Por Sebastián Ernesto González

El día miércoles 21 de agosto de 2013, el Congreso Nacional aprobó –por orden de Juan Orlando Hernández, candidato presidencial oficialista- la creación de la Policía Militar de Orden Público. La aprobación tuvo el respaldo de diputados de los 5 partidos políticos que actualmente controlan el CN. Según el candidato oficialista, la PMOP será la única capaz de imponer orden y de erradicar la violencia en Honduras. Después de aprobada la ley, JOH manifestó “¿qué pasaría si no logramos implementar la PMOP como un cuerpo altamente efectivo, entrenado, dirigido por comandos especiales de las Fuerzas Armadas?” (LT 23/08/2013).

La pregunta que debe responder el “otro yo” de JOH es ¿a quién irán dirigidos esos comandos especiales altamente preparados y eficientes?

El decreto plantea que la nueva unidad militar estará conformada por 5000 militares que pasarán a conformar la PMOP; estos 5000 militares serán sustituidos por otros nuevos 5000 reclutas que entrarán a las Fuerzas Armadas. En pocas palabras; se aprobó el incremento de 5000 nuevos militares.

El golpismo se prepara ante eventual nuevo levantamiento del pueblo

El golpe de estado del 2009 hizo que un gran sector del pueblo condenara el mismo y se lanzara a la calle a exigir apertura democrática y participación en la toma de decisiones nacionales. El detonante fue una consulta al pueblo para pronunciarse si deseaba una Asamblea Nacional Constituyente, el resultado ya todos lo conocemos. Se impuso el golpismo a pesar de la ardua lucha del Frente Nacional de Resistencia Popular en las calles, con el resultado de 4 años de crisis económica y la pérdida de conquistas sociales y económicas de parte de la clase trabajadora.

En los 7 meses de lucha que el grandioso FNRP estuvo en la calle, la policía y el ejército se encargaron de reprimir, secuestrar, torturar y asesinar a militantes del FNRP. Durante los primeros meses post golpe, las movilizaciones fueron enormes, con más de 50,000 personas en cada ocasión, y hubo algunas como la del 5 de julio de 2009 donde la toma en el aeropuerto sobrepasó el millón de personas. Teniendo este antecedente de inconformidad en el pueblo hondureño, la burguesía y la oligarquía a través de la clase política liderada en este momento por el candidato oficialista JOH, incrementan sustancialmente el número de efectivos militares.

Una de las principales funciones y atribuciones que le otorgan a esta unidad es “actuar rápidamente en circunstancias de inseguridad que afecten el orden público que constituyan situaciones de emergencia…” LT (22/08/de 2013).

“Más claro no puede cantar un gallo” dice el refrán. Ante la asfixiante crisis económica que abate al pueblo hondureño y ante la falta de propuestas económicas que vengan a mermar la precariedad en que se vive actualmente, el pueblo hondureño –seguro- terminará levantándose nuevamente y saldrá a las calles, entonces ya se tendrán nuevos 5,000 efectivos preparados para mantener el orden público.

Beneficio para las Fuerzas Armadas

El gobierno actual de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, han priorizado el incremento logístico y de efectivos de la policía y de las FFAA, les han incrementado el presupuesto y ahora el incremento de las mismas. Mientras al Ministerio de Salud y al de Educación les han recortado el presupuesto y la creación de plazas nuevas.

Contradictoriamente, las enfermeras esta semana se paralizaron por la falta de pago y miles de docentes ya llevan varios años sin recibir salario; las excusas son innecesarias y lo único real es que las enfermeras, médicos y docentes no reciben a tiempo sus sueldos o en el peor de los casos, ni siquiera tienen esperanzas de ser pagados.

Las matrículas gratis y el bono de transporte a los alumnos en los centros educativos desapareció desde hace dos años, mientras las FFAA reciben cuantiosas sumas de dinero por andar patrullando en las calles.

El pueblo es el único capaz de resguardar su seguridad

Lo único que la Policía Nacional y las FFAA han demostrado es que son efectivas en el momento de reprimir al pueblo o a la clase trabajadora que sale a reclamar. El incremento de estas instituciones represoras no solucionarán la violencia y delincuencia que azota el país, de hecho ellos son los mayores responsables y partícipes en la delincuencia y los asesinatos, tal y como lo hacen en el Bajo Aguán. Solo el mismo pueblo puede crear y organizar sus propios cuerpos de seguridad.

La centrales obreras no deben suplicar que el presidente Lobo vete la Ley, sino convocar a la lucha en las calles

Por Gerson de la Rosa

La administración de Porfirio Lobo Sosa ha endeudado de forma estrepitosa al Estado de Honduras en sus tres primeros años de gobierno. La deuda interna producto de los enormes préstamos otorgados por la banca nacional ha servido para amortiguar el enorme gasto del Estado y de sus instituciones, programas de asistencia social y evidentemente el saqueo desmedido de las arcas del Estado. Los préstamos de la banca interna han sido una solución a corto plazo para afrontar el enorme déficit fiscal, dado que en múltiples ocasiones el Estado y sus instituciones han tenido que recurrir a ellos para poder pagar los salarios y beneficios laborales a los empleados estatales, y en algunas ocasiones han servido para emprender proyectos de infraestructura vial, pese al enorme negocio que se teje entre los banqueros y las autoridades del Estado.

Para el pueblo trabajador, esos préstamos representan verdaderos problemas, dado que somos los trabajadores los que sostenemos al Estado burgués y pagamos a través de nuestros tributos y sacrificios el sostenimiento del Estado. Por tal razón somos los que pagamos las deudas contraídas de forma irresponsable por los gobernantes de turno.

Las causas del endeudamiento

El endeudamiento del Estado con la banca privada, sumado al endeudamiento histórico con los organismos internacionales de crédito, estrangula cualquier proyecto de desarrollo económico dentro de las relaciones capitalistas de producción, dado que Honduras deberá pagar enormes cantidades de dinero por unas décadas más. El manejo irresponsable de los fondos provenientes de préstamos, los actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito de los gobernantes son unas de las tantas razones que han sumido en la pobreza a los hondureños. Este comportamiento errático de los últimos gobernantes no ha sido ajeno a la actual administración, dado que el gobierno de Porfirio Lobo ha contribuido para aumentar la pobreza, el gasto público y a elevar la deuda interna.

Si alguien gasta más de lo que tiene, deberá ajustar su bolsillo y racionar su consumo, el más sano sentido común nos conduce a esa inferencia. Pero el gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando no reducen sus gastos, al contrario, utilizan los fondos del Estado para acrecentar sus enormes fortunas y financiar las campañas electorales que permitirán su continuismo, repartiendo algunas migajas en programas asistencialistas entre los sectores más pobres para crear una base clientelista electoral favorable al Parido Nacional. Esta conducta ha creado un enorme desbalance del gasto público, dado que el gobierno gasta más de lo que recibe a nivel de ingresos. En ese sentido, se ha pretendido a través de un sinnúmero de paquetazos fiscales aumentar los ingresos del Estado, además de negar aumentos salariales a los empleados estatales e interviniendo a través de junta interventoras la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Otra de las medidas implementadas ha sido modificar la tasa cambiaria, política que ha permitido depreciar el lempira frente al dólar; en ese sentido, los trabajadores de Honduras han visto reducidos de forma sustancial sus ingresos reales.

El problema no ha sido resuelto; a pesar de las medidas de corte monetarista, el déficit fiscal continúa aumentando de forma acelerada. Ante la escasez de dinero, el gobierno se ha visto en la necesidad de emitir bonos soberanos y ofertarlos en la banca privada e internacional. No obstante, ante la imposibilidad de colocar tanto papel con valor económico en el mercado interno, el gobierno de Porfirio Lobo se ha visto en la necesidad de aprobar la Ley de Promoción del Desarrollo y Conversión de la Deuda Pública.

¡Abajo la “Ley Hipoteca”!

Dicho proyecto de Ley tiene la finalidad de obtener regalías para el Estado por la explotación de los recursos naturales; de acuerdo a la Ley, los fondos obtenidos por la explotación de la soberanía nacional servirá como una garantía a los inversionistas que compren los bonos soberanos o en la obtención de préstamos a mejores plazos y tasas de interés a fin de readecuar la pesada deuda. Esta medida beneficia de forma directa a la banca nacional, dado que es una forma de obtener un respaldo de la compra de bonos de soberanos y de poder negociar con nuestros recursos naturales y áreas protegidas.

Es por lo anterior que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a las centrales obreras, federaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, ambientalistas y populares del país a conformar un frente de lucha en contra de la aprobación de la ley que entrega nuestros recursos naturales a manos de las transnacionales y corporaciones. Solo un gobierno de los trabajadores cuidará y organizará su economía en función de los intereses colectivos, y no de un puñado de capitalistas.

El pueblo debe elegir directamente a los altos funcionarios publicos. Esta es la primera gran reforma democrática que debemos impulsar

Por Sebastián Ernesto González

Con las fraudulentas elecciones de noviembre de 2009 se comenzó un proceso de legitimación del golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales. Este proceso de legitimación consistió en una serie de acciones y decisiones sistemáticas, cuyos momentos cumbres fueron: –posteriormente a las elecciones generales del 2009- la toma de posesión de Porfirio Lobo sin la presencia del presidente de facto, Roberto Micheletti; la firma del Acuerdo de Cartagena que le permitió a Zelaya volver a Honduras y al país a reinsertarse en el ámbito internacional; la inscripción de 4 nuevos partidos incluyendo Libre; las elecciones internas del 2012 de los partidos Libre, Nacional y Liberal; la posterior inscripción de candidaturas independientes para las elecciones generales de noviembre de 2013, para ofrecer una gama de candidatos, de corrientes ideológicas y lograr que el pueblo se vuelque a votar; finalmente el golpe culminará su legitimación con las elecciones generales, donde los que tienen mayor probabilidad de ganar son la candidata Xiomara de Zelaya del Partido Libre y el candidato oficialista del Partido Nacional.

La Fiscalía: una institución ineficaz, golpista y asociada a los grupos de poder

El Ministerio Público entró en funcionamiento el 6 de enero de 1994. En 20 años de existencia no han logrado enviar a la cárcel a ningún delincuente de cuello blanco. El gobierno de Leonardo Callejas (1990-1994) es considerado como uno de los más corruptos en la historia democrática de Latinoamérica, de tal forma que los EUA le anularon la visa. Y nunca se tomaron acciones penales en su contra.

Muy recientemente se dio el caso de Héctor Tito Guillén, ex Ministro de Finanzas de Porfirio Lobo, a cuya esposa la encontraron llevando en su automóvil más de un millón de lempiras, cantidad de la que aún no pueden explicar su existencia de forma contundente. En estos casos la Fiscalía actúa displicentemente para que los acusados no vayan a la cárcel.

El papel de la Fiscalía en el golpe de Estado

El papel de la Fiscalía en el golpe de Estado fue vital, previa y posteriormente. Los fiscales extendieron un manto enorme de impunidad a los violadores de derechos humanos como militares y policías. De los casos directos en que la policía y militares asesinaron a miembros de la resistencia, no hay ninguno preso, como es el caso de Isis Obed, el de Pedro Magdiel, el de Wendy Ávila, las golpizas propinadas a Carlos H. Reyes, Marvin Ponce o muchos más que se manifestaron en contra del golpe de estado.

En el Bajo Aguán ya se cuentan más de 100 asesinatos y no tienen ni a un responsable preso, aun cuando esa zona se ha militarizado por orden de Porfirio Lobo, mientras a Bertha Cáceres la enjuician por su lucha con el Copinh, en la zona de Río Blanco, por la defensa del medio ambiente

La reforma al artículo 22 y la nueva Junta de proponentes

El pleno del Congreso Nacional reformó el artículo 22 del Decreto 228-93. La reforma plantea que la integración de la junta nominadora de los fiscales será convocada y presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), e integrada también por un magistrado, nombrado por el pleno de la misma. La integrarán también el rector(a) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); el rector(a) de una de las universidades que funcionan en el país; un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) designado por su Junta Directiva; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia (APJ). Sin duda alguna que todos los miembros –a excepción de la APJ- son controlados por los grupos de poder.

Los altos funcionarios deben ser electos directamente por el pueblo

En el año 2008 un grupo de fiscales se fue a huelga de hambre exigiendo la despolitización de la fiscalía y la eficiencia de la misma; la huelga fue apoyada por diversos sectores del pueblo, y aunque no se obtuvieron resultados concretos, se puso en evidencia la corrupción imperante en la fiscalía.

La clase trabajadora, empleados y fiscales del Ministerio Público están en la obligación de movilizarse para exigir que el nombramiento del fiscal general y el adjunto, no se realice por un reducido grupo de personas, aisladas del pueblo. Los Fiscales, como cualquier otro alto funcionario público, deben ser electos directamente por el pueblo, el único que puede revocar sus mandatos. La cercanía de las elecciones de noviembre nos brinda la oportunidad de realizar este tipo de elección. Para ello se debe luchar también por la derogación de la actual Ley y su reforma, porque ha sido producto de la voluntad de un reducido grupo de poder, y no refleja la voluntad democrática de la mayoría del pueblo.

Por Máximo Luján

En la edición anterior de El Socialista Centroamericano, se denunció y se reprobó todas las acciones represivas y asesinatos cometidos por policías y militares en contra de los pobladores de Río Blanco, quienes se oponen a la construcción de una represa hidroeléctrica, por considerar que están siendo despojados de su patrimonio cultural y que atenta contra los bienes naturales del país. En esta última semana, el recrudecimiento de la violencia contra el movimiento campesino parece no tener fin; la persecución y asesinatos de dirigentes volvió a elevar las cifras de acoso y muerte en este sector, sin que el gobierno o las autoridades correspondientes, logren una salida a este conflicto que ha enlutado y afectado a cientos de familias humildes y pobres del agro hondureño.

Persecución política contra miembros del Copinh

Aquí cabe el famoso dicho popular que reza “En Honduras los patos le disparan a las escopetas” o “El corcho se hunde y el plomo flota”. Una vez más nuestro país queda mal parado ante la comunidad internacional y ante el mismo pueblo hondureño en materia de justicia. Una nueva modalidad que se agrega a la operatividad de los tribunales, es el derecho que tienen aquellos que matan a sangre fría y reprimen de levantar cargos en contra de sus víctimas. Esto parece absurdo, irónico o cualquier otro calificativo que se le asemeje.

Los últimos acontecimientos lo demuestran: la fiscalía presentó una acusación formal ante los tribunales de justicia contra Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina, todos dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), por responsabilizarlos de incitar a los pobladores de Río Blanco a causar daños materiales a la empresa DESA-SINOHYDRO por un monto de 67 millones de lempiras, según las evidencias presentadas por dicha empresa. Lo curioso y detestable del asunto es la prontitud de la fiscalía en proceder ante tal denuncia, mientras en semanas anteriores estos mismos pobladores eran apaleados y asesinados por los órganos represores, sin escucharles los clamores de justicia ante la muerte de Tomás García, y no solo de él, sino centenares de denuncias de asesinatos y violaciones a los derechos humanos que no han sido resueltas por este poder judicial. Los dirigentes arriba mencionados, sostienen que existe una estrategia de “criminalización de la lucha en Río Blanco con un tinte político para desarticular a la organización. Todo esto es fraguado en reuniones de alto nivel en diferentes poderes del Estado junto con altos mandos militares, dueños y ejecutivos de empresas.”

Asesinato de miembro del MUCA

En la misma semana que ocurre el proceso judicial contra los miembros del Copinh, es asesinado por sicarios el compañero Melvin Amaya de 23 años en la comunidad de Salamá, en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. Amaya era socio de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Nueva Confianza que pertenece al MUCA. Con la muerte de Melvin Amaya suman ya 103 las víctimas del conflicto en el Bajo Aguán, y sigue sin resolverse el problema de la comunidad campesina.

El panorama del sector campesino hondureño es amargo e incierto, se encuentra en un estado de indefensión ante la inoperancia del gobierno y sus instituciones encargadas de velar por la seguridad y desarrollo del mismo. Para rematar, el Estado es partícipe de la barbarie que comenten estos grupos poderosos de terratenientes y empresarios, al proporcionarles los medios logísticos como ejército, policía y todo un aparato de jueces que ejecutan los dictados de estos sectores reaccionarios, que brindan una respuesta criminal ante las demandas más sustanciales de los sectores desposeídos y relegados del país.

Ante tales circunstancias, en vista de que el gobierno no solventa una crisis en la que día a día se derrama la sangre de nuestros campesinos quienes son brutalmente reprimidos, acosados, enjuiciados (3.081 campesinos procesados judicialmente a nivel nacional) y la justicia burguesa no llega a los desposeídos. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todos los sectores para unirse y frenar todo ataque en contra del movimiento campesino, desbaratar todo plan de entrega y explotación del territorio nacional, que la tierra sea entregada de manera democrática a los campesinos. ¡abajo la persecución, hostigamiento y fallos ilegales en contra de dirigentes campesinos!