Por Carlos M. Licona

El multimillonario presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue internado en el hospital militar aduciendo que dio positivo de COVID -19. Mucho se especula sobre la información si es verdad o es mentira, aunque fuera cierto, igual la población no lo cree, han mentido tanto que la nariz ya le dio muchas vueltas por la línea del Ecuador al planeta Tierra.

El nuevo Código Penal: arca abierta para los corruptos

El 10 de noviembre de 2019 tenía que entrar en vigor el nuevo Código Penal, pero el Congreso Nacional hondureño aprobó el 4 de noviembre una ampliación de seis meses de la Vacatio Legis del Código Penal, por lo que la normativa tenía que entrar en vigor el 10 de mayo de este 2020, pero luego se prorrogó hasta el 25 de junio (hoy).

Lo anterior dio lugar para que, desde el congreso nacional, una mayoría simple conformada por la oposición convocara a una reunión extraordinaria vía zoom el día de ayer miércoles 24. Se eligió una Junta Directiva para presidir la reunión y la encabezó el diputado del Partido Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, Doris Gutiérrez diputada del PINU como una de las vicepresidentas y Sobeyda Andino del Partido Liberal junto a Jorge Cálix del Partido Libre como secretarios.

La reunión del Congreso Nacional se convocó en base al artículo 191 de la Constitución de la República, en la reunión se aprobó por unanimidad la abrogación de la entrada en vigor del nuevo Código Penal (suspensión).

El nuevo Código Penal violenta derechos humanos y penaliza la lucha social con penas de más de 15 años bajo el delito de terrorismo, mientras que los casos de corrupción se penalizan con menos de 5 años de reclusión, condena que puede ser permutada por ridículas sumas de dinero, esto significaría que los actuales saqueadores del estado en plena crisis de pandemia, nunca sería encarcelados.

La polémica Ley ha generado que varios sectores acuerparan la actitud de la oposición en el congreso nacional el día 24, entre los que destacan, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Coalición Contra la Impunidad, el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y gremios y sindicatos.

Hay que ser objetivos y no creer que el Partido Nacional y sus líderes ya se terminaron, nada más falso que eso, pero si se puede asegurar que lo sucedido en el congreso deja en evidencia el fraccionamiento entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, pero aun más profundo dentro del mismo Partido Nacional. Para que lo aprobado sobre la suspensión del nuevo Código Penal tenga validez, debe ser publicado en el Diario oficial La Gaceta. Obviamente esto no va a suceder, aunque la maniobra ha asestado un fuerte golpe a Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva (presidente del Congreso Nacional), ya que se menciona que en la reunión también hubo diputados suplentes del Partido Nacional.

Solo el pueblo en las calles podrá terminar con JOH

Lo actuado por los diputados en reunión virtual debe ser acompañado por el respaldo general de la población, una prueba de buena Fe de los que antes apoyaron a pie juntillas a JOH en todo lo que quiso, es que vayan a las calles y se coloquen frente a las bayonetas. No se valen comportamientos a media tinta o solo para dorar la píldora, la actitud debe ser frontal contra la dictadura.

Toda la oposición debe autoconvocarse para terminar con esta dictadura que, por ahora, siguen saqueando por miles de millones al erario sin ningún pudor. No se debe generar esperanza en lo actuado el día de ayer, eso solo es un alegrón de pobre si no se acompaña con la lucha en las calles, pero además, tampoco se puede confiar en personajes que dentro del Congreso Nacional llevan 10 años con la dictadura, que se sumen a la oposición pero desde la base, que en ningún momento se les vaya a ocurrir ser dirigentes de las bases que lleva 11 años luchando contra el régimen.

Los casos de corrupción en estos tres meses son peores que las 7 plagas de Egipto, da asco e impotencia la forma descarada en que se roban el dinero. El latrocinio que hacen en este momento debe generar la suficiente rabia e ímpetu para que la población nuevamente se adueñe de los barrios y las colonias y se decida de una vez por todas tumbar a la dictadura.


Por Horacio Villegas

Hasta la fecha, la medida puesta en marcha por la empresa privada y el gobierno, la “apertura inteligente” de la economía, ha terminado en lo que muchos ya habían supuesto: una mayor cantidad de contagio en la población hondureña. Hasta la fecha existen 12,306 casos de coronavirus a nivel nacional, con 358 muertos. Las cifras dadas el 8 de junio, fecha de inicio de esta apertura, era de 5,458, y 262 personas muertas. Las cifras han ido en aumento, contrastando con los casos no oficializados que siguen engordando las estadísticas de SINAGER.

Los más afectados: los trabajadores

Los afectados directos en esta pandemia han sido tanto los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, como los del sector privado, quienes ante las políticas débiles del gobierno y los empresarios como ser el Decreto 33-2020 de “rescate económico”, han tenido que salir de sus casas a ganar algo de dinero para tener que pagar los servicios públicos y costearse sus alimentos.

Los cuestionamientos al gobierno de turno suenan con mayor insistencia en el contexto de un colapso de los hospitales. A las políticas de endeudamiento con la banca internacional, que coloca a Honduras como país centroamericano con mayor presupuesto aprobado en esta crisis, y sin buenos resultados, se suman una a una las confusas estrategias como la compra, al inicio de la cuarentena, de equipamiento y hospitales móviles que aún no llegan ―hoy todo un escándalo de corrupción que involucra a Marco Bográn de INVEST-H, quién está al frente de una gran estafa―, el nulo abastecimiento de hospitales y ahora la entrega indiscriminada de tratamientos ineficaces contra el covid-19 llamados risiblemente “Catracho” y “Maíz”. El CNA ya suma cuatro informes en respuesta al aumento de la corrupción en estos procedimientos de compra, sumando el quinto de reciente publicación que desbroza todo el escándalo que hay alrededor de la compra de los hospitales móviles, y el FOSDEH también ha desplegado sus críticas al endeudamiento y la falta de políticas económicas serias.

Ocultamiento de las cifras reales

Los trabajadores de la salud, estando en condiciones deplorables en los pocos hospitales públicos que atienden la emergencia sanitaria, han tenido que recurrir a varias acciones que manifiestan la verdadera situación que existe en las salas abarrotadas por pacientes. El pasado 9 de junio, tras el intento de destitución del director del Hospital Escuela Universitario, Osmín Tovar, varios trabajadores de este hospital salieron en su defensa, logrando despejar el clima de estas pretensiones. El gobierno nacionalista, a la vez que decreta medidas oficiales en esta crisis, también deja en claro su otra política no tan oficial: censurar y quitar de la escena a los funcionarios públicos que digan la verdad sobre el avance de la crisis sanitaria.

Esta política de ocultamiento de lo que realmente pasa, por un lado, y un absurdo anuncio de estabilidad en los hospitales como lo declara a cada instante Omar Rivera del FONAC, por el otro, solo empeoran la situación actual que se torna cada vez más crítica; al punto de que los médicos ya anuncian entre 3 a 4 muertos por cada turno en el Hospital Escuela (Tiempo.hn, 22 de junio de 2020), y numerosos decesos de trabajadores de la salud que siguen contagiándose. Las funerarias arrojaron la cifra espantosa de 883 entierros que no coinciden con las sumas a cuenta gotas de SINAGER (El Heraldo, 22 de junio de 2020). Todo apunta a un ocultamiento del verdadero drama que ha causado el covid-19 hasta la fecha.

Al presentarse estas condiciones de desahucio gubernamental en los hospitales, es necesario que los trabajadores de la salud continúen manifestando las verdaderas condiciones en las que nos encontramos: con falta de los utensilios más básicos como los hisopos para las pruebas PCR, y sin espacio, ni equipos suficientes para atender a los pacientes que ingresan. Instamos a los trabajadores de la salud a que recurran a los plantones en las afueras de estos hospitales; que exijan todos los recursos que el gobierno solo ha prometido; que también exijan nuevas medidas para las jornadas de trabajo de sus compañeros y compañeras más vulnerables frente al virus, quienes ya han fallecido; y más contrataciones de médicos.

Retroceso en la “apertura inteligente”

Las instituciones del sector público ligadas a actividades económicas, han sido las primeras en retroceder en la apertura. En la circular SPGP-018-2020 del gabinete presidencial, lanzada el pasado 19 de junio, quedan por suspendidas las actividades de las diferentes secretarías de estado y demás “instituciones centralizadas y descentralizadas del poder ejecutivo”, hasta nuevo aviso. Hoy 22 de junio, se dio el inicio al cierre total ―y en condiciones de represión por parte de los policías municipales y demás uniformados― de los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela; al parecer el retorno “seguro” a las actividades económicas no contemplaba el equipamiento de los mercados con implementos de bioseguridad.

El riesgo de contagio en los mercados

Las jornadas de entregas “masivas” de mascarillas en todos los rincones del país que comunica el gobierno a cada instante en anuncios publicitarios, no llegó a los lugares de vital importancia y de mayor aglomeración; pues, a duras penas, los comerciantes de estos mercados colocan en sus rostros, en el mejor de los casos, mascarillas de elaboración propia. Los mercados abastecen a la gran mayoría de barrios populares de la capital, lo cual supone una nueva ofensiva para las capas pobres que son las más afectadas. Algunas asociaciones como la ADECABAH (Asociación para la Defensa de la Canasta Básica) suponen que se recrudecerá la especulación de productos de la canasta básica (El Tiempo.hn, 21 de junio de 2020) sin respeto del congelamiento de los precios que promulgó el gobierno desde marzo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el acuerdo ministerial No.023-2020.

Los trabajadores de los mercados deben luchar por adecuaciones a sus puestos de trabajo: como la garantía de tener espacios que den protección tanto a ellos como a los consumidores; a su vez deben reclamar la entrega por parte de los encargados de la llamada “apertura económica”, de todos los implementos de bioseguridad; con esta medida de cierre de los mercados de la capital, el gobierno deja en claro que el alimento de las capas altas que viven en las zonas residenciales costosas de circuito cerrado, la burguesía de la capital hondureña, está asegurado en todos los supermercados de renombre, mientras que el alimento de los pobres está clausurado, hasta que se reduzcan los contagios.


Por Carlos M. Licona

En 91 días de confinamiento, el país tiene 8,858 contagiados y 312 fallecidos (3.5 % de letalidad). De ese total de contagiados son 3,656 (41 %) que han salido positivos entre el 1 al 14 de junio, según los datos brindados por SINAGER (Sistema Nacional de Situación de Riesgo). Desde el 17 de marzo al 31 de mayo (77 días) se promedian 67 contagiados diariamente y en los primeros 14 días de junio la cifra se disparó a un promedio de 261 pruebas positivas diarias.

Entre los departamentos de Cortés (57.8 %) y Francisco Morazán (27.4 %) suman el 85.2 % (7,548 personas contagiadas), distribuyéndose los 1,310 en el resto de los departamentos.

Se especula mucho sobre la información que diariamente ofrece SINAGER, entendiendo que las cifras serían más altas si se aplicaran más pruebas todos los días. Sea cierto o no, se puede asegurar que el nivel de contagio es mayor y lo que se presagia no es bueno para el país.

Si se enferma mejor quédese en casa

Ya no extraña observar vídeos deprimentes y angustiantes de familiares de pacientes, empleados o de los mismos enfermos sobre las precarias circunstancias en que el nivel de contagio del COVID-19 ha sumergido a todo el sector de salud en el país, principalmente en las ciudades del Distrito Central y de San Pedro Sula.

Los principales hospitales de la capital ya están saturados de pacientes y ya se habla que los hospitales privados también se encuentran llenos. Este panorama es sombrío para el pueblo, si por un lado el nivel de contagio va aceleradamente y el sistema de salud a colapsado, las personas que se enfermen no tienen más opción que tratarse en casa.

Un sistema de salud totalmente descuidado por el régimen de Juan Orlando Hernández que ya lleva más de 10 años en el poder, con una política neoliberal tendiente a privatizar los servicios de salud pública, ha sido desnudado por la realidad en que nos ha sumergido la pandemia.

A un año después de las enormes movilizaciones de la Plataforma en defensa de la salud y la educación pública, al pueblo le toca sufrir las consecuencias del régimen y del virus. Es sorprendente que en 10 años las políticas económicas de miseria impuestas por el régimen solo fueron para golpear el salario de los trabajadores públicos, mientras ellos han saqueado el país a manos llenas aprovechando cualquier pretexto para aprobar enormes cantidades de dinero. La crisis actual ha favorecido a los gobernantes para dar rienda suelta a su voraz e insaciable apetito por adueñarse de los fondos del Estado.

Si una persona siente los síntomas parecidos a los del COVID y decide ir a un centro público, se encontrará con centenares de personas en iguales circunstancias y con un personal que no se da abasto para atender a los pacientes. De hecho, ya son varios empleados del sector salud que se han contagiado y algunos que se han muerto. Así que, si siente los síntomas y desea evitar ir a posibles lugares que son foco de contagio, ya hay lugares donde hacen la prueba rápida por la cantidad arriba de 300 lempiras, y si no los tiene, quédese quieto en casa y no salga.

Peor aún aquellas personas con enfermedades pre existentes y que son vulnerables a morir si se contagian, no hay más alternativa que morir con los suyos a ir a quedar tendido en una acera y ser centro del escarnio de la ignorancia de algunos.

¡El pueblo debe levantarse ya!

El desastre actual no es producto del COVID-19, tiene nombre y apellido y es Juan Orlando Hernández y todo el equipo de usurpadores que le acompañan. Es ingenuo el que crea que JOH solito es el que nos ha puesto de rodillas, de hecho, es todo ese aparato de grupos fácticos que se arraigó desde el 2010 y que han hecho jugosas ganancias con negocios con el estado.

El pueblo solo tiene una salida, organizarse y luchar para terminar con esta maldición que nos desgobierna. Diez años de arrastrar con una terrible precariedad económica y que viene a pegarle el tiro de gracia a la raquítica economía de los hogares empobrecidos, deben de servir para generar impotencia y la suficiente motivación para acabar de una vez por todas con estos nefastos personajes que se siguen ensañando con la población.

El pueblo no debe esperar a que una ficticia unidad de la oposición gane el siguiente proceso electoral, tampoco debe esperar que le asesine el régimen lentamente o el COVID-19, ya es el momento para unificar la organización y salir a luchar.


Por Carlos M. Licona

A casi 3 meses de haber iniciado la cuarentena en el país (desde el 17 de marzo), SINAGER (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos) autorizó que el 8 de junio se abrieran nuevamente los negocios, tal medida obedeció a la fuerte presión de la empresa privada y sobre todo de la microempresa.  Se ha hecho énfasis en mantener las medidas de bioseguridad para evitar se potencialice la propagación del Covid-19.

La cuarentena aún sigue, la forma de salir de la casa sigue siendo por el último dígito del número de identidad, al menos esos es lo que plantean las autoridades, aclarando que está prohibido las reuniones de más de 10 personas, eventos deportivos y otros, exclusivamente autorizan para que los negocios abran.

El pueblo muere de hambre o del COVID

Las principales ciudades afectadas son San Pedro Sula y el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) de los departamentos de Cortés y Francisco Morazán respectivamente. En estas ciudades es donde más personas han quedado sin trabajo y están sufriendo las consecuencias de la paralización de la economía. La falta de alimentos en los hogares obligó desde el inicio de la cuarentena a que las personas salieran a buscar formas de adquirir alimentación, así que pedir dinero o comida es una de las actividades más vistas por todas las calles de las ciudades.

La entrega de la bolsa solidaria o del bono para alimentos no pasó más que de ser un acto demagógico para favorecer personas allegadas al gobierno, ya fuera por contratos o por entregar el beneficio a los activistas del partido en el poder. Lo mismo ha sucedido con los medicamentos o con toda la logística relacionada con el tratamiento a los contagiados y con la detención del virus.

El pueblo no ha tenido más alternativa que elegir entre salir a buscar trabajo y comida o morir de hambre, corriendo el riesgo de ser contagiado. Esta presión que el régimen fue incapaz de calmar mediante políticas flexibles de pagos y de entrega de alimentos, es lo que les ha obligado a quitar las trancas.

Tétrico panorama ante salida de la población

Entre los departamentos de cortés y Francisco Morazán suman 6,230 contagiados de 7,360 en todo el país, el 84.6 %. Para hacer una comparación, Suecia con una población de un poco más de los 10 millones y cuyas autoridades determinaron no cerrar su economía y se limitaron a obligar a la población a mantener las medidas de bioseguridad, por ahora llevan una cantidad de 48, 288 contagiados y 4,814 muertes (10 % de letalidad).

Suecia es un país de primer nivel en Europa y con un alto bienestar de calidad de vida, caso contrario en Honduras (9.5 millones de habitantes) que más del 60 % vive bajo la línea de pobreza. Hay que diferenciar, además, la conducta indisciplinada y limitada de la población de Honduras con un país de alto nivel educativo. Se hace la comparación para tener idea de hacia dónde vamos con la apertura de la economía, en el mes de mayo la curva de contagios subió exponencialmente y nada bueno nos depara los meses de junio y julio, de hecho, ya ayer 10 de junio la cifra de infectados fue de 425, una cantidad que atemoriza.

Una agenda oculta

La apertura de la economía es fácil bajo el argumento de que las personas tienen hambre, sin embargo, puede ser otro el propósito. Ya esta semana se observan pocos retenes en la capital, jóvenes jugando en campos de fútbol y un tráfico muy fluido, al parecer, el mensaje enviado es “salga y contágiese”, aunque la mayor parte del aparato público sigue bajo cuarentena, se supone que irán abriendo poco a poco, calculando. Sin embargo, el panorama no es alentador, con un sistema de salud colapsado y que no da abasto para recibir pacientes, personal de la salud que sale llorando en vídeos manifestando palabras de impotencia y angustia. Solo ocurre pensar que el régimen tiene en camino un plan oculto para que colapse el sistema de salud y el pánico se apodere del estómago de la población y el hedor a muerte campee por los cuatro vientos. De esta forma pueden adueñarse de las garantías constitucionales individuales y las del país, en eso ya se sabe que no padecen de impedimentos morales ni legales. El objetivo; seguir siendo dueños y amos absolutos de Honduras.

El pueblo tiene dos enemigos por delante: El COVID-19 y el régimen.


Por Carlos M. Licona

Pobre de nuestro magisterio, en los últimos 8 años y medio solo aprendió a acatar lo que le imponen como ley sagrada, atrás quedaron los tiempos en que era beligerante y cuestionaba. Y que si algo estaba fuera de contexto lo discutía y lo rebatía con argumentos sólidos.

Lo absurdo

El inicio de la cuarentena encontró desprevenidos y desarmados a los jefes y como las autoridades educativas son ignorantes del funcionamiento del proceso enseñanza aprendizaje y además, ignoran el contexto socio económico en que viven los alumnos, se les ocurrió la genial idea de que cada docente comprobara que estaba dando clases y que le exigiera fotografías a los alumnos de que estaban trabando en las clases en línea o con guías enviadas mediante WhatsApp o Messenger, salieron con el absurdo de exigir evidencias ignorando la terrible realidad de miseria en que viven las madres y padres de familia.

Los primeros obstáculos que hubo fue la ausencia de tecnología en los hogares, falta de recursos económicos para tener activo el internet permanentemente, muchos quedaron sin empleo debido a la pandemia, aunque se envíe material de trabajo no es lo mismo que el docente de una clase a que una señora o un señor se ponga de maestro con su hijo e hija. Resulta que de un día para otro se pretendió que toda la población se volviera autodidacta sin tener la idea de cómo serlo. Muy rápido la realidad trajo a la tierra a las autoridades y el ministro publicó un oficio donde se prohíbe exige fotografías como evidencia, sin embargo, en muchos centros educativos siguen empeñados en exigirlas a los docentes y estos a la vez a sus alumnos.

Luego aparecieron con el absurdo de informar diariamente la cantidad de alumnos que trabajan en casa en las clases respectivas, el que el magisterio se mantenga trabajando y enviando material de una u otra forma es excelente y es un aprendizaje al que no debemos oponernos, al contrario, se debe estimular y capacitar para mejorar el envío de clases ya sean escritas, vídeos, audios o llamadas por teléfono. Pero de esto a pretender que la madre o padre de familia o los alumnos de educación media se mantengan conectados permanentemente es desconsiderado y hasta inhumano, las familias están preocupadas por suplir los alimentos  a la mesa, esa es la prioridad, pero no la de pagar diariamente paquetes de internet para decir que si están trabajando.

La farsa

Es muy común que en los centros educativos, tanto los administradores como los docentes envían falsa información estadística argumentando una represalia si no cumplen con el 100 % del propósito, esto es muy evidente con los partes mensuales o con las calificaciones cuando se pretendían alcanzar las metas EFA (Educación Para Todos), metas que no se alcanzaron en su totalidad y en áreas que si se alcanzaron fue en solo lo estadístico, porque desde que las implementaron el docente actuó temor a la amenaza y no por conciencia de lo que se pretendía, tal y como sucede siempre en este país.

Esa manía de enviar información falsa se profundizó más cuando llegó el tristemente célebre Marlon Escoto al ministerio de educación, quien tuvo vía libre para hacer y deshacer en el campo educativo y durante el tiempo que estuvo tumbó lo poco bueno que había. Mediante oficios ejecutivos obligó a los docentes a dar falsas nivelaciones, cambió la rúbrica de evaluación a su antojo, tantas recuperaciones como las que el alumno necesitaba para aprobar, planes de nivelación, planes de mejora, se pasó a las modalidades de BTP (bachilleratos técnicos profesional) la educación media, en fin, una serie de exigencias que el docente no cumplió; porque son irreales o porque el tiempo no daba abasto y al final, bajo la permanente amenaza no tenía más remedio que brindar información falsa.

En esta ocasión no ha pasado diferente, ante la permanente denuncia de madres y padres de familia y alumnos del abuso que se cometía al estar exigiendo fotografías, las autoridades no tuvieron más remedio que recular en esta decisión.

Fue muy importante la actitud de docentes en cuestionar esta decisión y más importante aún; la denuncia permanente ante los medios de comunicación. Hubo una unidad y una lucha imperceptible pero que fue lucha granítica, nadie se dio cuenta y pasó por alto, pero tampoco hubo una propuesta inmediata del magisterio para que no salieran nuevamente con otra payasada como era de esperarse, esta no tardó mucho en llegar.

¿Por qué el empeño en exigir información que se sabe termina siendo falsa?

La siguiente payasada llegó muy rápido; comenzaron a exigir que diariamente el alumno o alumna responda si ha trabajado o no. El departamental le exige a los distritales, estos a los directores y luego estos a los docentes. Los docentes les piden a las madres, padres o alumnos que respondan todos los días “Si trabajé”. El que no responde se asume que no trabajó y debe ser chequeado como si ese día no estuvo en clases.

Toda esta comunicación siempre fluye utilizando el internet residencial, paquetes de WhatsApp o de Facebook, en cualquier caso, implican gasto de dinero. Y es ser crédulo el pensar que todos los días responderán “Si trabajé” y en todo caso, tampoco el que respondan garantiza si trabajaron o no.

La realidad del sistema educativo público es muy diferente del privado, en su gran mayoría en el sector privado los hogares tienen mínimamente un celular aceptable o una computadora, sin embargo, la realidad es contraria en el sistema público y nuevamente la falta de acceso a la conectividad es un inconveniente para realizar las clases en casa.

Nuevamente se le amenaza a las y los docentes para que exijan una información que es imposible de recoger, entonces fluye otra vez la información falsa del docente a los directores, de los centros educativos a las distritales y de estas a los departamentales. Generando un gigantesco banco de datos totalmente falso que será base para equivocados análisis estadísticos del régimen.

La denuncia debe ser el camino

Hace dos semanas el Congreso Nacional aprobó un decreto que introdujo el diputado Edgardo Casaña, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), el decreto ordena ofrecer conectividad para el campo educativo y sobre todo al alumnado en general, también se ordena que todos los medios de comunicación otorguen una hora diaria para la impartición de clases. El decreto aun no ha sido publicado en el diario oficial “La Gaceta”.

No se sabe porque el decreto no se ha publicado para su inmediata implementación, pero en vez de exigir la publicación de este y levantar una campaña intensa para que todo el sector público tenga acceso al internet educativo, los encargados de la educación nuevamente acuden a defenderse de las amenazas cumpliendo con una ley divina que se basa en la falacia.

Lo que se debe hacer

Los docentes no deben mentir sobre la información que brindan, si solo 3 le han respondido en un día debe responder esa cantidad, mentir es crear un espejismo que nos ofrece una realidad falsa que a la larga beneficia al régimen y repercute en el alumnado, tal y como pasó con la calidad educativa en los últimos 8 años.

Hay que motivar al docente para que se actualicé en el uso de la tecnología, a las madres y padres de familia para que adquieran conciencia de aprender a la par de los hijos, a los adolescentes para que adquieran a ser responsables con sus estudios. Es la oportunidad para que todos aprendamos de todos y salgamos adelante, pero lo peor que se puede hacer es amenazar permanentemente para obtener falsa información.

Cada docente debe utilizar la herramienta que esté más a su alcance y que más le favorezca para facilitarle la enseñanza a sus alumnos, aun no sabemos hasta cuándo terminará la cuarentena total en el país, lo que, si se sabe por ahora, es que el ritmo de contagio no baja y solo sube, y mientras esto suceda no se reactivará el sistema educativo.

Pero lo más importante aún,       que todos juntos luchemos desde las casas para que el decreto para la conectividad gratis se implemente se una vez por todas en beneficio de los alumnos en general, la falta de implementación de este solo favorece a las empresas transnacionales de la comunicación y por eso lo detienen.

La unidad del magisterio

Los dirigentes de los colegios magisteriales deben tomar inmediatamente partido en este punto que se vuelve estresante todos los días. Al parecer la unidad no está pegada ni con saliva, pero este hecho al que nadie le da importancia debe servir para unificar la lucha y edificar una plataforma o coordinadora nacional para detener este abuso. Los docentes deben dejar de cumplir como si fuera ley divina esta absurda exigencia, debe ser desmitificado y desnudado esta burda orden porque no es más que un capricho de incapaces jefes por hacerse sentir como jefes y lo peor, una jugada del régimen para ofrecer estadísticas e informes falsos que al final aprovechan políticamente y justifican egresos del erario.

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