las movilizaciones convocadas por los movimientos sociales y demás sectores pueden arrinconar a este narco-gobierno. Perder las ilusiones en la acción de las cortes estadounidenses, como las únicas que pueden sacar a un gobierno plagado de narcos y corruptos es el primer paso, la credibilidad debemos depositarla en la organización y las verdaderas acciones concretas que no sigan el carril de la democracia burguesa, otra ilusión depositada en urnas que no nos sacará de esta crisis.

Por Sebastián Ernesto González

El 13 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones primarias para marzo del 2021, con esta convocatoria se inicia un proceso electoral que culmina con la declaratoria del presidente del ejecutivo para el periodo 2022-2026, con más de una década de que grupos fácticos se apoderaron del país con el Partido Nacional al frente y Juan Orlando Hernández a la cabeza.

El golpe de estado del 2009 a traído mucha miseria al país, siendo la clase trabajadora la más afectada y que muchos han pasado a aumentar los índices de familias pobres que a penas sobreviven con 3 dólares diarios o menos. La criminalidad y la inseguridad en el país es el diario vivir y ya no hay nada que envidiar a Colombia o México con escenas dantescas ligadas al narcotráfico, trata de personas o delincuencia común.

El asesinato de personas activistas en la defensa y protección de la tierra y el medio ambiente es una preocupación permanente en los que la realizan y en defensores de derechos humanos. La dictadura dio rienda suelta a escuadrones de la muerte para asesinar en la impunidad. La represión actúa por todos lados, desde los operadores de justicia, pérdida de empleo, el escarnio público, detención ilegal, golpizas en las manifestaciones o ya, por último: el asesinato.

Convocatoria sin una nueva ley electoral

Los grupos que controlan el poder en el país no quieren soltarlo y cuentan con el apoyo de los militares para sostenerse y el visto bueno de la política imperialista de los Estados Unidos. Hay que tener claro que Juan Orlando Hernández no está solo, detrás de él hay toda una maquinaria principalmente compuesta por banqueros y personajes de la empresa privada que se han beneficiado en todo este tiempo post golpe, dejar el poder es perder los privilegios y en todo caso, en el más extremo pueden soltar el poder negociando cuotas y beneficios que sigan aumentando sus ganancias. De ahí que no es extraño que la convocatoria a elecciones primarias se hizo sin la aprobación de una nueva ley electoral. El supuesto consenso que había en el Congreso Nacional para aprobar tal ley fue roto en último momento por el Partido Nacional y con el pataleo del Partido Libertad y Refundación se hizo la convocatoria.

Una de las situaciones que legalmente no está dilucidada es la regulación de la reelección, hecho que según la constitución es ilegal y que no ha sido juzgado y ni se juzgará mientras Juan Orlando se mantenga en el poder. Pero una vez que salga, puede cambiar el contexto y se le puede llevar a juicio. Siendo este uno de los puntos que el Partido Nacional lleva 3 años pretendiendo negociar para apoyar una nueva ley electoral y que el Partido Libre y Partido Liberal se niegan a aceptar, al menos hasta ahora.

El Partido Nacional y Juan Orlando siguen controlando toda la institucionalidad del país, por lo que otro fraude electoral no se puede descartar y pone los pelos de punta al imaginarse otra convulsión social como la de diciembre del 2017, hecho que dejó al pueblo con muchos mártires que se suman a los que hubo cuando el golpe de estado del 2009. Pero a los que tienen el poder no les importa esto, ya se demostró en estos 6 meses de confinamiento que hay suficiente dinero para mantenerse a pie. Que el pueblo sufra es lo que menos les conmueve y actuarán hasta las últimas consecuencias para seguir con el poder o negociar jugosas cuotas de ganancia. Si el Partido Nacional no se muestra con la misma prepotencia de antes, es porque debe existir algún tipo de presión externa que les está exigiendo elecciones más transparentes, pero el pueblo no puede quedarse confiado en que la comunidad internacional le tire el salvavidas.

Solo la insurrección puede terminar con la dictadura

En las altas esferas del poder pueden darse diferentes tipos de negociaciones, pero ninguna de ellas garantiza el beneficio para el pueblo ni que esos grupos que se han devorado al país salgan huyendo. Al pueblo solo le queda la insurrección popular, volcarse a las calles para sacar a los delincuentes del poder, es inadmisible que el robo descarado del erario no estremezca la conciencia del pueblo hondureño y que solo espere el siguiente proceso electoral con las reglas dictadas por el que dirige un narco estado. Pero también el pueblo debe saber y actuar sabiamente; el que habla para dividir la oposición solo beneficia a la dictadura, el pueblo puede ir a elecciones en marzo del 2021, pero primero insurrección popular para que las ratas huyan al despeñadero.

Por Carlos M. Licona

Ya no hay duda alguna que el presente año escolar se culminará con la educación en línea, la entrada al país del virus Covid-19 dio lugar al confinamiento en las casas y que paralizó la economía y el sector educativo se alejó de los centros de enseñanza. Desde el 13 de marzo los educandos y educadores no volvieron a los centros de educación, la cuarentena vía decreto para propiciar la propagación del virus obligó a todos los niveles educativos para seguir con el proceso enseñanza aprendizaje desde la forma virtual, esta situación vino a desnudar las desigualdades sociales en que viven nuestros educandos y la mayoría de las familias hondureñas.

La educación virtual: un reto que no avanza en la educación pública

En esta realidad hay que dejar bien diferenciados algunos contextos que evidencian las desigualdades económicas de los alumnos, el primero es que existe una brecha abismal entre los alumnos de centros privados y los públicos. Mientras el alumno de los privados se desarrolla en un ambiente más confortable en cuanto a las necesidades básicas y el uso de herramientas tecnológicas junto al servicio permanente del internet, el alumno de los centros públicos no corre la misma suerte, siendo en su mayoría proveniente de hogares desintegrados con progenitores dedicados a la economía informal, carecen tanto de las necesidades básicas como de celulares y computadoras, no digamos del uso de datos, al que solo pueden acceder cuando logran pagar una recarga o agarran señal de alguna antena perdida.

Mientras en los centros privados son pocos los que carecen de un eficiente servicio virtual, en los públicos la mayoría tiene deficiencias terribles en el servicio del internet. Un ejemplo sencillo es en mi casa, donde me vi obligado a cancelar el servicio de Internet de HONDUTEL (28 $ mensual) por deficiente señal que se daba todos los días e instalar el Internet de otra empresa por 35 $ (875 lempiras mensuales). A este gasto mensual se deben agregar el uso de aparatos inteligentes y computadoras, el que no tienen la gran mayoría de las familias, en todo caso; usan un solo celular para hacer llamadas, recibirlas y que todos los niños de la casa hagan las tareas respectivas.

Pero el asunto no queda solo ahí, porque, aunque en algún hogar exista el servicio del internet y tengan los aparatos para navegar, también se da la situación del analfabetismo digital, y acá también entran muchos docentes que son enemigos de la actualización tecnológica, desconociendo esta realidad que nos ha orillado al proceso virtual y negándose a profundizar en el uso de las plataformas virtuales. Un hogar donde son analfabetas digitales con maestros poco letrados en tecnología igual engruesa el número de los carentes de tecnología para el proceso educativo.

Por otro lado, también existen los hogares donde los adultos carecen del nivel académico mínimo para poder orientar a los niños o bien, en el caso de que lo tengan, son madres y padres que salen a trabajar y regresan tarde con miles de preocupaciones y con ganas de solo llegar a descansar.

La realidad actual

Estando a menos de dos meses para culminar el año lectivo, hay una realidad que nos arroja un terrible panorama: la enorme deserción que arrojará la estadística del 2020. Sin duda alguna que la responsabilidad la tiene un gobierno que está más entretenido en dilapidar los fondos públicos que en dar respuesta verdadera a la solución en educación. Entonces hay que tener muy claro una cosa; a esta dictadura no le ha interesado ni le interesa dar respuesta al sistema educativo, por lo tanto, corresponde al magisterio superar esta etapa donde los educandos obtengan un mínimo de conocimiento y salvar el año lectivo. Un decreto de conectividad gratis que aun no se hace realidad, orilla a un enorme porcentaje de alumnos quedar por fuera de la evaluación virtual que los dirigentes magisteriales tanto se ufanan en pregonar, y que les da pie a oponerse sin argumentos reales a la promoción automática. Cuando en realidad, tanto el proceso de enseñanza como la evaluación virtual son totalmente excluyentes por que orilla a los más miserables a ser reprobados o ser declarados desertores.

Pero el problema no termina este año, ya que los vientos que soplan es que las medidas de bioseguridad se prolonguen al 2021, y ningún maestro con un poco de sentido común puede seguir del lado de la exclusión social y educativa a educandos que son los que menos culpa tienen en esta crisis. No piense en los alumnos que no quisieron trabajar, piensen en los miles y miles de alumnos que han sido excluidos este año del proceso de enseñanza aprendizaje, solo por ser pobres y miserables.

Por Ovidio Molina

Las fechas conmemorativas de los Estados centroamericanos, como el 15 de septiembre, con toda su carga patriotera y de culto a panteones liberales, ofrece un espacio para que los movimientos sociales deliberen verdaderas alternativas en contra de sus respectivos gobiernos nefastos. Honduras no es la excepción. La plaza central de Tegucigalpa ha aglomerado a muchas organizaciones sociales que cada año ―y con mayor intensidad en esta década de administraciones nacionalistas― otorgan un significado opuesto a la decorativa “celebración de independencia”. La dinámica de todos estos años ha sido movilizarse hacia el Congreso Nacional y desde allí aclamar consignas en contra de las ofensivas del régimen.

A pesar de los impulsos que muestran las organizaciones, las jornadas de lucha terminan diluyéndose en convocatorias posteriores que no son enteramente acuerpadas. Lo cierto es que la prueba de fuerza contra el gobierno nacionalista no tiene el mayor alcance que quisiéramos. En el año 2019, el transcurso de la lucha que emprendió la Plataforma en defensa de la educación y salud logró el objetivo de derogar los decretos PCM 026 y 027, producto del esfuerzo de hacer concurrir a multitudes de hondureños que se enmarcaron en las exigencias definidas por la plataforma.

Definir nuestras estrategias de lucha en medio de una pandemia

En medio del confinamiento por la pandemia del Covid-19, los medios físicos que antes se utilizaban para presionar la salida de este narco-gobierno, pasaron a convertirse en eternas y numerosas reuniones virtuales; sumado a pocas caravanas que enarbolaron la frase insigne ¿Dónde está el dinero? No cabe duda que los médicos y demás personal de salud han tenido la constancia de pronunciarse con mítines, ciertos paros laborales y denuncias en contra de las corruptas y fracasadas políticas sanitarias que desplegaron los nacionalistas.

¿Cómo reactivar la lucha ante estas condiciones? Es la interrogante que resuena en las discusiones que tienen lugar en el seno de las organizaciones gremiales y ciertas facciones de los partidos de oposición. Estamos ante la disyuntiva de quedarnos en casa apaciguando los ánimos, o salir pese a la probable realidad del contagio. No tenemos otra opción que salir a las calles de nuevo con medidas de autocuidado y traer de nuevo la realidad de la protesta y un ideal paro nacional, que es la única forma de sacar a este gobierno.

¿Traspaso formal de gobierno con elecciones, o sacar al narco dictador a como dé lugar?

Un motivo que ha desplazado del punto de enfoque la lucha decidida en contra del régimen, y que ha aquietado la rabia de miles de hondureños que antes salían a las calles a exigir la salida de Juan Hernández, es la anunciada celebración de elecciones generales en el año 2021, mediante las reformas electorales que ha preparado el Consejo Nacional Electoral y las comisiones del Congreso Nacional. El temperamento elevado que nos mostraba la oposición en el congreso con su “insurrección legislativa” ya pasó a la historia, ahora tenemos un panorama de conciliación bajo el reparto de las instituciones que darán lugar a los comicios.

Las jornadas de entrega de una nueva identidad que pretende depurar el padrón de votantes, y el lanzamiento de campañas electorales prematuras parte del candidato nacionalista y actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se cuentan entre las actividades que anticipan un panorama de aparente normalidad. Una condescendencia solapada con la administración que impuso a la fuera su segundo periodo de gobierno, con el fraude electoral del año 2017. Todo indica que de este lado de las instituciones políticas de oposición no veremos resultados creíbles que arrinconen a este gabinete, dado que su salida se da por sentado, no será a la fuerza, sino que en las urnas.

La unidad para reactivar la lucha y no para apoyar intereses electoreros

Todas las iniciativas que surjan en estas nuevas movilizaciones del pueblo, que busquen la unidad de las organizaciones bajo el interés de formular un programa que trace las estrategias para lograr la salida del gobierno, debe ser aplaudida y encaminada hasta sus últimas consecuencias. No pueden añadirse intereses diametralmente opuestos como el calendario de elecciones, si fuese de esta forma, no tendría ningún sentido salir a luchar a las calles, dado que la respuesta a todas las “soluciones” están vertidas en urnas.

Los movimientos sociales, los trabajadores y trabajadoras, y otras organizaciones que participen en estas nuevas jornadas de lucha que arrancarán en este mes de septiembre, tienen nuevamente la oportunidad para seguir luchando en contra de la dictadura.