Ante la actual situación de crisis que atraviesa la Universidad de El Salvador generada por la perpetración del reciente fraude electoral, la imposición de autoridades en la distintas facultades desde Asamblea General Universitaria, la represión brutal a la protesta pacífica y la persecución que están sufriendo muchos y muchas compañeras universitarias surge la Plataforma Amplia por la Reforma Universitaria y contra la Corrupción como un instrumento participativo amplio que aglutina universitarios de diferentes facultades en sus 3 principales actores en el proceso educativo universitario como son el estudiantil, docente y trabajador administrativo, indignados y en pie de lucha ante las evidentes prácticas de corrupción que están causando un daño mortal a la Universidad de El Salvador.

La indignación ante el proceso fraudulento y descarado se ha visto materializada en protestas, concentraciones, plantones que se viven a diario en la UES desde el pasado 18 de octubre, desde entonces se han realizado protestas pacíficas de la Facultades de Ciencias Naturales y Matemática quienes fueron desalojados y reprimidos brutalmente por al menos 50 encapuchados ante lo cual las autoridades no se han pronunciado y la facultad de Medicina que sigue en protesta pacífica hasta la fecha.

Ante estas manifestaciones legítimas y pacíficas, hemos podido constatar dos cosas:

1. Las prácticas represivas, violentas e ilícitas que se están realizando en la universidad en complicidad con las autoridades que guardan un silencio condenable evidenciando su respaldo a grupos de sujetos armados, que están atentando contra la integridad física y contra la vida de estudiantes, docentes y trabajadores.
2. La solidaridad de los amplios sectores que por años han estado aislados y atemorizados con esas prácticas difamatorias y violentas que realizan detrás de unas capuchas o de perfiles falsos, violando la Ley Orgánica de la UES y la Constitución de la Republica. En los primeros días de este gobierno universitario, han dejado ver que la persecución y la represión van a ser parte de los métodos de gobernar en esta casa de estudios, aclaramos que no pertenecemos ni somos influenciados por ningún partido político y que rechazamos el manoseo que históricamente estos han hecho a la universidad.

Nosotros, consideramos que Autónoma es aquella universidad donde sus estudiantes, profesores y trabajadores son los que eligen a sus gobernantes y definen su funcionamiento interno, libres de injerencias partidarias, estatales, religiosas o financieras

Una universidad es autónoma cuando existe en ella libertad de cátedra y de manifestación política, social y cultural. Lejos de esto, lo que estamos viviendo pareciera ser la instauración de una dictadura arropada con un discurso legalista que y que usa la autonomía para encubrir su corrupción y que muestra una cara conciliadora ante la opinión publica pero que por otro lado reprime y persigue en secreto y abiertamente a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta pacífica.

Nuestros objetivos de fondo son luchar una reforma a la ley orgánica en el reglamento electoral que retire a la Asamblea General Universitaria esa potestad que tiene desoír y pisotear la voluntad en las urnas de los diferentes sectores Universitarios e imponer autoridades que han perdido las elecciones, todo esto en base a sobornos, clientelismo, pago de favores y en detrimento de la misma universidad por tanto también es una de nuestras banderas de lucha la erradicación de la corrupción en la UES.

Como Plataforma Amplia acuerparemos y protegeremos legal y personalmente a aquellos sectores que bajo este ideal se incorporen a nuestra lucha y responsabilizamos de cualquier represalia al rector Roger Arias.

ANTE LA SITUACION EXPUESTA EXIGIMOS:

1- Impugnación de los resultados electorales y respeto a la voluntad de la mayoría.

2- La expulsión de esos personeros de la corrupción y la represión al interior de la UES

3- Reforma a la legislación universitaria en el reglamento electoral que garantice transparencia y respeto por las decisiones de la mayoría de universitarios, derecho a voto de los trabajadores y eliminación del derecho a voto del sector profesional no docente.

4- Que el sr. Roger Arias haga su trabajo y exija a sus decanos cumplir con los acuerdos pactados en presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

5- Que el señor rector Roger Arias se pronuncie ante las amenazas a estudiantes, ante el hecho de agresión publicado en redes en video donde alrededor de 50 sujetos armados con pistolas 9 mm y explosivos desalojaron una huelga estudiantil en la Facultad de CCNN y Matemáticas, que se pronuncie ante la fuga de información privada desde la académica central y posteriormente publicada, desde paginas "anónimas” donde se expone la identidad de estudiantes de la Facultad de Medicina que han ejercido su legítimo derecho a la protesta.

6- Que se actué de inmediato con todo el peso de la ley ante los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y amenazas a estudiantes, docentes y trabajadores, que han estado sucediendo posteriores a las elecciones.

Los universitarios exigimos el respeto a la libertad de expresión social, política y cultural. Queremos elegir a nuestros representantes, autoridades y docentes y que nuestra elección sea respetada.

Aspiramos a una universidad que nos garantice, no solo el acceso a la educación superior, son las posibilidades de concluirlos, para esto necesitamos del bienestar estudiantil y no de un grupo de corruptos mafiosos que regalan o venden plazas y buenos puestos de trabajo, en los cuales, se gastan el 80% del presupuesto destinado a la UES.

La universidad no puede ser ya más el hogar del crimen organizado. No es secreto para Nadie la complicidad que tienen las autoridades con estos grupos de poder que agreden y amenazan a los estudiantes disidentes con publicar la información personal que solo está en la Administración Académica Central a través de perfiles falsos. Con lo que una vez más, demuestran la forma represiva e ilegal de imponer a las personas afines a esta estructura de corrupción que, para dichas elecciones, fue nombrada como "SOMOS UES”, que agrupa a todos los personeros de la corrupción.

Posterior a las fraudulentas elecciones de octubre del 2019, vemos ante nuestros ojos, como se instaura la dictadura de este grupo por 4 años más, por lo que, como sectores universitarios no podemos solucionar, apelando a las instituciones internas de la universidad que han sido corrompidas y por ello apelamos a las instituciones estatales y a la solidaridad de las organizaciones sociales y sindicales, a que nos unamos en este esfuerzo amplio de rescate a la Universidad de El Salvador

La UES es la única universidad pública de El Salvador y alberga en su seno a miles de jóvenes de todo el país hijos de trabajadores del campo y la ciudad quienes a su vez sostienen la universidad con el pago de sus impuestos por ello hacemos el urgente llamado al pueblo salvadoreño a asumir juntos el compromiso de rescatar la Universidad de las garras de esta mafia corrupta que la tiene secuestrada al mismo tiempo hacemos el llamado a otras universidades del mundo a solidarizarse con nuestra lucha por una mejor universidad.

Solicitamos a la presidencia de la república, a los ministros de educación, y seguridad, a la Fiscalía, y a la PDDHH, tomen cartas en el asunto, pues, la autonomía no puede seguir siendo manipulada para blindar una estructura de corrupción que le está haciendo un daño mortal a la única universidad pública de El Salvador.

Vamos a seguir denunciando enérgicamente todos estos atropellos a la dignidad de los estudiantes y a la institucionalidad misma el tiempo que sea necesario.

Ciudad Universitaria, 6 de noviembre de 2019

¡LA UES NO SE VENDE!

¡A MAS REPRESION MAS LUCHA!

El paquetazo de reformas constitucionales fraguado entre la Concertación, el Ejecutivo de Cortizo y el Legislativo ha sido derrotado por la movilización juvenil y estudiantil. Ha sido derrotado porque las movilizaciones constantes, pese a la represión y las amenazas, lograron que la mayoría de la ciudadanía comprenda su carácter ilegítimo y antidemocrático. El rechazo al paquetazo constitucional es general y abarca todo el país.

Pero que haya sido derrotado no significa que esté muerto. El gobierno del PRD, la Asamblea, la Concertación, con el apoyo de los gremios empresariales y los medios de comunicación, mantienen en pie el cadáver del paquetazo de reformas constitucionales que de todos modos quieren imponerle al pueblo panameño.

Como la represión, las amenazas y las mentiras para imponer sus reformas inconsultas fracasaron, ahora el gobierno muy hábilmente de Laurentino Nito Cortizo ha ideado su “plan B”, que consiste en hacer creer al pueblo de que existe una “reforma mala”, la de los diputados, y una “reforma buena”, la de la Concertación. Falso. La Concertación carece de legitimidad para reformar la Constitución Política además de que todo lo que hizo fue inconsulto al pueblo panameño.

Cortizo pretende hacer ver que “sacando” parte de las reformas propuestas por los diputados y quedándose con el grueso de lo propuesto por la Concertación se salva el paquetazo y, con el apoyo de empresarios, medios de comunicación y partidos de la “oposición” hacerle tragar al pueblo su medicina de reformas totalmente antipopulares e ilegítimas.

A lo que suma la jugada que siempre sale en momentos críticos de movilización popular: “el diálogo”. El “diálogo” que consiste en sentar a los que muerdan el anzuelo de los jóvenes movilizados, junto con jóvenes del PRD, sectores empresariales de la Concertación, la Cámara de Comercio y la APEDE y hacerles creer que, con un par de sugerencias han “blanqueado” el paquetazo. De esta forma confunden y dividen el movimiento, como ya intentaron el miércoles 6 de noviembre con jóvenes del PRD infiltrados en la plaza 5 de Mayo, lo que fue denunciado por la juventud que se ha mantenido luchando en las calles.

El Polo Ciudadano señala con firmeza y reitera que:

No hay dos reformas, una buena y otra mala. El paquetazo de las reformas constitucionales en su conjunto es ilegítimo, antidemocrático, inconsulto y contra los intereses populares por su contenido.

Frente a la trampa del “diálogo”: seguimos en la lucha por una Asamblea Constituyente originaria, electa democráticamente, con participación del pueblo panameño en todas sus expresiones: jóvenes, indígenas, mujeres, trabajadores y trabajadoras, afrodescendientes, etc.

Panamá, 9 de noviembre de 2019.

Polo Ciudadano

Dos semanas de movilizaciones, empezando desde la gran marcha universitaria, seguida masivas y combativas movilizaciones estudiantiles y juveniles autoconvocadas no dejan lugar a dudas: la juventud y el pueblo rechazan el paquetazo de reformas constitucionales que pretende meter la Asamblea Legislativa en contubernio con el Ejecutivo y los sectores empresariales de la Cámara de Comercio y APEDE.

Para repudiar estas reformas constitucionales antidemocráticas y antipopulares se han presentado masivamente ante la Asamblea: todos los estamentos de la Universidad de Panamá, y de otras universidades públicas como UTP; sindicatos obreros, desde CONATO a CONUSI; gremios profesionales; y, sobre todo, jóvenes, estudiantes universitarios, incluyendo de universidades privadas como la USMA, y estudiantes de secundaria.

Las movilizaciones han alcanzado las capitales de provincia, como David, Santiago, Penonomé y Las Tablas en las que los más diversos sectores populares y juveniles han dicho claramente: ¡No a las reformas inconsultas!

Los protagonistas han sido los jóvenes, que han acudido a las calles no solo a repudiar las reformas, sino a exigir respeto por la diversidad de identidades culturales y de género del país, ante los insultos de diputados carentes de las mínimas reglas de urbanidad y educación. Frente al atraso cultural, el irrespeto, los insultos y la chabacanería de diputados que parecen y actúan como maleantes, cuyos actos cuestionan sus valores morales mostrando su verdadera cara, LA JUVENTUD PANAMEÑA ESTÁ DANDO LECCIONES DE CIVISMO, DEMOCRACIA Y DIGNIDAD.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? La represión dura y pura. Gases, perdigones, apaleamientos, arrestos y encausamientos judiciales. Pero la represión no ha atemorizado, sino todo lo contrario, ha servido de acicate a la movilización porque, como dicen los jóvenes: ¡Somos más y no tenemos miedo!

La noche del 1 de noviembre, cuando se rumoraba en los medios que el presidente Laurentino Cortizo haría un discurso para suspender el paquetazo y convocar una Constituyente, la decepción fue generalizada. Cortizo es incapaz de salir de los eslóganes electorales, las frases vacías que esconden el carácter profundamente antipopular de su gobierno.

Pueblo panameño: ¡LA LUCHA SIGUE! La lucha sigue hasta derrotar el paquete de reformas constitucionales que es ilegítimo, porque lo produjeron dos organismos que carecen del mandato popular para esa tarea: la Concertación y la Asamblea Legislativa.

La lucha sigue porque las reformas son inconsultas, el pueblo quiere una mayor participación. La lucha sigue porque las reformas son antipopulares, porque lesionan los ya magros derechos democráticos y sociales del pueblo panameño. La lucha sigue porque no cambian la esencia corrupta y antidemocrática del régimen político panameño.

Panamá, 2 de noviembre de 2019.

Polo Ciudadano

Las organizaciones sindicales y el sector laboral del sector público (órganos de estado alcaldías entidades autónomas y semiautónomas), AL PUEBLO en general HACEN SABER:

I- Rechazamos las pretensiones de la clase política de aprobar el Anteproyecto de Ley de Servicio Público (en adelante ALSP), impulsado por los Gobiernos del FMLN y ARENA, en alianza con algunos partidos políticos, las organizaciones "civiles" y las del gran capital salvadoreño y transnacional (autodenominadas "tanques de pensamiento”). Nuestra denuncia y rechazo se justifican porque con el ALSP, se estarían pisoteando los derechos laborales y las garantías sindicales que se encuentran en: la Constitución de la República, los convenios internacionales ratificados por el Estado de El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las leyes nacionales vigentes.

II- En el Artículo 315 del referido ALSP, claramente se pretende derogar todo el régimen legal vigente del sector laboral público, en tanto que se afirma “A partir de la vigencia de la Ley quedan expresamente derogados:

“. ... Ley de Servicio Civil... Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos No Comprendidos en la Carrera Administrativa ... Ley de Asuetos. Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos ...Ley Sobre la Compensación Adicional en Efectivo ...El artículo 83 de las Disposiciones Generales de Presupuestos ... además ... todas aquellas leyes, reglamentos o disposiciones .. que contradigan lo estipulado en esta Ley...". Por si esto fuera poco, la pretensión legislativa va más allá, al poner candado de la siguiente manera: “La presente Ley por su carácter especial prevalecerá sobre cualquier otra que se le oponga o contraríe; para modificarla o derogarla deberá hacerse mención expresa a ésta”.

III- Que el propósito de aprobar el referido ALSP, es promover la disolución de instituciones, suprimir plazas y eliminar los derechos laborales más básicos, tales como: la estabilidad laboral (Art. 12 lit. d, 128 y 130 del ALSP), recibir el salario en moneda de curso legal (Art. 87 incisos 1 y 2 ALSP contradice el Art. 38 ordinal 4° Cn), traslados con previo consentimiento (Arts 117 - 123 del ALSP), el derecho al trabajo de la mujer embarazada, de la mujer lactante y de las personas con licencia por enfermedad o accidente (Art. 106 del ALSP).

IV- El Derecho Laboral, por su origen v naturaleza, debe ser siempre tuitivo y progresista Las disposiciones de los códigos de trabajo y leyes de servicio civil, deben fundamentarse siempre en principios orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y sus familias, como aparece regulado en el Articulo 38 de la Constitución de la República. Los derechos de la gente trabajadora del sector público, serán gravemente afectados al ser derogada la Ley de Servicio Civil, pues se estaría ignorando y desconociendo la declaratoria de inconstitucionalidad (Referencia 28-2013, emitida el 4 de noviembre de 2015), en la que se establece que la totalidad de personas que trabajan en el sector público mediante contrato, gozan de la protección de la Ley de Servicio Civil, y con ello, también gozan de la estabilidad laboral respectiva. La gravedad de tal derogatoria se evidencia en que, además de pretender sustituir al Tribunal de Servicio Civil por un Tribunal de Servicio Público, se busca eliminar a las Comisiones de Servicio Civil, para instaurar las Comisiones de Servicio Público, en cuya integración, el sector laboral va no podrá elegir a sus representantes

V- La propuesta de la clase trabajadora del sector público está orientada a fortalecer y perfeccionar la Ley de Servicio Civil, a través de una reforma, presentada a la Asamblea Legislativa el pasado lunes 19 de marzo de 2018. En tal sentido, hacemos pública nuestra exigencia a las y los diputados a que RESPETEN LOS DERECHOS MÁS ELEMENTALES (laborales y socioeconómicos), ya reconocidos en la Constitución de la República (Arts. 37 - 52, 218, 219, 235 y 246) que cada tres años juran cumplir y hacer cumplir, así como en los convenios internacionales ratificados por el Estado de El Salvador ante la OIT.

Ante toda esta situación de amenaza de aprobar la meta seis de Fomilenio II Función Pública, y ahora Anteproyecto de Ley de Servicio Público), las organizaciones sindicales y la clase trabajadora salvadoreña en general, MANIFESTAMOS.

1- Nuestro rechazo total a los anteproyectos de la Lev de la Función Publica y el actualmente propuesto como Anteproyecto de Ley de Servicio Público y todos sus precedentes nefastos.

2- La necesidad de democratizar el Tribunal de Servicio Civil, en el sentido de que se exige la representación del sector laboral público de forma igualitaria, y que ese tribunal sea depurado

3- La urgencia de resistir y luchar para detener la PRIVATIZACIÓN del Estado, los municipios y las autónomas, promovida a través del referido anteproyecto, presentado a la Asamblea Legislativa el 6 de diciembre de 2017 por el Ministro de Gobernación del Presidente Sánchez Cerén. en obediencia a las órdenes de los organismos financieros internacionales

4- El CESE de la clase política en impulsar el modelo neoliberal, que continúa aniquilando las reivindicaciones y los derechos que han sido conquistados a lo largo de las luchas laborales.

5- A los grupos hegemónicos, como los partidos políticos, que han presionado y promovido el endeudamiento público de nuestro país -ahora enfrentados a la justicia por incapacidad, corrupción, tratos fraudulentos y amañados.

6- A las y los trabajadores públicos, deben saber que estas "recetas” económicas -como los anteproyectos de LFP y LSP- han generado consecuencias para los pueblos de todos los países en los que tienen injerencia directa los organismos financieros internacionales

7- Por último, hacer un llamado a la ciudadanía en general, a la clase trabajadora (en todos sus estamentos) a estar pendientes del llamado a HUELGA GENERAL de ser aprobado el referido anteproyecto. Así mismo, la posibilidad de continuar con el castigo electoral contra los partidos políticos que den sus votos para tal aprobación.

LA GLOBALIZACIÓN Y EL NEORIBERALISMO SON LOS GENOCIDAS MÁS RESPETADOS DEL MUNDO, NO DEJEMOS QUE NOS MATEN TOMEMOS LOS EJEMPLOS DE LOS PUEBLOS COMO CHILE, ECUADOR ETC.

¡Que viva la Clase Trabajadora de El Salvador

VIVA LA CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES SALVADOREÑA Y ORGANIZACIONES HERMANAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES SALVADOREÑOS (CNTS)