El Partido Nacional se muestra unido y maniobra desesperadamente para conservar el poder
Por Justo Severo Izquierdo
Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió conceder los derechos de participación en las elecciones generales a todos aquellos políticos que aspiraron a una candidatura en las elecciones internas y que no gozaron del respaldo popular, para que logren nuevamente postularse en los comicios de noviembre y puedan ocupar los cargos vacantes o por renuncias, siempre y cuando estén acreditados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Veredicto de la CSJ obedece a necesidades políticas del régimen
El fallo emitido por la sala de lo constitucional, dejó en suspenso los artículos 116 y 131 de la ley electoral. El artículo 116 le prohíbe a un candidato que haya participado en las primarias, aspirar a un cargo en las generales si fueron vencidos en las internas. El dictamen de la sala obedece a la petición inicial de Andrés Pavón, candidato presidencial del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), quien presentó al TSE una solicitud en la cual pedía que se inscribiera a 16 candidatos de su partido, que en las internas participaron como representantes de otras instituciones políticas.
El Tribunal le denegó la demanda y el caso se trasladó a la Corte Suprema. Esto bastó para que el Partido Nacional aprovechara y se montara en la petición de Pavón e impusiera la candidatura de Ricardo Álvarez como designado presidencial en la planilla de Juan Orlando Hernández, en sustitución de Alden Rivera, quien dimitió por estrategia de la dirigencia del mismo Partido Nacional. Las medidas de presión ejercidas por el candidato del PN y toda su cúpula, tanto en las calles como en los medios de comunicación por la inscripción de Ricardo Álvarez -que meses atrás acusaba a Juan Orlando de fraudulento, corrupto y que nunca pactaría con él por sus altos principios morales-, fue un circo más en la vil e ignominiosa política burguesa al estilo Honduras.
Melvin Duarte, vocero del poder judicial afirmó que “Los togados tomaron en consideración, para emitir su fallo, que la Constitución de la República en su artículo 37 de la constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos, optar a cargos de elección popular, asociarse para constituir partidos políticos y otros reconocidos por la ley fundamental. La resolución está amparada en convenios internacionales, así como en los tratados de derechos humanos de los que Honduras es signataria” (El Heraldo, 28/6/2013).
Repentina “democratización”
La decisión de la Corte fue eficientemente cumplida esta vez, sin importar los miles de casos que duermen en los archivos de otros ciudadanos que por años han esperado una resolución. Además, las miles de solicitudes que se le vendrán encima de candidatos perdedores y otros ciudadanos que exijan en su momento una resolución en su participación política, amparados en convenios internacionales y de derechos humanos. Un caso reciente es la petición de Romeo Vásquez, candidato presidencial por el partido Alianza Patriótica, de exigir que policías y militares realicen el sufragio.
La estrategia en los círculos de poder derechista y toda la clase oligarca, de conceder espacios que parezcan democráticos a las clases que históricamente han sido relegadas, conlleva la ampliación de los espacios políticos a otros nuevos partidos, incluso hasta la inusual inscripción de 12 candidaturas independientes (2 para diputados y 10 para alcaldes) para que participen en este proceso electoral. Independientemente del esfuerzo de reunir firmas, esta repentina “democratización” del régimen bipartidista es aparente, no es más que una argucia de estos círculos para consolidarse en el poder.
Desde el golpe de Estado del 2009, los grupos que perpetraron el golpe, vienen preparando el terreno ante un eventual triunfo de Libre, partido de reciente creación que vino a despertar las esperanzas de un amplio sector popular y que mantiene en alerta a los grupos de poder aglutinados dentro del bipartidismo. La preocupación ante un posible triunfo de Xiomara Castro en las próximas elecciones, ha obligado a los sectores oligárquicos y al Partido Nacional a redoblar preventivamente el control político en instituciones claves como el CN, CSJ y la Fiscalía, para desde ahí bloquear y debilitar cualquier acción que pretenda emprender cualquier otro gobierno, o fuerza beligerante dentro del Congreso Nacional. La trampa ya está montada.
Sigamos luchando por la Asamblea Constitiyente
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia la burda maniobra de la oligarquía y los partidos de la burguesía y sus partidos, para copar las instituciones en la perspectiva de amarrar a un eventual gobierno de Libre. Demandamos la democratización de las instituciones estatales, no como producto de artimañas de la derecha, sino por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, libre y democrática, que imponga desde abajo la voluntad mayoritaria de los trabajadores, campesinos y sectores populares.
