El fiscal general Luis Alberto Rubí y el fiscal adjunto Roy Urtecho renunciaron para facilitar la maniobra del Partido Nacional

Por Maximiliano Fuentes

El Fiscal General de la república Luis Rubí y el Fiscal Adjunto Roy Urtecho renunciaron a sus cargos. Lo anterior no fue una sorpresa, dado que desde hace unos meses el Congreso Nacional de la república, presidido por el aspirante nacionalista Juan Orlando Hernández había ordenado intervenir el órgano administrador de la justicia por sus malos resultados. Los indicadores del Ministerio Público en la actual administración no son nada halagadores; en uno de los países de mayor violencia en el mundo, con una institución policial vinculada de forma directa al crimen organizado y al narcotráfico y una enorme mora judicial, la intervención del MP no pareciera ser algo extraño.

Amenaza de juicio politico

De esa manera, en el mes de abril del presente año se instaló la Comisión Interventora, que saco a la palestra pública la pavorosa corrupción de la institución. Con respecto al presupuesto se encontró un manejo inadecuado, personal nombrado sin estructura presupuestaria, uso irracional de viáticos nacionales y al exterior, y la distribución del presupuesto no obedece a actividades operativas.

Son abundantes las partidas para justificar gastos excesivos, uso indiscriminado de carros blindados “(…)Con respecto al manejo de Recursos Humanos, señaló el uso de políticas incorrectas, entre estas grupos privilegiados con acceso exclusivo a recursos, aumentos selectivos, abuso en nombramiento de asesores sin funciones específicas. Además, se encontró una distribución irracional de salarios devengados por personal administrativo y fiscales.” (La prensa.hn 2013)

No obstante, pese a las enormes irregularidades, la Comisión Interventora no recomienda el despido o la instalación de un juicio político en contra del fiscal general y adjunto, por lo que su renuncia tuvo que ser el resultado de una negociación entre las cúpulas. Hace cuatro años, Luis Rubí se convirtió en el principal aliado de las fuerzas golpistas y de la extrema derecha al librarle una feroz batalla al entonces Presidente Manuel Zelaya y su proyecto de consulta popular titulado Cuarta Urna. De hecho, contribuyó al sostenimiento del régimen espurio de Roberto Michelletti. Pero en las actuales condiciones y bajo la presión del gobierno norteamericano, sumado al descrédito de la institución policial, Corte suprema y Ministerio Público, había que prescindir de uno de sus más amplios colaboradores. Las amenazas del Congreso Nacional y de varios sectores de instalar un juicio político en contra del Fiscal General y adjunto del MP fue parte de la presión para hacer renunciar a los funcionarios.

El propósito de la maniobra

Los cambios en el régimen, las reformas constitucionales persiguen un único propósito: centralizar el poder político a través de la Asamblea Legislativa y despojar de potestades al poder ejecutivo. La creación del juicio político es la medida para legalizar los golpes de Estado y tener bajo su control a los demás poderes del Estado. Un ejemplo concreto de esta medida se aplicó en la república del Paraguay al Presidente consti

tucional Fernando Lugo, quien fue obligado a renunciar tras la instalación de un juicio político en la cámara legislativa. En nuestro contexto, la medida les fue aplicada a los magistrados destituidos, que marcaron una fuerte oposición con las propuestas de Ley impulsadas por Juan Orlando Hernández. Con seguridad el nuevo Fiscal General y adjunto serán cuadros políticos y de confianza del Partido Nacional, lo que le dará un mayor control sobre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Estas modificaciones aseguran el control casi total de la institucionalidad del Estado ante un eventual triunfo electoral de Xiomara Castro candidata a Presidente del recién fundado Libertad y Refundación (LIBRE).

Es por lo anterior, que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a las organizaciones obreras, campesinas, gremiales y sindicales a desconfiar de la institucionalidad impuesta por los mismos que contribuyeron a perpetuar el golpe de Estado. Más allá de las ilusiones puestas en la candidatura de Xiomara Castro, se debe de analizar la naturaleza del Estado y de sus instituciones, el nuevo gobierno estaría siendo contralado por el Congreso Nacional y cualquier medida que atente contra los intereses de la oligarquía y de la burguesía hondureña será puesta en tela de juicio y revocada.


Por Sebastián Ernesto Rosales

El día viernes 28 de junio, se conmemoró el cuarto aniversario del fatídico golpe de estado en contra del mandatario Manuel Zelaya Rosales; ese mismo día se conformó el glorioso Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organización que logró aglutinar al movimiento de masas –que hasta ese entonces formaba parte de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP)-. Esa lucha que hace cuatro años aglutinó a diversos sectores del pueblo hondureño para luchar en contra de los golpistas, ha ido transformándose poco a poco hasta canalizar la impotencia y el fervor de lucha a través del proceso electoral.

En las páginas de El Socialista Centroamericano hemos cuestionado una y otra vez la conducción errónea de la dirigencia sindical y sobretodo, el carácter burgués del zelayismo. No obstante, también reconocemos el avance del pueblo hondureño en su nivel de conciencia, en su afán de romper con el bipartidismo –madre de todos los males que abaten al pueblo en la miseria actual en que se vive-. Parte de esa progresión del sentir y actuar de las masas, es condenar al bipartidismo por el antidemocrático Estado burgués, por los altos índices de inseguridad y por la inaguantable crisis económica.

A través de los Acuerdos de Cartagena, el sistema burgués hondureño y el imperialismo estadounidense, han desviado ese malestar e indignación del pueblo hondureño hacia la arena electoral, y lo que en un primer momento pudo significar una auténtica revolución hondureña, ahora se ha convertido en una competencia electoral que oxigenará el deteriorado Estado burgués.

La resistencia nuevamente salió a las calles

El FNRP, brazo de lucha del Partido Libre, convocó a la movilización nacional el viernes 28 de junio; nuevamente los colores rojo y negro inundaron la ciudad, el olor a sudor del pueblo volvió a confundirse con el olor de lociones exorbitantes. Según avanzaba la movilización en el transcurso de los minutos, el hambre era saciada con las canciones de protesta. Nuevamente las consignas de ¡fuera golpistas! ensordecían los oídos.

La resistencia una vez más salió a las calles, convocada por el FNRP, ahora con más de 300 mártires, incluyendo a nuestro camarada y amigo José Manuel Flores, muchas conquistas sociales y económicas eliminadas por los herederos del golpe de estado, una represión despiadada en contra de los campesinos del Bajo Aguán; sin embargo, el sentimiento de lucha que nuevamente se apoderó de las masas fue el de la lucha de clases, los que no tienen nada en contra de los que tienen el poder, la impotencia del mísero explotado en contra del despiadado explotador. Un sentimiento por transformar Honduras surgió de las entrañas de cada resistente y emana como ente liberador de las cadenas que le oprimen.

El rol conciliador de Manuel Zelaya Rosales

El carisma del ex gobernante Manuel Zelaya es innegable; no se puede negar el sentido progresista y reformista de sus discursos, pero tampoco se oculta su discurso conciliador con la oligarquía y la burguesía de ultra derecha. Hay líneas para todos, hasta para los sectores de izquierda que aún no se suben al barco; se vuelve fácil hablarles de Guardiola y Xatruch cuando expulsaron a William Walker, y para los incrédulos, basta con recordar la forma en que le martirizaron. Todas las cartas están sobre la mesa: los golpistas controlando la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la fiscalía, el Congreso Nacional, el Comisionado de los Derechos Humanos, etc., toda una camisa de fuerza ante un eventual triunfo de Xiomara Zelaya. La crisis económica es asfixiante y Libre no tiene la vara mágica para solventarla, la clase trabajadora no esperará mucho tiempo para exigir mejora salarial y el retorno a sus conquistas tal y como estaban antes del golpe.

Por eso el discurso de Manuel Zelaya es dirigido a todos los sectores, incluyendo militares y policías, lo que no dice el ex presidente es cómo volver Honduras equitativa con sus riquezas y justa sin romper con el orden actual del Estado burgués.

Solo la movilización y la lucha de clases pueden transformar Honduras

A cuatro años del Golpe de Estado, nuevamente le exigimos a las Centrales Obreras, dirigencias sindicales, gremiales, campesinas y del movimiento social y sobre todo al FNRP que llamen a paralización nacional para oponerse al actual y anti democrático estado burgués, movilización nacional para recuperar las conquistas perdidas y exigir un alto a la dura represión que sufren los campesinos del Bajo Aguán.

 

Este 28 de junio del 2013, se cumplen cuatro años del golpe de Estado en contra del Presidente Manuel Zelaya Rosales. Bajo el pretexto de combatir la consulta de la Cuarta Urna, la oligarquía y los empresarios, junto a la Iglesia y los sectores más reaccionarios, se confabularon para propinar un golpe de Estado, de naturaleza preventiva, con el objetivo de frenar la dinámica de las luchas sociales que ponían en peligro el antidemocrático régimen bipartidista.

Leer más…HONDURAS.- ¡A movilizarnos este 28 de junio con un Paro Cívico Nacional!


Por Maximiliano Fuentes

Pocos días hacen falta para que se cumplan cuatro años de la ejecución del golpe de Estado contra el Ex Presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales. El 28 de junio de 2009 será recordado por muchos, dado que ese día se violentó de forma abrupta el modelo gestado en la constitución de 1982, y marcó un proceso intenso de lucha que culminó con los Acuerdos de Cartagena de Indias respaldados por el Presidente Porfirio Lobo Sosa, José Manuel Santos de Colombia, el Ex Presidente de Venezuela Hugo Chávez y el mismo Zelaya. A partir de ese momento, el clima de intensas movilizaciones se diluyó en la euforia electoral, situación que aún persiste. Zelaya y sus más fieles colaboradores lograron imponer su política de desmovilización e introducirse en la pelea por el poder del Estado burgués a través del proceso electoral.

Leer más…HONDURAS.-A cuatro años del Golpe: retomemos el camino de la movilización


Por Justo Severo Izquierdo

Las esperanzas del pueblo hondureño de vivir en un país libre de crímenes, secuestros, asaltos, robos, extorsiones, se han diluido por completo de la mente de todos los ciudadanos. Es común levantarse por las mañanas y lo primero que brindan los distintos medios informativos es dar parte de masacres, cuerpos desmembrados, asesinatos por el cobro del impuesto de guerra, jóvenes ajusticiados por la pelea de territorios en el negocio del narcomenudeo, asaltos con saldos trágicos por oponerse al robo de cualquier pertenencia insignificante en autobuses, taxis, vehículos particulares, viviendas, lugares públicos etc.

Cifras escalofriantes

Honduras no logra revertir el penoso calificativo del país más violento del mundo; la cifra que la lleva a encabezar el podio es la tasa de homicidios que arroja la cantidad de 85.5 muertes por cada 100 mil habitantes. En cuanto a las muertes diarias, a partir del 2012 hacia el corriente mes, se registran 19.65, según las estadísticas del observatorio de la violencia de la UNAH. Lo más trágico para el país, es que en el presente gobierno en los tres años de gestión, han perdido la vida 20, 513 hondureños, sin contar los ciudadanos que han perecido de febrero para acá. Estos crímenes en un gran porcentaje quedan en la más grande impunidad.

Fracaso del gobierno en materia de seguridad

El gobierno de Porfirio Lobo ha elaborado una serie de estrategias fallidas con la intención de controlar la enorme criminalidad del país. Los decretos y cambios como la remoción de cúpulas policiales, decreto de emergencia para la depuración de la Policía Nacional de Honduras, la compra de cámaras de manera dudosa para controlar en los sectores de mayor circulación los delitos de robo, la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la policía Nacional (DIECP) como órgano regulador de la Policía Nacional, cuya función consiste en realizar las famosas pruebas de confianza, el decreto aprobado por el Congreso Nacional quien le brindaba plenos poderes Juan Carlos el “Tigre” Bonilla para aplicar medidas de emergencia con el fin de expulsar a todo miembro que deshonrara al ente policial. Todas estas medidas en nada han contribuido en frenar el flagelo de la violencia.

Tregua entre Maras y Pandillas

La desesperación del pueblo hondureño por encontrar una salida al conflicto es grande, a tal punto que hay sectores que han tomado la iniciativa, ante la desidia del gobierno, de hacer la lucha por su propia cuenta. En los últimos días ha sido muy sonada la noticia del pacto entre la Mara Salvatrucha MS-13 y la Pandilla 18, emulando la tregua recientemente hecha por los pandilleros del vecino país de El Salvador. Monseñor Rómulo Emiliani, líder de la Iglesia Católica, adoptó el compromiso de servir como mediador entre las dos Maras y así contribuir de alguna manera al cese de muertes violentas que se les atribuye a estos grupos delictivos. A Monseñor Emiliani le acompañó en este primer intento el Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos Adam Blackwel quien también sirviera como mediador en El Salvador.

Ante esta realidad, El Partido Socialista Centroamericano siempre ha sostenido que el problema de la delincuencia y la violencia que estamos viviendo, lo ha originado el capitalismo sanguinario a través de las clases dominantes que permiten la exclusión, marginación y represión de los sectores más vulnerables de la sociedad. Al fenómeno de las maras y pandillas se les atribuye la mayor cantidad de hechos violentos, por lo tanto han sido víctimas últimamente del sistema corrupto imperante en las altas cúpulas; esto es aprovechado por “mareros” de cuello blanco y de altos rangos policiales para utilizarlos de instrumentos que coaccionen a la sociedad y elaboren el trabajo sucio para enriquecer sus bolsillos de manera ilegal.

Exigimos al Estado que de igual forma se le aplique todo el peso de la ley a las altas esferas que obligan a los pandilleros a cometer sus crímenes y todo acto delincuencial. A demás el Estado debe de asegurar que los jóvenes tengan derecho a una vida digna, brindándoles educación, empleo y zonas de esparcimiento cultural que obliguen a nuestros jóvenes a combatir el ocio.

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