Por Olmedo Beluche

Se conmemoran 50 años del sangriento golpe de Estado de los militares chilenos, dirigido por Augusto Pinochet, propiciado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, encabezado entonces por Richard Nixon y Henry Kissinger, contra el gobierno democrático y socialista del presidente Salvador Allende. Medio siglo desde aquellos hechos que parecen tan lejos, pero a la vez se sienten tan cercanos. La conmoción de aquel acontecimiento no solo afectó la vida del pueblo chileno, sino a la humanidad entera y Panamá no escapó a esa circunstancia.

No podían dejar de estremecer las conciencias los asesinatos de miles de personas, los fusilamientos, las torturas salvajes, los arrestos arbitrarios y tantas formas en que se pisotearon los derechos humanos, con el patrocinio del gobierno norteamericano. Ninguna persona decente podía dejar de llorar, interior o visiblemente, por ver ahogado en sangre el sueño de un mundo mejor, más justo, democrático e igualitario, buscado con métodos democráticos y pacíficos. 

Panamá recibió estupefacta la noticia. La televisión reprodujo el último discurso de Salvador Allende y mostró el bombardeo sobre La Moneda. El diario, El Panamá América del 12 de septiembre tituló: “Entre 500 y 1,000 muertos”. Ese mismo día la juventud universitaria, docentes y dirigentes populares marcharon hasta la embajada de Chile a expresar su solidaridad, no menos de 400 personas. Según diversos testimonios, esas manifestaciones se repitieron durante varios días.

Los pronunciamientos de todo tipo organizaciones y personalidades se hicieron durante los días subsiguientes, empezando con la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), vanguardia de la lucha por la soberanía panameña en el canal. Hubo corales poéticas, en especial con versos de Pablo Neruda, cuando llegó la triste noticia de su deceso. Debates en las aulas universitarias y programas de televisión. El Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) realizó el primer video documental de solidaridad con Chile, con guion de Chu Chú Martínez, titulado “¡Viva Chile, mierda!”.

En ese tiempo Panamá tenía una estrecha relación académica con Chile. Mucho más que en la actualidad. Esa relación era por doble vía, la negativa y la positiva. La mala era la existencia en nuestro país de la llamada “Escuela de las Américas” del Comando Sur del ejército de Estados Unidos. Incluía cursos de tortura. De sus aulas egresaron los más sanguinarios dictadores de América Latina, entre ellos Augusto Pinochet y Manuel Contreras.

Por la positiva, cientos de panameños y panameñas estudiaban sus postgrados, sobre todo en ciencias sociales en diversos centros académicos chilenos: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de Chile y la Universidad Católica, entre otras. Una destacada panameña, Carmen Miró, dirigía el  Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), entidad de Naciones Unidas, y ayudaría a muchos a escapar de los militares.

Esas decenas o centenas de estudiantes istmeños en Chile, que luego serían destacadas personas del ámbito profesional y académico, vivieron directamente el golpe de 1973 en toda su crudeza y vieron interrumpidos sus estudios. Incluso, al menos dos de ellos, una futura socióloga y un sacerdote, fueron internados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde no solo fueron testigos, sino que sufrieron en carne propia las torturas. Los padres y familiares de los cientos de estudiantes panameños en Chile tuvieron que pedir a su gobierno que intercediera, lográndose traer un primer vuelo humanitario de cerca de 100 personas de nacionalidad panameña, el 23 de septiembre.

Pero en Chile también vivía una colonia de exiliados panameños que habían sido expulsados del país por el gobierno encabezado por Omar Torrijos, algunos de ellos, pertenecientes a partidos de la oposición burguesa, como el “Panameñista”, la Democracia Cristiana, pero la mayoría de ellos militantes de izquierda, de Vanguardia de Acción Nacional (VAN) y del Partido del Pueblo (comunista).

En este grupo se encontraban los sobrevivientes de la familia González Santizo, cuyo padre y hermanos habían sido asesinados por el régimen militar panameño entre 1968 y 1969. Estos exiliados no contaron con la protección del gobierno panameño, por el contrario, se negaron a traerlos. De esa manera, Encarnación y Almesías González Santizo fueron a parar a la cárcel en Concepción. Sólo pudieron salir de Chile tiempo después, con rumbo a Suecia, gracias a la gestión de Carmen Miró.

La actitud del gobierno panameño ante el golpe de Pinochet tuvo dos caras: la solidaria expresada por Omar Torrijos, revestido en 1973, de su carisma populista; y la represiva, que representó Manuel A. Noriega, por entonces jefe de inteligencia (G-2) de la Guardia Nacional panameña.

El gobierno panameño no emitió una nota formal sobre el golpe en Chile, aunque sí protestó por el ataque que sufrió la embajada de Cuba en Santiago y la retención de un buque de ese país por parte de Estados Unidos. Omar Torrijos, que se encontraba en una gira europea promoviendo la exigencia panameña de un nuevo tratado del canal, expresó desde España, el 13 de septiembre: “La trágica muerte del presidente Salvador Allende me ha conmovido profundamente”.

Pero Manuel Noriega siempre actuó de forma represiva. Envió a los oficiales Domitilo Córdoba y Nivaldo Madriñán a controlar a los panameños que regresaron en el vuelo especial de Air Panamá. Los mismos impidieron que se recogiera a los exiliados de izquierda. Luego desviaron el avión para que no bajara en Tocumen, donde esperaba la prensa, y lo llevaron a la base militar de Río Hato. Al menos una de las personas que volvieron en ese vuelo recuerda que Noriega los recibe en persona y les amenaza para que no testimonien lo que vivieron en Chile.

Torrijos logró que los militares chilenos autorizaran otro vuelo, el 7 de octubre, con más de cien personas que se habían apiñado solicitando asilo en la pequeña embajada panameña en Santiago. Ese vuelo llegó a Río Hato con 128 personas, entre ellas 35 niños, y fue recibido personalmente por el general Omar Torrijos. Ricardo Rangel y la periodista Itzel Velásquez, fueron encargados de atender, proveer recursos y buscar alojamiento en la península de Azuero a estas personas. Rangel tiene en su poder un registro detallado de sus nombres. Pero llama la atención que, salvo excepciones, no se les permitió instalarse en la ciudad de Panamá.

Estos vuelos humanitarios se repitieron y, todavía en 1975, Torrijos logró sacar más de 100 exiliados chilenos, algunos de los cuales venían directo de los campos de concentración, como testimonia Pedro Baeza, uno de ellos. Algunos se quedaron en Panamá, pero la mayoría emigró a otros países. 

Lo dicho hasta aquí, es un fragmento de un ensayo testimonial, que es parte de una obra colectiva próxima a publicarse por la editorial Verso, titulada “Chile 1973 – 2023: Contrarrevolución y Resistencia”. 

Esta obra está presentada en dos tomos que recogen las muchas aristas del acontecimiento, entre ellas cómo el golpe de 1973 impactó a otros países del mundo, y cómo sus vanguardias se vieron comprometidas con la solidaridad hacia el pueblo chileno. Este libro, que debe estar impreso en las próximas semanas, ha sido coordinado, por Viviana Canibilo Ramírez, Roxana Valdebenito Montenegro, Xabier Arrizabalo Montero y Robert Austin Henry, y ha contado con la colaboración de más de 200 personas, entre redactores y correctores. 

Por la parte panameña, la reconstrucción de estos hechos se logró gracias a la colaboración testimonial de las siguientes personas: Enoch Adames M., Pedro Baeza, Diana Candanedo, José Cambra, Enilsa de Cedeño, Carlos Gasnell, Delia Sánchez Ponce, Ricardo Rangel, Eduardo Valdebenito y Manuel Zárate.

Por Olmedo  Beluche

Muchas personas que han leído el contrato con la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) lo han definido como el “Hay-Bunau Varilla” del siglo XXI, en alusión al tratado sobre el Canal de Panamá que nos impusieron en 1903, por el cual el país vio cercenado su principal recurso de la soberanía nacional. Tienen toda la razón al pensar así. Más de cien años después se repite la historia por la cual un puñado de “panameños”, a cambio de unas migajas, ceden casi a “perpetuidad”  (cuarenta años prorrogables) nuestra soberanía sobre el principal recurso minero del país.

Aquí es donde se produce, si queremos aprender, esa ida y venida de los hechos, por el cual a partir de un acontecimiento presente podemos comprender otro parecido que sucedió en el pasado, y viceversa, el pasado, cuando se lo estudia debidamente, nos ayuda a entender lo que está sucediendo en el momento presente. Esa reflexión que va y viene del presente al pasado y de vuelta al momento actual, demuestra que la historia sí que es útil para la toma de decisiones.

El contrato minero que se debate, al igual que el Tratado Hay-Bunau Varilla, pretende ser impuesto sin que el pueblo panameño, ni los legisladores, puedan cambiar ni una coma. Al igual que en 1903, cuando Teodoro Roosevelt amenazó con graves consecuencias a Colombia si rechazaba aprobar el tratado, la consecuencia fue la “separación” de Panamá por la fuerza de las armas norteamericanas. Ahora la empresa chino-canadiense amenaza con demandas internacionales que serían onerosas para el país. Por eso el Consejo de Gabinete actual aprobó sin condiciones el contrato, y así espera que haga la Asamblea Nacional, como en su momento la Junta Provisional de Gobierno, presidida por José A. Arango hizo con el Tratado firmado el 18 de noviembre de 1903.

Un tratado que ha sido negociado entre partes “interesadas” violando todo principio de “conflicto de intereses”: mientras en 1903, los negociadores del tratado eran parte interesada (accionistas de la compañía francesa del canal), William Cromwell y Philippe Buanu Varilla, y los empleados de la Compañía del Ferrocarril (manejada por Cromwell), Manuel Amador Guerrero y José A. Arango. Ahora negocian en nombre de First Quantum, el bufete Morgan y Morgan, con agentes del gobierno vinculados al sector minero, como José G. Carrizo y Federico Alfaro Boyd (con familiares en Morgan y Morgan).

El Tratado Hay Bunau Varilla entregó, “como si fueran soberanos”, a Estados Unidos miles de kilómetros cuadrados con la excusa de la construcción y funcionamiento del canal, con “derecho” a disponer de las aguas de la cuenca y de expropiar tierras, de administrar puertos y producir electricidad. Tal cual establece el actual contrato con Minera Panamá, dándole “derechos” sobre tierras, aguas, puertos y expropiaciones de tierras que consideren necesarias, solo le faltó decir “como si fueran soberanos”. Pero no es necesario que lo diga porque se infiere si el contrato dice que las autoridades nacionales solo pueden acceder a la mina con permiso de sus gerentes.

Al igual que en 1903, a muchos panameños se les quiere hacer creer que gracias a este acuerdo viviremos en la prosperidad y que el dinero lloverá como maná para resolver tantos problemas como el de las míseras pensiones y el programa de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Así mismo muchos creyeron que con el canal en manos de los gringos nos bañaríamos en riqueza. La realidad demostró que los 250 mil dólares que los gringos pagaban de anualidad era una migaja que no alcanzaba para nada, respecto a los millones que ellos ganaban con el canal.

A los habitantes de la zona de tránsito se les hizo creer que serían los primeros beneficiarios del canal en 1903, pero luego lo que recibieron fue expropiación de sus casas y tierras, y expulsión de la Zona del Canal a partir de 1915. Perdieron todo a cambio de nada. Ahora igual, le venden a los habitantes de Donoso y el Norte de Coclé, la idea de que la mina compartirá con ellos su riqueza. Al final serán los más afectados por la contaminación, la deforestación y la pérdida de sus ríos y tierras.

En 1903 toda la oligarquía panameña, la élite empresarial y los medios de comunicación apoyaron incondicionalmente el Tratado Hay-Bunau Varilla y acusaron de “antipatriotas” a los que se opusieron, entre ellos Belisario Porras y Juan B. Pérez y Soto (a los que se les impidió volver al Istmo) y el caudillo Victoriano Lorenzo (que fue fusilado como advertencia a quienes se opusieran). Hoy acusan de “comunistas” a los obreros, docentes, jóvenes y estudiantes que se oponen al acuerdo minero y les tiran los antimotines, mientras los medios de comunicación, la APEDE, la Cámara de Comercio y los partidos tradicionales le hacen la venia a First Quantum Minerals.

Si bien el contrato con First Quantum M. (alias Minera Panamá) es semejante al Tratado Hay-Bunau Varilla, el desenlace de la historia no tiene por qué ser igual, no tenemos que aguantarnos cien años de abusos y oprobio nacional. Salgamos a las calles masivamente a rechazar ese contrato leonino. Exijamos que sea el pueblo panameño el que decida si se aprueba o no el contrato mediante un plebiscito. Exijamos que esa decisión salga de las manos de los vendepatria diputados de la Asamblea Nacional.

Por Polo Ciudadano

1. Ha pasado un año desde el gran estallido social del pueblo panameño de julio de 2022. La situación política de Panamá de cierta manera ha cambiado, pero los problemas estructurales que dieron origen a ese movimiento siguen iguales o peores. Las movilizaciones populares que remecieron al país han desaparecido. La clase dominante ha logrado canalizar las expectativas de cambio de la gente hacia el campo que ella domina: las elecciones de 2024. Lo nuevo es que la candidatura de la profesora Maribel Gordón expresa la continuidad de aquella lucha por la vía electoral. Y, al mismo tiempo, se mantienen movilizadas las comunidades que se enfrentan a los cortes de luz y agua; los estudiantes, padres de familia y docentes que defienden sus escuelas públicas en pésimas condiciones, los pacientes que denuncian los malos servicios de salud.

2. Las encuestas muestran que la principal preocupación del pueblo panameño sigue siendo lo que produjo el estallido social de 2022: el alto costo de la vida, en particular la canasta básica alimenticia. Siendo que Panamá es uno de los países con menor tasa inflacionaria de Latinoamérica según los datos oficiales (5% en 2022 y 2% este año), cabe preguntarse por qué la subida de precios tan pequeña (en relación a otros países) afecta tanto a nuestro pueblo.

3. La explicación para esta contradicción ya la dio el Polo Ciudadano el año pasado: aunque los precios no crecen tan espectacularmente, como en otros países, la subida constante de la canasta básica nos habla de que la clase trabajadora está afectada por: el alto desempleo y salarios precarios. Lo que produce grandes niveles de pobreza y desigualdad social (una de las peores del mundo).

4. Pese a la demagogia sobre la “recuperación económica” del gobierno del PRD-Cortizo, la realidad es que se han mejorado las ganancias del sector empresarial, sin que haya bienestar para el pueblo panameño: 

La tasa de desempleo abierto es del 8%, el doble para los jóvenes; 

El empleo informal, una forma de desempleo encubierto, afecta a casi la mitad de la fuerza laboral (48%); 

La suma de desempleo y empleo informal muestra que más de la mitad de la fuerza de trabajo tiene una situación precaria;

La canasta básica alimenticia es de B/. 341.00 por familia por mes 

La canasta básica general anda por lo mínimo en B/. 682.00

La mediana salarial es B/728.00 casi igual a canasta básica general, y la realidad es que la mayoría de los salarios están por debajo de la mediana salarial; 

La pobreza extrema afecta al 13% de las familias y la pobreza relativa a más del 32%, en 2021, según la CEPAL; 

El coeficiente de Gini que mide la desigualdad entre ricos y pobres es de 49.8, mucho mayor que la media de Latinoamérica que es de 45.3. Es uno de los peores de Latinoamérica y del mundo.

5. Con las ganancias empresariales la cosa opera al revés: el sector financiero expresado en la banca, que es el corazón del capitalismo panameño, no ha tenido ningún año malo, pues hasta en 2020, con la pandemia de la COVID-19, reportó ganancias. Mientras muchas medianas y pequeñas cerraban y centenas de miles perdían sus empleos, los bancos tuvieron ganancias exorbitantes. Gracias a la política del gobierno Cortizo-PRD a favor de los banqueros: en abril de 2022, los activos financieros mostraron un aumento anual (respecto a 2021) de 5,445 millones de dólares (4%), mientras que la “utilidad neta”, a 2023, era de 937 millones de dólares, con un aumento de los “beneficios” del 44.8%.

6. Esta situación se repite para cada uno de los grandes oligopolios que controlan la distribución de medicinas, alimentos y comida, contra cuyas alzas abusivas se sublevó el pueblo panameño en julio de 2022. Esos oligopolios, encabezados por la Cámara de Comercio y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), hicieron lo posible por sabotear los acuerdos de la Mesa del Diálogo. El gobierno del PRD-Cortizo demostró con sus actos que es un agente de esos oligopolios y no cumplió ninguno de sus compromisos: no congeló la canasta básica, no congeló los precios de las medicinas, ni siquiera cumplió con el presupuesto prometido para la educación, 6% del PIB. Sólo se cumplió a medias el “subsidio” al combustible que en realidad es un subsidio al monopolio de la gasolina.

7. El gobierno Cortizo-PRD, desde 2019, viene asumiendo un alto endeudamiento público para financiar su funcionamiento mientras que permite la evasión fiscal por parte de los empresarios, además de incontables exoneraciones a los más ricos. Desde 2019 a 2023, el gobierno ha subido en más de 20,000 millones de dólares la deuda pública, mientras que la evasión fiscal anda por los 3,000 millones de dólares anuales. Es decir, el endeudamiento público opera como un subsidio a los empresarios evasores y exonerados. En el año electoral de 2024, para financiar el clientelismo, el gobierno ha presentado un presupuesto histórico de 32 mil millones de balboas, que financiará con más deuda. Esta forma de actuar es un subsidio a los ricos que paga el pueblo con recortes a los programas sociales. El pago de intereses, para 2024, se estima llegará a 5,000 millones de dólares que se traducirá en deterioro de escuelas y hospitales, mal servicio de agua y calles intransitables. 

8. El gobierno Cortizo-PRD ha llevado la situación de la Caja de Seguro Social a una crisis total, con pésima atención, mora quirúrgica, deterioro de las instalaciones, falta constante de medicamentos. El manejo irresponsable y criminal de la administración de la CSS sirve a oscuros intereses que planean desmantelar la entidad y reformas privatizadoras de la institución y las jubilaciones. La Cámara de Comercio, la APEDE y la CONEP mantienen una campaña hipócrita contra el sistema solidario de jubilaciones a la vez que, con la complicidad del gobierno, 39,268 empresarios mantienen una morosidad de B/. 370 millones en cuotas. Polo Ciudadano junto al movimiento obrero organizado exigimos el retorno al sistema solidario eliminando el sistema de jubilaciones mixto que se impuso en 2005.

9. Confirma el carácter antinacional del actual gobierno y de todos los partidos políticos que se dicen de “oposición”, el apoyo al nuevo contrato con First Quantum (Minera Panamá) para regalarle la riqueza mineral y forestal del país, convirtiéndola en un nuevo enclave colonial parecido a la extinta zona del canal. El vuelco del gobierno hacia intereses del sector minero, que amenazan el ecosistema y miles de comunidades, está representado directamente por el vicepresidente y candidato oficialista a la presidencia, José G. Carrizo, y se expresa también en la reactivación de la mina de Petaquilla y la concesión de Cerro Quema. El Polo Ciudadano y muchísimas organizaciones sociales han denunciado el oprobioso contrato que contiene claros vicios de inconstitucionalidad y amenaza la soberanía nacional y el medioambiente. Para el Polo Ciudadano no sólo debemos RECHAZAR el contrato con First Quantum, sino que hay que exigir la NACIONALIZACIÓN de la mina. La fuerza pública panameña debe entrar a sus instalaciones y expulsar a sus gerentes, colonos y extranjeros del área. A partir de sacar a esos depredadores del país, hay que someter a debate nacional y decidir mediante un PLEBISCITO democrático si la nación desea tener una política minera o no.

10.  La entrega de la soberanía nacional por parte del gobierno queda retratada con la sumisión a la política norteamericana, al tratamiento reverente a la actual embajadora de Estados Unidos, el constante viaje de secretarios de Biden y la implementación de acuerdos de todo tipo sin debate nacional respecto a su conveniencia, empezando por la creciente “asistencia militar” con la excusa de la crisis migratoria. 

11.  Por todo lo expuesto, el Polo Ciudadano ratifica que el país requiere un cambio de rumbo total, empezando por una reforma fiscal progresiva que haga pagar a los millonarios los impuestos que financien obras públicas que creen empleos estables y bien pagados, para tener una educación y salud públicas de verdadera calidad, controles a los precios y las ganancias de modo que las familias puedan tener una vida digna. 

12.  Por Una Vida Digna es el programa levantado exitosamente por la candidatura de libre postulación de la profesora Maribel Gordón, que ha recogido el programa de demandas sociales por el que luchó el pueblo panameño en julio de 2022. La evidencia de que el programa y la candidatura de la profesora Gordón han recogido la continuidad de la rebelión popular de 2022 son las más de 160 mil firmas de respaldo obtenidas (7% del padrón electoral), que es muy superior a lo obtenido por anteriores propuestas electorales como las de P.A.P., el F.A.D. o la candidatura independiente del profesor Jované en 2014.

13.  Polo Ciudadano, como casi todas las organizaciones populares respaldamos la candidatura de la nómina presidencial Maribel Gordón, presidenta, y Richard Morales, vicepresidente, como una forma de dar continuidad a las demandas sociales por la vía electoral. Pero también el Polo Ciudadano propone la urgencia de organizar un gran Movimiento o Frente, ampliamente articulado más allá del actual FAD y FRENADESO, de personas y organizaciones que respaldan la candidatura presidencial Gordón-Morales, de modo que se haga realidad un marco organizativo que garantice continuidad del proyecto colectivamente.

Por Olmedo Beluche

Un año de guerra entre Rusia y Ucrania – OTAN, ha dejado casi un cuarto de millón de muertos, decenas de miles de heridos, millones de desplazados, ciudades arrasadas y la amenaza de una escalada militar que podría arrastrar a toda Europa, o incluso la posibilidad cada vez más real de un holocausto nuclear de consecuencias mundiales.

Es necesario organizar un gran movimiento internacional para exigir un cese al fuego inmediato. Hay que exigir un armisticio que silencie las armas, que detenga todo avance militar, que cese la matanza. Un armisticio que, sobre un compromiso elemental de no intentar avanzar un milímetro más sobre el terreno, permita el establecimiento de un diálogo para resolver por la vía diplomática las causas que llevaron a la guerra con la mediación de los países no implicados en el conflicto.

Un armisticio que comprometa tanto al gobierno ruso, como al ucraniano, así como a Estados Unidos y la OTAN, detener el envío de más armas a la región. Que cesen los disparos, que paren los bombardeos.

El proyecto de una paz sobre la base de una victoria total de una de las partes es claramente inviable. Por eso hay que repudiar los planes tanto rusos de pretender lanzar una ofensiva de primavera, como de la OTAN de armar a Ucrania con tanques o aviones. Esos planes de Rusia y de la OTAN alejan la paz a costa de mayores sacrificios humanos. Digámosle: BASTA. 

Un alto al fuego inmediato es posible, sosteniendo las fronteras actuales trazadas sobre las trincheras que han creado los ejércitos. Rusia ocupa el este de Ucrania donde el conflicto con la población de habla y cultura rusa empezó a crecer desde 2014 incentivado por los ultranacionalistas ucranianos. La pertenencia definitiva de ese territorio a Ucrania o a Rusia es algo que deberán decidir algún día, democráticamente, sus habitantes, lo cual debe ser producto de una negociación, basada en un armisticio que permita el retorno de la población civil y la reconstrucción en largo plazo. 

Por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y el gobierno de Ucrania, deben dar garantías, creíbles y verificables, a Rusia de la no expansión de esa alianza militar occidental hacia sus fronteras, así como el cese del envío de armamentos ofensivos que amenacen la seguridad rusa.

Alcanzado el armisticio, los pueblos del mundo deben exigir el levantamiento de las sanciones contra Rusia, iniciando con las absurdas sanciones culturales y deportivas, pero también sobre las exportaciones de gas y petróleo, de manera que se pueda aliviar la alta inflación que empobrece al mundo.

El armisticio posibilitará que los pueblos de Europa exijan a sus gobiernos la reducción de los altísimos presupuestos militares construidos a costa de los derechos sociales, así como la necesidad de disolver la OTAN y cerrar las bases militares norteamericanas, ya que son una amenaza a la paz mundial.