Los dramáticos acontecimientos que han estremecido a varios países de América Latina y El Caribe en las últimas semanas no dejan lugar a dudas: hay una escalada significativa y evidente de la lucha de clases motivada por la profunda crisis del capitalismo mundial que, tratando de salvar las tasas de ganancia, intenta succionar más plusvalía de nuestros pueblos con draconianas medidas económicas.

    No es casualidad, las impresionantes movilizaciones de decenas de miles, centenas de miles, incluso de millones de personas en Haití, Ecuador, Chile, Honduras y, en menor medida en otros países, tienen un hilo en común: la crisis del sistema capitalista continental y mundial. Crisis que no es solo del llamado “modelo neoliberal”, porque este modelo es la esencia y el alma del capitalismo en crisis.

    El detonante principal de estos estallidos sociales, que constituyen la génesis de procesos revolucionarios, son las drásticas medidas económicas antipopulares: alzas de los servicios públicos, reducciones salariales y de las ya magras pensiones de jubilación, aumento de impuestos como el IVA (ITBMS en Panamá) que afectan más a los pobres, etc.

    Medidas económicas draconianas contra nuestros pueblos que buscan compensar las crisis fiscales de los gobiernos que ven caer sus ingresos por la reducción de la actividad económica dada la crisis capitalista general, que ven disminuir los precios internacionales de nuestras exportaciones consistentes casi todas en materias primas, que padecen fuetes endeudamientos con la banca y organismos de crédito internacional (como el nefasto FMI, Banco Mundial).

    Todo ello en un marco en que los empresarios y las grandes compañías transnacionales y nacionales gozan de privilegios fiscales o abiertas exoneraciones de impuestos. Por ello, todo el peso de la crisis la quieren cargar sobre los hombros de la clase trabajadora, negándose los gobiernos latinoamericanos a hacer los que corresponde: imponer impuestos progresivos a los ricos, que el que gana más, pague más.

    Millones de personas se han lanzado a las calles para defender las ya precarias condiciones de vida con que subsisten y oponerse a esta nueva escalada en la voracidad de los capitalistas y banqueros. La respuesta de los gobiernos, en un primer momento ha sido una feroz represión con su secuela de muertos, heridos y lisiados. Pero esto no ha detenido a la gente, que ha seguido ocupando las calles porque han perdido el miedo, que era lo último que podía perderse.

    Pero estos millones de personas, trabajadores, indígenas, estudiantes, funcionarios, campesinos no se han detenido en las reivindicaciones económicas, han pasado a hacer exigencias políticas contra regímenes pretendidamente “democráticos” pero que no los representan. La gente ha empezado a exigir las renuncias de presidentes como Lenin Moreno en Ecuador, Sebastián Piñera en Chile, o de Jovenel Moïse de Haití.

    La lucha económica se ha transformado en lucha política, porque el debate es quién debe gobernar. Esta lucha popular está derrotando a los gobiernos y partidos de la derecha empresarial y neoliberal, en una especie de retorno a la situación de la primera década del siglo XXI cuando cayeron los gobiernos neoliberales y surgió el “progresismo” latinoamericano. Incluso en países como Argentina, donde la lucha de clases aún no llega al máximo nivel, está amenazado de fracasar electoralmente Mauricio Macri quien encabezaba el gran proyecto político de la derecha y el neoliberalismo.

    La gran pregunta es si el llamado “progresismo” puede postularse para sacar a nuestros países de la grave crisis económica capitalista y sus medidas neoliberales. Ahí surgen fuertes dudas: no olvidemos que el principalmente precedente del momento actual fueron las movilizaciones estudiantiles y populares en Nicaragua contra las reformas neoliberales a las pensiones del gobierno del FSLN de Daniel Ortega, y la feroz represión que ha desatado contra su pueblo con centenares de muertos y miles de exiliados.

    Tampoco ha sido capaz de salvar de la crisis al pueblo venezolano el gobierno de Nicolás Maduro-PSUV. Aunque ha derrotado el plan intervencionista y golpista  de la derecha y Estados Unidos, encabezado por Juan Guaidó, el gobierno ha permitido la destrucción de las conquistas económicas y sociales de la clase trabajadora, sin tocar un ápice los intereses de los grandes capitalistas y sin combatir la grave corrupción de la que lucran burgueses opositores, como la familia Mendoza (la Polar) tanto como de la “boliburguesía” afín al gobierno.

    El problema del “progresismo” es que es incapaz de ir más allá de los límites del capitalismo y su modelo neoliberal. A lo sumo aspira a un capitalismo con algunas medidas y programas sociales sin tocar el corazón del sistema capitalista. La incapacidad para ofrecer una alternativa al capitalismo neoliberal y de enfrentar revolucionariamente a la ofensiva derechista, porque el progresismo es parte integral del sistema capitalista, es lo que hizo fracasar al PT brasileño, al Movimiento Ciudadano en Ecuador, incluso al kirchnerismo en Argentina, o del gobierno del PAC-Alvarado en Costa Rica.

    La crisis requiere una alternativa revolucionaria al capitalismo neoliberal, es decir, una alternativa SOCIALISTA y REVOLUCIONARIA. Aunque algunos hallan abjurado y otros predicho la desaparición de esta alternativa, el viejo fantasma, del que hablaban Marx y Engels, vuelve porque no hay solución a la crisis económica, social, ambiental y política dentro del sistema de propiedad capitalista y su antihumana ley de la ganancia.

    La tarea del momento es la construcción de alternativas políticas anticapitalistas, socialistas, que no teman señalar con el dedo el verdadero corazón del mal que enferma a la humanidad y al planeta: el sistema capitalista. Alternativas que no pueden ser sectarias y que estén dispuestas a acompañar pacientemente el proceso de maduración política de la clase trabajadora y el pueblo. Las autoproclamaciones de algunas sectas no sirven para nada y se convierten en parte del problema.

    Polo Ciudadano advierte que Panamá padece los mismos síntomas de los problemas que ya han estallado en otros lados: un sistema económico de los más desiguales del planeta, una crisis fiscal creciente con altas exoneraciones para la burguesía, colapso de los servicios públicos de educación, salud, agua y recolección de basura, alto desempleo juvenil, un régimen político corrupto hasta el tuétano y desprestigiado, etc.

    El caldo de cultivo para un estallido social está dado en Panamá, y ya han empezado a manifestarse algunos síntomas: miles de estudiantes, administrativos y docentes universitarios han salido a las calles para defender la universidad pública contra reformas constitucionales que la amenazan, lo que ha detonado una ola de movilizaciones estudiantiles, juveniles y obreras contra el paquete constitucional del gobierno y la Cámara de Comercio. También los campesinos de Río Indio y del Barú se han movilizado en defensa de sus tierras.

    El Polo Ciudadano levantando un programa anticapitalista, lucha a su vez por la unidad de los sectores populares contra el modelo político corrupto y oligárquico y sus medidas económicas. Por principio, propiciamos la unidad en la diversidad de las organizaciones sindicales y populares por construir una alternativa política distinta a los partidos del régimen oligárquico y antipopular. Nuestro pueblo más temprano que tarde seguirá el ejemplo de nuestros hermanos de Haití, Chile y Ecuador.

Panamá, 24 de octubre de 2019.

Polo Ciudadano

El gobierno de Jimmy Morales y el FCN-Nación ha significado un giro a la derecha en el régimen político, con el acceso al control de las instituciones estatales por parte de exmilitares que provienen de la contrainsurgencia, convertidos en empresarios y políticos. Además de los vínculos que tiene esta oficialidad en retiro con la actual dirigencia del ejército, con el narcotráfico y el crimen organizado en general, se ha renovado su alianza con los grupos oligárquicos tradicionales, con quienes compartieron las acusaciones y juicios por corrupción y otros delitos. El próximo gobierno de Alejandro Giammattei será una continuación y probablemente una acentuación de este giro a la extrema derecha y endurecimiento del régimen, que significará el recorte de derechos y libertades del pueblo.

Los ataques de la oligarquía y la derecha no solo pretenden restringir las libertades democráticas, sino también los derechos laborales, afectando el salario mínimo y el empleo digno. Por ello proponemos un gran frente unitario que englobe a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres, de jóvenes, economía informal, diversidad sexual  y partidos de izquierda contra el avance de la extrema derecha. No estamos proponiendo la defensa de la institucionalidad de la democracia burguesa y el estado de derecho burgués. Proponemos la formación de un frente clasista que defienda los intereses populares.

A mediano plazo, este acuerdo unitario entre partidos y organizaciones populares debe ser en torno a un programa de lucha democrático radical, que refleje las necesidades más urgentes de las masas oprimidas y explotadas. Deberá plantear una transformación de todo el sistema político en el plano electoral y de justicia. Esto además de la solución de las demandas sociales más urgentes que las diferentes fracciones de la burguesía que han hecho gobierno, no han cumplido ni puede cumplir. El corazón de este programa será la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que refleje la voluntad de la mayoría de la población, con la participación democrática de todo el pueblo, organizado en partidos, movimientos políticos, sindicatos, comités, asociaciones y gremios.

Siguiendo el ejemplo de las fuerzas populares se unieron para derrocar al gobierno autoritario ubiquista de Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944, llamamos a la creación de este frente contra la represión y por la defensa de los derechos y libertades del pueblo guatemalteco.

¡ABAJO EL ESTADO DE SITIO!

¡POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS!

 

20 de 0ctubre 2019

PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

 

Ante las justas reclamaciones de los colectivos estudiantiles que permanecen en resistencia en la exigencia de la dignificación de nuestra Alma Mater, esta organización sindical ratifica su apoyo a las legítimas demandas presentadas por ellos a las autoridades sancarlistas, a quienes instamos a continuar con el diálogo y la negociación de los distintos puntos en discordia, cuya resolución será de beneficio para todos.

En cuanto al tema relativo a los ingresos financieros que por precepto constitucional anualmente corresponden a la USAC, demandamos lo siguiente:

1.- Hacer valer el principio de Autonomía Universitaria  de parte del Consejo Superior Universitario (CSU), el rector Murphy Paiz y la Dirección Financiera de la USAC, para gestionar la solicitud de presupuesto de ingresos para la USAC que se presente ante el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio fiscal 2020, con base a lo que dicta la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 84 reza: “Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico”.

2.- Exigir al Ministerio de Finanzas Públicas, de parte del CSU y el rector Murphy Paiz, que en la estimación de los ingresos se aplique lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad en su resolución del expediente 5298-2013 de fecha 10 de junio de 2013, en lo relativo a que los “ingresos ordinarios del Estado” corresponden a los ingresos tributarios del presupuesto nacional de cada año.

3.- Que, para efecto del cálculo de los fondos correspondientes al cinco por ciento constitucional para la USAC, el Ministerio de Finanzas Públicas no aplique descuento alguno que quede fuera de lo establecido en la resolución 5298-2013 del órgano constitucional y se abstenga de efectuar deducciones fuera de la ley.

4.- Efectuar, de parte del Ministerio de Finanzas Públicas, los ajustes que corresponda para el ejercicio fiscal 2019 para que la USAC obtenga los ingresos que se han dejado de percibir como efecto de estimaciones erróneas, y llevar a cabo un proceso de negociación entre esa cartera y el CSU para resarcir los montos no trasladados a la USAC de ejercicios anteriores, como efecto de cálculos efectuados por ese ministerio de forma distinta a lo que establece la ley.

5.- Que el CSU, el rector Murphy Paiz y la Dirección Financiera de la USAC, se asesoren debidamente con expertos en el tema jurídico constitucional y presupuestario, para asegurarse que los cálculos de los ingresos presupuestarios de la USAC se efectúen como lo marcan las estipulaciones constitucionales referidas.

6.- Gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas, de parte del CSU y el rector Murphy Paiz, el incremento del aporte constitucional hacia una cifra mayor al cinco por ciento, de acuerdo al aumento de la población estudiantil que la USAC ha tenido en los últimos años, según lo establece el artículo 84 de la Carta Magna.

Mayores ingresos para la USAC redundarán en la mejora del nivel académico universitario, y se evitará el acudir a solicitudes de préstamos al Congreso de la República de Guatemala, como se hizo el año anterior, hecho que, además de incrementar el endeudamiento nacional, motiva que el Pacto de Corruptos quiera manipular a las autoridades universitarias condicionándole el acceso a los fondos que constitucionalmente están establecidos para la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Se insta a las autoridades universitarias a ejercer con vehemencia su función gestora para obtener en su correcta cuantía los recursos financieros que constitucionalmente están asignados para la educación superior pública del país, lo que debe acompañarse con procedimientos de rendición de cuentas y transparencia, en cuyo proceso no dudamos que estarán respaldados por los colectivos estudiantil, docente y trabajador de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, y que el fruto de ello se verá reflejado en la proyección que la USAC debe tener hacia la población, especialmente los grupos vulnerables más rezagados de la sociedad guatemalteca.

Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo del SINDICEUSAC

Guatemala, 19 de agosto de 2019


El pronunciamiento del Rector Murphy Paiz y Consejo Superior Universitario (CSU) después de la presión del sector estudiantil por medio de la toma del Campus Central en zona 12 y de más de una veintena de Sedes académicas y Centros Universitarios en la capital y en todo el país, comprendiendo en las 18 exigencias esgrimidas por el Colectivo Estudiantil Universitario –CEU- la defensa de la memoria histórica y del patrimonio documental de nuestros archivos; dicho comunicado de prensa con fecha 6 de agosto del corriente respecto de la situación de los Archivos Históricos Públicos (Archivo General de Centroamérica –AGCA- y Archivo Histórico de la Policiano Nacional –AHPN-)fue pobre, improvisado e impreciso. Demostrando una vez más la falta de coherencia de las máximas autoridades con respecto a la defensa del patrimonio histórico y cultural de la nación.

Es necesario recalcar que el Ministerio de Cultura, el de Gobernación y el PNUD están coludidos con el gobierno central y los militares para desmantelar los servicios de los Archivos y de esta forma procurar impunidad en los casos pendientes de ser juzgados.

Apelar a la Ley de Acceso a la Información Pública no funciona en términos de investigación histórica y reconstrucción de la memoria histórica, pues es preguntarle a los perpetradores “si por favor nos pueden dar la información”. Que se apele a esta Ley es precisamente lo que quiere el gobierno y los militares involucrados. Línea seguida de manera acrítica por las autoridades de la USAC en su comunicado de prensa.

Por el contrario, durante 10 años el AHPN funcionó con archivistas civiles, sin pertenecer al gobierno y con financiamiento internacional lo que permitió localizar y analizar documentos que se suministraron a los diferentes juzgados, lo que sumado a los peritajes de especialistas consiguieron las primeras condenas, anteriormente comentadas. La primera de ellas fue la del compañero estudiante y sindicalista Fernando García.

Dicho esto, lo único que se rescata del pronunciamiento, y que estamos seguros es el logro de los representantes estudiantiles que obligaron bajo la fuerza de la presión del estudiante movilizado, arrancarle un posicionamiento a las autoridades universitarias, que ignoraron durante todo este semestre las criminales arremetidas del gobierno central contra el AHPN y ahora contra el AGCA, que resguardan la memoria del pueblo de Guatemala, y de la que se da el primer paso para promover la propuesta de creación de una Comisión Normalizadora encabezada por la Escuela de Historia de la USAC.

Dicha comisión de la Escuela de Historia debería estar integrada por un representante de la Escuela de Historia y representantes del Técnico Universitario en Archivos, carrera impartida en esta unidad académica, por supuesto representantes del estudiantado organizado. A estos se le pueden agregar representantes de la PDH, de la fiscalía de delitos durante el Conflicto Armado Interno del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Arzobispado, y en general de la “sociedad civil”. Aquellos que participaron del rescate inicial del AHPN, por ejemplo, y que en esta última etapa han luchado por defender los documentos invaluables para la espina dorsal de la historia guatemalteca.

La Comisión debería encontrar los mecanismos para, fundamentalmente, diagnosticar, auditar y normalizar el actuar del Ministerio de Cultura y Deportes, del Archivo General de Centro América –AGCA- y del Archivo Histórico de la Policía Nacional –AHPN-, así como cualquier otro fondo documental que permita conocer la verdad de lo sucedido durante el Conflicto Armado Interno (incluyendo aquellos actos de terrorismo de Estado cometidos en contra de estudiantes, catedráticos, investigadores y trabajadores de la Universidad de San Carlos, y que aún hoy siguen sin ser juzgados.

La Comisión Normalizadora se convertiría en un contra peso al actuar del Ministerio de Cultura, al del Ministerio de Gobernación y al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Instituciones que han desmantelado los Archivos tal y como los conocíamos, para detener el lento pero seguro caminar de la justicia contra los perpetradores de estos crímenes, muchos de los cuales se encuentran entronizados en el gobierno de turno y en sus ministerios.

El CSU tendría la obligación de proporcionar el presupuesto para el establecimiento de la Comisión Normalizadora, ahora que ya cuenta con una posición al respecto gracias a los estudiantes de historia que han manifestado este crimen contra la memoria, y a su vez la obligación de regularizar la carrera Técnico Universitario en Archivos (TUA) por medio de un presupuesto propio pues esta no tiene las condiciones económicas para funcionar por lo que se abre cada 4 años, haciendo insostenible el ejercicio del conocimiento técnico sobre los documentos y las instituciones que los resguardan. Estudiantes y egresados del TUA estarían en capacidad de ejercer en estos Archivos impidiendo que otras universidades ocupen estos espacios, por ejemplo: el nuevo director del AHPN es un Ingeniero del la Universidad Galileo y el nuevo director del AGCA es un bibliotecólogo de Humanidades, profesionales que demuestran el poco interés que tienen las autoridades de promover el uso de los archivos a toda la población, para que esta conozca su historia.

El Establecimiento de la Comisión Normalizadora obliga a las autoridades de la Escuela de Historia a actuar en torno al tema, pues hasta ahora han guardado silencio como las máximas autoridades de la USAC, antes de la heroica toma de los recintos universitarios. Los obliga también a manifestar una postura oficial y la creación de una Comisión interna encaminada a detener las arbitrariedades del nefasto gobierno de turno y su sucesor, a plantarle cara a la ofensiva que los criminales de guerra, violadores de derechos humanos llevan a cabo desde los pasillos del gobierno contra el patrimonio documental de nuestros archivos históricos.

En nuestra reflexión, la Comisión sería el último espacio en el que se podría discutir la situación de los Archivos, presionar y lograr resultados que vayan encaminados a proteger su razón de ser, que no es otra que mostrarle a la sociedad el pasado, para no volver a repetir la oscura historia que ha ensombrecido al país. Tal y como lo están logrando ustedes, los compañeros y los estudiantes que con su digna rabia han levantado en primera hora la demandan hacia las autoridades de pronunciarse contra las maniobras del gobierno y esta ofensiva contra la memoria del pueblo de Guatemala.

Saludamos el esfuerzo y agradecemos la amistad de los estudiantes de historia que llenan las filas de la lucha contra la privatización y en favor de la memoria y la dignidad nacional.


Para la izquierda, el tema de los derechos humanos debería ser siempre un imperativo ético.

El 28 de julio se emitió la Declaración Final del XXV Foro de Sao Paulo, en ella los partidos de izquierda, populares y progresistas que lo integran exigen “defender el papel de las mujeres latinoamericanas y caribeñas como constructoras fundamentales de los procesos de cambio emancipatorios, así como de resistencia activa a la contraofensiva neoliberal y a la pérdida de derechos conquistados. Apoyar las masivas movilizaciones feministas en curso en el continente."

Siendo conscientes de la importancia de tal afirmación, queremos recordar a los partidos que forman parte del Foro de Sao Paulo que las mujeres y las organizaciones feministas hemos denunciado desde hace años los retrocesos que, en Nicaragua, el gobierno Ortega-Murillo ha generado en materia de los derechos de las mujeres y, concretamente, en materia de derechos sexuales y reproductivos; y cómo su alianza con los sectores religiosos conservadores dio lugar a que el feminismo nicaragüense haya mostrado su descontento con dicho gobierno desde el inicio de su gestión.

Tal situación ha provocado que las feministas y sus organizaciones estén siendo uno de los principales objetivos del proceso represivo que se vive en Nicaragua desde abril de 2018, el cual hasta la fecha ha supuesto más de 300 personas asesinadas, más de 2,000 heridas y 80,000 obligadas al refugio y al exilio, entre otras violaciones de derechos humanos.

El movimiento feminista y las defensoras de derechos humanos que lo integran enfrentan graves acciones en su contra, las cuales se han materializado en la persecución y acoso a sus lideresas a través de campañas de desprestigio e intimidación; criminalización, detenciones arbitrarias y deportaciones; así como vigilancia, violencia sexual, desapariciones forzadas, agresiones físicas y campañas de odio. Éstas se agudizaron cuando en noviembre de 2018 la vicepresidenta Murillo hizo declaraciones estigmatizantes en contra de mujeres y organizaciones feministas del país, las cuales han provocado que decenas de defensoras se encuentren en el exilio.

Esta situación también ha dado lugar a la obstaculización del trabajo de las organizaciones a través del allanamiento ilegal de sus oficinas, su cierre y pérdida de personería jurídica, el robo y la destrucción de sus recursos y la clausura de sus cuentas bancarias e incluso a la prohibición de la marcha del 25 de noviembre.

Igualmente, las acciones represivas se han dirigido en contra de otras mujeres que, sin formar parte del movimiento feminista, participaban en manifestaciones y otras acciones de protesta en contra de las actuaciones del gobierno; así como de las madres de las personas privadas de libertad, las cuales han desempeñado un rol esencial en la defensa de los derechos de los presos y presas políticas.

Las mujeres que fruto de esta persecución fueron privadas de libertad han sido víctimas de distintas formas de tortura y malos tratos, destacando entre ellas la violación sexual y otras formas de violencia sexual; mientras que las que han sido excarceladas (y sus familias) aún enfrentan graves hechos de hostigamiento.

A pesar de lo expresado por el Foro en relación a los derechos de las mujeres y a pesar de las denuncias y condenas por el feminismo latinoamericano y mundial, los líderes de los partidos de izquierda de Latinoamérica insisten en desoír la voz de las mujeres y continuar respaldando la actuación de un gobierno que con sus actos vulnera reiterada y sistemáticamente los principios que se supone inspiran a dicho Foro.

También han desoído voces que históricamente han formado parte de las luchas por la dignidad humana y que han denunciado que el gobierno Ortega-Murillo ha llevado a Nicaragua a una situación marcada por la violencia policial y paramilitar, la paulatina eliminación de las fuerzas políticas de oposición, el autoritarismo, la corrupción y desmantelamiento de las instituciones públicas y de la independencia del sistema de justicia, la consolidación del neoliberalismo, así como la suspensión de derechos y libertades ciudadanas.

Como feministas manifestamos nuestra más enérgica condena y rechazo a las intervenciones imperialistas y al auge de la derecha en nuestra región y, por este motivo, urgimos a todos los partidos y gobiernos que buscan responder a éstas a hacerlo desde la coherencia con sus propios principios y desde una postura que promueva el respeto de los derechos humanos y “la defensa de la paz, la democracia y las conquistas sociales alcanzadas". Por ello, consideramos que el Foro de Sao Paulo debería plantear una posición coherente frente a la actuación del Estado de Nicaragua y no ser cómplice de las atrocidades cometidas por el gobierno Ortega-Murillo, dirigiendo de manera expresa contra éste su condena a “todas las formas de discriminación y violencia hacia la mujer”.

“Sin el aporte de las mujeres será imposible avanzar hacia la verdadera independencia de nuestras naciones”.

FIRMAN:

Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, El Salvador

Alianza de Mujeres, Panamá

Alianza Política Sector de Mujeres (APSM), Guatemala

Articulación Feminista Marcosur, América Latina

ASEDUCA, El Salvador

Asociación Ciudadana ACCEDER, Costa Rica

Asociación de Mujeres Jóvenes Luchadoras Bluefields RACCS, Nicaragua

Asociadas por lo Justo JASS, Global

Brujas Migrantes, Estado Español

Ca la Dona, Catalunya

CEFA, Panamá

Centro de la mujer ACCION YA, Nicaragua Centro de Mujeres Candelaria, Bolivia

Centro Feminista de Información y Acción - CEFEMINA, Costa Rica

CIFEM, Nicaragua

CIMIGE AC, México

Colectiva Feminista para el desarrollo local, El Salvador

Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Nicaragua

Colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes, Chile

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las

Mujeres CLADEM Nicaragua, Nicaragua

Concertación Interamericana por los DHs, Costa Rica

Consejo de Mujeres Cristianas (CMC), Guatemala

Cotidiano Mujer, Uruguay

Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Honduras

Escuela para Defensoras En Derecho Humanos y Ambientales Benita Galeana, México Espiral hacia la igualdad, México

Feministas Autoconvocadas (Nicaragua-Barcelona), Estado Español

Feministas de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de Sociedad Civil,

Nicaragua

Feministas Madrid por Nicaragua, Estado Español FILIA UK, United Kingdom

Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), América Latina y el Caribe

FUNDAGÉNERO (Fundación para la Equidad de Género), Panamá

Género, Sociedad, Economía, Democracia AC, México

Grup Guardabarranco Zaragoza, Estado Español

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas AC, México

Hablemos de Derechos Humanos, Costa Rica - Centroamérica

Handmaids Costa Rica, Costa Rica Informationsbüro Nicaragua, Wuppertal, Alemania Ingeniería Sin Fronteras Aragón, Estado Español

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Mesoamérica

Iniciativa Nicaragüenses de Defendoras (IN-Defensoras), Nicaragua

Instituto Equit, genro, economia e cidadania global, Brasil - América Latina y el Caribe

Juxpaz Panamá, Panamá

La Cadejos, Comunicación Feminista, Centroamérica

Las Malcriadas, movimiento de jóvenes feministas, Nicaragua

Morada Feminista Nica UK, United Kingdom

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN), Nicaragua

Mugarik Gabe, País Vasco Mujeral en acción, Nicaragua

Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC, México

Mujeres en Acción de Costa Rica, Costa Rica

Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC, México

Mujeres Libres COLEM AC, México

Otros Mundos Chiapas AC, México PIIAF AC, México

Programa Feminista La Corriente, Centroamérica

Red de Hondureñas Migradas, Estado Español

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC, América Latina y el Caribe

Red mujeres contra la violencia (RMCV), Nicaragua

Red Solidaria de Derechos Humanos, México

Rosalba Zambrano, Proyecto de Animación y Desarrollo AC, México

Salud y Género Querétaro AC, México

Sí hay mujeres en Durango, México

SOS Nicaragua España, Estado Español

Xarxa Feminista, Estado Español

 

Jueves, 1 de agosto de 2019 -

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