Por Armando Tezucún
En las últimas semanas el pleno de diputados al Congreso de la República ha avanzado a pasos acelerados en la aprobación de decretos que hacen parte del paquete de reformas legales para la reactivación de la economía, luego de desastroso retroceso en el Producto Interno Bruto de 2020 que dejó la pandemia del Covid-19. Por supuesto, estas reformas han sido acordadas no con las centrales sindicales y campesinas ni organizaciones de trabajadores, sino con los representantes del gran capital guatemalteco y otros poderes que controlan los negocios y la economía del país. Sin embargo, los poderes ejecutivo y legislativo han tratado de quedar bien con dios y con el diablo, metiéndose a líos al querer complacer a todos los grupos de interés.
Las reformas a la Ley de Zonas Francas
El 25 de febrero de 2016 el Congreso aprobó el decreto 19-2016, un paquete de reformas a las leyes de maquilas y zonas francas, eufemísticamente llamado “Ley Emergente para la Conservación del Empleo”. Las reformas se hicieron para cumplir con la exigencia de la Organización Mundial del Comercio de garantizar una competencia igualitaria entre empresas de los distintos países. La ambigüedad de las anteriores leyes, vigentes desde 1989, había permitido que una serie de empresarios registraran sus negocios al amparo de las mismas para obtener la exención del pago de impuestos. Entre estas empresas estaban marcas reconocidas como Bimbo, Monsanto, Nestle, Kern´s, Mahler, Bolik y Disagro. El decreto 19-2016 restringía el tipo de empresas beneficiadas a maquilas de vestuario y textiles, y servicios de call y contact centers, liberándolas del pago del Impuesto Sobre el Valor Agregado, de Importación e Impuesto Sobre la Renta.
En septiembre del mismo año, los entonces diputados Carlos Chavarría Pérez, Óscar Chinchilla y Carlos Fión, introdujeron una iniciativa de reforma a la ley (Iniciativa 5174), invocando el retiro de inversión extranjera y la consecuente pérdida de empleos provocados por el decreto 19-2016, expresando que “se estima conveniente mantener las actividades que originalmente fueran establecidas en la Ley de Zonas Francas, Decreto No.65-89 del Congreso de la República, al momento de su emisión agregando algunas actividades adicionales, para evitar el riesgo de retiro del territorio nacional de la inversión extranjera, con serias implicaciones en empleos y en tributos al erario nacional que se dejarían de percibir” (https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/2577).
No está de más recordar por enésima vez que la oligarquía guatemalteca ha fortalecido su poder económico durante décadas mediante dos pilares: la negación sistemática a pagar impuestos justos y la evasión fiscal, y el pago de salarios de miseria y condiciones laborales precarias para sus trabajadoras y trabajadoras. El resultado ha sido un Estado extremadamente débil y el 60% de la población en situación de pobreza y extrema pobreza.
La discusión de las reformas en 2021
La iniciativa 5174 entró a discusión en el pleno del Congreso, pero quedó en segundo debate desde enero de 2018. Este año la alianza oficialista se propuso aprobarla antes que finalizara el primer período de sesiones ordinarias, pues ahora parece ser importante para la reactivación de la economía. De acuerdo a la Comisión de Finanzas, a partir de 2016 las áreas de zonas francas se redujeron de 17 a seis, reduciéndose el número de empresas de 282 a 172, con la pérdida de 6 mil empleos directos y 9 mil indirectos.
La polémica se centró en la estimación del monto de impuestos que el Estado dejaría de recibir de aprobarse la iniciativa. Según un dictamen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con fecha de marzo de 2017, “…su aplicación representaría un sacrificio fiscal del Q 4 mil 110 millones, razón por la cual, desde el ámbito de competencia de la Administración Tributaria no se considera procedente su aprobación” (Prensa Libre 11/05/2021). Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso recibió otro documento trabajado por el Ministerio de Economía y la SAT, de marzo de 2021, en que se afirma que, si se aplican algunas enmiendas, el impacto fiscal se reduciría a Q 110 millones y Q 300 millones por año.
A pesar de las dudas de las bancadas de oposición, se hizo evidente el acuerdo entre las bancadas oficialistas, las cámaras empresariales, el Ministerio de Economía y la SAT para aprobar las reformas. El 12 de mayo, con 84 votos a favor, fue aprobado el decreto 6-2021, que reforma la Ley de Zonas Francas. De acuerdo al oficialismo, se crearán 32 mil empleos y se atraerá una inversión de US$ 300 millones, creándose una serie de controles y requisitos para evitar que empresas no calificadas para recibir los beneficios se cuelen en las zonas francas. Entre las empresas que ahora podrán instalarse gozando de exenciones fiscales estarán las dedicadas a manufactura de plásticos, medicamentos, aparatos electrónicos y electrodomésticos, centros de recreación y hoteles. El decreto 6-2021 ahora está a la espera de su ratificación por el presidente Alejandro Giammattei.
Las reformas a la Ley de Contrataciones
En contraste con el alborozo general con que fue recibido el decreto 6-2021 entre el gobierno, el legislativo y el empresariado, la aprobación de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado ha causado serias desavenencias en los círculos de poder.
Con la presencia de un contingente de alcaldes situados en el palco del salón de sesiones del Congreso, el 28 de abril 88 diputados de la alianza oficialista aprobaron el decreto 4-2021, que reformó aspectos de la Ley de Contrataciones del Estado. Uno de los cambios más polémicos es el que elevó de Q 90 mil a Q 200 mil el monto de las compras consideradas de baja cuantía, que no requiere la presentación ofertas, ni bases para presentarlas, ni competencia entre varios oferentes, sino que la compra queda a discreción del funcionario que necesita realizar el gasto. Además, la cotización antes se utilizaba para compras por hasta Q 900 mil, y las licitaciones para compras que superaran ese monto; ahora las cotizaciones se podrán hacer hasta por Q 2 millones y las licitaciones cuando se pase de esa cantidad.
En las reformas a la ley y el procedimiento de aprobación se hizo más que evidente que los diputados y el presidente Giammattei estaban cumpliendo compromisos pactados con alcaldes, que constituyen un verdadero poder en el interior de la república y son una base de respaldo para el gobierno en caso de necesidad. Por ello los jefes ediles que estaban en el palco legislativo actuaron como una barra en un partido de fútbol, aplaudiendo y gritando con cada artículo aprobado.
Las municipalidades del interior derivan su poder, en gran parte, del hecho de que representan fuente de enriquecimiento no solamente para los alcaldes, sino para los diputados distritales que con harta frecuencia están vinculados a empresas que hacen jugosas ganancias con las obras de infraestructura y otras inversiones realizadas por las alcaldías; esto aparte de los lazos que muchos alcaldes cultivan con las redes del narcotráfico. Otra reforma esencial para los empresarios que lucran de los recursos del Estado, es que se eliminó la prohibición de que puedan ser contratistas del Estado personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, como defraudación tributaria, contrabando y defraudación aduanera.
Estas reformas, por tanto, han venido a dar carta blanca a las estructuras de corrupción que amalgaman a diputados, alcaldes y empresarios en el interior, y que durante décadas han defraudado al Estado. Y tanto los 88 diputados que votaron a favor, como el presidente, se olvidaron de que la esta ley no solo se refiere a las compras de las municipalidades, sino de todas las dependencias del Estado, haciendo la ejecución del gasto público aún más vulnerable.
Las cámaras empresariales protestan
La aprobación del decreto 4-2021 vino a atizar las viejas rivalidades entre los bloques empresariales tradicionales y los emergentes advenedizos que les han hecho competencia desleal con las contrataciones del Estado aprovechando influencias y vínculos con funcionarios.
El 7 de mayo el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), realizó un foro para discutir las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, criticando que ponen en riesgo la transparencia, desincentivan la aplicación de metodologías competitivas, entre otras cosas. El presidente del CACIF, Hermann Girón dijo que la ley tiene que ser reformada en su totalidad, “tiene que existir visibilidad, competencia, y responsables que sufran las consecuencias de no actuar con transparencia” (Prensa Libre 08/05/2021). Otros expositores en el foro afirmaron que “Esta ley es simplemente una ampliación de montos de procesos de compra por excepción. En realidad, es un enorme retroceso que dejará paso a la corrupción…el presidente de la República hoy tiene un rol importante y es el de no sancionar la ley…sería un mensaje de liderazgo presidencial cuestionarse sobre las bondades de esta Ley de Contrataciones” (Ídem).
El 12 de mayo las Cámaras de Comercio y del Agro se pronunciaron contra las reformas, y solicitaron al presidente Giammattei que las vete, mientras que la Cámara de la Construcción y la Cámara de Industria solicitaron lo mismo el día 18.
El presidente tiene ahora una brasa ardiente en sus manos, con la decisión de sancionar o no el decreto 4-2021. Tendrá que decidir si su lealtad está con los alcaldes o con el empresariado. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone que el gasto público sea fiscalizado por sus beneficiarios directos, el pueblo trabajador representado por sus organizaciones sindicales, campesinas e indígenas.
