Basta de Mentiras: ¡Que se paguen los salarios del personal de salud nombrado para combatir la pandemia y que se les dote de equipo de protección adecuado!

El gobierno alega dar prioridad al combate a la pandemia, pero los hechos demuestran lo contrario: por un lado, médicos y personal de salud nombrado para enfrentar la COVID-19 han tenido que salir a piquetear exigiendo que se paguen sus salarios; por otro, las enfermeras anuncian protestas por cuatro colegas caídas por falta de equipamiento adecuado.

Estos hechos demuestran que es falso que el gobierno NITO-PRD esté dando prioridad al combate a la enfermedad y que, pese a los más de 80,000 contagios y casi 2,000 muertes, el presupuesto para salud pública tiene que seguir siendo mendingado y peleado. 

Como han dicho quienes tuvieron que salir a las calles a exigir sus salarios: no comen aplausos. Que a estas alturas la Asociación Nacional de Enfermeras tenga que denunciar la gran cantidad de contagios, y el fallecimiento de colegas, por falta de equipos de protección adecuados, es el colmo. Mienten el ministro de Salud y el director de la Caja de Seguro Social cuando alegan haber enviado equipamiento adecuado a los hospitales. A lo que podríamos agregar que, pese al dinero gastado, el centro de atención de Figali sigue inoperante.

¿Por qué el gobierno demora burocráticamente el pago de salarios del personal nombrado para combatir en primera línea la pandemia y por qué no termina de suministrar el equipo adecuado? Ya se ha demostrado, como con el intento fallido de comprar respiradores con sobre precio, cuando el gobierno quiere saca la plata con carácter de “urgencia”.

El Polo Ciudadano ha venido denunciando que una de las explicaciones de negligencias como las denunciadas por parte del gobierno, es que, por órdenes del ministro de Economía, Héctor Alexander, se está priorizando el pago de la deuda pública por encima de la salud. 

Así tenemos que, en el mes de julio del 2020, el actual gobierno recibió préstamos por B/. 421.8 millones, pero la mitad, B/. 199.2 millones, fueron utilizados para el pago del servicio de la deuda pública, fundamentalmente intereses a bonistas (especulares) y bancos comerciales (La Prensa, 22/8/20). En eso es que se está gastando la plata, esa es la prioridad del gobierno, y es lo que explica el retraso en pago de salarios y falta de equipos.

El Polo Ciudadano exige transparencia en las cuentas públicas y destitución del ministro de Economía, cuyos manejos neoliberales conducen a un desastre la economía nacional, ya que en el año que lleva, ha elevado el total de la deuda pública a B/. 33,466 millones.

El Polo Ciudadano también denuncia que la apertura económica que inicia el 24 de agosto está motivada por presiones empresariales, más que por criterios de salud pública, por ello repudiamos la actitud de las autoridades que en una campaña publicitaria pretenden hacer creer que las infecciones que se produzcan de ahora en adelante son responsabilidad exclusiva de la población pretendiendo lavarse las manos de culpa por los rebrotes que con seguridad se van a producir.

Panamá, 24 de agosto de 2020.

Polo Ciudadano

El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, alineado a la agenda empresarial de grupos de la burguesía organizada como la UCCAEP y Horizonte Positivo, orienta su política a favor del gran capital, valorando como gastos innecesarios los derechos políticos, sociales y económicos de la clase trabajadora. Esto queda evidenciado en la reforma fiscal regresiva aprobada hace dos años, la cual ha golpeado fuertemente las condiciones de vida y la capacidad de consumo de la clase trabajadora, provocando un efecto contractivo y recesivo en la economía del país y perdonado decenas de millones de dólares a las grandes empresas evasoras, con los cuales se hubiese podido suplir el hueco fiscal. Aunado a esto, la política del gobierno ha limitado de manera gravosa el derecho de la clase trabajadora —trabajadores privados y públicos— a organizarse sindicalmente para defender sus intereses.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia por el SARS-CoV 2 ha confirmado, de forma grosera y evidente, esas pretensiones regresivas del gobierno. Se han evidenciado, además, los intereses mezquinos de los grupos empresariales dominantes del país que, junto al gran desprecio a la salud y la vida de quienes dependen de un salario, promueven el recorte de jornadas y despidos para trabajadores privados y públicos. Hace un año, el objetivo del gobierno y las cámaras empresariales era limitar la capacidad de organización y resistencia de los trabajadores en aquellos sectores que, se decía, eran esenciales; hoy, esos mismos sectores son sometidos a recortes de presupuesto que afectan la calidad de sus servicios y atacan los derechos laborales y económicos de sus trabajadores; ahora son considerados prescindibles. Se protegen así los capitales de los grupos multimillonarios, ocultos en muchos casos en cuentas bancarias de paraísos fiscales.

Bajo esta realidad DENUNCIAMOS:

• Que los costos para enfrentar la pandemia están recayendo exclusivamente sobre los hombros de la clase trabajadora.
• Que los recortes al gasto y a las jornadas de empleo públicos anunciados por el gobierno forman parte de un mismo ataque a los derechos laborales del conjunto de la fuerza trabajadora del país. Estas medidas solo profundizan los golpes a las condiciones de vida de las mayorías sociales y limitan la respuesta de atención sanitaria ante la pandemia.
• Que la oposición y el bloqueo feroz a caminos políticos justos y solidarios para enfrentar la crisis y promover una reactivación económica con efecto positivo para las mayorías del país, solo logrará prolongar el impacto socioeconómico negativo.
• Que los recortes deterioran la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones y atender las necesidades y aspiraciones sociales, como la educación y la salud.
• Que las políticas neoliberales no buscan únicamente una reforma económica regresiva, son un proyecto de reestructuración social y cultural en profundidad con graves consecuencias negativas.

La crisis sanitaria NO PUEDE OCULTAR NI PERDONAR a los verdaderos responsables del déficit fiscal, del desempleo masivo y del deterioro progresivo de las finanzas de la CCSS: los grandes evasores y deudores empresariales, así como los gobiernos cómplices que han respondido a esos intereses. Son esos grupos político-económicos los que dividen a la clase trabajadora del país, creando falsas dicotomías entre trabajadores públicos y privados, como una estrategia para golpear y empobrecer al conjunto de los grupos asalariados. Además, dichos sectores no sólo proponen una agresiva agenda político-empresarial que afectaría la prestación de servicios sociales, las finanzas de la CCSS y de FODESAF, sino que también se resisten a la más mínima reforma solidaria y, ante el más mínimo proyecto que controle la evasión, asumen una posición de víctimas.

Ese mismo coro empresarial chantajea al país a través de la presión de las calificadoras de riesgo y la OCDE, la amenaza de fuga de capitales y un mayor aumento del desempleo; lo cierto es que ni ellos ni los gobiernos que les favorecen están interesados en resolver los grandes problemas de la clase trabajadora. Por el contrario, políticas relacionadas con el manejo dogmático de la inflación por parte del BCCR, la privatización de empresas del Estado, y los recortes a diversos servicios públicos, entre otras, demuestran que combatir la desigualdad social no es una prioridad para los gobiernos y grupos dominantes.

Señalamos además que, una estrategia más en esta línea política es la que insiste en mayor endeudamiento con el FMI, decisión que sólo hipoteca el futuro nacional y que obliga al país a seguir implementando reformas de tipo regresivo, con altos costos para la vida social. La política del actual Gobierno, confabulada con el gran capital, no solo ataca directamente a los sectores populares sino que torpemente empobrece a todos los sectores del país. Sus decisiones afectan a los pequeños y medianos propietarios, quienes resienten directamente la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

La gravedad de la situación que enfrenta el país y la determinación de las élites en aprovechar esta grave coyuntura, para seguir imponiendo una agenda retrógrada y dañina, debe motivar a los sectores populares y la izquierda del país a articular esfuerzos y rechazar con determinación las acciones que solo benefician a los intereses del gran capital y de su gobierno; las cuales ya han mostrado sus efectos perniciosos en los países donde se han aplicado.

DEMANDAMOS:

DETENER EL ATAQUE A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS Y LOS TRABAJADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

• IMPLEMENTAR UN IMPUESTO DE EMERGENCIA PROGRESIVO SOBRE LOS GRANDES PATRIMONIOS, DIVIDENDOS Y RENTAS NACIONALES.
• SOLVENTAR LA NECESIDAD DE LIQUIDEZ A TRAVÉS DE LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
• DETENER LAS NEGOCIACIONES CON ENTIDADES EXTRANJERAS QUE OCASIONAN EL INCREMENTO DE LA DEUDA EXTERNA.
• PONER EN MARCHA UN PLAN NACIONAL DE OBRA PÚBLICA E INVERSIÓN PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA, GENERAR EMPLEO Y POSIBILITAR LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL PARA LA CLASE TRABAJADORA.

¡LA CLASE TRABAJADORA Y LA SALUD POR ENCIMA DE LAS MILLONARIAS GANANCIAS

DEL CAPITAL!

GRUPO SOCIALISMO Y LIBERTAD

 EL MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR AUTÓNOMO GUATEMALTECO

Ante la Opinión Pública Nacional e Internacional

MANIFESTA

SU CONDENA Y REPUDIO ANTE UNA NUEVA PUÑALADA ABERRANTE QUE EL GOBIERNO Y EL SECTOR EMPRESARIAL LE DAN A LA CLASE TRABAJADORA GUATEMALTECA AL FACILITARLES A LOS EMPRESARIOS DIFERIR EL PAGO DEL BONO 14.

Nosotros, manifestamos un total rechazo, repudio y condena a las políticas del actual gobierno que no cambian en nada, de los anteriores gobernantes que ha tenido Guatemala. Estos gobernantes siempre han estado al servicio de la cúpula de los grandes empresarios y mafias que operan en el país, enriqueciéndose de manera ilegal, antiética y corrupta, siendo la causa de tanto sufrimiento, dolor, pobreza y muerte de las grandes mayorías de la población trabajadora.

Una vez más, el Presidente de la Republica y su gabinete, principalmente el Ministerio de Trabajo en alianza con el CACIF y ANADE-FUNDESA le dan una puñalada a la clase trabajadora y sus familias, al emitir el Acuerdo Ministerial Numero 250-2020 de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Con esto se les facilita a los empresarios, y al mismo Estado, diferir el Bono 14. Esta acción vulnera este derecho irrenunciable del trabajador y crea inestabilidad laboral. En dicho acuerdo se les dan directrices a los empleadores para elaborar un simple procedimiento y presentar un Acta Notarial de Declaración de la No Posibilidad de Pago de la Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, pretendiendo eliminar de forma abusiva y sin consenso para beneficiar a quienes acumulan grandes y millonarias fortunas, es una forma más de explotación y esclavización de la gente trabajadora. No se necesitan 5 dedos de frente para saber y entender que esta decisión del gobierno vendrá a impactar aún más en la ya profunda crisis económica y social que enfrenta la clase trabajadora y por ende a la familia guatemalteca en su conjunto.

El Acuerdo Ministerial 250-2020 del MINTRAB, es una clara muestra del menosprecio y desvaloración que el gobierno le tiene a la clase trabajadora, quienes producen y generan la riqueza de este país. Los trabajadores y trabajadoras de Guatemala han estado trabajando bajo el sol y agua, enfrentando mayor riesgo de contagio del Coronavirus y han puesto en peligro su salud y su vida, como la de sus familias. Con este acuerdo se violan los derechos y costumbres que le asisten a la clase trabajadora por ley, así como los tratados y convenios internacionales que el Estado de Guatemala ha suscrito.

De los pocos beneficios que aún le quedan a la clase trabajadora están las jornadas de trabajo, vacaciones, seguridad social, salarios mínimos, bono 14 y aguinaldo, que constituyen derechos mínimos establecidos jurídicamente y que únicamente pueden superarse por medio de la Negociación Colectiva, nunca rebajarlos y/o eliminarlos como lo establece artículo 106 de la Constitución Política de la Republica. Además, el despido masivo en la SEPAZ y la violación a la libertad sindical lo que constituye la destrucción del sindicato por parte del gobierno, como en la SEPREM y el CNAP. Esos derechos adquiridos, han costado secuestros, asesinatos y muertes de líderes sindicales y populares.

Otra muestra de lo lesivas que son estas posturas, es pretender imponer leyes en detrimento de los derechos laborales y sindicales de la clase trabajadora, como lo han estado tratando de hacer con la ley 5477 del Trabajo a Tiempo Parcial, trastocar la Ley de Servicio Civil para perjudicar a los trabajadores del sector Público, el Teletrabajo, el haber dejado indefensa y sin ninguna protección a los trabajadores que enfrentan la crisis sanitaria del Covid-19, en completo abandono y desprotección.

REPUDIAMOS Y RECHAZAMOS TOTALMENTE el accionar del gobierno atreves del Ministerio de Trabajo, quien emite el Acuerdo Ministerial No. 140-2020 por medio del cual los empleadores pueden suspender contratos de trabajo; cierran las instalaciones del Ministerio de Trabajo dejando a los trabajadores en total desamparo ya que no hay atención para que los trabajadores que en plena pandemia están enfrentado serias y Flagrantes Violaciones a los Derechos laborales fundamentales, y como premio mayor se emite el Acuerdo Ministerial 250-2020 permitiéndoles a los retrógrados depredadores diferir el bono 14.

REPUDIAMOS Y RECHAZAMOS el accionar y aprovechamiento del sector empleador, quienes sin importarles la crisis que enfrentan los trabajadores ante la Pandemia, enfrentan la crisis financiera, ya que obligaron a los trabajadores a solicitar que sus contratos fueran suspendidos por tiempo indefinido, a otros los obligaron a firmar documentos aceptando reducción de salarios, otros a aceptar trabajo por horas y una gran mayoría siendo despedidos sin causa justificada o suspendidos de sus puestos de trabajo bajo acusaciones falsas de falta de respeto solo por solicitar que les sean respetados los derechos decretados por el presidente de la Republica como servicio de transporte, suspensión con goce de salario a los mayores de 60 años o pacientes con enfermedades crónicas; y los Alcaldes no pierden tiempo para atacar físicamente y desalojar de sus puestos a los trabajadores del sector de la economía informal, sin tomar en cuenta que ante la crisis del COVID-19 tienen que ver cómo ganarse el pan del día a como dé lugar. LA CRISIS ECONOMICA DE LOS TRABAJADORES LLEGO AL LIMITE, ya que grandes empresas que han estado producido normalmente con autorización y respaldo del gobierno han obligado a los trabajadores a trabajar y ahora les pretenden pagar en 3 o 4 pagos el Bono 14, que abuso, y la Inspección General de Trabajo, brilla por su ausencia.

Que la pandemia no sea motivo para que el gobierno y los grandes empresarios se aprovechen para hacer lo que se les viene en gana y violar los derechos humanos, laborales y sindicales de la clase trabajadora.

NO MAS DESREGULACIÓN Y VIOLACION A LOS DERECHOS HUNAMOS Y LABORALES.

BASTA DE MAS ROBOS DE LAS MAFIAS Y ESTRUCTURAS DE CORRUPCION E IMPUNIDAD

MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR AUTÓNOMO GUATEMALTECO PRESENTE EN LA LUCHA

Guatemala, julio 2020

La seguridad social y el seguro social es un derecho humano esencial para las personas en toda sociedad y una obligación de los gobiernos garantizarla; por lo que, rechazamos la intención de Alejandro Giammattei y empresarios de saquear los fondos del IGSS, para luego concesionarlo o privatizarlo.

HACEMOS SABER:

Que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, es uno de los pocos beneficios para los trabajadores, heredados de las grandes políticas sociales de los gobiernos de la Revolución de 1944. Fue durante estos 10 años de primavera, en donde el objetivo de construir un país independiente, una sociedad justa y un pueblo libre paso por cambiar las relaciones de trabajo, abolir el trabajo forzado e incrementar el salario mínimo. El liderazgo revolucionario tuvo claro que, al lograr el desarrollo integral de la clase trabajadora y pueblos originarios, también lograban construir el desarrollo económico del país.

El IGSS fue creado como una institución gubernamental, con plena autonomía, cuyo propósito fue brindar servicios de salud y seguridad social a la población afiliada. Esta institución fue constituida con el Decreto No. 295-1946 del Congreso de la República de Guatemala y refrendado por el excelentísimo y revolucionario Presidente de la República de Guatemala el Doctor Juan José Arévalo Bermejo. Aunque el IGSS se encuentre anexado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (otra institución heredada de la Revolución de 1944 y también ha sido debilitada), esta situación no debe ser motivo para violentar su autonomía.

Debemos de saber que la Misión del IGSS es: Proteger a toda la población asegurada contra la pérdida o deterioro de la salud y del sustento económico. En su Visión se pretende: Ser la institución de seguro social caracterizado por cubrir a la población por mandato legal y le corresponde tener solidez financiera para poder dar una excelente calidad de sus prestaciones con eficiencia y transparencia de su gestión.

Además, a la clase trabajadora y población en general debe interesarle saber y entender que la SEGURIDAD SOCIAL es un derecho humano. El Estado debe proveer a los individuos y sus familias el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, esto le corresponde al IGSS.

El SEGURO SOCIAL es una política y programa que financia o administra el gobierno central para satisfacer las necesidades básicas de las personas sin recursos. Por lo general deben estar destinados para las personas y familias quienes viven en situaciones de pobreza, desempleadas, a los discapacitados, a las familias numerosas y a los ancianos, que no gozan o no tiene cobertura de Seguridad Social.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos (establecida el 10 diciembre de 1948) Artículo 25 se establece que; Todos los estados están obligados y comprometidos a otorgarle a sus habitantes lo esencial y básico para que puedan vivir digna y humanamente. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En estos tiempos de la pandemia del COVID-19 esta obligación del Estado es más apremiante que nunca antes.

Para la OIT la Seguridad Social es un derecho humano básico. La seguridad social como; el conjunto de instituciones, medidas, derechos y obligaciones cuya meta primordial es otorgar seguridad del ingreso y asistencia médica a los individuos que integran la sociedad. EL Estado de Guatemala ha suscrito todos los convenios de OIT que conforman la Seguridad Social como derecho humano, además se ha adherido a muchos convenios internacionales sobre el respeto a este derecho humano fundamental.

La cobertura debería ser universal y las prestaciones adecuadas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar un marco de buena gobernanza y la seguridad de que se pagarán las prestaciones de la manera que corresponda y a tiempo. La Seguridad Social debería organizarse en base a la solidaridad social y debe ser sostenible. El imperio de la ley debe prevalecer en consecuencia a estos principios específicos, consagrados en los instrumentos legales de la OIT y otros; sobre todo los otros principios consagrados en el concepto del Trabajo Decente.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, es el segundo gran prestador de servicios de salud del sector público en Guatemala, tanto por el nivel de cobertura, así como por el número de personal que trabaja en la prestación de los servicios de salud. Aun así, su cobertura en Guatemala sólo alcanza el 17% de la Población Económicamente Activa (PEA). Y la deuda pública al IGSS asciende a 52 mil millones de quetzales y la deuda privada alcanza unos 2 mil millones de quetzales, alrededor de 17,000 empresas privadas no le han trasladado al IGSS la contribución que le corresponde debido a que le ha sido descontado del salario a los trabajadores, cayendo en un delito al retener ilegalmente ese dinero.

Guatemala debiera procurar la implementación de un régimen de "Seguridad Social" que dignifique a la persona, principalmente en su vejez y además que incluya la situación de los trabajadores en la economía informal. La contribución del trabajador independiente al Seguro Social debe implementarse urgentemente.

El servicio actual que el IGSS presta es deficiente, pero ha sido el resultado de las líneas definidas por los empresarios y gobiernos que aplican políticas neoliberales (para hacer mas rico al rico y, más pobre al pobre), que con la intención de privatizar la salud han debilitado sistemáticamente al IGSS, haciendo que la clase trabajadora, no lo valore ni vea el IGSS como una institución muy valiosa y necesaria. Los fondos millonarios del IGSS siempre han sido apetecibles y de ahí los condenables actos de corrupción. Y solo por citar algunos casos tenemos el del expresidente del IGSS, Jorge Mario Nufio, por apropiación ilícita de trescientos cincuenta millones de quetzales en 2005. Otro caso fue el del presidente de la Junta Directiva Carlos Wohlers, quien fue enviado a prisión en 2006 por falsificaciones que hiciera en la transferencia de fondos del instituto. Otro mas fue con el expresidente del IGSS representante de la Cámara del Agro de Guatemala, Luis Reyes Mayen y, como no recordar la corrupción señalada bajo la administración de expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez y demás Junta Directiva, todas esas administraciones han contribuido con las políticas que llevan la intención y justificación malévola para su privatización, aun en esas condiciones es muy servicial y útil para los afiliados y sus familias, por ello debemos defenderlo.

En la actualidad hay una clara tendencia, sustentada en la ambición, voracidad empresarial y estructuras gubernamentales corruptas, de pretender concesionar o privatizar esa institución extraordinaria conocido como es el IGSS. Hoy con el argumento y queriéndose aprovechar de la crisis sanitaria del COVID 19, el señor ALEJANDRO GIAMMATTEI pretende desquebrajar y asesinar este legado de seguridad social tan esencial, con un espíritu de solidaridad social otorgada a la clase trabajadora desde la Revolución de 1944. Ante lo cual todos y todas las trabajadoras debemos rechazar y condenar esa irresponsable y oportunista acción presidencial. Está demostrado en muchos países que la privatización o concesión del seguro social ha sido un total fracaso. La alianza privado-pública solo beneficia al gran capital y sus empresas, niega el bien común. Un derecho fundamental no puede ni debe ser privatizado. Hoy y en el futuro, un sistema sanitario fortalecido es imperativo. Hay otras instituciones obsoletas e inmisarias que podría reducirse para poder refinanciar el sistema de salud y seguridad social del país.

"NO AL ROBO DE LOS FONDOS DEL IGSS,

NO A LA CONCESION NI PRIVATIZACION DEL IGSS"

Guatemala, 13 mayo 2020.