Por Maximiliano Fuentes

A casi dos meses de celebrarse las elecciones generales que definirán los nuevos funcionarios del Estado de Honduras, el candidato nacionalista y actual Presidente de la cámara legislativa, Juan Orlando Hernández, junto al Presidente Porfirio Lobo, también miembro de su partido, anunciaron la creación de la Policía Militar. Es evidente que el propósito de tal anuncio persigue un objetivo estrictamente político, en cuanto intenta presentar como un logro el nuevo cuerpo de elementos policiales altamente calificados y equipados, para recuperar parte del prestigio perdido ante la mala gestión administrativa del gobierno nacionalista. Aunque las críticas se han hecho sentir, dado que en Honduras, un país de amplia tradición en violaciones de derechos, las Fuerzas Militares realizan las labores de la Policía Nacional.

Pese a las intenciones oscuras del candidato presidencial, una buena parte de la población percibe de buena forma la creación de la Policía Militar, dado que la Policía Nacional goza de un enorme desprestigio producto de la vinculación de algunos de sus elementos con el crimen organizado y el narcotráfico. Son varios los casos en que se vincula a elementos de la policía con una diversidad de delitos como asesinato, extorsión, asalto, secuestro y sicariato. Por si lo anterior fuera poco, la ola de criminalidad que azota a la sociedad hondureña ha aumentado de forma estrepitosa en los últimos años, sometiendo a los trabajadores a bandas de extorsionadores y de criminales comunes. Es lícito señalar que las políticas del Estado burgués han fracasado casi en su totalidad porque son cosméticas y no resuelven los problemas centrales: las enormes contradicciones y la desigualdad tejida por el sistema capitalista.

La administración central ha modificado en diversas ocasiones la alta jerarquía policial, así como a los distintos ministros de seguridad; no obstante los resultados obtenidos han sido los mismos. “En los tres años de gestión del presidente Porfirio Lobo han muerto 20,513 personas de forma violenta. Solo en 2012 las muertes por agresión fueron 7,172, según Observatorio de la Violencia. Los números no engañan: La tasa de homicidios de 2012 fue de 85.5 por cada 100 mil habitantes, ínfimamente menor a la tasa de 2011 que se contabilizó en 86.5 por cada 100 mil habitantes.” (elheraldo.hn con acceso el 21/09/2013).

La creación de la Policía Militar y sus verdaderas funciones

Los argumentos de los funcionarios del Estado, así como los del candidato nacionalista Juan Orlando Hernández se dirigen a fundamentar que con la creación de la Policía Militar se busca la eficiencia de la seguridad, que las investigaciones sean más efectivas y que disminuyan los índices delictivos del país. Sin embargo,  este nuevo cuerpo policial se encuentra altamente equipado y entrenado para la intervención en conflictos sociales; entre el costoso  equipo con el que cuentan se encuentran bombas lacrimógenas, escudos y cascos blindados, macanas, protectoras de piernas, gafas protectoras.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por distintas fuentes de información, el equipo tiene un costo aproximado de $10.000 por cada elemento. Lo que tiene un costo para las finanzas públicas de diez millones de dólares americanos -unos doscientos millones de Lempiras-. Esto está siendo financiado, de acuerdo con Oscar Alberto Martínez, asesor de seguridad y especialista en control de riesgos, con la Tasa de Seguridad. De acuerdo a sus declaraciones los fondos de la Tasa de Seguridad son suficientes para mantener la PM y abastecer de logística a los grupos que patrullarán las calles en las diferentes ciudades del territorio nacional.

Aumenta el aparato represivo

De acuerdo a la indumentaria, es evidente que este cuerpo de policías militares está siendo entrenado para desarticulas protestas y movilizaciones de los trabajadores de Honduras, y no necesariamente para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado de alerta a los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, gremiales, campesinas y populares a vigilar de forma sigilosa la estructuración de este nuevo aparato represivo y a emprender cualquier acción en aras de salvaguardar y proteger los derechos de libre sindicalización, organización y movilización. Basta revisar la historia política reciente, para lograr comprender el verdadero propósito de esta estructura del aparato represivo del Estado burgués, que desde luego es la de, a través del uso de la fuerza, salvaguardar y garantizar la perpetuación de la hegemonía de la burguesía y oligarquía hondureña.

Juramentación apresurada del nuevo Fiscal General y Adjunto

Por Maximiliano Fuentes

El fin de semana pasado se eligió al Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto. A pesar de la aparente oposición de las distintas bancadas, los nacionalistas lograron su propósito con la complicidad de algunos diputados del partido liberal. Así, en horas de la madrugada del domingo 1 de septiembre se estaba juramentando a Oscar Chinchilla y a Rigoberto Cuéllar, a quienes se les tilda de ser amplios seguidores del presidenciable nacionalista Juan Orlando Hernández, y quienes fueron electos con 92 votos favorables, ocho de ellos provenientes del partido liberal.

Vicios en el proceso de elección

Durante el proceso de selección y elección de los candidatos por la Junta proponente, existieron un sinnúmero de denuncias de actos excluyentes y falta de transparencia del mismo. Sin embargo, la denuncia de mayor polémica fue la realizada por el exmagistrado Ivis Discua Barillas, quien cuestionó el proceso de elección tras retirarse y denunciar que la selección de ambos cargos ya había sido arreglada por la cúpula del Partido Nacional desde la noche anterior.

Las declaraciones de Discua dejaron en evidencia los arreglos por debajo de la mesa dentro de su propio partido y el matiz legal que se le pretendió dar al proceso en las audiencias públicas con preguntas superficiales y sin cuestionamientos. Sin embargo, no logra comprenderse el disgusto de Ivis Discua, ya que de la misma manera se ha venido nombrando funcionarios, directores y secretarios de Estado en la actual administración.

En los días anteriores a la elección de los fiscales por parte del Congreso Nacional se habían retirado del proceso algunos miembros de la Junta Proponente, entre ellos: el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, así mismo la señora Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos. Resulta evidente inferir los motivos de estas contradicciones, dado que diversos miembros del partido pretendían ocupar este cargo. ¿Pero por qué existía un amplio interés de Juan Orlando Hernández y la cúpula del partido nacional de elegir a estos fiscales dentro de esta coyuntura? La respuesta podría ser obvia, sin embargo existe cierta complejidad que requiere de un análisis de la situación nacional y de la lucha de clases.

El propósito de la elección del Fiscal

En ediciones anteriores de El Socialista Centroamericano, explicamos la necesidad del régimen de elegir a un nuevo fiscal para asegurar el control de la mayoría de instituciones del Estado. Ante un eventual triunfo electoral del partido Libertad y Refundación LIBRE, se requiere aunar esfuerzos y asegurar el mayor control del Estado y de sus instituciones.

Eso por varias razones: la primera, para frenar todo intento de reformar la constitución o emprender acciones desde el Ejecutivo que comprometan los intereses de la oligarquía y de la burguesía hondureña; basta recordar el papel de Luis Rubí en la destitución de Manuel Zelaya Rosales del poder el 28 de junio de 2009. Por otro lado, no podría descartarse la unidad total de todas las instituciones del Estado ante un posible fraude electoral por parte del candidato del partido nacional Juan Orlando Hernández, quien ha logrado concentrar un enorme poder manipulando y comprando voluntades con grandes sumas de dinero provenientes de las arcas del Estado. Por tal razón, la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio público persigue un interés estrictamente político, dado que solo desde esta instancia se logrará un control casi total de la institucionalidad y desde allí seguir favoreciendo a las grandes corporaciones y los negocios que se tejen de forma directa con el Estado.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) estamos absolutamente claros de que estos movimientos en la superestructura estatal persiguen el objetivo de consolidar los proyectos políticos y económicos de los grupos élites para continuar perpetuándose como clase dominante y gozar de amplios privilegios sobre la base de la miseria de los trabajadores y campesinos. Por eso hacemos un llamado a las organizaciones obreras, gremiales, sindicales, campesinas y populares a no confiarse de la institucionalidad burguesa.

Solo la movilización y la independencia de clase nos conducirán a la constitución de un Estado al servicio de los trabajadores y no de las clases dominantes. Hoy por hoy, el poder del Estado se concentra en el sector que encabeza Juan Orlando Hernández, franco enemigo de los intereses populares. Para combatir sus planes de miseria de explotación se requiere de la más amplia unidad de los trabajadores y la recuperación de los métodos obreros de lucha como la movilización y la huelga general.


Por Abril Yánez

Colombia: docentes colombianos se unen al paro nacional del sector agro-minero, transporte, salud y social, contra el Tratado de Libre Comercio, el control de precios de insumos agrícolas, la condonación de deudas, el respeto por las zonas de vocación agrícola no minera y la baja de los precios del combustible, obteniendo como respuesta la represión violenta y agresiones físicas (noticias teleSUR. 23-08-2013).

Panamá: inició la huelga de los sindicatos de educación contra la privatización de la educación superior mediante la creación del Sistema de Gestión de Centros Educativos de Formación Integral por Decreto N°920 con represión policial y encarcelamiento (Leer artículo del PSOCA-Panamá El Socialista Centroamericano No.161).

México: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició protestas con bloqueo de las carreteras por la imposición de la evaluación periódica a los docentes como condicionante para conservar su permanencia, ascensos e incrementos salariales. Fueron reprimidos por 1700 agentes de policía (msn noticias. 24-08-2013).

Copia al carbón

En Honduras la lucha magisterial se ajusta fielmente a la lucha latinoamericana por una educación gratuita, pública y cuyos encargados en el Estado respeten los derechos laborales, con la coincidencia de tener el mismo hilo conductor: el mandato de los organismos internacionales y la sumisión eficaz de los gobernantes latinoamericanos. Para cumplir sus designios estos acuden a la violación de los derechos humanos, represión física y psicológica y violencia extrema contra quienes se atreven a desafiarles en las calles.

La represión psicológica y laboral no cesa. Últimamente se anunció la instalación de relojes marcadores en los institutos de educación media más grandes del país, ante lo cual la reacción del magisterio no se hizo esperar pues se considera que esta medida agrava la situación de nerviosismo y represión que viven los docentes; además, esto solamente delatará la realidad magisterial, pues muchos de ellos trabajan más de lo establecido, con lo cual estarán en todo el derecho de cobrar horas extras. La cuestión es, si el ministro tarda tanto en cancelar salarios ¿será capaz de pagar horas extras a cada docente que se retira de su centro de trabajo una, dos o hasta tres horas después de lo reglamentario? Esta medida aún no se implementa, pues acarreó una serie de cuestionamientos que incluyen cifras millonarias en la adquisición de los aparatos frente a las necesidades prioritarias de mobiliario, herramientas, maquinaria, equipo de laboratorio y de papelería de la que carecen todos los centros educativos de pre básica, básica y media en todo el país. Estos gastos no pueden ser solventados debido a la falta de la Matrícula gratis y la indiferencia de la Secretaría de Educación, que traslapa la problemática educativa a conceptos de represión y autoritarismo contra los docentes.

Y ahora, al acercarse la festividad burguesa de la “independencia nacional”, Marlon Escoto anunció en un comunicado que “ningún centro educativo público está autorizado a participar en desfiles alternos del 15 de septiembre sin la autorización de la Secretaría de Educación”. Evidentemente, su autoritaria posición delata el poco respaldo que en los últimos años recibe el gobierno en los desfiles oficiales, pues la base magisterial de la mayoría de los institutos de segunda enseñanza opta por no desfilar o anexarse al desfile organizado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) exponiéndose a las sanciones que a diario anuncia el ministro en los medios de comunicación.

Ante esta nueva violación a la libre determinación de docentes, alumnos y padres y madres de familia, en la que se pone de manifiesto la excesiva arbitrariedad con la cual, a fuerza de amenazas, se pretende continuar arrinconando, humillando y sometiendo al sector educativo, ¿Cuál será la reacción de los docentes hondureños?

A tal acción, igual reacción

El magisterio debe elevar su nivel de conciencia sin prestarse como comparsa a las pretensiones de Marlon Escoto y el régimen Lobo-Hernández; los desfiles de septiembre no nos liberan del yugo del capitalismo, la emancipación debe iniciar en los mismos centros de trabajo sumándonos a la movilización del FNRP. El llamado es a la conciencia gremial; es tiempo de levantar la voz de protesta en unidad, firmes y con presteza tomando ejemplo de nuestros hermanos latinoamericanos: recomenzar la lucha, sin desmayar.


Por Justo Severo Izquierdo

Unos 20 mil trabajadores estatales sufrieron la suspensión de la atención médica esta semana por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), porque el gobierno no ha cumplido con el compromiso de honrar la deuda que sostiene con esta institución. Hasta el día jueves se reanudó el servicio por el acuerdo a que llegaron las autoridades del IHSS con las 19 instituciones estatales que se encuentran en mora con el Seguro Social; mientras no cumplan con los plazos acordados, nuevamente aplicarán las medidas de presión.

La deuda de los sectores privado y estatal agudiza la crisis en el IHSS

Según los datos estimados por Mario Zelaya, director ejecutivo del IHSS, el sector privado le adeuda a la institución una suma de 400 millones de lempiras, mientras que el gobierno le debe 168 millones. De estas sumas sólo han ingresado dos millones por parte de la empresa privada, a quienes se les benefició con un decreto de amnistía, para darles oportunidad de saldar la enorme deuda que han contraído cerca de 7,500 empresas (El Heraldo, 5/9/13).

El Seguro Social se encuentra en este momento enfrentando una crisis económica, a tal punto que hay desabastecimiento de medicamentos, no existen los insumos necesarios para atender las necesidades de los afiliados, los pacientes se ven en la necesidad de comprar insumos y medicamentos fuera del centro asistencial, con la enorme preocupación de afectar más su raquítica economía. El gobierno ha sido incapaz de solventar una de las necesidades más elementales de una nación, la salud. El caso es grave en el sector salud, los demás hospitales públicos se encuentran desabastecidos, la demanda de asistencia médica cada día se multiplica y no se cuenta con los centros equipados ni con el mantenimiento adecuado que para que tengan la capacidad de alojar y atender a los miles de hondureños que llegan en demanda de ayuda.

Los empleados de la salud se encuentran en paro exigiendo el pago y otros derechos que se les han suspendido por meses. Ante toda esta realidad, a los trabajadores afiliados al IHSS se les presenta como única opción ser atendidos en este instituto, ya que la crisis que agobia al país, no permite pagar centros asistenciales privados. Pero por lo acontecido en esta semana, a los hondureños afiliados al Seguro Social, se les diluirá la única opción y las esperanzas de ser atendido en este centro asistencial. Porfirio Lobo, una vez más en su anhelo de “pegar una” fracasa en sus estrategias de gobierno. La maniobra, de sugerir que los cobros al Seguro Social se realicen de forma descentralizada y que cada secretaría de Estado pague el total de sus empleados, no ha tenido los resultados deseados. Las deducciones a los trabajadores por años han sido desviadas tanto por instituciones privadas como públicas, fondos que utilizan para cubrir otras necesidades que favorecen a la empresa y no para el bienestar de los empleados.

Los trabajadores pagan los platos rotos

La medida impuesta por el IHSS es inadecuada, partiendo del hecho que todos los empleados cumplen con la cuota respectiva al deducírseles mes a mes en la planilla; por lo tanto, no pueden correr el riesgo de ser desatendidos en los momentos en que más lo necesitan. Esto no solo afecta a los afiliados directos, sino que a los familiares de los mismos que también reciben atención en este centro asistencial. La culpa es del Estado y de la empresa privada, no del trabajador. Es más, a quienes se les tiene que deducir toda la responsabilidad y deben ser castigados con todo el peso de la ley, es a todos aquellos que están al frente de estas instituciones, por poner en riesgo la vida de miles de trabajadores. El derecho a la seguridad social es un derecho humano, reconocido en la Constitución de la República, en leyes secundarias y en tratados internacionales.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denuncia al gobierno por su negligencia al poner en riesgo la salud de todos los afiliados al IHSS. Se le pide que investigue hacia dónde van a parar estos fondos y se castigue a los responsables del desvío de los mismos. Todos los centros asistenciales públicos deben ser financiados por el Estado. Por lo tanto, la salud debe ser gratis para todos los hondureños y hondureñas. Los trabajadores del IHSS deben llamar a movilización nacional a todos los trabajadores para exigir la transferencia inmediata de las deducciones hechas a los cotizantes.

Candidatos presidenciales firman Acuerdo

Por Maximiliano Fuentes

Durante la semana se pactó entre los distintos partidos políticos que participarán en el próximo proceso electoral una serie de condiciones que garantizarán, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, un proceso electoral transparente.

A pesar de la crítica abierta de los candidatos presidenciales y representantes del Partido Anti Corrupción (PAC), el Partido Libertad y Refundación Libre hacia los vicios perpetrados por el Tribunal Supremo Electoral en pasados procesos electorales, se firmó con el consentimiento de todas las organizaciones políticas el Pacto Político que los compromete a respetar los resultados de los próximos comicios electorales.

La firma del pacto se da en un contexto ampliamente favorable para el candidato del oficialismo, dado que su partido se encuentra al frente de las instituciones legitimadoras del Estado, y al igual que lo hizo con sus propios candidatos, podría montar un fraude electoral y de esa manera violentar la voluntad popular.

Libre se pone la soga al cuello

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas a muestras de población durante los últimos meses, existe una amplia diferencia porcentual que favorece al Partido Libertad y Refundación Libre que encabeza Xiomara Castro de Zelaya, esposa del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Los resultados divulgados por la empresa encuestadora Paradigma durante el mes de julio confirman que la lucha por la presidencia será entre Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández. No obstante, se coloca a la primera con un 19.8% sobre el candidato nacionalista Juan Orlando Hernández quien presenta un 16.7%, Mauricio Villeda con un 7.0% y el presentador de televisión Salvador Nasralla con un 6.2%. Cabe señalar que los demás candidatos presidenciales ni siquiera alcanzan el 1% en la intención del voto.

De la misma manera, la empresa Cid Gallup coloca a Xiomara Castro y Salvador Nasralla en la cabeza del proceso. “La mayoría de la población hondureña encuestada por CID/Gallup manifiesta que tiene la intención de ejercer su derecho al sufragio en los comicios de este año, práctica que distingue a Honduras, pero por el momento no apoya tanto a los candidatos de los partidos tradicionales –el Nacional y el Liberal– y desvían sus ojos a los candidatos de agrupaciones nuevas”. Según los hallazgos de la encuesta de opinión pública aplicada en el país entre el 2 y el 8 de mayo de 2013, “en la actualidad es la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro de Zelaya, quien recibe más intención de voto. La sigue en ese sentido Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC)” (LaPrensa.hn con acceso el 23/08/2013).

Desconfianza e ilusiones democráticas

Existe una enorme desconfianza entre la población ante el inminente peligro de imponer al candidato del partido nacional Juan Orlando Hernández mediante un fraude electoral. La comisión política de Libre no prepara a sus bases ante el latente peligro para emprender la lucha contra la posible imposición de un candidato y su gobierno, sino que firma y acepta sin cuestionamiento alguno la iniciativa de los países imperialistas. Incluso, hay indicios que Libre muestra confianza en el PAC de Nasralla, creyendo que este mantendrá una actitud diferente al bipartidismo, cuando es un proyecto de última hora fabricado por los actuales grupos de poder, que puede girar en contra en cualquier momento. Un partido de clase se caracteriza por su desconfianza ante el Estado opresor que genera amplias contradicciones, contrario a esta posición basada en principios de clase, “el numeral 9 del documento obliga a los presidenciables a respetar la voluntad del pueblo en las urnas, o sea, aceptar los resultados electorales conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley Electoral, Reglamentos y procedimientos previamente definidos y basados en el reconocimiento de la voluntad popular” (Elheraldo.hn con acceso el 23/08/2013),

Alertas contra el fraude electoral

Por lo anterior, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a las bases del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), a las organizaciones sindicales, gremiales, feministas, populares, comunitarias e indígenas a no confiar en la institucionalidad del Estado, y mucho menos en un proceso electoral que legitima la desigualdad y la miseria imperante.

Las ilusiones democráticas de los trabajadores puestas en el posible cambio de gobierno por la vía electoral, pueden verse frustradas ante el montaje de un enorme fraude electoral. La institucionalidad golpista ya demostró en los hechos el irrespeto absoluto a la voluntad popular. Los socialistas centroamericanos estamos claros que la única forma de modificar y transformar la realidad asfixiante de los trabajadores es a través de la movilización popular y la revolución. No obstante, el pueblo y trabajadores de Honduras deberán de realizar su experiencia histórica y llegar a sus propias conclusiones. Ahí estaremos junto a las masas trabajadoras, siempre alertando sobre las maniobras de nuestros enemigos.

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