El 1 de julio de 2019 toma posesión el nuevo presidente, Laurentino “Nito” Cortizo, alcaldes, representantes y diputados de la República. Mayoritariamente del PRD. Ningún Gobierno post invasión ha concentrado tanto poder como el entrante, con mayoría en la Asamblea, con la posibilidad de nombramiento de magistrados en la Corte Suprema de Justicia e incluso ex miembros del PRD en puesto claves del aparato estatal, como en el Canal de Panamá. Tienen el control de los tres poderes del Estado y las condiciones para dominar la arena política. Lo cual se afianza con los últimos nombramientos en el aparato represivo del Estado.

El Gobierno saliente, con Juan Carlos Varela, el cual lleva diez años, primero como vicepresidente, y en el último quinquenio como presidente de la República. Estos últimos cinco años han sido caracterizados como “lánguidos”, también marcados por la corrupción igual que con el otrora Gobierno de Ricardo Martinelli. En las últimas semanas se han acelerado las compras directas y las licitaciones de forma sospechosa, tanto así que, la actual ministra de Economía renunció a escasos días de terminar su mandato.

En la transición de Gobierno la tensión empezó por la poca transparencia de las finanzas públicas. El vice presidente entrante ha señalado en reiteradas ocasiones el hueco financiero de más de mil millones de dólares. Eso, sin duda, será un déficit para el Gobierno entrante. El problema es quién pagará el déficit, ¿los pobres y sus programas de ayudas sociales o los ricos subsidiados con exoneraciones fiscales y la evasión?

Sin duda el tema de los impuestos es central, pero la pregunta debería ser ¿A quién se le tiene que subir los impuestos? Las clases sociales menos favorecidas no pueden cargar con los impuestos. Los grupos de poder económicos manipulan las leyes a su conveniencia para pagar menos impuestos, mientras generan ganancias privadas.

Cortizo también encarará otros problemas que despiertan crispación social como lo relacionado a la Caja de Seguro Social, los impuestos, subsidios y la reforma a la Constitución. En este quinquenio no se puede patear la bola hacia adelante, con respecto a la Caja de Seguro Social, esta amerita cambios profundos, donde se garantice el bienestar social, sin aumentar las cuotas ni la edad de jubilación.

La Constitución es el tema de mayor envergadura. Sobre este aspecto exigimos una nueva Constitución mediante la elección de una Asamblea Constituyente, en la cual el pueblo esté realmente representado. Repudiamos el método antidemocrático de reformar la Constitución en base a la propuesta inconsulta de la Concertación, pasada por dos períodos de la nueva Asamblea de diputados.

El Gobierno entrante se autodenominó como “El Bueno Gobierno”, sin embargo, no existe ninguna garantía que sea tal, sino todo lo contario. El PRD lleva 10 años fuera del poder. Se acomodan a las circunstancias, como, por ejemplo: nombrando a los diputados no electos en puestos como gobernadores. El PRD es igual que todos del sistema de partidos, marcados por la corrupción y el neoliberalismo como su eje rector.

Este sistema de partidos lleva 29 años operando, y fue impuesto en medio de la invasión del 20 de Diciembre de 1989. No ha cambiado nada, hacen reformas cosméticas y alianzas variopintas para mantenerse usufructuando al Estado. Otra vez inicia un nuevo Gobierno y es la oportunidad para despertar conciencia crítica. De lograrse una cohesión del movimiento social y popular, en esta coyuntura, podría encarar de forma consistente las políticas neoliberales del nuevo Gobierno.

Panamá, 29 de junio de 2019

Polo Ciudadano (PC)

Como docentes de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA-UNAH) a la comunidad universitaria y la sociedad hondureña, manifestamos:

Considerando la grave crisis de gobernabilidad que afecta a nuestro país, incrementada por el rompimiento del orden constitucional desde el Golpe de Estado de 2009, que mantiene sumida a la población en un marcado deterioro de las condiciones de vida con altos niveles de violencia, corrupción, impunidad, violación de derechos humanos, concentración de poder y saqueo de las instituciones estatales.

Considerando que es deber de la comunidad universitaria velar por el respeto a la UNAH como institución autónoma, rectora de la educación superior (artículo 160 de la Constitución de la República); asimismo salvaguardar la segundad de todos sus miembros en apego a los principios de la IV Reforma.

Considerando los hechos inaceptables ocurridos el lunes 24 de jumo de 2019 en Ciudad Universitaria cuando agentes armados del Estado, en clara violación a la autonomía universitaria, los derechos humanos y acuerdos internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza, incursionaron y dispararon armas de fuego de uso exclusivamente militar.

1. Denunciamos la invasión al recinto universitario y el cruento ataque desproporcionado contra estudiantes, que resultó en cinco jóvenes heridos de bala o esquirlas.
2. Rechazamos la constante criminalización y levantamiento de perfiles de jóvenes estudiantes en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión pública y la protesta.
3. Instamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos para que reconozcan la indefensión en que se encuentra el pueblo hondureño, dada la inacción de los entes estatales para garantizar el derecho de petición y de protesta pacífica.
4. Alertamos a la comunidad universitaria sobre el riesgo de una escalada de violencia, impulsada por éstos mismos elementos represivos, que pueda exponer a cualquier miembro dentro y fuera de las instalaciones de la UNAH y sus Centros Regionales.
5. Llamamos a los tres poderes del Estado a escuchar y atender activamente las demandas sociales, a deponer sus actitudes y actuaciones autoritarias para construir una solución integral por el bien de Honduras. Si no se consideran capaces de hacerlo, que abandonen el ejercicio ilegitimo de su mandato inconstitucional.

Dado en la ciudad de La Ceiba, 25 de junio de 2019

“Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra”.

-Francisco Morazán, Testamento.

MANIFIESTO

Elecciones de UNEN en ausencia de procesos libres y democráticos en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Nicaragua

El día jueves 13 de junio del presente año se llevará a cabo el proceso electoral que acreditará por los próximos tres años a los estudiantes que ejercerán las dirigencias, tanto de carrera como de facultad, de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) período 20192021, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Estructura que no responde más a la organización estudiantil dentro de las universidades públicas, sino que actúa como el brazo represor y autoritario de la dictadura de Ortega-Murillo en nuestros recintos universitarios.

En primer lugar, denunciamos las transgresiones a los estatutos electorales vigentes de la UNEN, siendo de esta forma un proceso electoral viciado y satisfactorio para quienes han violentado dichas normativas. Una vez más se está consolidando el fraude histórico que caracteriza a esta dirigencia a nivel nacional.

El Comité Electoral Estudiantil y el Comité Electoral de Recinto (CER) son los organismos responsables de ejecutar, fiscalizar y legitimar los resultados del proceso electoral en el Recinto Universitario Simón Bolívar (RUSB) y Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP), ambos en Managua,

Así también en el Recinto Universitario Augusto C. Sandino (RUACS), en Estelí. Y en el Recinto Universitario Reglón Central (RURC), en Chontales, todos pertenecientes a la UNI. No obstante, estos organismos estudiantiles no cuentan actualmente con la validez legal para efectuar este proceso electoral.

Razones enumeradas a continuación:

1. En 2018 la comunidad estudiantil desconoció completamente a las y los representantes de UNEN, en todos sus niveles de estructura organizacional. Por lo tanto, cualquier ejercicio en funciones efectuados por la actual dirigencia y órganos de gobierno estudiantiles, carecen de legitimidad alguna.
2. El actual proceso electoral viola la gran mayoría de los “Estatutos de elecciones de gobiernos estudiantiles”, principalmente los artículos 3,4,6 y el 11. Esto representa una completa violación a nuestro derecho al voto, un derecho humano universal. El voto dentro de los gobiernos estudiantiles no debería ser una excepción a la norma.
3. Ninguna de las formulas de candidaturas estudiantiles cumple actualmente con los requisitos mínimos estipulados para la postulación. Considerando también la no promoción de valores y principios fundamentales de defensa de la Autonomía Universitaria, democracia, ética y transparencia, exigidos a las y los candidatos y sus fórmulas. Todo esto está normado en los reglamentos vigentes de "Elecciones de Gobiernos Estudiantiles", "Código de Ética y Conducta" y los "Estatutos de UNEN".
4. Existe un completo estado de censura sobre el estudiantado, así como transgresiones y privaciones de derechos legítimos a la postulación de cualquier estudiante que desee optar a esta candidatura, impedida por el mismo órgano electoral, bajo la premisa de no formar parte de las estructuras o los intereses actuales de UNEN/FSLN. Condicionamiento que elimina, consecuentemente, la conformación de cualquier propuesta de oposición en contienda electoral. Además, el reglamento de elecciones prohíbe determinantemente la participación de fórmulas únicas, tal y como actualmente está ocurriendo.

En segundo lugar, instamos a que nuestras autoridades académicas nacionales: Decanaturas, Rectoría, Consejo Universitario y miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU); e internacionalmente, en los diferentes organismos regionales: FEUCA, CSUCA, CONREVE y OCLAE, desconozcan a los representantes que resulten electos de este proceso, y de igual manera, considerarlos ilegítimos al no contar con ningún soporte legal que les acredita como nuestros representantes.

Los planes de gobiernos de los estudiantes que se postulan a estos puestos de poder dentro de esta estructura criminal, llamada UNEN, deben contemplar las verdaderas demandas del estudiantado. Sin embargo, las propuestas vacías y ambiguas de cada fórmula electoral, fungen como indicadores de la grave crisis de representatividad existente y de las nulas capacidades en incidencia política real de estos candidatos.

Es así, como primera instancia para validar cualquier proceso electoral en la UNI, que demandamos la destitución inmediata de las autoridades del Comité Electoral por Recinto (CER), así como la nueva elección para optar a estos cargos mediante la Asamblea General Estudiantil, tal y como lo estipula el reglamento pertinente.

Estas demandas estudiantiles no podrán llevarse a cabo mientras nuestro derecho legítimo de oposición política permanezca coercionado por las estructuras de UNEN y del Frente Sandinista. Pero, sobre todo, mientras nuestras vidas corran peligro.

Si el gobierno de Ortega-Murillo tuviese verdaderas intenciones de mostrar un mínimo de voluntad política por establecer un Estado de derecho en Nicaragua, entonces, que los órganos de UNEN/FSLN permitan a la comunidad estudiantil realizar nuestras elecciones con democracia y sin repercusiones sobre la vida e integridad física y mental, a quienes conformen fórmulas de oposición a este órgano dictatorial.

No es solo la ausencia de oposición, en las candidaturas del movimiento estudiantil, las que ratifican la presencia de esta dinastía, son más bien las identidades endebles, que incluso rayan en lo absurdo, de quienes dicen nombrarse "oposición", y que a su vez respaldan las acciones y procesos dictatoriales y represivos contra el pueblo, o bien, quienes, en presencia de esto, guardan un silencio sepulcral y pretenden armonizar un ambiente de normalidad. En Nicaragua NADA ESTÁ NORMAL. Es pertinente que recordemos la frase de Desmond Tutu: "Si eres neutral en situaciones de injusticia, entonces habrás escogido el lado del opresor".

Por esto mismo, instamos a los organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, a exigir ante el gobierno de Nicaragua el respeto a nuestros derechos humanos, nuestro derecho a sufragio y a acompañar las demandas de la comunidad estudiantil ante el control que impone el gobierno en una institución que, por ley, goza de plena autonomía.

Sin más que añadir, nos despedimos. Comprometidos en documentar y continuar en los procesos de denuncia de las arbitrariedades del régimen sobre nuestros recintos universitarios.

¡A la libertad por la Universidad!

¡Sin Autonomía, no hay democracia!

¡Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería!

Movimiento por la Autonomía Universitaria

MAU-UNI

Managua, Nicaragua. Miércoles 12 de junio del 2019

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Profesores de distintas carreras y departamentos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), a raíz de los últimos acontecimientos derivados de la problemática relacionada con la aprobación de los decretos de emergencia para la reestructuración de los sistemas de Salud y Educación, reunidos en el campus de San Pedro Sula, comunicamos lo siguiente:

Consideramos que la aprobación de los PCM para los servicios de salud y educación corresponde a una estrategia escalonada para la mercantilización de los servicios relacionados con el desarrollo humano y traen como consecuencia la destrucción de las instituciones del Estado. Estos servicios no son los únicos que estarían en riesgo de ser privatizados, y como ya ha sucedido con otras instituciones públicas, es fácil prever que podría ocurrir lo mismo con otros sectores.

Los profesores universitarios exigimos, en apoyo a la Plataforma de Defensa de la Educación y la Salud, se ponga fin a todo intento de privatizar la salud y la educación, derechos imprescindibles para que la sociedad pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.

Nos adherimos al clamor de la ciudadanía que durante las últimas semanas se ha manifestado en las calles e instamos a los diferentes sectores sociales a unirse a la lucha para contribuir a una transformación social que haga posible la recuperación de una Honduras verdaderamente democrática.

La UNAH, como la institución educativa pública más grande de Honduras, que agrupa no sólo a un porcentaje considerable de la población con aspiraciones de formación profesional del más alto nivel sino que también concentra a una importante cantidad de profesionales de todas las áreas del conocimiento, está obligada a realizar aportes que contribuyan a encontrar las soluciones a los problemas sociales.

En tal sentido, como profesores de la UNAH-VS consideramos oportuno pronunciarnos de manera enfática en contra de las políticas neoliberales implementadas por el Gobierno, que, en este momento específico, afectan directamente a la salud y la educación de la población, y a la vez exigir la derogación absoluta de los decretos de emergencia aprobados en relación con estos servicios, sin condiciones, sin enmiendas ni agregados de ningún tipo, para no dejar duda y posibilitar la vuelta a la calma en la población hondureña, tristemente acostumbrada a convulsiones de cualquier tipo derivadas de las malas decisiones del Gobierno.

La voz de un pueblo unido es voz soberana y sus determinaciones deben cumplirse.

Dado en San Pedro Sula, a los cuatro días del mes de junio de 2019.