Por Olmedo Beluche

Sobre las razones de la invasión norteamericana contra Panamá, el 20 de Diciembre de 1989, al igual que sobre otras coyunturas políticas importantes, como la separación de Colombia en 1903, empiezan a tejerse una serie de falacias históricas mediante las cuales algunos sectores políticos quieren falsear su pasado dándole una envoltura heroica que no tuvieron. Las fuentes de esas falacias provienen de dos sectores contrapuestos: la oligarquía proimperialista y sus medios de comunicación, para quienes la invasión fue la «restauración de la democracia» perdida en 1968; la otra la constituyen sectores del Partido Revolucionario Democrático y el régimen militar, que intentan adornar el noriegato con unas luces antiimperialistas que no tuvo.

El régimen previo al 68 no fue democrático, como no lo es el actual

La corriente ideológica principal, idealiza al régimen político previo a 1968 presentándolo como una supuesta «democracia» interrumpida por un régimen militar odioso y odiado. La invasión del 89 se habría llevado al dictador y habría restaurado la democracia, según esa versión. La exaltación del régimen previo al golpe del 11 de octubre va de la mano con la supuesta democracia con que se describe al régimen post-invasión.

Cualquiera que escarbe un poco en los libros de historia y los diarios de la época puede darse cuenta que el régimen político panameño, anterior a 1968, aunque tenía elecciones periódicas como el actual, estaba compuesto por una corrupta institucionalidad al servicio de unas cuantas familias oligárquicas, serviles de los intereses norteamericanos, que decidían en el Club Unión las sucesiones presidenciales y las curules de diputados. Clase social que coqueteaba desde 1903 con la colonia zoneíta y que había intentado imponer los Tratado Tres en Uno.

Una oligarquía que había apoyado todos los fraudes electorales del Partido Liberal, hasta que Robles postuló a David Samudio, que pretendía una tímida reforma fiscal para que pagara impuestos el «club de los exonerados». Para impedirlo, se aliaron a su enemigo histórico, Arnulfo Arias, y desataron la crisis que culminó en el golpe de estado.

En una frase: el régimen anterior al 68 era tan corrupto, tan oligárquico, tan antidemocrático, tan antipopular, tan proimperialista, como el régimen actual. Así que, si alguien quiere conocer la verdad sobre esa «democracia», que murió el 11 de octubre, que asome la cabeza por la ventana y vea la «democracia» que impusieron los imperialistas yanquis el 20 de Diciembre del 89. Esa oligarquía, desplazada del gobierno por los militares, siguió gozando de las mieles del poder económico logrando amasar grandes fortunas bajo el auspicio de los coroneles.

Los sectores sociales y políticos de la derecha panameña se niegan a aceptar que el 20 de Diciembre del 89 hubo un genocidio en Panamá. Niegan el hecho o lo «justifican» insinuando que los muertos de la invasión eran «batalloneros», como queriendo decir «delincuentes». Y cuando ya no pueden argumentar más, sacan a relucir los asesinados por la dictadura entre 1968 y 1971, pero se les olvida el detalle de que esos otros muertos eran todos comunistas, revolucionarios de izquierda y que, entre ellos, no había ningún burgués, por supuesto.

El régimen militar tuvo tres etapas diferenciadas

El régimen militar tuvo al menos tres momentos diferenciados: el primero 1968-69, claramente represivo y antiipopular; el segundo, 1971-77, de carácter populista, nacionalista y keynesiano; el tercero, 1978-89, pero más claramente 1981-89 (después de la muerte de Torrijos), neoliberal y antipopular. Sí, el régimen militar bajo Manuel A. Noriega aunque tuvo rasgos heredados, no fue igual al de Omar Torrijos.

A partir de la década de 1980, nuestro continente y el mundo entraron en una nueva fase política caracterizada por la crisis económica, el fin del «boom» económico de la post guerra, el Consenso (neoliberal) de Washington, el triunfo de una serie de gobiernos reaccionarios en las principales potencias capitalistas y una ofensiva contra las conquistas sociales y económicas de los trabajadores. A Torrijos le tocó el inicio de esa transición, pero su propia y sospechosa muerte es parte del cambio de época en Centroamérica.

Noriega y su predecesor, Rubén D. Paredes, gobernaron cuando el signo de América Latina pasó a estar regido por el Consenso de Washington y el gobierno del ultraconservador Ronald Reagan y George Bush (padre). La cúpula militar panameña colaboró consciente y activamente en ese nuevo modelo económico y político, enterrando poco a poco las concesiones sociales y cambiando de la retórica anticolonialista de Torrijos a las genuflexiones proimperialistas de Paredes y sus amenazas a Nicaragua sandinista.

Lo acuerdos entre el régimen militar panameño y el imperialismo yanqui a inicios de los 80

En la década de 1980 había tres objetivos centrales de la política norteamericana en Panamá, en coincidencia con la cúpula militar: 1. Que las elecciones de 1984 dieran la impresión de «retorno a la democracia»; 2. Que el gobierno surgido de esas elecciones aplicara un riguroso plan neoliberal; 3. Que la transición del canal se hiciera bajo control y seguridades para los intereses norteamericanos.

Los dos primeros objetivos se pretendieron cumplir con la imposición de Nicolás A. Barletta como candidato presidencial del PRD, el cual había sido funcionario del Banco Mundial. El tercer objetivo consistía en convertir la Guardia Nacional en un ejército (Fuerzas de Defensa) que sustituyera al ejército yanqui en el traspaso de 1999, objetivo en el que Noriega puso un empeño particular.

En 1983-84 hubo acuerdo completo entre el gobierno norteamericano y el régimen de Noriega en esos tres aspectos. La ley que creó las Fuerzas de Defensa contó con financiamiento del Pentágono hasta 1988. Se impuso a Barletta, primero en el PRD (del cual no era parte), y luego a nivel nacional mediante un fraude electoral escandaloso. El primer acto de gobierno de Barletta fue un decreto neoliberal que obligó a los empleados públicos a irse a una huelga general. Ahí empezó a torcerse la cosa.

Las luchas populares pusieron en jaque acuerdo Noriega-Bush

La ola de huelgas que sacudió al país entre 1984 y 1985 no ha tenido parangón en la historia. La creación de la FENASEP y sus constantes Jornadas de Lucha; el surgimiento de COCINA, como coordinadora docente, salud y estudiantil con sus huelgas; y los paros nacionales de CONATO; con incontables movilizaciones diarias, pusieron en crisis el acuerdo entre el imperialismo yanqui y el régimen del general Noriega.

Las luchas populares contra el plan neoliberal del gobierno de «Fraudito», son el punto de inicio de la crisis que desembocará en la invasión, porque esas luchas paralizaron la aplicación de las medidas neoliberales y llevaron a la crisis de credibilidad del gobierno y del régimen militar. Pese a que Noriega sacrificó un peón, con la deposición de Barletta, se mantuvo su acuerdo con Estados Unidos los años subsiguientes. Todavía en marzo de 1986 se impuso a sangre y fuego una reforma neoliberal al Código de Trabajo.

Con el trasfondo de movilizaciones y huelgas contra la continuidad del plan neoliberal por el régimen Del Valle – Noriega, es la disputa por el poder entre los coroneles (Díaz Herrera) la que vuelve a escalar la crisis en junio-julio de 1987.

A este punto, mediados de 1987, la fuerza de la movilización y la crisis de credibilidad del régimen llegó a tal grado que el imperialismo yanqui tomó dos medidas complementarias: 1. Solicitarle a Noriega que pusiera una fecha para su jubilación de manera que se disimulara que el «poder real estaba en los cuarteles»; 2. Empezar a construir una dirección burguesa de recambio, pero con la credibilidad de la que carecían los partidos tradicionales de la oligarquía, para lo cual apoyó la creación de la Cruzada Civilista, dirigida por los gremios empresariales.

Recién a mitad de 1987 es cuando empiezan las contradicciones entre el régimen de Noriega y el gobierno de Estados Unidos, las cuales escalan a inicios de 1988 cuando se formaliza la acusación contra Noriega por narcotráfico y cuando el Departamento de Estado ordena a Del Valle que intente destituir por la fuerza al general. Aquí ya se ha producido la ruptura definitiva del acuerdo que databa de 1983-84. Aquí es cuando sectores de la oligarquía que habían estado con los militares, como los hermanos Lewis Galindo, se apartan y crean el Grupo Modelo para lanzar la estrategia del recambio.

El imperialismo interviene para salvar su plan de democracia neoliberal y Noriega se disfraza de antiimperialista para seguir gobernando

Para defender su posición Noriega también cambia y, de aliado dócil de Estados Unidos, pasa a levantar un discurso nacionalista y antiintervencionista. Pero ese ropaje «antiimperialista» no le sentaba muy bien al general que ya carecía de credibilidad en amplios sectores de la población por sus actos anteriores. Durante el crítico año de 1988, el régimen militar levanta un discurso que oscila entre confrontación y enamoramiento con el gobierno de Bush; se reprime a los sectores sindicales, a la vez que se crean milicias como los Batallones de la Dignidad, pero muy controlados por la oficialidad.

Los sectores independientes del movimiento popular estuvieron atrapados entre dos posiciones extremas encabezadas por fracciones opuestas de la burguesía que influían en la mentalidad de la gente: 1. El régimen militar que denunciaba la intromisión imperialista y la agresión creciente que presagiaba la invasión, pero que vulneraba los derechos económicos, sociales y democráticos; 2. La oposición nucleada en la Cruzada, que sólo enfatizaba el problema democrático, pero se hacia de la vista gorda ante la creciente agresión del Comando Sur y las sanciones contra el país.

Esa realidad hizo difícil a la izquierda panameña encontrar y explicar un discurso revolucionario que fuera antiimperialista sin claudicarle a los militares, y que fuera democrático y social sin parecer que se coqueteaba con la Cruzada Civilista y el intervencionismo yanqui.

La anulación de las elecciones de 1989 puso en evidencia las inconsecuencias del régimen: 1. Estas fueron pacíficas durante la campaña y conteo de votos, sólo se rompieron cuando Endara-EE UU se negaron a aceptar continuidad de Noriega en la Comandancia; 2. El mando militar usó policías disfrazados de «batalloneros» para apalear a la oposición en Santa Ana, tratando de cubrirse con que fueron los «comunistas».

El golpe de Giroldi, el 3 de octubre, demostró que el problema para EE UU no era solo Noriega, sino que había intenciones de invadir para destruir toda la institucionalidad precedente, creando un régimen político dócil a los dictados de Washington, que aplicara el esquema neoliberal, pero con apariencia «democrática» y se resolviera el tema del canal a manos seguras de acuerdo a los intereses yanquis.

La invasión y el comportamiento cobarde de Noriega y del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, salvo contadas y honrosas excepciones, demostraron la inconsecuencia de su discurso antiimperialista. Ninguno de los altos oficiales cayó en combate. Ni siquiera organizaron la resistencia. Los que combatieron, oficiales, suboficiales, tropas, batalloneros y ciudadanos, lo hicieron por su cuenta e improvisando. Ni si quiera se advirtió a la población.

La invasión impuso el régimen oligárquico, corrupto y neoliberal que tenemos

Sobre las ruinas humeantes de El Chorrillo, sobre las fosas de cadáveres no identificados, y la economía destruida, en 1990, el gobierno norteamericano impuso el acuerdo político que dio nacimiento al actual régimen político panameño. Los dirigentes del PRD, de la Democracia Cristiana (PP), del Arnulfista (Panameñista) y del Molirena auspiciados por EE UU acordaron el reparto institucional sin mediar nuevas elecciones ni Asamblea Constituyente. Allí nació el régimen antidemocrático, oligárquico y corrupto que padecemos hoy en día.

El baño de sangre de diciembre de 1989 se vio seguido, en junio de 1990, con el llamado «Convenio de Donación», por el que Estados Unidos daría financiamiento al gobierno panameño a cambio de someterse a los planes dictados por Banco Mundial, el FMI y el BID. Ese detallado plan económico ha sido seguido al pie de la letra por todos los gobiernos que han pasado estos 25 años, no importa la camisa de qué partido político se pongan. Privatizaciones, despidos de empleados públicos, alzas de impuestos al consumo y baja de impuestos a los que más ganan, reformas a la seguridad social, descomposición de las escuelas y centros de salud del estado, etc.

La liquidación de la soberanía nacional en 1989, creo las condiciones para que los partidos del régimen de la invasión pactaran el nuevo título constitucional sobre el canal que permitió convertir a la vía revertida en una nueva «zonita» fuera del control del pueblo panameño y en manos de un puñado de oligarcas. De esa manera se le da el «uso menos colectivo posible», y los millones del canal son desviados a gastos superfluos de los que se benefician algunos empresarios, mientras la deuda social sigue creciendo.

Incluso con el gobierno de Pérez Balladares, los norteamericanos intentaron mantener una base militar disfrazada de combate al narcotráfico, el CMA. Fracasado ese plan han ejecutado con los sucesivos gobiernos acuerdos de seguridad, que les garantizan su presencia e intervención solapada, como: el Salas-Beker, el Plan Mérida y las bases aeronavales. Todo ello arropado por el Pacto de Neutralidad de 1977, que nos cubre «bajo el paraguas del Pentágono (Torrijos dixit), verdadero Hay- Bunau Varilla del siglo XXI.

Así que toda la irracionalidad que pueda haber detrás del genocidio de Diciembre de 1989, obedece a una racionalidad con arreglo a fines para los intereses del imperialismo yanqui, que se ha venido ejecutando durante un cuarto de siglo.

Así que, los jóvenes de hoy, no piensen que la invasión fue un hecho del pasado que le sucedió a una gente por aquel tiempo. No. La invasión y sus consecuencias se siguen sintiendo cada día y la sufren las generaciones presentes: con el régimen corrupto, con la falta de empleos, con el desastre de los servicios públicos, con un canal ajeno alas necesidades del pueblo panameño.

Por Eugenio Young

La lucha continua en las calles de Panamá. El 11 de julio el gobierno de Laurentino Cortizo impulsó la división de los sectores en lucha, a través de la instalación de una mesa de negociación con los sectores sociales aglutinados en la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO), en la provincia de Veraguas

Fracasó el dialogo por separado

Ese mismo día, Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF) se manifestó en contra de la instalación de mesas de dialogo por separado, abogando por la unión de todos los sectores en una sola mesa de negociación: "Yo espero que el gobierno no se equivoque y pretenda dividir a los actores fundamentales que estamos en esta lucha, estamos señalando que haya una sola mesa no sólo en la provincia de Veraguas, también en la ciudad capital, el caso de los gremios médicos, los sindicatos de trabajadores" (La estrella, 11/07/2022)

A las reuniones asistió José Gabriel Carrizo, vicepresidente de Panamá, y las negociaciones fracasaron, porque los gremios rechazaron la propuesta de congelación de los precios de los combustibles en 3,95 dólar. En una consulta, las bases de ANADEPO rechazaron la segunda propuesta del gobierno de fijar en 3,40 el precio de los combustibles.

Las movilizaciones han debilitado al gobierno de Cortizo

El jueves 14 de julio, el presidente Cortizo instaló otra mesa de negociación en Ciudad del Saber, en los suburbios de ciudad Panamá, a la que asistieron transportistas de carga, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), entre otros, pero la reunión fue boicoteada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV)

La APUV solicitó a la ANADEPO evitar la división, por medio de la instalación de una sola mesa de negociación. La APU envió una comisión a Veraguas, se unificaron criterios para forzar una sola mesa de negociación con el gobierno, al mismo tiempo que se redoblaron los esfuerzos por crear piquetes para cerrar las calles y carreteras.

En los bloqueos participó activamente la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP).

Al final, el gobierno de Cortizo tuvo que retroceder en su pretensión de mantener mesas de diálogos por separado. Pero el problema central no es solo que exista una sola mesa de negociación, sino una agenda común, para evitar que las negociaciones caigan en un laberinto, sin salida concreta.

Luis Sánchez, dirigente de ANADEPO, planteó incorporar “una mesa anticorrupción, al Órgano Legislativo, a la Antai, con el propósito de buscar alternativas para acabar la corrupción y la evasión del impuesto tributario que suma más de 4,600 millones de dólares". La intención es buena, pero la lucha contra la corrupción en los hechos desvía la atención sobre los principales problemas económicos.

La conducción: ANADEPO y APUV

La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (ANADEPO), es uno de los bloques que ha iniciado la lucha. La columna vertebral de ANADEPO es la Asociación de Profesores Veragüense (AEVE), pero también participan otras 22 organizaciones de docentes, civiles, ganaderas, pesqueros, agrícolas, de transportistas y estudiantiles

La Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV) está formada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS),

la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la Central General de Trabajadores (CGT), Asociación de Médicos, Odontología y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), Asociación de Profesores De Panamá (ASOPROF), Sindicato Nacional de Trabajadores de La Universidad de Panamá (SINTUP), Convergencia Sindical (CS), Movimiento Comunal Nacional Federico Britton y otros grupos.

Este bloque agrupa muchos sindicatos, centrales obreras y empleados públicos.

Mesa de negociación, algunas concesiones con represión

El 19 de julio, en la provincia de Coclé, se instaló una sola mesa de negociación entre el gobierno de Cortizo, la ANADEPO, la APUV, con la mediación de la Iglesia Católica. Mientras se instalaba el dialogo, el gobierno acentuó la represión contra los cierras de calles y carreteras, con el objetivo de debilitar la posición de los gremios unificados en la mesa de negociación

La represión fue tan violenta que el arzobispo Jose Domingo Ulloa, declaró:  “Repudiamos estos hechos, máxime cuando estamos iniciando este proceso de diálogo para construir un mejor Panamá (…) reitero, repudiamos la violencia y la represión que se pueda dar entre nuestros hermanos”. (La Estrella, 20/07/2022).

En las primeras sesiones del dialogo se avanzó en los siguientes puntos: “rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional, rebaja y congelamiento del precio del combustible, rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), discusión sobre su situación y la del Ministerio de Salud, sin privatizar; el cumplimiento por parte del gobierno de la ley del 6% del PIB para educación. El problema de la corrupción y transparencia”.

Los temas aprobados son generales, y se desconoce como seria su implementación. Todo indica que la táctica del gobierno de Cortizo, sumamente debilitado por el impacto de las protestas sociales, es aceptar una buena parte de las reivindicaciones, pero sin un compromiso concreto sobre el mecanismo de cumplimiento, pero la aceptación es solo para adormecer a las dirigencias que están en las mesas de negociaciones.

¿Congelación de precios o aumento general de salarios?

En las mesas de negociación, los lideres populares han solicitado el congelamiento de precios o reducción del 30% de los precios de la canasta básica, que por el índice de inflación se calcula en 1600 dólares. En las reuniones, los lideres populares propusieron una oficina de control de precios. De esta manera, las negociaciones entraron en arenas movedizas.

El problema no es solo controlar precios o márgenes de ganancias de los grandes comerciantes, sino que la inflación ha devorado los salarios de los trabajadores, mermando su capacidad de consumo. Control de precios sin aumento de salarios, conduce a un callejón sin salida. Además, es conveniente aclarar que el control de precios mal aplicado puede quebrar a los pequeños comerciantes.

El Gobierno de Cortizo aceptó reducir el costo de la canasta básica en un 30%, subsidio al consumo de productos nacionales, reducción arancelaria con control de margen de comercialización. El tope de precios de 72 productos se establecería en un Decreto Ejecutivo y con una vigencia de seis meses, aunque prorrogable.

Esta es una promesa vacía, sin contenido concreto para los próximos días, que solo pretende ganar tiempo y cansar al movimiento de masas para dispersarlo. Si lograsen implementar un control de precios, los grandes comerciantes sencillamente esconderán sus productos y los venderán en el mercado negro. Por qué la verdadera recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores pasa por el aumento de salarios conforme el costo de la vida, y una regulación de las ganancias y precios de los grandes comerciantes, bajo la vigilancia y control de los sindicatos y organizaciones populares.

La demanda de aumento salarial ha sido relegada, priorizando la congelación de precios.

La Gran Alianza Nacional por Panamá (GANP) amenaza boicotear cualquier acuerdo

Debido al peligro que representa la unidad de los gremios en lucha, el gobierno de Cortizo alentó la participación de los empresarios en la negociación, como un mecanismo para equilibrar fuerzas, y para crear una torre de Babel en la que los diferentes sectores sociales hablarían lenguajes diferentes por los intereses antagónicos que representan.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), pidió su inclusión en la mesa de diálogo. Marcela Galindo, presidente de la CCIAP, pidió al gobierno que indique, cuanto antes, la hoja de ruta para la implementación de planes de austeridad. “Esto incluye la revisión del presupuesto del Estado, la eliminación de la ley de incentivos fiscales al turismo, la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí y la aprobación de la ley de conflicto de intereses”. (La Estrella, 22/07/2022)

Como una concesión a los empresarios, para atraerlos a su terreno, Cortizo ordenó la derogación de las polémicas leyes 314 del 20 de junio de 2022 y 122 de 2019. A los grandes empresarios les horrorizó la mención del control de precios y cinicamente se convirtieron en falsos defensores de los pequeños comerciantes: "No se puede continuar debilitando más a los micro y pequeños productores y empresarios, quienes generan cerca del 60% de los empleos; es decir, más de 475,000 personas a nivel nacional cuya sustentabilidad ya se encuentra en peligro (…) Sólo con un acuerdo inclusivo y consensuado, que tenga como estandarte los intereses del país y sus ciudadanos, logrará los resultados positivos que Panamá requiere" (La Estrella, 24/07/2022).

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) declaro que era "inadmisible que se tomen medidas en materia económica, sin tomar en cuenta a los sectores productivos. Las propuestas planteadas no sólo resolverán los problemas de costo de la vida, sino que provocarán el cierre de muchas empresas, con la consiguiente pérdida de empleo.” (La Estrella, 24/07/2022)

La CCIAP insistió en que “si cuatro de los ocho puntos acordados entre el mediador y los manifestantes deben ser ejecutados por el sector empresarial, es necesario que este participe de la negociación en la mesa”. (La estrella 25/07/2022)

Para forzar una negociación tripartita (gobierno, sector popular y empresarios) los grandes empresarios crearon un nuevo bloque denominado “Gran Alianza Nacional por Panamá (GANP), amenazando con desconocer acuerdos si ellos no participan.

Una etapa critica

Después de mas de tres semanas del colosal estallido social que sacude a Panamá, la situación comienza a complicarse para las masas en lucha. En la medida que la lucha gremial se prolonga, sin haber obtenido resultados inmediatos, los bloqueos de calles y carreteras se convierten en el eje de la lucha.

En los hechos hay una huelga general dispersa, de carácter parcial que, si no logra atraer a nuevos sectores sociales, es probable que la táctica del gobierno de Cortizo de hacer concesiones formales y prolongar las negociaciones, incorporando a los empresarios, termine cansando a un sector de masas, lo que puede llegar a tener un efecto negativo en la movilización popular.

El contubernio Cortizo-empresarios busca torpedear la negociación, para que no haya acuerdos de fondo, y al prolongar el conflicto para asestar el golpe final. Luis Fernando Ábrego, dirigente de la ASOPROF, tiene razón al afirmar que al incluir a los empresarios en la negociación, el gobierno quiere romper las negociaciones.

ANADEPO y APUV debe ser conscientes de la trampa que esta tendida en la mesa de negociaciones. La única manera de derrotar las maniobras de Cortizo y los empresarios, es redoblando la movilización hasta paralizar completamente el país, y forzar la suscripción de acuerdos concretos, no promesas vagas. Debemos aprender la lección de las anteriores luchas que terminaron disolviéndose en la nada.

Por Eugenio Young

La crisis económica mundial ha golpeado de manera especial a Panamá, un país en donde los trabajadores tienen grandes tradiciones de lucha sindical y popular. Los diferentes gremios en lucha han acorralado al gobierno de Laurentino Cortizo. Los próximos días serán decisivos.

Un gremio con una larga historia de lucha

A pocos días que asumiera la presidencia Laurentino Cortizo,  la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), que aglutina a más de diez gremios magisteriales a nivel nacional, respaldada por la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y la Asociación Nacional de Profesores (ASOPROF), convocó a la primera gran protesta, presentándole al nuevo presidente una pliego de demandas de diez puntos.

Entre las demandas centrales, estaba el aumento de salarios y el cumplimiento de entrega del 6% del PIB para la educación, de conformidad con el artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación, reformada en el año 1995. Han transcurrido 27 años, y ningún gobierno ha cumplido con esta norma legal.

La repuesta del MEDUCA   esta protesta, fue meter a los 17 gremios magisteriales en la mesa bilateral, llevando al magisterio a prolongadas y cansadas reuniones.

En noviembre del 2020, bajo los efectos mortales de la pandemia de coronavirus, la Coalición Nacional por la Educación junto a otros sindicatos, profesionales y estudiantes, volvió a marchar en las calles, demandando el cumplimiento de las demandas de los educadores, exigiendo un seguro colectivo de vida para los educadores, por los estragos causados por el covid. En agosto del 2021, los gremios magisteriales volvieron a salir a la calle a protestar por los incumplimientos del gobierno de Cortizo.

Crisis económica, inflación y carestía de la vida

Panamá ha sido el país con mejor nivel de vida de Centroamérica. Su economía, basada en los servicios, fue particularmente afectada por la pandemia de coronavirus. El nivel de empleo y los salarios se han desplomado.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) ha informado que para mayo de este año apenas se han reactivado 150,023 (52,8%) contratos de trabajo de un total de 284,209 que fueron suspendidos por la pandemia de covid-19.

El Banco Mundial espera que para este año cerca de 130 mil personas caigan por debajo de la línea de pobreza de $5.5 por día La tasa de pobreza en Panamá, aumentó del 12,1% en 2019 al 14,9% en 2020.  Sin el apoyo de las transferencias que maneja el programa Panamá Solidario, que mueve fondos equivalentes al 1,3% del PIB, la pobreza habría aumentado al 20,8%. Los programas asistenciales mitigan un poco la pobreza, pero no detienen esa tendencia hacia el empobrecimiento general.

Los efectos cotidianos de la crisis económica y la inflación mundial se trasladan directamente a Panamá, un país que utiliza el dólar como moneda oficial. Para el mes de abril de este año, según cifras oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), el precio de la canasta básica oscila entre $313.78. Este deterioro de la capacidad de consumo se ha incrementado con el alza del precio de los combustibles.

Los docentes inician la lucha

El 6 de julio, cuando se estaba instalando una “mesa de trabajo de alto nivel” con funcionarios del Ministerio de Educación (MEDUCA), los gremios magisteriales, apoyados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), anunciaron en una conferencia de prensa, en el paraninfo de la Universidad de Panamá (UP), un paro nacional de 72 horas a partir del jueves 7 de julio.

El paro nacional de 72 horas fue una repuesta al silencio del presidente Cortizo ante las 32 propuestas que el pasado 9 de julio estos gremios le presentaron, que incluía el congelamiento del alto costo de los alimentos, el combustible, el desempleo, la educación, la salud y soluciones al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, etc.

El gobierno de Cortizo pretendió chantajear a los maestros en huelga. Luis Arturo Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), denunció que ”la única propuesta que dieron los funcionarios fue ponernos contra el pueblo eliminando los programas (sociales) para poder rebajar el combustible. No vamos a ir pueblo contra pueblo.” (La Estrella, 8/07/2022)

El gremio medico se suma a la lucha

El ambiente fue de total agitación social. El sábado 9 de julio, sectores de clase media, como médicos, odontólogos, médicos internos y residentes, organizados en la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) dio un plazo fatal de 48 horas al gobierno de Cortizo para que tome medidas inmediatas de ahorro fiscal, acabando “botellas”, alquileres y gastos superfluos, reduciendo los impuestos que permitan una rebaja y congelamiento de los precios de la gasolina y canasta básica. Posteriormente, convocaron a una marcha para el día martes 12 de julio, saliendo del Parque Porras en ciudad Panamá.

SUNTRACS llama al paro nacional

Al día siguiente, 10 de julio, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) convocó a una marcha para el día 12 de julio, coincidiendo con los médicos, y para realizar una huelga por  24 horas  a partir del miércoles 13 de abril, en protesta por la falta de respuesta del gobierno de Cortizo ante el clamor nacional contra la carestía de la vida y la congelación de precios de los combustibles.

Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS, advirtió: "Vemos con mucha preocupación que el gobierno venga con represión, si hay represión tendremos radicalización de las acciones (...) aquí necesitamos respuestas concretas y contundentes". (La Estrella de Panamá, 10/07/2022).

El Congreso general Ngäbe Bugle, que reúne a la mayoría de indígenas, se pronunció a favor de la lucha de los maestros, aunque también llamó al diálogo

El nerviosismo de los empresarios

Debido a la enorme cantidad de sectores sociales involucrados en la lucha, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado “a la calma y mantener abierto el diálogo”.

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) llamó al SUNTRACS a que reconsidera la posición de llamar a paro nacional de 24 horas, llamamos a “la reflexión para que eviten agregar a los momentos críticos que vivimos mayores causas de afectación:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, (CONEP) em un agresivo discurso declaró que la huelga de los maestros era producto de una minoría radical, que no llegaba al 10%, y que estaba obstaculizando la educación, aunque el final llamó al dialogo.

El gobierno retrocede y congela el precio de los combustibles

Debido a la generalización de las protestas (maestros, médicos, obreros de la construcción, estudiantes, transportistas y otros), el gobierno de Cortizo convocó  a una mesa de dialogo en la provincia de Veraguas, con los gremios aglutinados de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO).

Evidentemente, el gobierno de Cortizo pretende negociar por separado con los diferentes sectores en lucha, como una táctica para dividir y debilitar semejante movimiento de protesta social. Ante la generalización de la protesta, el gobierno apela al “dialogo”.

Aquejado por las movilizaciones en crecimiento, el gobierno de Cortizo anunció el lunes 11 de julio la congelación de los precios de los combustibles a $3.95, así como la congelación de precios de 10 productos de la canasta básica. Se trata de una victoria parcial del movimiento de protesta nacional, el gobierno retrocede para calmar los ánimos, pero en realidad la repuesta gubernamental que no satisface las aspiraciones de las masas en lucha.

Otra maniobra de Cortizo, es que ha trasladado el problema del alza de los combustibles a la Asamblea Nacional, formando una “Comisión Investigadora” para descubrir el origen del alza de los combustibles, es decir, descubrir el agua helada.

¿Cómo financiar el subsidio a los combustibles?

Mientras la lucha continua y se profundiza, las cámaras empresariales y el gobierno de Cortizo han comenzó a desviar la discusión sobre como frenar el alza de los combustibles y como luchar contra la inflación. La discusión ha sido desviada hacia un oscuro y resbaloso tema: la reducción del gasto público. El congelamiento de precios del combustible solo puede hacerse vía reducción de impuestos selectivos, o por medio del subsidio estatal y aquí surge la discusión de donde provienen los fondos.

Una vieja reivindicación popular ha sido que los gobiernos no gasten innecesariamente, para que con el presupuesto del Estado se puedan atender las necesidades de los sectores mas vulnerables. Pero la posición de los empresarios es otra.

Marcela Galindo, presidente de la CCIAP, declaró que “Tal y como hemos señalado en múltiples ocasiones, es insostenible continuar aumentando los gastos del Estado en momentos que la recaudación de impuestos ha disminuido a consecuencia de la pandemia (…) las medidas adoptadas de congelamiento deben ser temporales y deben ser cubiertas por un recorte generalizado de gastos, no más deuda, ya que esto repercutiría en más impacto a la ciudadanía a futuro. También, reiteramos la eliminación de los recién aprobados incentivos fiscales”.(La Estrella de Panamá, 12/07/2022)

Unificar las luchas en una Huelga General

Lo diferentes gremios han comenzado a luchar y el camino han tenido que unirse para combatir las políticas del gobierno de Cortizo. Si bien es cierto que la negociación y el dialogo son momentos necesarios en la lucha, debemos aprender de las luchas pasadas, cuando enormes movimientos sociales han sido desviados al pantano de la negociación sin salida.

La huelga general debe ser una realidad, y no levantar la lucha hasta que el gobierno de Cortizo haya cedido los 32 puntos que le fueron presentados el pasado 9 de julio. Para luchar contra la inflación se requieren aumentos salariales conforme el costo de la vida, además de la congelación de precios para evitar la voracidad de los grandes comerciantes.

En relación al tema de la congelación de precios de los combustibles, la salida no es recortar indiscriminadamente los gastos del Estado, porque no se debe afectar a los trabajadores públicos, ni a los sectores vulnerables que son beneficiados con el asistencialismo social. De lo contrario, se estarían recortando conquistas sociales de los trabajadores.

La discusión debe girar en torno a suspender los impuestos selectivos al combustible, y en una reforma fiscal basada en el principio de proporcionalidad, es decir, que paguen mas los que más ganan, y estos son los grandes empresarios. Solo así el Estado obtendrá los fondos necesarios para subsidiar el precio de los combustibles, limitando también las ganancias de las compañías petroleras.

La lucha que actualmente libran los diferentes gremios en Panamá, tiene no solo importancia nacional, sino que, dependiendo del desenlace, tendrá repercusiones en el conjunto de Centroamérica.

Por Polo Ciudadano

Se precipita un nuevo proceso electoral en la República de Panamá, con tiempos más perentorios en un Código Electoral bastante antidemocrático. Las reformas impuestas por la Asamblea Nacional mediante la Ley 247, de 22 de octubre de 2021, establecen en su artículo 330, que el Tribunal Electoral abrirá el proceso electoral el próximo 1 de junio de 2022 (“año tras anterior a las elecciones”), para los candidatos por libre postulación, y 1 de febrero de 2023 para los partidos políticos (“del año anterior”).

Quienes aspiren a un cargo de elección popular (presidencia, diputación, representante de corregimiento o alcalde) mediante libre postulación deberán inscribirse con una solicitud entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2022 (art. 360). Cualquier partido político que aspire a postular, deberá estar inscrito al 1 de febrero de 2023, cumpliendo obviamente con haber recogido el 2% de adherentes respecto a los electores del año 2019.

Entendiendo que bajo un régimen político antidemocrático y corrupto, como el panameño, controlado por la burguesía y sus partidos mediante prácticas clientelistas, la participación del movimiento popular y la izquierda es un asunto táctico. Es decir, la modalidad de la participación es algo que debe decidirse de acuerdo con las circunstancias: inscripción de partidos, libre postulación, voto nulo o en blanco, abstención, etc.

En los dos últimos procesos electorales, 2014 y 2019, sobre la base de que siempre es preferible postular candidatos propios como táctica privilegiada se usaron dos: la libre postulación (mal llamada “independientes”) y la inscripción de un partido (el FAD).

En esta ocasión, al acortarse los tiempos, el movimiento popular panameño tiene un dilema: inscribir candidaturas de libre postulación, lo que obliga a tomar decisiones en menos de un mes, o apostar a la inscripción del FAD que tiene medio año para inscribirse. Lo contrario, no inscribir candidaturas propias, por alguno de los dos métodos, llevaría a un retroceso a situaciones previas a 2009 (voto en blanco o por “Victoriano Lorenzo”).

Un sector de capas medias, apoyado por una parte de la burguesía y sus medios de comunicación, encabezado por el diputado Juan Diego Vásquez, ha organizado una “coalición” de candidaturas independientes bajo su liderazgo (que no incluye candidatura presidencial), la cual es claramente financiada por sectores vinculados al poder económico a los cuales responde, pero que se esconden bajo el ropaje de la “independencia”.

El Polo Ciudadano opina que la coalición del diputado Vásquez es parte del menú electoral de la burguesía panameña, es una candidatura del sistema que centra su denuncia tan solo en el tema de la corrupción, pero no cuestiona el modelo neoliberal. Polo Ciudadano propone: establecimiento de una coalición popular, con un programa antineoliberal, popular e independiente de la burguesía. Coalición que, con unidad, podrá vencer los obstáculos antidemocráticos del Código Electoral al eliminar la dispersión en que nos encontramos. Sobre esa base unitaria, decidir qué tipo de táctica electoral privilegiaremos en unidad.