Llegado diciembre, finaliza el plazo legal de la comisión tripartita (trabajadores, empleadores y gobierno) que fija el salario mínimo. Como es usual, la comisión cesa sus funciones sin acuerdo, puesto que los gremios empresariales se han negado a aprobar ningún aumento del salario mínimo, ya que en esta ocasión no han formulado ninguna propuesta concreta. Los empresarios saben que, al no haber acuerdo, le tocará al gobierno fijar el ajuste y confían en el "gobierno empresarial" de Martinelli para que defienda sus intereses, aunque éste dará un pequeño aumento que usará en su campaña electoral.

La dirigencia sindical (CONATO-CONUSI), ha solicitado un aumento entre el 50 y el 60 por ciento respecto al salario mínimo actual, pero dejó pasar el año de negociación sin movilizar a la clase trabajadora por un salario justo y sin imponer un debate sobre el tema ante la opinión pública, contrario a lo que se hacía en las décadas del 70 y 80. De manera que la pasividad de la dirigencia sindical también favorece que el gobierno decida unilateralmente el monto a ajustar y lo presente como si fuera una dádiva suya con ribetes electoreros.

Lo peor es que, sin haberse aprobado ningún aumento todavía, los empresarios aprovechan para subir los precios de antemano y para confundir a los trabajadores achacando falsamente la culpa de los aumentos de precios al aumento de los salarios, cuando la realidad es al revés.

La relación salario y costo de la canasta básica

Para hacerse un criterio correcto sobre este tema, lo primero que los trabajadores debemos tener claro es que nuestra Fuerza de Trabajo (capacidad física e intelectual para producir) ha sido convertida en una mercancía por el capitalismo. La Fuerza de Trabajo se vende como cualquier mercancía en lo que se llama "mercado de trabajo" y el salario expresa el precio de esa mercancía.

Los precios de las mercancías están determinados por dos factores: costo de producción y ley de oferta/demanda. El costo de producción de la mercancía denominada Fuerza de Trabajo está medido en un indicador denominado Canasta Básica, es decir, el costo de las mercancías imprescindibles para producir fuerza de trabajo con capacidad física y mental de trabajar. La Canasta Básica a su vez se divide en dos: Canasta Básica de Alimentos (CBA), costo de alimentos necesarios para sostener la vida; y Canasta Básica General (CBG), o costo de las otras necesidades básicas como casa, transporte, luz, teléfono, vestido, salud, educación, etc.

Cada mes, el Ministerio de Economía controla el precio promedio de una canasta de alimentos para establecer la CBA y establece la CBG sobre el criterio (sugerido por CEPAL) de multiplicar por dos la primera (aunque esta es una arbitrariedad porque debiera salir de la suma del costo real de los servicios y bienes que consumimos). También hay controversia por la lista de alimentos que han sido incluidos o excluidos del control de la CBA porque para muchos no expresa el verdadero costo de los alimentos en Panamá.

El costo de producir Fuerza de Trabajo o costo de la Canasta Básica Gneral (CBG) debiera ser el piso del Salario Mínimo legal, porque eso sería pagar el valor real de lo que cuesta producir esta mercancía. En realidad, empleadores y gobierno tienden a ignorar la CBG a la hora de fijar el salario mínimo y sólo lo referencian con la Canasta Básica Alimenticia (CBA), como si la única necesidad del trabajador fuera comer. Pero también varias categorías o tipos de empleo son pagados por debajo de la CBA, por ejemplo, los trabajadores agrícolas.

Los salarios máximos, en la lógica capitalista deben estar en relación con la Ley de Oferta/Demanda, según la cual una mercancía baja o sube de precio según la demanda y la oferta que existe de la misma. En este momento en Panamá, los salarios deberían tender a ser altos si se toma en cuenta que existe una gran demanda de trabajadores por el alto crecimiento económico que hay, especialmente en la construcción (donde están los mejores salarios). Pero el gran bolsón (40% de la fuerza de trabajo) de personas en la informalidad son usadas como una oferta extra y artificial para mantener los salarios controlados o bajos.

¿Cuál debería ser el piso del salario mínimo actual?

El salario mínimo depende del criterio que se use. A nuestro juicio debiera ser equivalente al costo de la Canasta Básica General (CBG), que incluye alimentos y otras necesidades básicas vitales. Las otras necesidades debieran calcularse con la suma del promedio de precios de la vivienda, transporte, vestido, etc. Por esa razón la dirigencia sindical CONATO-CONUSI ha propuesto que debiera corresponder a un monto entre 700 y 750 balboas.Pero si usamos el criterio habitual del Ministerio de Economía, partiendo que la CBA en noviembre de 2013 estaba en B/. 333.40 y lo multiplicamos por 2, tenemos que el costo de la vida es, al menos, de B/. 666.80. Eso cuesta producir fuerza de trabajo en Panamá, entre 666.80 y 750.00 balboas, y debiera ser el límite inferior del salario mínimo.

Ante este argumento, gobierno y empresarios alegan que la CBA es calculada para una familia (dos adultos y dos niños en promedio, pero las familias pobres no encajan en ese esquema) y que en una familia al menos dos trabajan, por ello defienden el otro criterio, basar el salario mínimo no en la CBG, sino en la CBA.El hecho es que, a noviembre de 2013, el costo de la Canasta Básica Alimenticia ha sido estimada por el Ministerio de Economía en B/. 333.40. Por ende, siguiendo la lógica empresarial, no debería haber ningún salario mínimo inferior al costo de la CBA, es decir, el salario mínimo más bajo debe ser igual a B/. 333.40.

Lamentablemente la dirigencia sindical (CONATO-CONUSI) ha hecho una propuesta genérica que en la práctica va a dejar por debajo del costo del CBA a varias categorías laborales, especialmente en el interior del país, donde falsamente se aduce que el costo de la vida es más barato, pero que en realidad es al revés, la Canasta Básica es más cara en las provincias que en la capital. Al pagar por debajo de su valor real el costo de producir fuerza de trabajo (el costo de la vida) lo que hace el gobierno es subsidiar las ganancias del sector empresarial. Subsidio que pagamos directamente los trabajadores al dejar de cobrar trabajo que, en la lógica capitalista, debieran pagarnos. Esto es lo que se llama "dumping social".

No sólo necesitamos salario mínimo, requerimos un aumento general de salarios

El ajuste del salario mínimo, por mínimo que sea, beneficia tan sólo al 35% de la fuerza de trabajo (200 mil asalariados), el resto gana más que el mínimo pero también se ve afectado por la inflación y aumento de los precios, principalmente los alimentos. Según datos aportados por Samuel Rivera de la CGTP (La Prensa 4/12/13), la inflación acumulada en el rubro alimentos en los últimos cuatro años ha sido del 42%, mientras que la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores ha sido del 30%.

Según ese razonamiento, corresponde exigir un Aumento General de Sueldos para todos los trabajadores de, al menos, 42%!! Como mecanismo de compensación del poder adquisitivo perdido por la inflación. La última vez que se decretó un aumento general de sueldos fue en la década de 1980. Junto a este aumento concreto para el momento actual, el movimiento sindical debe exigir que se haga realidad la propuesta de FENASEP de hace varios años de una Ley de Indexación periódica de los salarios en función del aumento de los precios o, como llaman otros, escala móvil de salarios.

El sector empresarial, cada vez que se menciona el tema de los aumentos de sueldo, gusta escudarse en la excusa de que éstos deben estar condicionados a la "productividad" del trabajador, es decir, a la tasa de explotación de la fuerza de trabajo o cuanta plusvalía producen los trabajadores medida contra sus salarios, conviene citar el análisis del economista Rubén Lachman para demostrar que en Panamá hay suficiente productividad: "La cosa está tan buena que en los últimos diez años la brecha entre lo que reciben los asalariados y la ganancia de los inversores es tal que por cada Dólar de salario, el empresario recibe 2.4 Dólares. En Estados Unidos, por cada Dólar de salario, el empresario sólo recibe 60 centavos".

Hay que exigir la congelación de precios de la Canasta Básica

Como la lucha por el salario es parte de la lucha de clases general, en la que cada una pelea por el tamaño del pedazo del pastel que le toca, los empresarios buscan anular cualquier ajuste del salario mínimo, por pequeño que sea, con aumentos arbitrarios de los precios para aumentar sus ganancias. Es decir, lo que ceden con una mano, nos lo quitan con la otra. Para evitar esa trampa, la dirigencia sindical debe acompañar la exigencia de aumento de salarios con la exigencia del control de precios en general, de la Canasta Básica en particular, y mucho más especialmente de la Canasta Básica de Alimentos. No acompañar ambas demandas (aumento de salarios y control de precios) es formular una propuesta incompleta que, a la larga sólo favorece a los empleadores.

¡Por un aumento justo del salario mínimo equivalente a la Canasta Básica!

¡Por un aumento general de sueldos que compense la inflación!

¡Por la congelación y control de precios de la Canasta Básica!

Movimiento Popular Unificado

Coordinación Nacional del MPU.

Panamá, 7 de diciembre de 2013.

Por Emilio Young

La huelga del sector salud ya cumplió más de un mes. La huelga médica, dirigida por la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), fue el detonante. Los gremios médicos protestan contra la apresurada Ley No. 69, el nuevo Código de la Salud, que el gobierno de Martinelli impuso con su mayoría parlamentaria dentro de la Asamblea Legislativa, la que permite la contratación de personal médico extranjero en detrimento de las conquistas obtenidas por los médicos panameños.

Huelga general del sector salud

Pero poco a poco se fueron sumando los otros gremios del sector salud. En los hechos hay una huelga general, todos los gremios de la salud están en huelga: médicos, enfermeras, técnicos y empleados. Como pocas veces, se ha logrado una unidad de todos los gremios en la lucha. Por el grado de complejidad de las labores a desarrollar y por los ingresos salariales diferentes, tradicionalmente el sector salud se ha dividido en diversas organizaciones que no siempre han coincidido en la necesidad de reclamar de manera conjunta. La actual huelga del sector salud es una honrosa excepción, un verdadero ejemplo para todos los trabajadores centroamericanos, especialmente para el sector salud que ha protagonizado luchas en El Salvador y Honduras.

La lucha contra la Ley No. 69

La planteó primero la necesidad de vetar la Ley No. 69 pero después que esta entró en vigencia, ha planteado su derogación. Los otros gremios aprovecharon la coyuntura y plantearon sus propias reivindicaciones, creando una unidad de acción, enormemente progresiva.

El gobierno de Martinelli ha tratado de ganarse a la opinión pública, argumentando que la contratación de personal médico extranjero es para llenar vacantes en las provincias, un problema real. Incluso, para desarticular el paro médico, llegó a declarar de manera unilateral que aumentaría el salario a los médicos de provincia, pero la propuesta fue rechazada por los huelguistas. Con esta maniobra, Martinelli pretendió dividir al gremio médico, ofreciendo una zanahoria a los médicos de provincia.

En un momento determinado, el gobierno de Martinelli ofreció satisfacer las demandas de los médicos vía reglamentación de la Ley No. 69, pero los gremios no aceptaron el caramelo envenenado. El Reglamento puede ser cambiado en cualquier momento, mientras la ley No. 69 continua vigente.

Propuesta de reforma

Los diputados del gobernante partido Cambio Democrático (CD) introdujeron un proyecto de reforma que consiste en tomar en cuenta a los sindicatos del sector salud para contratar al personal extranjero. Pero la maniobra del gobierno ya está en marcha. Con intermediación de la Iglesia Católica, como ha ocurrido en los anteriores paros médicos, ya se han iniciado los primeros contactos y negociaciones entre el Ministerio de Salud (MINSA) y los gremios en huelga.

Domingo Moreno, presidente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), declaró recientemente que están estudiando la propuesta de reforma: “La idea es confrontar las dos posiciones para redactar un documento que pueda estar a la altura de la Ley 69 (…) Nosotros estamos trabajando, pero seguimos viendo la derogatoria de la Ley 69 como la fórmula para finalizar el paro” (La Prensa, 22/10/2013).

Los gremios en lucha han elaborado su propia propuesta de reforma a la Ley No. 69, lo que es una posición correcta. Los médicos insisten en que se pueda contratar a personal extranjero siempre y cuando se compruebe esa necesidad, y que a dichas convocatorias de especialistas no asistan médicos panameños ni haya personal en proceso de graduarse en los seis meses próximos a la contratación. Con ello se pretende que no se utilice el personar extranjero como futuros esquiroles contra los gremios del sector salud.

Cualquier negociación legislativa es válida, siempre y cuando refleje los intereses globales de los diferentes gremios y se mantenga la movilización y el paro general del sector salud.

El peligro de la división

El peligro que encierra la propuesta de negociar en la Asamblea Legislativa una posible reformar a la Ley No. 69, es que el gobierno de Martinelli ceda ante la justa presión de los médicos, pero que el resto de los gremios en lucha (técnicos, enfermeras y empleados) no logren ver satisfechas sus demandas.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los gremios en lucha a cerrar filas, a mantenerse unidos, cualquier negociación debe ser pública, y debe satisfacer las reivindicaciones planteadas, lo que permitirá en el fututo que ante cualquier otra lucha todos los gremios del sector salud levanten unidos las banderas comunes.


Por Olmedo Beluche

El afán del gobierno panameño para ponerse al servicio de los intereses más reaccionarios e imperialistas del mundo no tiene límites. Desde 2009, cuando asumió el poder Ricardo Martinelli se han sucedido tomas de postura, declaraciones y ridículas metidas de pata sin cesar. Ahora resulta que Panamá, por orientación del presidente colombiano Juan M. Santos, se inmiscuye en un diferendo que acaba de resolver un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que ha delimitado las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia.

Martinelli pretende servir de punta de lanza a la política colombiana que no quiere reconocer el fallo del tribunal internacional emitido a fines de 2012. En una entrevista televisiva (Telemetro 11/9/13), Martinelli alega haber conversado con Santos "con referencia a unas extensiones, unas pretensiones de extensiones territoriales que tenía el gobierno nicaragüense que desafortunadamente además de incluir a Colombia y Costa Rica, incluían a Panamá".

En ese mismo programa, Martinelli, dejó entrever que su postura frente al asunto de los nuevos límites marítimos de Nicaragua establecidos por La Haya, tiene relación con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Colombia, que busca beneficiar a los exportadores de zapatos y textiles de Zona Libre de Colón castigados con una tarifa proteccionista colombiana. Martinelli dio a entender que Santos condicionó la firma del TLC a la firma de "una carta de protesta contra los nicas" que promueve Colombia, con Costa Rica y Panamá para presentársela al secretario general de la ONU. Un toma y daca.

La política exterior panameña se arrastra por el mundo

Sin medir consecuencias, ni mucho menos el peso específico de Panamá en el mundo, ni su papel supuestamente "neutral" por razón del canal, el móvil de la política exterior de este gobierno ha sido actuar como perrito faldero emitiendo ladridos y esperando a cambio una sobadita en la cabeza y oír el "buen chico".

No cabe esperar mucha comprensión de las sutilezas de las relaciones diplomáticas en el mundo por parte de un grupo de arribistas ignorantes que sólo piensan en plata. Estuvieron entre los primeros, con el ex canciller J. C. Varela a la cabeza, que legitimaron el golpe de estado en Honduras, en 2009. Para congraciarse con los sionistas Martinelli se pronunció por una Jerusalén israelita, desconociendo al pueblo palestino. Peor aún, junto colonias como Micronesia, fue de los pocos países que se negaron a reconocer la representación de Palestina en la ONU. Martinelli metió la pata al opinar en un diferendo entre China y Japón por unas islas.

Recientemente, por orden de Estados Unidos, detuvo un barco coreano "sospechoso de contrabando de drogas", las cuales nunca se encontraron, pero si varias toneladas de azúcar y un arsenal que Cuba enviaba a Corea para su mantenimiento y devolución (al decir de Cuba). Pese a que el móvil de la detención no se probó, el gobierno panameño actuando como supuesto gendarme internacional mantiene retenida a la tripulación, al barco y su carga, yendo más allá de lo prudente, que habría sido negar su paso por el canal y devolverlo a aguas internacionales.

¿En qué consiste el conflicto colombo nicaragüense?

Desde el punto de vista geográfico no hay margen para el conflicto, pues cualquiera que mire un mapa puede apreciar que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están prácticamente en la plataforma continental de Nicaragua. La razón del diferendo es histórica: originalmente, en razón de la geografía, el archipiélago hizo parte de la Capitanía General de Guatemala (a la que pertenecía la actual Centroamérica), desde 1544. Pero las islas al igual que la costa caribeña de Centroamérica empezó a ser objeto de incursiones y colonización por ingleses y escoceses, desde 1629.

El imperio español tuvo a lo largo del tiempo diversas estrategias para preservar su control del avance inglés, una de ellas fue que en 1803, Carlos IV, decidió pasar la administración de este archipiélago, y de toda la costa caribeña conocida como de "Los Mosquistos" (desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagres en Panamá) al virreinato de la Nueva Granada, el cual, a través del puerto de Cartagena garantizaba el comercio y el control militar. Una interpretación, la que defiende Nicaragua, asegura que esta decisión no implicaba segregar esta zona a la Capitanía de Guatemala, sino una decisión administrativa para resolver un problema coyuntural.

Alcanzada la independencia de España, las Provincias Unidas de América Central reclamaron la Costa de los Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, pero la Gran Colombia alegó que las islas soberanamente se habían adscrito a la Constitución de Cúcuta de 1822 pasando a ser parte del estado bolivariano. Durante el siglo XIX, la federación centroamericana y Nicaragua (después) tomaron control de la Costa de los Mosquitos pero el archipiélago siguió en poder de Colombia.

En 1928 se firmó el Tratado Esguerra - Bárcenas, ratificado mediante el Protocolo de 1930, por el cual Colombia reconoció la soberanía nicaragüense sobre la Costa de los Mosquitos (Cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan) y las islas de Mangle Grande y Chico, a su vez Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. El tratado expresamente no incluyó los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana y no fijó límites marinos con precisión.

En base a los vacíos del tratado de 1928, Colombia de modo unilateral, en la década de 1960, intentó fijar como límite marítimo entre ambos países el meridiano 82, al occidente de las islas. Con lo cual la controversia quedó reavivada, hasta que en febrero de 1980, el gobierno nicaragüense surgido de la Revolución de 1979, repudió por completo el tratado de 1928 por haber sido impuesto en un momento en que Nicaragua estaba invadida por Estados Unidos, no pudiendo defender sus derechos legítimos.

En diciembre de 2001, el gobierno de Nicaragua formalizó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reclamando la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y repudiando el Tratado de 1928. Colombia, por su parte, en 2003, presentó objeciones formales a la demanda ante la CIJ, reclamando el archipiélago y los límites en el meridiano 82.

En diciembre de 2007, la CIJ se pronunció sobre las objeciones colombianas, diciendo: 1. Se declara incompetente para considerar controversia de soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina por estar zanjada esa materia en el Tratado de 1928, al que considera legítimo; 2. Pero establece que, fuera de esas tres islas el Tratado de 1928, no aclara los límites marítimos de ambos países, ni la soberanía sobre otros islotes del área, por lo que se declara competente para fijarlos de acuerdo a lo reclamado por Nicaragua.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2012, la CIJ se pronuncia sobre el litigio: 1. Corriendo en algunos sitios el límite del meridiano 82 al mediano 81, 80 y 79; 2. reconociendo la soberanía nicaragüense hasta las 200 millas náuticas, salvo en la aguas que rodean las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los otros 7 cayos en que Colombia conserva la soberanía hasta las 12 millas náuticas alrededor de las islas.

La decisión de la CIJ deja en claro que se refiere a la fijación de límites entre los dos países litigantes, que admite recursos de reconsideración por alguno de los dos, a la vez que deja abierta la necesidad de que Nicaragua renegocie sus nuevos límites con Jamaica y Panamá, con los que antes no tenía, y con Costa Rica y Honduras, en la zonas que antes habían sido negociadas con Colombia y que ahora son nicas.

El gobierno colombiano no quiere aceptar el fallo de la CIJ

Desde que se conoció el fallo de la Corte Internacional, el gobierno y la burguesía colombianos se han negado a aceptarlo alegando una afectación de su soberanía del 50% sobre lo que consideraban su territorio sobre el mar Caribe. Una ola de seudopatriotismo y nacionalismo invadió los medios de comunicación de ese país e incluso se ha considerado seriamente repudiar la pertenencia de Colombia al sistema de la CIJ.

Por supuesto, la estrategia frente al fallo también implica aliarse con los países limítrofes con Nicaragua para crear una situación de desasosiego que impida a aquel país ejercer su soberanía sobre el área delimitada. De ahí la conversación de Santos con Martinelli y, seguramente, con Laura Chinchilla de Costa Rica, y los gobiernos de Honduras y Jamaica. La controversia además viene aderezada con las diferencias políticas, mientras el gobierno de Colombia es cabeza de la derecha continental, el de Daniel Ortega es parte del proyecto bolivariano del ALBA.

Panamá y las fiebres patrióticas de Martinelli

A la burguesía comercial panameña la patria y la soberanía nunca le ha importado mucho, pues es el dinero que hace sonar sus cajas registradoras el único Dios por el que sienten amor verdadero. Panamá fue parte integrante de Colombia hasta 1903 cuando, Estados Unidos deseoso de construir un canal bajo su pleno control soberano, se alió con algunos comerciantes locales para proclamar la "independencia" de Colombia e imponer el Tratado Hay - Bunau Varilla.

Panamá se convirtió así en un "protectorado" (colonia) de Estados Unidos, con Zona del Canal, bases militares e incluso conteo de votos por parte del interventor colonial (gobernador de la Zona). Tan es así que, para zanjar el tema del conflicto surgido con Colombia por "la toma de Panamá", fue un diplomático norteamericano quien negoció el primer tratado limítrofe ente ambos países.

El 5 de agosto de 1914, diez días antes de inaugurarse el Canal de Panamá, el funcionario norteamericano Thaddeus Austin Thompson y el canciller colombiano Francisco José Urrutia firmaron el tratado (Urrutia-Thompson) por el cual Colombia reconoce a la república de Panamá y fija sus límites de acuerdo a una ley de 1855, a cambio de 25 millones de dólares (misma cantidad que exigía el gobierno de ese país por el tratado del canal antes de la separación). Se dice que Estados Unidos aprovechó la crisis de las exportaciones cafeteras por la I Guerra Mundial para imponer el reconocimiento y beneficios para sus empresas petroleras y bananeras, a cambio del dinero.

Los límites fijados en este tratado fueron ratificados por Panamá en 1924 (Tratado Victoria-Vélez) y en un canje de notas de 1932, inclusive por el Tratado de Montería firmado por Omar Torrijos a fines de los 70, cuando entró en vigencia el Tratado Torrijos-Carter de 1977. El hecho es que Panamá, nunca disputo límites terrestres ni marítimos con Colombia, que debieron ser el precedente legítimo si es que en verdad hubiera un conflicto de límites ahora en nuestra nueva frontera con Nicaragua a partir del referido fallo de la CIJ.

Pero aún, luego del traspaso a Panamá del canal y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas, en el años 2000, por la aplicación del Tratado de 1977, el gobierno panameño firmó acuerdos de seguridad con Estados Unidos cediendo la custodia de nuestro mar territorial y espacio aéreo a los Estados Unidos, entre ellos el Tratado Salas-Becker de 2002, firmado violando la constitución y las leyes nacionales.

Como se puede apreciar por lo dicho, a lo que se podrían agregar otras muchas consideraciones, no es el patriotismo lo que inspira al gobierno panameño, la filosofía que ha inspirado a nuestra clase dominante se resume en la frase: "la soberanía no se come".

Los "aires de guerra" que inspiran las expresiones de Martinelli provienen de cosas más prosaicas: 1. La afinidad política con Santos en la extrema derecha latinoamericana; 2. Los favores políticos concretos que Álvaro Uribe hizo a Martinelli en su campaña de 2009; 3. Los crecientes nexos comerciales y económicos entre la burguesía colombiana y altos funcionarios panameños; 4. La penetración creciente de capitales colombianos que se han adueñado de casi toda la industria nacional y parte del negocio inmobiliario; 5. Hay temor real en algunos sectores de que Nicaragua concrete su canal con apoyo de los chinos. En broma y en serio se dice acá que poco a poco estamos volviendo a ser un Departamento de Colombia.

¿Qué posición debe defender el movimiento obrero y popular panameño?

En primer lugar no ser tontos útiles ni carne de cañón de los intereses crematísticos de las burguesías panameña y colombiana. Lamentablemente, algunos dirigentes políticos de izquierda en Panamá trastabillan dándole credibilidad a Martinelli. Ojo, que el nacionalismo es progresivo si enfrenta al imperialismo y al colonialismo, pero se convierte en un veneno cuando se usa para enfrentar a los pueblos.

Si, como establece el propio fallo de noviembre de 2012 de la CIJ, Nicaragua debe negociar con Panamá la nueva frontera marítima, procedamos a la negociación exigiendo lo justo sin inventar demandas absurdas que nunca se plantearon a Colombia. Tomémosle la palabra al presidente Daniel Ortega, quien respondiendo a Martinelli ha dicho que "debe privar el derecho, ya que imponerse a través de la fuerza de las armas sería regresar a la época de las cavernas" y que ha llamado al gobierno colombiano a un diálogo "para poner en práctica armoniosa la sentencia de La Haya" (La Prensa, Managua, 12/9/13).

Las burguesías latinoamericanas acicateadas por el imperialismo yanqui nos han dividido, toca a nuestros pueblos, a la clase trabajadora, a revolucionarios y socialistas derribar las fronteras y bregar por la unidad bolivariana.

 

Por Luis Alfonso Bernal

El pasado 30 de Julio dio inicio una nueva huelga del magisterio panameño, esta vez contra la aplicación del Decreto No 920, que creaba el Sistema de Gestión de Centros Educativos de Formación Integral, que es una privatización parcial de la educación superior.

A pesar de todos los discursos triunfalistas de Ricardo Martinelli sobre la buena salud de la economía y sobre los beneficios de la ampliación del Canal de Panamá, el déficit fiscal de 800 millones de dólares en el año 2013 se hace sentir directamente en el sistema educativo. Y por ello el gobierno de los empresarios quiere hacer negocio con la educación pública.

La vanguardia da un paso al frente

La huelga inició con el gremio dividido. No todos los sindicatos estaban de acuerdo con el paro, solamente 7 sindicatos iniciaron la pelea, pero la vanguardia del magisterio constituida porla Asociación de Profesores de la República de Panamá, la Asociación de Educadores Veragüenses, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros, terminaron imponiendo el ritmo de la lucha y la movilización. Al comienzo el gobierno se mantuvo expectante esperando que el paro se cayera por su propio peso, pero después tuvo que utilizar la Policía para reprimir los piquetes de huelga de los maestros, llegando a encarcelar a algunos activistas. Al mismo tiempo, la ministra Molinar amenazó a los maestros en huelga con realizar descuentos salariales, violentando la legislación laboral panameña.

Derogación del decreto No 920

Una vez que la ministra Molinar anunció la derogación del decreto No 920, la principal consigna de la huelga fue la firma de un acuerdo con el Ministerio de Educación para ponerle fin al movimiento, obligando al gobierno a comprometerse en el cumplimiento de lo acordado, que no haya despidos ni represalias, que no haya descuentos salariales y mantener una mesa de negociación. La huelga fue convocada inicialmente para 48 horas, después se alargó a una semana y al cierre de edición el paro todavía se mantiene.

El 12 de agosto fue finalmente publicada en La Gaceta Oficial la derogación del Decreto No 920, lo que constituye un triunfo de la huelga. Pero en esa misma publicación el gobierno dio a conocer dos nuevos decretos: el 695 y 696 que crea los centro Educativos Guillermo Endara Galimany el Centro Educativo República de China— las dos escuelas modelos— que no es otra cosa que la aplicación del fenecido decreto No 920.

Prolongación de la huelga

Esta maniobra encendió aún más los ánimos del magisterio en huelga. Ha sido la intransigencia del gobierno de Martinelli lo que ha prolongado la huelga, al grado de implantar un verdadero caos en el sistema educativo. Molinar sostiene que como no participaron todos los sindicatos, no hubo huelga en todos los colegios y por lo tanto no es necesario firmar un acuerdo con los sindicatos que sí se mantienen luchando.

Ante la dura postura de la ministra Molinar, los sindicatos en huelga exigieron negociar directamente con el presidente Martinelli, pero la propuesta cayó en saco roto.

La prolongación de la huelga está afectando el ambiente electoral. Juan Carlos Navarro, candidato presidencial del torrijista Partido Revolucionario Democrático emplazó al gobierno de Martinelli a abrir vías de diálogo, pero al mismo tiempo llamó a los maestros a desistir de la huelga.

La prolongación de la huelga y el caos del sistema educativo no ha amilanado al gobierno, el cual pasó a la ofensiva realizando pequeñas movilizaciones reaccionarias, llamadas “cadenas humanas”, con directores de escuelas y padres de familia afines al gobierno, intentando crear una movilización de masas que presionara a los maestros a abandonar la huelga, sin firmar al menos un documento, lo que en los hechos equivaldría casi a una derrota.

Solidaridad de otros sindicatos

Pero, lejos de debilitarse la huelga, la prolongación de la misma activó la solidaridad de otros sindicatos, como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, el combativo Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, el sindicato de trabajadores de Femsa-Coca-Cola, y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.

Es urgente un paro nacional de 24 horas

El gobierno de Martinelli ha provocado el alargamiento de la huelga para debilitar al magisterio en lucha; es una posición clara y consciente, por eso se resiste a firmar un acuerdo de cara a la sociedad.

El estancamiento solo se puede romper aumentando el número de maestros en huelga y con la solidaridad activa de otros sindicatos. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos al magisterio a cerrar filas, a mantenerse unido en sus demandas, al mismo tiempo que llamamos a todos los sindicatos a convocar de manera urgente a un paro nacional de 24 horas en solidaridad con la huelga magisterial.


Por Emilio Young Barría

Las próximas elecciones generales a realizarse en el año 2014, y la legalización de varias opciones, plantean un enorme desafío a la izquierda panameña.

El FAD: incipiente fenómeno de independencia de clase

Después de una larga pero entusiasta campaña de recolección de firmas, durante un año y medio, el nuevo partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) logró vencer las duras condiciones establecidas en el antidemocrático Código Electoral, logrando que más de 81,000 personas adhirieran o apoyaran dicho proyecto. Con ello superó ampliamente el requisito legal de 63,457 adherentes, equivalentes al 4% de los votantes de las pasadas elecciones del año 2009.

Esta nuevo partido político fue constituido por varios sindicatos, entre los que podemos mencionar el Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el Consejo de Unidad Sindical (Conusi) y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), entre los más importantes.

El surgimiento del FAD refleja el ascenso de las luchas obreras y populares en Panamá en los últimos años, y la cristalización de un fenómeno de independencia política de los trabajadores, y de ruptura con los partidos patronales, especialmente con el Torrijismo que ha sido durante mucho tiempo el partido que más ha influenciado y controlado a los trabajadores y los sectores populares.

Congreso, programa y elecciones internas

Después de cumplir con las formalidades legales, según el Código Electoral el FAD debe realizar el primer Congreso Nacional y efectuar elecciones internas o primarias para escoger el candidato presidencial y candidatos a diputados para las elecciones del año 2014.

Aunque el FAD se autodefine de izquierda, y simpatiza con el chavismo, todavía debe aprobar el programa político y los principios en su primer congreso que deberá realizarse el próximo 10 de Agosto. La aprobación de un programa anticapitalista, que refleje los intereses obreros y populares, pasa a convertirse en el aspecto decisivo, central, de este incipiente fenómeno de independencia política de los trabajadores panameños.

El entusiasmo se ha apoderado del FAD. Saúl Méndez, secretario del Suntracs y directivo nacional del FAD, declaró hace poco que “El pueblo va a tener una opción presidencial del movimiento popular y sindical. Este es un partido que no tendrá gamonales como en la partidocracia de los partidos CD, PRD, Panameñista y los otros dos satélites del PP y el Molirena”.

Fernando Cebamanos, médico oncólogo, presidente del FAD, ha declarado que la escogencia del candidato presidencial “será ampliamente democrática”. Esta democracia desde abajo es clave para atraerse a otros sectores. El sindicalista Genaro López se perfila como el precandidato con más fuerza para ganar esa nominación dentro del FAD.

La candidatura independiente de Juan Jované

El profesor Juan Jované es ampliamente conocido en Panamá. En el año 2003 la presidenta Mireya Moscoso lo destituyó del cargo de Director de la Caja del Seguro Social (CSS), por oponerse vigorosamente a la privatización de la seguridad social.

En el año 2088 intentó postularse como candidato independiente, pero el Tribunal Electoral mediante una resolución lo dejó fuera del proceso electoral. En esta ocasión, Jované ha vuelto a la carga, reuniendo la cantidad de firmas necesarias para obtener la postulación de candidato independiente.

Según la Ley 54 de 2012, que reformó el Código Electoral, los tres primeros precandidatos que obtengan la cantidad de firmas necesarias se convierten en candidatos independientes, con derecho a obtener financiamiento electoral de 50 centésimos por cada adherente inscrito.

Otras candidaturas independientes

Existen otras candidaturas independientes que luchan por su inscripción, impulsando el tedioso trabajo de recolección de firmas. Entre ellas debemos mencionar a Priscila Vásquez, combativa dirigente sindical del sector salud, que ha organizado huelgas y movilizaciones y que también se ha opuesto a la privatización de la CSS.

Urge una interna abierta y democrática del FAD.

El Código Electoral obliga al FAD a realizar elecciones internas. Es una magnífica oportunidad de abrir las puertas a todas las corrientes de izquierda y del movimiento obrero, para lanzar una candidatura única, que no refleje solo al partido FAD, sino al conjunto del activismo sindical y demás sectores populares.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exhortamos a la dirigencia y militancia del FAD, a impulsar un proceso de unidad de todas las fuerzas de izquierda, para que vayamos unidos a las elecciones generales del 2014. Las elecciones internas del FAD deben abrirse para que participen todos los precandidatos y a través de la discusión democrática se elija a los mejores candidatos, no solo para presidente, sino también para diputados, alcaldes y representantes de corregimientos.

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