El presidente Laurentino Cortizo presentó una propuesta para supuestamente salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, con un aporte anual del Estado de 190 millones de balboas, adicional de una subida de las pensiones más bajas hasta un mínimo de B/. 350.00 mensuales.

Como era de esperarse, la propuesta suena bien y ha entusiasmado a algunos sectores, especialmente los jubilados y pensionados que reciben montos más bajos porque no solo recibirán una mejoría significativa, sino que además parece asegurado por los próximos años el programa de IVM.

Pero la propuesta del presidente Cortizo es una manzana envenenada por varios motivos, el primero de ellos, porque está asociada a la aprobación de la renovación del contrato con Minera Panamá, el cual ha sido duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas y comunitarias por los graves daños ambientales que ha hecho la minera canadiense a cambio de casi nulos beneficios para el país.

Para colmo, el nuevo contrato se desconoce en su letra concreta hasta el momento y solo ha habido unos criterios establecidos por el Ejecutivo, sin que hayan pasado por el tamiz de la opinión pública panameña, ni la empresa ha anunciado su anuencia.

Pero la propuesta de Cortizo no solo es una manzana envenenada por estar vinculada a la aceptación del contrato con Minera Panamá, sino porque permite al gobierno mantener la situación del programa IVM sin tomar ninguna de las medidas necesarias y que han sido exigidas por el movimiento sindical y popular, a saber:

1. El establecimiento un plan de fomento del empleo (estable y bien pagado);
2. Junto a una reforma fiscal progresiva (donde paguen más impuestos los que más ganan y el sector privado exonerado);
3. Además del cobro forzoso de las deudas de cuotas deducidas por sectores empresariales y que no han sido entregadas a la CSS, o sea, que se han robado los aportes que suman más de B/. 400 millones de balboas.

Estos criterios defendidos por el Polo Ciudadano y el movimiento popular son diametralmente opuestos a los que sostienen sectores empresariales quienes mantienen una campaña para imponer la desaparición del sistema solidario de jubilaciones (subsistema de beneficio definido), su reemplazo completo por el sistema de ahorro de cuentas individuales; y su administración por parte de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas.

Polo Ciudadano rechaza tanto la manzana envenenada propuesta por Cortizo y su gobierno, así como el rechazo de las pretensiones privatizadoras detrás del sector empresarial.  Exijamos: restauración completa del programa solidario del IVM que existió hasta 2005; plan de creación masiva de empleos con salarios justos; reforma fiscal progresiva; y que el contrato con Minera Panamá sea sometido a un referéndum nacional.

Panamá, 4 de abril de 2022.

Polo Ciudadano (PC)

La derrota electoral asestada por el pueblo hondureño al bipartidismo nacionalista y liberal quebró más de 200 años de hegemonía de las fuerzas políticas más conservadoras del país. El triunfó de la Coalición Opositora constituye un hito para la historia política de Honduras y de latinoamericana al asumir por primera vez una mujer como presidenta mediante la unificación de una amplia coalición de 5 fuerzas políticas. La victoria electoral es la culminación de 13 años de lucha popular sostenida contra el golpe de Estado, la corrupción y el narcotráfico que. mediante la violencia, había tomado control del Estado hondureño.

El 10 de diciembre del 2021, diversas organizaciones del movimiento social y popular de Honduras entre ellas estudiantiles, territoriales, indígenas, feministas, ambientalistas y personas independientes en “Comunidad Torogoces' nos juntamos a reflexionar, debatir e iniciar a definir el consenso sobre el rol que le toca asumir al campo popular en el nuevo contexto nacional.

Tras este primer encuentro, hacemos públicas nuestras preliminares coincidencias y convocatorias.

1. Afirmamos que la derrota electoral a la élite económica y política golpista, corrupta y narcotraficante hondureña constituye un importante paso en la liberación del pueblo hondureño. la cual celebramos como nuestra.

2. Reconocemos que la victoria electoral de la Coalición Opositora plantea el desafío de poner en marcha un programa de gobierno que logre cambios inmediatos y otros de largo aliento, que mejoren y dignifiquen la vida cotidiana de los hondureños y hondureñas y transformen la estructura de funcionamiento del Estado, gobierno y sociedad. En ese propósito asumimos nuestro deber de proponer y contribuir a los cambios políticos y técnicos que el país requiere y demanda.

3. Advertimos que. aunque el escenario actual es favorable para la garantía y tutela de derechos fundamentales, la mafia corrupta y criminal aún se sostiene y querrá sostenerse en las raíces de la estructura de las instituciones públicas, militares y empresariales, para seguir generando condiciones de empobrecimiento, desigualdad y violencia.

4. Reafirmamos que. al Movimiento Social y Popular hondureño. desde su inquebrantable autonomía, le corresponde caminar junto al nuevo gobierno hasta el punto de las plenas coincidencias teóricas y prácticas de una gestión pública que priorice a los seres humanos, especialmente a los empobrecidos, en lugar de los sectores económicos pudientes que siempre han ostentado el poder en Honduras.

5. Asumimos el deber histórico de generar encuentros que fomenten la articulación entre las diversas luchas políticas, económicas, sociales y culturales desarrolladas y sostenidas a nivel nacional contra el capital transnacional, las industrias extractivas, el genocidio paulatino contra pueblos indígenas, el derecho a la tenencia de la tierra, a la consulta previa, libre e informada, por los derechos de las mujeres y personas disidentes, contra las ZEDEs. entre otros.

6. Confiamos y tenemos certeza que la refundación de un nuevo Estado y sociedad hondureña, respetuoso y promotor de la Dignidad Humana de todos y de todas, pasa por el hecho que. como pueblo, nos convoquemos a la Asamblea Nacional Constituyente Originaria que funde defina, promueva y defienda un modo de vida en sociedad que respete nuestro carácter plural, multiétnico, democrático incluyente en el que quepamos todos los sectores, especialmente los campesinos.as. mujeres, estudiantes, indígenas, garífunas. diversidades sexuales, trabajadores.as, profesionales, empresarios.as e inversionistas honestos, políticos.as. Esta es la principal, imperecedera e innegociable tarea de nosotros y nosotras desde el campo popular.

Finalmente convocamos al primer encuentro nacional de organizaciones de base a celebrarse el próximo 15 de Enero del 2022, el cual tiene la finalidad de profundizar y discutir los nuevos escenarios que incluyen las relaciones con la nueva administración y los posibles antagonismos con la élite económica, política y militar del país.

¡Hasta la dignidad, siempre!

Agua Caliente. La Masica, Atlántida.

11 de diciembre del 2021.

Organizaciones Participantes:

1.       Movimiento Estudiantil Universitario.

2.       ARCAH.

3.       Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC-EL PROGRESO)

4.       Consejo Indígena de Reítoca.

5.       Consejo Preventivo de Tribu, San Francisco de Locomapa.

6.       Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

7.       Bufete Estudios para la Dignidad.

8.       Karla Lara (Cautautora)

9.       Hermes Reyes (Trabajador del arte)

10.     Susan Dubón (Trabajadora del arte)

En medio de una enorme crisis fiscal, el gobierno de Cortizo regala los recursos naturales a un puñado de empresarios

La prueba palpable de que los empresarios en Panamá financian las campañas electorales a cambio de que al salir electos, les favorezcan con contratos, la constituye el acierto de los dueños del sector minero al haber puesto a uno de sus empleados en la vicepresidencia de la República, como lo es José Gabriel Carrizo.

Carrizo fue abogado de la mina de Molejón, Minera Petaquilla, cuyo dueño era el célebre Richard Fifer, mina que luego de lustros de explotación incontrolable, fue cerrada alegando “quiebra” en 2013, dejando a centenares de trabajadores sin sus cuotas de seguridad social y, lo que es peor, dejando un peligro grave de contaminación con sus tinas de deslave contaminadas con cianuro en la que el estado tuvo que gastar millones de dólares para evitar una catástrofe. Richard Fifer, el jefe de Gabriel Carrizo, pese a ser condenado por apropiarse de las cuotas de la seguridad social, no pagó ni un día en la cárcel gracias a su edad.

Ahora tenemos que el gobierno Cortizo-Carrizo favorece al sector minero: 1-) Incluyendo 25 mil hectáreas de bosque en el régimen de concesiones mineras (13/5/21); 2-) Anulando una resolución de 2015 del Ministerio de Comercio por la cual el Estado asumía las tierras de la mina de Molejón; 3-) Casualmente, cinco días después, aparece el ministro Ramón Martínez que anuncia un acuerdo para traspasar la mina de Molejón a la empresa Broadway Strategic Metals Inc.

A todo esto, podemos agregar que el gobierno panameño mantiene intacto el leonino contrato con la empresa canadiense First Quantum, que explota la mina de cobre denominada Minera Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2017 inconstitucional el contrato ley en que se basa. Según denuncia el periodista Sergio Sánchez Minera Panamá habría extraído el equivalente a 1.455 millones de dólares en minerales, pero a Panamá sólo le tocaron 29,1 millones de esa fortuna. Regalías de apenas el 2%, cuando en Sudamérica los Estados exigen entre el 40 y 51% de regalías.

A este robo contra el patrimonio de la nación panameña hay que añadir el tremendo daño ecológico que producen estas minas a cielo abierto, daño del que no se hacen responsables como quedó demostrado en Molejón afectando a las comunidades en las que también están eximidas estas empresas de impuestos locales.

Paralelamente se planifica otra traición a los intereses de la patria con la negociación de la renovación del contrato con Panamá Ports Co. (PPC), que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, otro asalto en descampado contra Panamá: esta empresa, en 25 años, tuvo utilidades por 909 millones de dólares, y eso que hubo mucha a empresas subsidiarias, pero sólo pagó al país 8 millones, cuando debió recibir 82 millones de dólares, sin contar con que Panamá dejó de percibir 600 millones, del canon fijo y variable que se pactó en 1997 y que el gobierno de Mireya Moscoso le perdonó. 

El contralor de la República y el ministro de Comercio “no han encontrado nada anormal” y consideran que la empresa cumplió, con lo cual piensan renovar por otros 25 años en iguales condiciones, con lo que el robo al erario continuará aumentando.

Mientras el gobierno empresarial del PRD-Cortizo-Carrizo hace estos regalistos a empresas privadas a costa de los bienes públicos y las riquezas minerales nacionales, el déficit público se sigue incrementando en medio de la crisis. ¿Cómo combate el déficit el gobierno empresarial? Cortando gasto social: recortes en salud pública y educación llevan a estas entidades al borde del abismo; achicando el Plan Panamá Solidario y cortando las ayudas a los pobres.

El Polo Ciudadano sostiene que es hora de un cambio real. Tenemos que exigir una reforma fiscal progresiva, en la que el que más gana pague más impuestos, incluyendo las grandes empresas, que en su mayoría están exoneradas. También hay que exigir la revisión de esos contratos antinacionales que regalan a precio de feria toda la riqueza nacional. Por eso se requiere la constitución de una verdadera alternativa política popular que saque del poder a estos agentes corruptos, siempre al servicio de intereses privados.

Panamá, 6 de junio de 2021.

Polo Ciudadano (PC)

Para diciembre del 2020, en el marco de la realización del “Diálogo de Seguridad de alto Nivel” entre Panamá y los Estados Unidos, salió a relucir en un bajo perfil para el conocimiento público, la estrategia bilateral que se estaba definiendo para el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), proyecto del Comando Sur, que en principio opera “bajo el mando” del Servicio Aeronaval (SENAN), en conjunto con otros estamentos de seguridad, ya que el mismo está establecido en Cocolí, pero que sin embargo sigue el modelo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, que funciona en Cayo Hueso, Florida, según lo ha explicado el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.

Este asunto del CROAN, contempla claramente que habrá presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas estrategas en el área Cocolí, ubicado a unos cuantos kilómetros de donde pretendía funcionar aquel Centro Multilateral Antidrogas CMA. Por lo que ha activado las alertas en el pueblo panameño y en las diversas organizaciones populares y gremiales, que en la defensa de la patria y la soberanía panameña, en otro momento jugaron un papel protagónico y beligerante en contra de los acuerdos de aquel CMA, que el entonces presidente del PRD Ernesto Pérez Balladares firmaba en secreto con los Estados Unidos, en el marco de lo que fue su visita a Washington en septiembre de 1995. Un CMA que fue totalmente derrotado en las calles mediante la lucha del movimiento popular y que a consecuencias de esto le costó la reelección a Pérez Balladares en ese momento.

Hoy, en medio de diversos escándalos de corrupción, del intento gobierno-empresarial de privatizar de la CSS, en medio de las denuncias sobre actos bochornosos en los albergues de NNA a cargo del SENIAF, de la actual crisis económica, educativa, laboral, de salud y de desempleo a consecuencias de la pandemia del COVID-19; pese a que ya existe el acuerdo Salas-Becker, el actual gobierno PRD presidido por Laurentino Cortizo intenta bajo “reservas de seguridad”, negociar la presencia militar norteamericana y del Comando Sur en nuestro país bajo el nuevo andamiaje operacional del CROAN = CMA, que se adecua en su operatividad con el proyecto denominado Fuerza Marítima Conjunta (FMC).

Aunque el gobierno de Cortizo, desmienta que el CROAN no significa el regreso de la presencia militar de Estados Unidos en Panamá, desde hace ya varios meses se han venido realizando una serie de movimientos, operativos y hasta de donaciones por parte de la primera potencia del norte, como por ejemplo: la entrega el 28 de junio del 2019, de seis helicópteros UH 1H al SENAFRONT y que el gobierno de Estados Unidos se comprometió hasta el año 2023 para ofrecerles mantenimiento y entrenamientos a un costo aproximado de 30 millones. Sumado a esto el SENAN en la práctica ha recibido donaciones de lanchas rápidas, equipos de visión nocturna, incluso de robots para el manejo de situaciones de mucha peligrosidad en “el combate al narcotráfico, ante elementos subversivos, incluyendo amenazas biológicas, químicas y hasta radioactivas”.

Lo anterior manifestado, se respalda en lo planteado por el propio ministro de seguridad de Panamá, quien sobre este tema manifestó que “Los Estados Unidos son una contraparte crucial en toda actividad de seguridad en la región y a través de los años han colaborado considerablemente en aumentar las capacidades del sector marítimo y aéreo” y para este proyecto del CROAN”, por tanto, “los Estados Unidos brindará todo el apoyo en la adquisición de equipos tecnológicos y avanzados para estandarizar los medios navales, además de brindar capacitación al personal panameño y por supuesto en el intercambio de información, lo cual es el factor clave para el funcionamiento de todo centro de operaciones”.

Para el Polo Ciudadano, con la instalación del CROAN en Panamá, la injerencia e influencia del Comando SUR como componente bélico-militar de los Estados Unidos, al igual que todas sus operaciones en América del Sur, Centroamérica y el Caribe, les será sumamente fuerte y efectiva con la presencia de esta base militar, ya que podrá realizar operaciones conjuntas con otros países aliados que forman parte del denominado “triángulo sur”, realizando operaciones bajo la fachada de “fuerzas de tareas conjuntas”, que de hecho ya existía en nuestro país mucho antes de las salida protocolar de las tropas militares norteamericanas en diciembre de 1999.

Esta tesis la confirma el propio Ministro de seguridad panameño al señalar que: “ El CROAN, no contempla tener fuerzas militares en nuestro país, sin embargo se podrán ejecutar operaciones conjuntas con los países del triángulo del sur y los Estados Unidos, tal como se ha venido realizando a través de los años ya que las amenazas no son solo del país, sino que impactan a todos los países de la región...”

Cabe señalar que desde 1984 el gobierno de Estados Unidos con el beneplácito de los militares panameños año tras año realizaron “ejercicio terrestre y marítimos”, que originalmente se denominaron como “Fuertes Caminos”, luego pasó a llamarse “Nuevos Horizontes” y, finalmente en operación “Mercurio” y que en los últimos años se han concentrado en la provincia de Darién. Estos “ejercicios y maniobras” realizados en todo el territorio panameño continuaron incluso después de la invasión del 20 de diciembre de 1989, gracias a los acuerdos entreguistas de los distintos gobiernos Post-invasión encabezados por Endara, Balladares, Moscoso, Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo.

Frente al actual escenario donde la Soberanía Nacional está en grave peligro, ante a la presencia camuflada del Comando Sur de los Estados Unidos en nuestro país, desde el Polo Ciudadano llamamos al conjunto de todas las organizaciones populares, sindicales y gremiales del país, al igual que a todos los panameños y panameñas comprometidos con la patria y la soberanía, a que cerremos fila en esta nueva lucha contra la nueva maniobra estratégico-militar de Estados Unidos y del gobierno PRD de Cortizo (CROAN), de la misma forma como lo hicimos en las luchas contra el intento del CMA negociado por el gobierno PRD de Ernesto Pérez Balladares.

No al CROAN = CMA

Los mártires hablaron claro ¡Bases No!

Panamá, 1 de marzo de 2021

Polo Ciudadano (PC)