Por Leonardo Ixim

Después de haberse conocido los resultados de la Consulta Municipal en Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, donde un buen número de vecinos se manifestó contra la explotación del proyecto minero Cerro Blanco a cargo de la empresa Elevar Resources, el gobierno de Giammattei, las cámaras patronales y la empresa, iniciaron una campaña de desprestigio contra ese ejercicio democrático.

Como mencionamos en un artículo pasado, la empresa minera en todo momento se dedicó a desprestigiar el proceso de consulta vecinal, al grado que sus representantes desconocieron la Comisión Municipal para la Elaboración de la Consulta. Pese a esto, participaron el día de las votaciones con fiscales en todas las mesas de votación y con observadores por medio de la organización Mita Avanza, ligada a los intereses de esta empresa.

Además, esta asociación promovió dos amparos contra el Consejo Municipal por la elaboración del reglamento que rigió la celebración de la consulta, a los cuales la Corte de Constitucionalidad dio a lugar; esto puso un límite legal a la consulta y con ello al derecho democrático de la población del municipio a decidir sobre la explotación minera. 

La postura de la Corte de Constitucionalidad (CC) refleja su composición actual, pues a partir de la última designación de magistrados, está claramente vinculada a los intereses empresariales y a los grupos en el poder político.

Si bien en anteriores procesos de consulta de buena fe, y en decisiones de la CC sobre consultas a Pueblos Indígenas según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las sentencias aducían un falso equilibrio entre derechos de las comunidades a decidir sobre estos proyectos en sus territorios y el supuesto derecho de los burgueses a invertir su dinero, con el control total de la CC por parte de los grupos ligados al gobierno actual, ésta se ubicó de plano a favor de los intereses de la empresa minera.

Este proyecto minero adquirió importancia porque sus efectos ambientales pueden afectar el aprovisionamiento de agua al territorio de El Salvador, sobre todo por las posibilidades de contaminación sobre el principal río en ese pais, el Lempa y el Lago de Guija, limítrofe entre ambos países.

De hecho, durante el gobierno de Otto Pérez Molina se otorgó otra licencia para explotación de minería, en este caso subterránea; sin embargo, debido a que las comunidades de ambos lados de la frontera, con apoyo de la Iglesia Católica de Asunción Mita, solicitaron el apoyo de estudios geológicos e hidrológicos, comprobando los efectos destructivos ambientales, el proyecto minero quedó en suspenso.

En el gobierno Jimmy Morales la licencia minera cambió de manos, esta vez para la empresa ya mencionada, la cual está vinculada a otra empresa ya conocida en Guatemala, la Gold Corp de origen canadiense, que estuvo a cargo del proyecto minero Mina Marlín, S.A. Los nuevos dueños a su vez solicitaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) el cambio de los fundamentos del derecho minero en cuestión, hacia una explotación a cielo abierto, actividad aun mas contaminante.

Rápidamente, el gobierno, por medio del Ministerio de Energía y Minas y su titular, Alberto Pimentel -cuyo hermano es dueño de una de las empresas que está a cargo de la trasmisión eléctrica FERSA- argumentó que la consulta era ilegal porque, la actividad minera, al ser de “interés nacional”, la municipalidad de Asunción Mita no tiene potestad para realizarla.

Posteriormente, de forma demagógica, adujo que una consulta sobre minería debe regirse por el Convenio 169 de la OIT, cuando la actuación del MEM ha sido manipular los procesos de consulta libre, previa e informada tal como estipula tal acuerdo, además del intento de reglamentar la consulta sin consentimiento de los Pueblos Indígenas. Ante eso, la Comisión Municipal de la Consulta claramente mencionó que la mayoría de los vecinos no se consideran indígenas, sino ladinos o mestizos, por tanto, lo que corresponde es una consulta vecinal en base al Código Municipal.

A ese corifeo se sumaron obviamente algunas cámaras empresariales, como la Cámara de Comercio Guatemalteco-americana y la Cámara de Industria de Guatemala, aduciendo que un gobierno municipal no puede consultar por un tema que es de interés nacional, el cual no es otra cosa que el interés de los grupos de capital y de los cuales el MEM es un instrumento.

Ante eso, apoyamos el ejercicio democrático e instamos al pueblo de Asunción Mita y a las comunidades organizadas, tanto en Guatemala como El Salvador, a movilizarse para que se haga respetar su derecho a decidir, así como denunciamos nuevamente a los gobiernos de Bukele en El Salvador y Giammattei de Guatemala, de impulsar una actividad que destruye el entorno social y ambiental.

Por Armando Tezucún

En diversos artículos hemos ya señalado el creciente proceso de endurecimiento del régimen político guatemalteco. En términos generales, podemos decir que el año 2015 fue un punto de inflexión, con la defenestración y encarcelamiento del presidente Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Baldetti debido a acusaciones de corrupción por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y el Ministerio Público presidido en ese momento por la exfiscal general Thelma Aldana, con el visto bueno de la embajada estadounidense.

¿Por qué se endurece el régimen político?

La crisis política generada por la caída del gobierno del Partido Patriota fue agravada por las manifestaciones y protestas multitudinarias de la población urbana, que empezaron a cuestionar al régimen político en su conjunto y a las estructuras de corrupción sustentadas por empresarios, políticos y el crimen organizado. El poder oligárquico y la embajada gringa lograron hábilmente encauzar el descontento hacia las elecciones generales de ese año, capeando el temporal.

Pero eso no era suficiente. La CICIG y el MP continuaron acusando y enviando a prisión a funcionarios, exfuncionarios y prominentes empresarios, incluso se abrió un proceso contra el hermano y un hijo del nuevo presidente Jimmy Morales. Las cúpulas de poder decidieron poner un alto a las persecuciones, retomar el control de las instituciones del Estado que lideraban las acciones anticorrupción y asegurarse de que las movilizaciones de 2015 no se repetirían. El presidente Morales encabezó la campaña contra la CICIG y el MP, que incluyó cabildeos en los círculos de poder de Estados Unidos. En 2018 nombró una nueva jefa del MP afín a los grupos corruptos, y el 2019 expulsó del país a la CICIG; las estructuras corruptas impidieron la elección de nuevos magistrados de las cortes de justicia en 2019, prolongando el período de funcionarios favorables a ellas. Los partidos de extrema derecha formaron una alianza en el Congreso de la República para impulsar leyes que limitaran las libertades democráticas e impidieran la penalización de actos de corrupción.

La tendencia iniciada por el gobierno de Morales se ha acentuado durante el gobierno de Alejandro Giammattei, quien asumió en enero de 2020. Desde entonces, las fuerzas que se benefician de la corrupción lograron elegir a todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al nuevo rector de la Universidad de San Carlos, al nuevo Procurador de los Derechos Humanos, reeligieron a la jefa del MP, además de controlar el poder legislativo y las cortes de justicia. Esto ha dado como resultado la persecución de jueces y fiscales independientes, de defensores de derechos humanos, de luchadores sociales y el lanzamiento de propuestas de leyes represivas y/o que favorecen los manejos corruptos en el Estado. Además, numerosos exfuncionarios encarcelados han conseguido que se les otorgue arresto domiciliario, que se cancelen sus procesos u otros beneficios.

Si vemos las cosas desde una perspectiva más amplia, asistimos al fracaso de la apertura democrática iniciada en 1985 y continuada con los Acuerdos de Paz de 1996. La democratización del régimen político se mostró incapaz de cambiar las estructuras económicas y sociales, agudizándose, al contrario, la situación de pobreza y extrema pobreza de las y los trabajadores, dando como resultado, entre otras cosas, una migración masiva de mano de obra hacia Estados Unidos. La crisis generalizada hace que los grupos burgueses oligárquicos requieran cada vez más gobiernos autoritarios para evitar que la situación se salga de las manos y de paso a un ascenso generalizado de las luchas de las masas trabajadoras, que adquiera una perspectiva revolucionaria.

La Convergencia Nacional de Resistencia

Como respuesta, las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles y populares han realizado continuas acciones de protesta, dando la batalla contra los empresarios y el gobierno corruptos. Las acciones unitarias entre las agrupaciones populares han estado a la orden del día, así como las propuestas de crear coordinaciones permanentes. La propuesta más reciente es la Convergencia Nacional de Resistencia (CNR).

Esta propuesta ha sido lanzada por sectores de la iglesia católica, y su vocero y figura visible es el cardenal Álvaro Ramazzini; entre los firmantes de su documento de lanzamiento están personajes que son o han sido integrantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, economistas y además ongs defensoras de derechos humanos, y notoriamente, el Comité de Unidad Campesina, CUC, de larga trayectoria de lucha.

La CNR fue lanzada en conferencia de prensa el lunes 3 de octubre. Las declaraciones brindadas por varios de sus integrantes enfatizaron en la resistencia contra las violaciones al Estado de Derecho, los derechos humanos, el alto costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios, la hambruna y la desnutrición, denunciando que “…el gobierno presidido por Alejandro Giammattei condujo al país hacia una dictadura y convirtió el Estado en disfuncional” (Prensa Libre 03/10/2022).

El documento fundacional de la CNR hace énfasis en que el actual régimen autoritario ha dado al traste con el régimen democrático: “El principio de legalidad no se respeta … la sociedad no es regida por el derecho … los tres poderes del Estado actúan en forma conjunta … Las instituciones están cooptadas, debilitadas y actúan a favor del Poder Político …”. Y más adelante afirma que “La Convergencia Nacional de Resistencia es una plataforma cívica ciudadana … integrada sin exclusiones por sectores sociales … identificados por la preocupación común de defender la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala...”

El sello de la iglesia católica se manifiesta en el rechazo al “…uso de la violencia física para lograr un cambio social o político … La CNR promueve la resistencia no violenta como método de lucha y el diálogo incluyente como dinámica de participación para generar propuestas factibles. La acción estratégica no violenta es una forma poderosa para que las personas y los pueblos defiendan y luchen por sus derechos, la libertad, la justicia, la paz…”.

¿Democracia burguesa o democracia revolucionaria?

Consideramos que la creación de la CNR es un notable esfuerzo por dar respuesta a la necesidad real de un movimiento de unidad para enfrentar al gobierno autoritario de Giammattei. De acuerdo al documento fundacional, la Convergencia aún tiene pendiente la elaboración de una estrategia de lucha, un pliego de demandas y actividades a realizar.

Sin embargo, por los objetivos mencionados y la autodefinición que se presenta en el documento, podemos deducir que la aspiración de la CNR es defender la democracia y el Estado de Derecho burgués, ya que no mencionan qué tipo de democracia defienden. Vale decir que en Guatemala el régimen democrático burgués nunca funcionó como se esperaba en los Acuerdos de Paz, debido fundamentalmente a que el poder oligárquico y militar siguió controlando el país, bloqueando, para empezar, las reformas progresistas que debían implementarse según el mandato de los acuerdos. Pero podemos suponer que la CNR busca más bien la instauración de un régimen democrático burgués que funcione satisfactoriamente y promueva un “desarrollo humano, social, integral y sostenible”. Esto lo hará desalojando del poder político a las redes criminales, de corrupción e impunidad que mantienen capturado al Estado.

En este punto encontramos un concepto muy popular entre los analistas de las ongs y las asociaciones de la “sociedad civil”: la captura del Estado. Este concepto presupone la existencia de una entidad estatal pura, situada fuera del contexto social, que puede ser tomada, capturada o cooptada por cualquier sector o grupo social lo suficientemente astuto como para tomarlo por asalto. Nosotros nos inclinamos por la concepción marxista del Estado como un andamiaje institucional al servicio de los intereses de las clases dominantes, y, por tanto, moldeado de acuerdo a las necesidades de estos grupos. De acuerdo a esta concepción, un cambio social radical no implica la “recuperación” de un Estado “capturado”, sino su destrucción, y la erección de un nuevo Estado acorde con las necesidades de las clases trabajadoras y populares insurrectas.

A pesar de que el documento fundacional de la CNR habla de la construcción de un nuevo Estado, mediante una Asamblea Nacional Constituyente y la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la premisa central de la defensa del Estado de Derecho y la democracia burguesa nos hace dudar del alcance de la transformación del Estado que piensan lograr. De ella se deriva la concepción de la resistencia no violenta, puesto que solo contempla recuperar lo que han capturado las mafias corruptas. ¿Cómo piensa enfrentar la CNR al poder oligárquico-militar-mafioso que defenderá su estado capturado a sangre y fuego? No lo sabemos.

Esta concepción democrática central de la CNR y la intención de “recapturar” el Estado, sin duda hará que pronto sea vista con buenos ojos por la embajada estadounidense y la administración Biden, pues coincide con su estrategia de promover la democracia y el desarrollo para frenar la migración masiva de trabajadores centroamericanos hacia el norte.

Por lo pronto no sabemos si la propuesta de la CNR se convertirá en un polo atractivo para otras organizaciones, como las centrales sindicales, las comunidades indígenas, grupos campesinos y estudiantiles, etc. Si fuera así y se transformara en un actor importante que enfrente al gobierno autoritario y corrupto, los revolucionarios deberemos procurar que gire hacia la izquierda, con un programa democrático revolucionario que busque transformar de raíz el orden social.  

Por Marcos Galicia

En medio de la crisis climática global, el Congreso de la República conoció tres iniciativas de ley que buscan afianzar las industrias extractivas en el país. Estas industrias se han caracterizado por el despojo de los pueblos originarios y de la Madre Tierra, generando grandes cantidades de contaminación y destrucción ambiental a cambio de regalías que no representan ni el 2% de las ganancias.

Iniciativa 6054: Con el pretexto de optimizar las funciones del Ministerio de Ambiente, centraliza la toma de decisiones y la administración en una sola figura institucional: el ministro de ambiente. Esto influye directamente en la conservación y protección de los bienes naturales del país. La figura del ministro de ambiente se ha caracterizado por ser cómplice de intereses políticos y económicos de los sectores poderosos del país.

Iniciativa 6055: Busca agilizar los trámites para la aprobación de proyectos empresariales asociados a las industrias extractivas y monocultivistas. Exonera de multas por daños ambientales y omite los estudios de impacto ambiental.

Iniciativa 6021: Esta busca prolongar el contrato de extracción de petróleo en la Reserva de la Biosfera Maya, otorgando privilegios a los gremios empresariales por encima de la biodiversidad y los pueblos originarios.

Estas propuestas buscan abrir, aún más, las puertas a proyectos mineros y monocultivos quitando los requisitos de estudios de impacto ambiental y el derecho a la consulta de los pueblos, centralizando la toma de decisiones en un solo ministro y anulando el trabajo que realizan las instituciones dedicadas a la conservación del medio ambiente. Además, pretenden minimizar las multas ambientales en nombre del desarrollo económico y la certeza jurídica, lo que abre aún más las puertas a la corrupción despampanante.

Los efectos de la aprobación de estas iniciativas representan un retroceso en materia de descentralización y fortalecimiento institucional, en detrimento de la fiscalización social y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La excusa es atraer más inversión extranjera, pero a un costo muy alto: colocar a Guatemala en una posición de mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales provocados por el cambio climático.

Guatemala se encuentra entre los países más vulnerables ante el cambio climático. La clase política al servicio de las élites económicas locales y transnacionales pretende otorgar en bandeja de plata los bienes naturales al mejor postor, empeorando aún más la crisis que ya comenzó. Al mismo tiempo, en el municipio de Mita, Jutiapa, se realizó una consulta municipal para conocer la postura de la población ante la instalación de proyectos mineros en su territorio. El resultado fue un rotundo rechazo de la población hacia estos proyectos, pero dos días después, el Ministerio de Energía y Minas emite un comunicado en el que desconoce dicha consulta “en nombre de la ley” por lo que la actitud autoritaria que ha caracterizado al gobierno de Alejandro Giammattei sale a relucir otra vez. Paradójicamente, el presidente durante esos mismos días estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas dando un discurso donde dijo preocuparse por el patrimonio natural de Guatemala, mientras que su gobierno propicia las condiciones para el saqueo y la sobreexplotación de los bienes naturales.

Ante esta situación reiteramos nuestro rechazo a estas iniciativas y nuestro apoyo a la ratificación del Acuerdo de Escazú y a la elaboración de políticas organizativas que promuevan la participación ciudadana y la continuidad de los estudios de impacto ambiental apoyados por las diferentes universidades del país, principalmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se encuentra en una encrucijada para recuperar su autonomía. A un año de las próximas elecciones generales en el país, estamos presenciando la instauración de un régimen dictatorial, mientras que las alianzas de movimientos de izquierda o progresistas, tímidamente comienzan a aparecer en escena con la esperanza de lograr la articulación y unificación. La lucha de clases comienza a calentarse en el escenario mundial y los próximos años serán decisivos para la supervivencia de la vida en la tierra.

Por Ricardo Patzán

A pesar de las actitudes represivas y dictatoriales del presidente Alejandro Giammattei y su gobierno, las organizaciones populares no se amedrentan y han continuado las protestas y manifestaciones durante el mes de septiembre, denunciando una variedad de temas que están afectando la vida de la población trabajadora.

El lunes 12 de septiembre un conglomerado de organizaciones indígenas realizó una actividad a propósito de los 201 años de la así llamada independencia de las colonias centroamericanas respecto al dominio de la metrópoli española. El tema de la marcha fue “201 años de esclavitud, miseria y empobrecimiento”. Las organizaciones convocantes fueron: el Consejo Maya Ch´orti, las Autoridades Ancestrales de Chuarrancho, la Alcaldía Indígena de Montúfar, las Autoridades Ancestrales de Santa Cruz Chinautla, las Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez, la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Sololá, la Alcaldía Indígena de Nahualá, el Parlamento Xinca y la Autoridad Ancestral Garífuna.

A través de un comunicado, los compañeros dieron a conocer sus demandas, dirigidas a tres entidades del país. Al poder ejecutivo le solicitan realizar acciones para bajar el alto costo de la canasta básica y los insumos de producción agrícola, el respeto de la autonomía de instituciones como del Estado y la recuperación de la red vial. Al Congreso de la República le solicitan que se archiven las iniciativas de ley 6054, 6076 y 5601, que atentan contra los derechos de la población y la democracia, y un presupuesto de gasto de la nación 2023 que responda a las necesidades de la población. A la Corte Suprema de Justicia piden el respeto de la independencia de jueces y magistrados. Al Ministerio Público le piden que finalice la criminalización a los pueblos indígenas, periodistas, jueces y fiscales, que investigue los casos de corrupción y la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. También piden la renuncia del presidente Giammattei.

Los manifestantes partieron de dos puntos, Vista Hermosa en la zona 15 y el Puente de Belice en la zona 6, para converger en la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la capital; otro grupo partió de la Calzada Roosevelt, pero se movilizó en vehículos hasta la Plaza. Enrique Saquic, del Consejo de Principales de Santa Lucía Utatlán declaró: “Estamos pegando el grito al cielo por el alto costo de la vida. Nos están ahorcando, y le estamos diciendo al gobierno que basta ya de altos precios” (Prensa Libre 12/09/2022).

Por otro lado, el 15 de septiembre, en medio de los desfiles escolares por la “independencia”, la Coordinadora General de Estudiantes de la Universidad de San Carlos, creada al calor de las protestas contra la elección fraudulenta de Walter Mazariegos a la rectoría, organizó una manifestación de protesta en el Centro Histórico de la capital. A esta marcha se sumaron estudiantes de la Universidad Rafael Landívar y colectivos de pueblos indígenas. La marcha fue en protesta por la elección de Mazariegos, y fue complementada con actos culturales en el Museo de la Usac. El gobierno envió elementos antimotines de la Policía Nacional Civil y de la Policía Militar del Ejército para resguardar los alrededores del Congreso de la República y evitar que los compañeros se acercaran al lugar donde se realizaban los desfiles. Los agentes no pudieron evitar que los estudiantes realizaran pintas y que uno de ellos manchara una bandera con pintura roja y la quemara.

El 21 de septiembre cientos de integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizaron una nutrida marcha en la capital; según una publicación de la organización, “La situación económica, política, social y cultural del país, día que pasa, se empeora aún más. En este contexto Codeca sale a movilizarse en las calles…” (Prensa Libre 18/09/2022). Los compañeros partieron de cuatro puntos diferentes para dirigirse a diferentes puntos, entre ellos el Ministerio Público, el Congreso de la República y el Palacio Nacional de la Cultura. La tónica fue la demanda de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del presidente Giammattei y del rector Walter Mazariegos, señalados de actos de corrupción. En la ciudad de Quetzaltenango Codeca también organizó una manifestación, en conjunto con estudiantes universitarios.

El igual que en las protestas de años recientes, es notoria la ausencia del movimiento obrero organizado en las últimas movilizaciones, y el liderazgo de organizaciones indígenas y estudiantiles. En estos días los dirigentes de las centrales sindicales han estado en reuniones con la Organización Internacional del Trabajo presentando denuncias de violaciones a los derechos laborales, pero es necesario que el movimiento sindical esté presente también en las luchas nacionales, para imprimirles un sello anticapitalista.