El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, SIMEDUCO, ante los Medios de comunicación: Radiales, Televisivos, Escritos y Electrónicos; al Magisterio Nacional; al pueblo salvadoreño y la Comunidad Internacional, Informa:

Que este día, nos encontramos protestando ante las oficinas administrativas del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), después de haber agotado la vía del diálogo con los miembros del Consejo Directivo de este instituto y haber caído en un punto muerto, en el sentido de no ser escuchados y atendidos en nuestras demandas, tanto por la Ministra de Educación, como por el señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez.

Advertimos que intensificaremos nuestras acciones de protesta, hasta lograr que se cumplan nuestras demandas y que se nos devuelva lo robado.

1- Exhortamos al señor Presidente de la República, destituya, inmediatamente, a la Presidenta del ISBM Licenciada; Silvia Azucena Canales Lazo, por promover acciones de odio y desprecio contra el Magisterio Nacional, ya que la gestión desarrollada al frente de esta institución, es la más pésima para el Magisterio en los últimos 12 años, pues tiene en total abandono la atención a la salud de los docentes.

2- Exigimos el reinstalo inmediato del Dr: Jorge Avelino González Montenegro, quien se ha desempeñado en la institución por más de 15 años, con dedicación y esmero en el acompañamiento al Magisterio Nacional en los problemas de salud, y de la Licda. Magdalena Elizabeth Rivera de Hernández, quien se ha destacado como administradora de este instituto y que goza de medidas cautelares, dictadas por la Corte Suprema de Justicia, ambos trabajadores han sido destituidos, arbitrariamente, bajo la figura mal llamada de “pérdida de confianza”.

3- Demandamos se revoque el acuerdo de creación de la nueva Subdirección de Operación y Logística y con ella la contratación de 21 empleados, que representa un gasto innecesario de casi medio millón de dólares, pagado con las cotizaciones de los maestros.

4- Exigimos a los Diputados de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, agilizar el proyecto de reformas a la Ley del ISBM, para que se reestructure la conformación del Consejo Directivo de este instituto, garantizando una justa representación de los Docentes.

Junta Directiva de SIMEDUCO

San Salvador 24 de febrero de 2021

A la comunidad estudiantil y población en general, hace saber:

I. El Colectivo Estudiantil Universitario -CEU- es una institución sui generis, producto de un proceso democrático asambleario iniciado en los primeros meses del año dos mil diecinueve, al calor de las primeras intentonas del Rector Murphy Olympo Paiz Recinos, en acelerar el proceso de privatización de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su realce lo tuvo al ser el impulsor de la Toma nacional de dicha casa de estudios en el año dos mil diecinueve, y que puso en descubierto el nivel de crisis en que yace nuestra Universidad.

II. Como parte de la agenda y trabajo propio del Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, se ha expresado un frontal rechazo al incremento de la DEUDA PÚBLICA y a la instrumentalización de nuestra Universidad para propiciarlo, lo cual nos ha hecho manifestar nuestra Inconformidad con un Préstamo por $120 millones (unos Q926 millones) del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- , por carecer de las garantías legales mínimas que permitan su correcto uso y fiscalización; lo que significa un escenario perfecto para la corrupción.

III. Derivado de lo anterior, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el día diez de septiembre del año dos mil veinte, materializaron la Toma del Edificio de Rectoría y, el día diecisiete de septiembre del mismo año, la Toma del Edificio de Dirección General de Administración -DIGA-, ambos ubicados en el Campus Central de dicha casa de estudios superiores; con el fin de visibilizar la problemática.

IV. Cabe resaltar que la toma de los Edificios no fue realizada bajo la dirección o acuerdo del Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, sino por estudiantes que concuerdan con los temas de interés que hasta la fecha han sido tratados por éste, pero que actúan de forma independiente; razón por la cual, y en concordancia con la naturaleza de dicho Colectivo, se resolvió acuerpar y acompañar en los procesos de diálogo y negociación, con el fin de proteger y salvaguardar la identidad de los partícipes. Esto explica por qué es bajo el nombre del Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, que las peticiones son enunciadas y se hace uso constante de la página oficial para informar sobre la situación; así como en páginas de otras agrupaciones que han acuerpado y participado en dicho proceso.

V. Es necesario hacer de conocimiento que una de las personas que acuerpó y ejerció la representación de los estudiantes en Toma, mismo que pertenece al Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, ha remitido un memorial al Consejo Superior Universitario, haciendo de conocimiento que la representación que le fue delegada, y con la cual participó en la Mesa de Diálogo y Negociación, ha llegado a su fin. Sin embargo, su participación asesorando o aconsejando a quienes formen parte del proceso de Toma, es una decisión particular y que en nada debe tomarse como una decisión o participación del Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, que se limitará, si así le parece pertinente, a informar a la población estudiantil y prestar sus correos para los casos requeridos.

VI. En consecuencia, el Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, no puede ni debe adjudicarse actos, hechos o victorias, que le corresponden a quienes han sostenido la Toma de los edificios, pues su función ha sido consecuente con sus ideales y ha buscado salvaguardar la identidad y dinámica propia de los estudiantes en resistencia. Nos avergüenza el constante ataque mediático y legal propiciado por el Rector Murphy Olympo Paiz Recinos y el Consejo Superior Universitario, quienes, en una clara desvalorización y anulación de la Identidad y luchas de estudiantes independientes, pretenden responsabilizar y desprestigiar al Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, haciéndolo ver como el responsable y director de las Tomas.

VII. Tras casi cinco meses de Toma de edificios, los estudiantes han sido objeto de un malicioso letargo en el proceso de Diálogo y Negociación por parte de las autoridades Universitarias, procesos disciplinarios sin sustento jurídico y, por tanto, de violación manifiesta de Derechos Humanos legalmente constituidos.

Asimismo, ante los procesos de investigación que realiza la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público, contra el exrector y ahora representante de Catedráticos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ante el Consejo Superior Universitario, señor Carlos Estuardo Gálvez Barrios, donde se allanaron oficinas en el edificio de Rectoría; posteriormente, los estudiantes fueron vulnerados al ejecutarse el allanamiento.

Inspección y reconocimiento judicial en ambos edificios tomados, bajo una orden girada por el Juez Maynor Mauricio Moto Morataya. mismo que también es investigado por la misma Fiscalía descrita, ingresando a los mismos espacios donde hacia unas semanas la FECI realizó allanamientos. Es menester mencionar que ambos eran participantes en procesos de elección para ostentar la Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, y ambos tienen como enemigo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-. por lo cual no se descarta la posibilidad de un pacto entre ambos, con el objeto de obstruir o deslegitimar las diligencias de investigación que realiza esta fiscalía.

VIII. Asimismo, hacemos de conocimiento público, que la crisis relacionada a los Servidores del Departamento de Registro y Estadística, no es derivado de las Tomas; discurso que demuestra, una vez más, la forma en que las autoridades de turno pretenden esconder su notoria mediocridad y desinterés, tanto en solventar la ocupación de los edificios tomados, como en adquirir el equipo acorde a las necesidades de los estudiantes. Recordamos a las autoridades Universitarias que es preferible invertir en academia y equipo que resguarde la información de miles de estudiantes, que despilfarrar dinero público en jardines o espacios comerciales, que en nada resuelven los problemas que aquejan a los universitarios desde hace décadas.

IX. Instamos a las autoridades Universitarias a iniciar cuanto antes el proceso de Diálogo y Negociación, con una Comisión integrada con miembros del Consejo Superior Universitario y la mediación del Procurador de los Derechos Humanos -PDH-, a efecto de darle un pronto término a esta situación; en su defecto, se sirvan resolver sin más trámite la no represalias y el cese de los procesos disciplinarios que hasta la fecha han resultado en meras especulaciones sin pruebas y sin criterios que demuestren los extremos que se argumentan como su causa.

"UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITA'’

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Guatemala, lunes 01 de febrero de 2021.

Colectivo Estudiantil Universitario (CEU)

La culpa de la enorme ola de contagios y muertes por COVID-19 es del gobierno y las cúpulas empresariales por privilegiar los negocios sobre la salud pública

Las cifras de expansión del virus de la COVID-19 en Panamá han alcanzado niveles críticos, convirtiéndonos en uno de los países del mundo con peor situación, pese a nuestra relativa escasa población, de 4 millones de habitantes. Hemos llegado a los últimos días de diciembre de 2020, con más de 40,000 casos activos de la infección, lo que implica que el 1% de la población porta el virus activo en este momento.

A inicios de la última semana del año, quienes han padecido la enfermedad superan las 230,000 personas, es decir, casi el 6% de la población la ha padecido a lo largo de 10 meses. La semana de las Navidades el promedio de casos por día se acercó a los 2,700, con 45 hospitalizados diarios y un promedio de muertes de 39 casos por día. Antes de acabar el año habremos superado los 4,000 fallecimientos por COVID-19 desde que empezó la epidemia, es decir, el 0.1% de la población.

Una buena parte, tal vez la mayoría, de estos contagios y muertes se hubieran podido evitar si el gobierno del PRD-Cortizo no hubiera cedido al chantaje de los gremios empresariales, que exigieron desde octubre que no se volviera a medidas de restricción de movilidad, cuarentena y cercos sanitarios. Para las cúpulas empresariales había que poner los negocios por encima de la salud pública y el gobierno les obedeció.

El MINSA, para complacer los negocios, en vez de fortalecer la política preventiva y la atención primaria se la jugó todo a ampliar la cantidad de camas y “catres” en los hospitales, con lo cual asumían como un hecho lo que está pasando: una segunda ola peor que la primera.

Es una vergüenza que un país que se jacta de poseer una de las “mejores economías” del continente tenga estas cifras tan altas de infección, lo que prueba: la alta desigualdad social, la concentración de la riqueza en pocas manos, el sacrificio de la salud pública en beneficio de los grandes capitalistas y banqueros. 

Ante la enorme crisis de salud que tenemos en este momento, el MINSA ha tenido que asumir las dos únicas medidas razonables que caben: la vuelta a la cuarentena y la solicitud de auxilio de los médicos cubanos. Pese a la gravedad de la crisis de salud pública, hay sectores de derecha y empresariales que se siguen oponiendo a esas medidas mínimamente razonables. 

El Polo Ciudadano saluda la llegada de los médicos cubanos y agradece el apoyo que dan a nuestro pueblo en este difícil momento, a la vez que señala que la cuarentena y las restricciones de movilidad son medidas coherentes para frenar los contagios hasta que lleguen las vacunas.

Pero el Polo Ciudadano también advierte al gobierno que no se puede decretar la cuarentena y el cierre de la economía sin destinar los recursos para la manutención de las familias, especialmente de las infectadas y de quienes se han quedado sin ingresos; que ya basta de que el gobierno destine miles de millones al pago de la deuda pública, para beneficio de los banqueros, mientras el país carece de los recursos para combatir la pandemia, los hospitales están sin insumos y no se le paga a tiempo al personal de salud.

Para el Polo Ciudadano, restringir la movilización a nivel nacional por la cuarentena total decretada, y no hacer efectiva esas mismas restricciones en el Aeropuerto Tocumen, es lo mismo que nada, ya que por esa vía el virus del COVID-19 sigue entrando al país. Como de hecho ocurrió durante la primera gran ola de contagios.

Frente a la situación actual, Polo Ciudadano exige: moratoria de la deuda pública mientras dure la pandemia; todos los recursos necesarios a la salud pública; un bono solidario de B/. 500.00 que alcance para la canasta básica; un plan gubernamental de emergencia que cree directamente empleos; basta de poner y despilfarrar plata en manos de empresarios que la acumulan sin crear fuentes de trabajo.

 POLO CIUDADANO (PO)

Panamá, 29 de diciembre de 2020.

El Frente Pro Constituyente Originaria rechaza el “Diálogo por el Bicentenario” convocado por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, el 26 de noviembre pasado.  

Consideramos que el mismo no va dirigido a resolver los principales problemas que agobian al pueblo panameño, a pesar de su lema: “Cerrando Brechas” y los 11 temas predefinidos para desarrollarlo, dejando por fuera los temas de la seguridad social y de los cambios constitucionales.  

Todo lo contrario, a través de un título rimbombante y demagógico y una publicidad millonaria y engañosa, el gobierno de turno busca distraer la atención de los conciudadanos para reencaucharse en el ejercicio del poder político, luego de transcurrido un año de acelerado desgaste y descrédito ante la población producto de los escándalos de corrupción en que ha estado envuelto, a pesar de que se trata de los momentos más críticos en materia de salud y desempleo vividos en los últimos 100 años.

Se pretende desmovilizar a la población que ha acudido a las calles, por diversas razones, a reclamar sus derechos, ya sea de manera espontánea o a través de sectores organizados.  Desde el rechazo de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno, a pocos días de su toma de posesión; hasta las protestas realizadas en pandemia, por reclamos de distribución más equitativa de bolsas de comida y bonos solidarios o de su aumento suficiente para cubrir necesidades básicas; por pago de salarios y dotación de insumos sanitarios a personal de salud; por demandas reivindicativas laborales diversas.

Asimismo, tal estrategia va dirigido a mediatizar la salida de una Constituyente Originaria ampliamente representativa y que garantice la real participación ciudadana, como mecanismo de atacar los principales males que padecemos como sociedad y caminar hacia un pacto social que refunde la República, planteamiento del que se venían haciendo eco vastos sectores y personalidades del país.

La metodología y participación en el supuesto Diálogo fueron diseñadas desde el Ejecutivo, de arriba hacia abajo, en función de los intereses de sectores económicos resguardados por el Ejecutivo, favoreciendo la manipulación a través de la plataforma virtual Ágora y mediante supuestas mesas regionales y una mesa nacional de discusión, todo lo cual, de salida, le resta credibilidad y autenticidad.

La participación en Ágora  es excluyente e ilusoria, pues la misma se define en función de que cada persona que desee ingresar a la plataforma presente “su propuesta”, a modo de un “buzón de sugerencias”, debilitando y diluyendo las voces y la trayectoria de los sectores organizados de este país, sujeta a una selección de una comisión también escogida unilateralmente, que evalúa su “viabilidad científico-técnica”.  La tecnología es una herramienta que debe potenciar la inclusión de toda la población, no anularla.  Además de que Ágora excluye la participación de quienes no tienen acceso a internet, por la gran brecha tecnológica existente en el país, sobre todo, en el área indígena.

Por otro lado, el Consejo Consultivo, que es el ente rector del cumplimiento de la metodología y los acuerdos del diálogo, está conformado por 21 personas, quienes representan fundamentalmente a partidos políticos tradicionales y sectores empresariales, además de ser 81% varones, ignorando el principio de paridad universalmente reconocido.

La celebración del Bicentenario de la República no debe dejarnos ese sabor amargo de haber perpetuado a través de un “diálogo de yo con yo”, un sistema desigual, de máxima concentración de las riquezas y del poder político, de privatización de servicios públicos, de legitimación del status-quo, sobre la base de  una cada vez más creciente exclusión de la población, tal como aconteció con la Grecia y Roma esclavistas, donde los ciudadanos “libres” que departían en el “Ágora” o “Foro Romano”, gozaban de “democracias” construidas con el sudor esclavo.

Panamá, 10 de diciembre de 2020.

Raúl González, Defensor de los Universitarios de la Universidad de Panamá

Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE)

Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social (AECSS)

Asociación de Estudiantes Ngäbe-Buglé de la Universidad de Panamá (AENBUP)

Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)

Ciudadanos Unidos por la Constituyente (CUCO)

Caos

Congreso General Ngäbe-Buglé y Campesinos

Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL)

Evolución Ciudadana

Juventudes Revolucionarias de Panamá

Movimiento de la Juventud Popular (MJP)

Movimiento Político Patria

Panamá Anticorrupción

Partido del Pueblo

Pensamiento y Acción Transformadora (PAT)

Polo Ciudadano

Propuesta Socialista

Servicio de Paz y Justicia en Panamá (SERPAJ-Panamá)

Sindicato de Trabajadores de la Coca Cola y Cervecería Nacional (SITRAFCOREBGASCELIS)

Sociedad Civil Ngäbe-Buglé y Campesino

Unión Nacional de Mujeres Panameñas (UNAMUP)